Relaciones entre la Iglesia y Monarquía en la génesis del Estado moderno español


Segunda Parte
Fernando Susini


Precisiones preliminares

Para la elaboración de punto de carácter panorámico, hemos debido seleccionar de manera más o menos arbitraria, algunos temas que consideramos esenciales en las relaciones entre la Iglesia y la monarquía en el reino castellano, desde mediados del siglo XIV hasta finales del siglo XV, vale decir, hasta el tiempo en que se le dio vida al tribunal del Santo Oficio en su versión moderna. La importancia de dicho panorama radica en que lo consideramos un marco interpretativo necesario[1] para la comprensión de un tema central en nuestro estudio, nos referimos al denominado problema judeo-converso, al que nos referiremos seguidamente.
Se verá entonces el proceso de paulatina construcción de una fórmula política nueva, conocida posteriormente como “monarquía autoritaria”[2], caracterizada por la ampliación de los recursos de gobierno controlados por el poder monárquico, así como la ampliación de sus competencias, todo ello fundamentado jurídica, política y teológicamente[3]. Así, el Estado soberano surgido de la evolución bajo medieval, desde una concepción, si se quiere, un tanto sociológica, se asienta en elementos tales como: la aplicación o traslación de las virtudes sociales a la autoridad; el recurso a la ficción para personalizar los derechos propios de la autoridad; supeditación del ejercicio del poder tendiente a asegurar la consecución del “bien”, cuyo contenido era definido por el mandatario, y la utilización del pensamiento teológico como medio de justificación de todos[4].
El proceso referido y los componentes de orden sociológico apuntados precedentemente, en general, constantemente marginados por los estudiosos de la Inquisición, son a nuestro juicio ineludibles para comprender el origen y la posterior actuación de un tribunal eclesiástico como lo fue el de la Inquisición, dirigido directamente por un poder soberano diferente del pontificio con la finalidad de realizar objetivos netamente políticos y de censura social recubiertos por un discurso religioso.
Nos parece oportuno formular una última aclaración para una mejor comprensión general de la cuestión, y es la siguiente: existe una opinión generalizada que entiende al proceso de separación de poder secular y poder eclesiástico como el eje principal del surgimiento del Estado nacional. Si bien ello se constata en algunos puntos concretos del pensamiento político de la época, no se compadece con las realidades políticas cotidianas del periodo tratado en las que mientras el poder secular iba ampliando sus competencias en el terreno eclesiástico, la Iglesia iba asegurándose formas concretas de permanencia en el gobierno.
Por ello, entendemos que resulta necesario asumir que para el pensamiento bajo medieval las ideas de crecimiento del Estado y laicización no tienen por que marchar juntas[5], por el contrario, nos encontramos en un proceso general de integración de lo eclesiástico en lo político que definirá una función de legitimación para el régimen resultante[6]. La forma de monarquía soberana que es posible constatar en Castilla hacia finales del siglo XV, como en casi la totalidad de las monarquías europeas del momento, encuentra una de sus claves explicativas en la evolución de las relaciones con la Iglesia, tanto considerando a ésta en el Estado como a éste en la Iglesia[7].
Efectivamente, en la segunda mitad del siglo XV es cuando el proceso negociador, iniciado luego del Cisma de Occidente, entre la Iglesia y la monarquía castellana alcanzó un desarrollo particularmente intenso, con soluciones claramente favorables a la expansión de la soberanía real sobre la esfera eclesiástica. Para tales resultados hubo que diseñar o definir, por parte del poder monárquico, un “clero nacional” y garantizar la posición privilegiada del mismo. Poco a poco fue haciéndose patente la idea de que un clérigo estaba sujeto por las mismas obligaciones que un súbdito hacia su rey[8].
Veamos con mayor detenimiento lo dicho, puesto que resultará determinante en el plano político institucional el mutuo reconocimiento de las dos partes como soberanas en materia eclesiástica, siendo ello novedoso para la monarquía castellana[9].


La nacionalización del clero castellano y los privilegios eclesiásticos.

Con el Cisma de Occidente (1378-1418) se inició una paulatina fragmentación geopolítica en lo referente a la Iglesia romana, por lo que las decisiones importantes comenzaron a tomarse en consideración de los intereses de cada “país” y no a partir de ideas generales[10].
Se fue abandonando progresivamente el universalismo pontificio de los siglos anteriores, pero particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XV, en Castilla, se hizo evidente un “nacionalismo clerical” enfrentado a los representantes papales[11]. En este sentido, se apuntaba a la necesidad de acordar estrategias con los monarcas en materia eclesiástica y fue así como el denominado “Concilio Nacional” de Sevilla, celebrado en julio de 1478 a instancia de los Reyes Católicos, estuvo dirigido a compatibilizar objetivos políticos con objetivos de carácter religioso[12] y, del mismo modo, las embajadas en Roma que fueron dispuestas por los reyes con reivindicaciones en materia eclesiástica, se vieron reforzadas con el aval del “clero del reino”[13].
Resaltamos entonces que hacia finales del período considerado se había constituido en el reino de Castilla, una “Iglesia de Estado” y un “nacionalismo religioso”, que hubo de perdurar muchas décadas, provocando medidas de gobierno tales como el establecimiento de la Inquisición (1478), la expulsión de los judíos (1492) y de los musulmanes (1609) entre las más importantes[14].
Uno de los aspectos más relevantes de las relaciones monarquia-Iglesia fue el que vino definido por los privilegios, jurídico-jurisdiccional y económico-fiscal, que obtuvo la Iglesia castellana a partir de la segunda mitad del siglo XIII. El primero consistía en el reconocimiento por parte del monarca del ejercicio pleno de la jurisdicción eclesiástica, y a su vez, del reconocimiento de las inmunidades del clero frente a la justicia regia. Este doble privilegio que otorgó la monarquía a la justicia eclesiástica en Castilla, se materializó básicamente en la toma de medidas tendientes a asegurar la eficacia de las sentencias dictadas por parte del Tribunal del Obispo, y en que el poder secular actuase como garante del cumplimiento de las penas impuestas.
Igualmente, no faltaron las fricciones entre la jurisdicción regia y eclesiástica, siendo una manifestación clara de ello las repetidas quejas formuladas ante las Cortes por los procuradores de las ciudades castellanas, en las que se denunciaron abusos en la aplicación de censuras a los corregidores regios, las que fueron comprendidas como una limitación al avance del poder regio sobre el eclesiástico, razón por la cual importó ello la intervención repetida de los monarcas y Papas.
En términos generales, podemos afirmar que fueron dándose pasos significativos en orden al control de la jurisdicción eclesiástica por parte del estado monárquico, pero al mismo tiempo, el sostenimiento de dichos privilegios fue una de las causas que permitieron la progresiva “nacionalización de la función judicial de la Iglesia” bajo el control de la soberanía regia.


Las actividades propagandísticas y legitimadoras del poder soberano monárquico

La “monarquía autoritaria” tuvo como una de sus componentes evolutivas de mayor relevancia, la búsqueda de unos fundamentos de legitimación expresados por el recurso a diversas formas más o menos elementales de propaganda, pero durante toda la baja edad media, dicha propaganda política si quería ser realmente eficaz, nunca podía plantearse aislada de la referencia religiosa. Es así como el protagonismo ideológico de lo eclesiástico[15], por su vinculación a lo "religioso"[16], resultaría particularmente relevante para el curso de los acontecimientos posteriores al siglo XV.
Respecto a las ideas de orden político, se exaltó la superioridad del poder regio. El pensamiento teológico, se encargaría de justificar principios como el del “bien común” y “soberanía regia”, adecuándolos a la coyuntura. En este sentido, pensadores eclesiásticos pusieron de relieve que el principatus, por oposición a los órganos colegiados, era la forma ideal de gobierno, considerando a la pluralidad de poder como origen de disputas, de modo que sólo la monarquía era aceptada como fundamento seguro de orden social y de estabilidad política. Brevemente, “El bien común” o “la salvación del reino” podían ser promovidos con mayor eficacia a través del poder individual.
Se modeló lo que debía ser un rey cristiano en las siguientes características: actuación guerrera en defensa de la verdadera fe; ejemplaridad personal como buen cristiano y protector natural de la Iglesia de Roma, y se recuperó la idea del rey ungido: “Los reyes no deben estar sujetos a los juicios de los hombres puesto que son ungidos por Dios en la tierra”. Los tópicos políticos sobre los que se sustentó la monarquía de los Austrias, en el transcurso del siglo XVI, tienen uno de sus pilares básicos en la idea de realización de una misión divina en la que la conversión de los paganos de América, el aniquilamiento del Islam en el Mediterráneo y la extirpación de las herejías en Europa, fueron considerados como los hitos más notables.
Nos queda por agregar que a lo largo del siglo XV, entre las formas de religiosidad que caracterizaron al reino castellano, destacaron dos corrientes de creencia: el mesianismo, fuertemente imbuido de contenido proféticos, y el providencialismo. Aplicado al ámbito político, con el mesianismo se pretendía reconocer a un rey elegido por Dios para cumplir su plan, y el providencialismo era la intervención iluminadora de Dios sobre los monarcas castellanos, a fin de favorecer empresas que requerían un esfuerzo sobre humano.[17]


La ceremonización de la vida política

Las interferencias entre los rituales litúrgicos y políticos, en especial cuando se referían a la realeza, representó un rasgo típico de la época medieval; se puso de relieve el lugar principal que ocupaba lo sagrado en la definición del poder político. La intervención ceremonial de lo eclesiástico se materializó, sobre todo, con motivo de los ritos de acceso al trono, los bautismos y bodas reales, los juramentos políticos, las exequias regias y la celebración de victorias militares. Asimismo, algunas ceremonias políticas se desarrollaban como actos litúrgicos.
La aportación de lo religioso también tuvo un efecto propagandístico mediante su plasmación en símbolos puestos en relación con la monarquía, a veces de forma muy directa en imágenes. Entre los símbolos más significativos de la monarquía se ubicaron la corona y la espada. En la pintura se tendió a establecer una imagen en la que se mostraba al rey en contacto con una cierta dimensión celestial, en la que se favorecía una percepción no carente implicaciones sagradas del oficio regio.
Un rasgo que definió el hecho religioso, sobre todo en el siglo XV, fue la tendencia a la extrema exteriorización de sus manifestaciones que se experimentaron en todos los niveles de la sociedad, debido ello al fenómeno “converso”[18] que contribuiría a exigir la desaparición de toda duda respecto de la sinceridad en la creencia cristiana de los individuos.
Toda la actividad propagandística reseñada fue conformando un ambiente social –en los reinos peninsulares en particular- en el que se tenía por cierto que la oposición al poder eclesiástico -herejía- era a la vez un ataque a las bases del poder monárquico y constituía una suerte de sacrilegio que debía ser castigado por Dios, o por sus representantes terrenos, y asegurado por la fuerza del príncipe.



[1] Frente a planteos positivistas que pretenden "descubrir" la realidad objetiva, real, única, de la historia, y del fenómeno inquisitorial en particular, nosotros brindamos el marco que entendemos convincente para fundamentar nuestra interpretación, crítica, por cierto pero solamente "otra" de las posibles, en todo de acuerdo con J. García-Borés, La desarticulación de los discursos y de la versión única como fenómeno de instrumento de poder, en A. Gordo y J. L. Linaza (comp): Psicologías, discursos y poder, Ed. Visor, Madrid, 1996, pp. 39-352 y en García-Borés, J., La crítica sociocultural como intervención, en B. González y A. Guíl (comp): Psicología cultural, Ed. Eudema, Madrid, 1993, pp. 93-101.

[2] Nieto Soria, José Manuel, Iglesia y génesis del Estado moderno en Castilla, Ed. Complutense, Madrid, 1994, p.14.

[3] Cristobal, M. Angeles, "La Inquisición en Logroño…", en Contreras Contreras, Jaime (comp) Inquisición Española. Nuevas aproximaciones, Ed. Centro de estudios Inqisitoriales, Madrid, 1987, p. 127 ss.

[4] Nieto Soria, José M. Op. Cit. p. 19.

[5] Maravall, José A. Estado Moderno y Mentalidad Social, Ed. Revista de Occidente, Madrid, 1972, t. I, p. 216 y ss.

[6] Con la evolución experimentada, sobre todo en el transcurso del XV en las relaciones Iglesia-monarquía, en la que se dieron pasos decisivos para asegurar la plena inclusión de la Iglesia en el ámbito de actuación de la soberanía regia castellana, quedó definido lo que habia de ser la Monarquía Hispánica caracterizada por la posesión de una fuerte impronta eclesiástica que convertía al monarca en un “rey cristianísimo” gobernador de una “república cristiana”, siendo este rasgo una de las fuentes esenciales de su legitimidad política.

[7] Nieto Soria, José M. Op. Cit. p. 413.

[8] Es importante destacar que en la época "conciliarista" los planteamientos por los cuales se entendía al clérigo como súbdito del rey ganaron mucho terreno en el resto de Europa, toda vez que era importante mantener la cohesión de la Iglesia cuando el poder pontificio estaba disminuido, correspondiendo esta función al príncipe de cada reino.

[9] Nieto Soria, José M. Op. Cit. p. 43.

[10] Jiménez Monteserín, Miguel, Op. Cit, p. 117.

[11] Un ejemplo de ello las quejas que los clérigos ricos castellanos elevaron por los abusos pontificios cometidos en las rentas eclesiásticas. Eran quejas a la imposición externa, extranjera.

[12] Nieto Soria, José M. Op. Cit. p. 409.

[13] Jimenez Monteserín, Miguel, Op. Cit. p. 177.

[14] En 1478 los reyes Fernando e Isabel se declararon como señores naturales de todos los clérigos de sus reinos, reconociéndose responsables del amparo y defensa de sus iglesias, así como de todo su patrimonio. A la vez recordaron que los clérigos estaban obligados a salvaguardar el estado y conservación de sus reyes, evitando favorecer a los que perjudican el servicio real. Por otra parte, la adjudicación de beneficios eclesiásticos cursada por orden de los monarcas a través de sus procuradores ante el pontificado constituyó una de las más típicas manifestaciones de intervencionismo regio en la configuración personal de “la Iglesia del reino”. Destacamos que las rentas eclesiásticas jugaron un papel de indudable valor en el sostenimiento material de las empresas políticas de la monarquía castellana del siglo XV, cuando ya se había hecho fuerte la idea del prelado que debía cumplir funciones de agente recaudador fiscal de la corona en su diócesis, cuando el monarca lo requiriera.

[15] Fossier, Robert, La Sociedad Medieval, Ed. Crítica, Barcelona, 1996, p. 459. Título original La Société Médiévale, (traducido al castellano por Juan Vivanco).

[16] Utilizamos el concepto de lo "religioso" como categoría definida por la voluntad de dar lugar a lo cristiano frente a lo pagano, de lo temporal frente a lo espiritual y de lo ortodoxo frente a lo popular-supersticioso. Cfr. Bernan, Carmen; Gruzinki, Serge, De la idolatría. Una arqueología de las ciencias religiosas. Ed. Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1992, pp. 217-218. (1ª edición en francés 1998, Ed. Du senil) traducido al castellano por Diana Sánchez.

[17] Nieto Soria, José M. Op. Cit. p. 198.

[18] Para desarrollar el tema de los conversos judíos y su manera de vivir puede consultarse Américo Castro, España en su historia Cristianos, moros y judíos. Ed. Crítica, Barcelona 1983. (1ª publicación 1946).