El establecimiento de la Inquisición española


Tercera Parte
Por Fernando Susini


La conflictividad social creciente y la solución inquisitorial

Existe acuerdo entre los historiadores en señalar que el rey Juan II de Castilla (1406-1454) fue de muchas maneras uno de los mas importantes protectores de los judíos conversos españoles. Restaurar la igualdad legal entre cristianos, una vez superada la rebelión de Toledo (1450), fue quizá, entre otras acciones de gobierno, la más destacada en este sentido.
Su muerte, para los intereses de los conversos, fue un duro golpe, ya que no se tenía certeza sobre las medidas que podría adoptar el nuevo monarca. Igualmente, el estado de incertidumbre sobre la posición que adoptaría el nuevo soberano en el conflicto entre cristianos viejos y conversos se despejó pronto.
Con las primeras disposiciones adoptadas, Enrique IV (1454-1474), sucesor de Juan II, demostró que continuaría con la política de su antecesor en lo que a la protección de conversos se refiere. Entre sus colaboradores más inmediatos, Enrique nombró a Fernán Díaz de Toledo, como Relator; a Diego Arias Dávila, como Tesorero Mayor, y a Álvar García de Villarreal, como su secretario personal.
Digamos al respecto que si bien los conversos percibieron la formación de un gobierno en el que se les daba participación, también sus adversarios eran conscientes de ello. Estos veían en el entorno real confirmada una idea, que si bien de origen reciente en Castilla, se había extendido rápidamente: una secreta banda judaica se había apoderado del país y los verdaderos cristianos estaban a su merced.
Compartimos con Netanyahu[1] que Enrique IV consideraba que la realeza se poseía por derecho divino, por delegación directa de Dios y que por tanto, el rey, como representante o vicario del supremo creador del universo, tenía por misión defender la doctrina moral de Cristo. No cabe dudas que la filosofía política medieval, asentada sobre el principio de delegación divina del poder, era la que legitimaba la autoridad de todas las monarquías europeas, por lo cual, como la mayoría de los reyes de su época, también Enrique adhería a dicha justificación. Pero además, y es lo que nos interesa especialmente, muchos historiadores han caracterizado a Enrique IV como “católico sincero”, por oposición a fanático, capaz de sentir simpatías por los judíos y los musulmanes.
Lo interesante de esta caracterización no es tanto su verdad histórica –respecto de la verdadera espiritualidad en el monarca-, ni tampoco lograr definir qué debe entenderse por “verdadera fe cristiana” -si un acercamiento a los no cristianos o su persecución y repulsa-; por el contrario, lo que nos importa es destacar la significación que los estudiosos le han dado a la supuesta sinceridad en la fe católica de Enrique, en cuanto se lo ubica cercano a elementos que no responden exclusivamente a los intereses de los cristianos viejos. Esta posición ideológica, podríamos decir hoy, ocasionó al rey terribles inconvenientes para el gobierno del reino.
La oposición virulenta que debió enfrentar el nuevo monarca, al igual que su antecesor, provenía de la alta nobleza castellana, cuyos representantes, básicamente, integraban el movimiento anticonverso.
Así es. Si bien es cierto que la crítica de parte de sus contemporáneos fue relativamente suave durante la primera de las dos décadas que duró el gobierno de Enrique IV, la segunda comenzó con una rebelión y permaneció hasta el final en turbulencia.
Recordemos que los distintos clanes de la alta nobleza castellana se disputaban los grandes maestrazgos de las órdenes militares (Santiago, Alcántara y Calatrava), por ser fuentes de riqueza, prestigio y, por tanto, de poder político. Esta alta nobleza castellana estaba conformada por los que en el siglo siguiente tomarán el nombre de los Grandes de España. Para hallar los orígenes de esta nobleza particular no hay que remitirse muy lejos en el tiempo, sino hasta la guerra de sucesión del siglo anterior en la que estuvieron involucrados Enrique de Trastámara y Pedro el Cruel. La victoria del primero no fue gratuita, sino todo lo contrario, ya que para mantenerse el poder Enrique de Trastámara debió realizar concesiones al sector de la aristocracia terrateniente que le había apoyado.
Las mercedes enriqueñas, como se llamó al conjunto de concesiones hechas por el rey, más los disturbios que convulsionaron las décadas finales del siglo XIV, favorecieron el afianzamiento en Castilla de una aristocracia hacendada que más tarde o más temprano, con sus fracturas y diferencias, se identificará con los intereses de los cristianos viejos y se enfrentará al poder regio cuando este intente recuperar el terreno cedido, como lo veremos más adelante.
El rey Juan II fue el primer monarca en percibir la gravedad del avance de la nobleza y, por tanto, el encargado de llevar a cabo la tentativa de restablecer el poder y la autoridad de una monarquía debilitada. La política de recuperación de impuestos emprendida por el monarca y la suerte de Álvaro de Luna, su favorito, quien fue destituido y muerto en el patíbulo en 1453, simbolizan dicho intento y también su fracaso[2].
Pero regresemos a Enrique IV, puesto que también buscó restablecer la autoridad del poder monárquico.
Decíamos antes que la segunda década de su gobierno comenzó con una rebelión, pues bien, dicho alzamiento fue protagonizado por los nobles, y los sucesos fueron los siguientes: en mayo de 1464 Beltrán de la Cueva es designado como gran maestre de la orden de Santiago. Capitaneados por Juan Pacheco, marqués de Villena, los nobles castellanos reaccionan con un manifiesto en el que reprochan al rey las mercedes otorgadas a Beltrán, a quien señalan como advenedizo y le imputan ser amante de la reina y la paternidad de Juana, la heredera al trono, quien por ello será apodada la Beltraneja.
También los nobles acusan al monarca de haberse rodeado de “judíos y moros” y de someter a vigilancia a sus medio hermanos Alfonso e Isabel, a la vez que le exigen desherede a Juana y declare en su lugar a Alfonso.
Incapaz de resistirse, el monarca destituye a Beltrán de la Cueva y acepta todas las condiciones que se le imponen. Insatisfechos, los nobles conjurados van por más. Reúnen tropas suficientes y celebran lo que posteriormente se conoció como “la farsa de Ávila” (5-6-1465), por medio de la cual destituyen a Enrique y nombran a su hermanastro Alfonso, quien para ese entonces contaba con once años de edad. Pese a todas las presiones el rey no capitula.
Con la muerte temprana de Alfonso (1468), una jovencita de 17 años es presentada como heredera del rey y lanzada inopinadamente al ruedo político. Los nobles la eligen para gobernar por interpuesta persona y sostienen su candidatura para enfrentar a Enrique. Pocos años después se darán cuenta del error; aquella joven inexperta y en apariencia inofensiva, era la futura reina Isabel la Católica, fundadora de una monarquía en la que el poder soberano sería concentrado de una manera sin igual en el pasado.
El relato vertiginoso de los acontecimientos, necesario para el tipo de obras como la que se presenta, puede hacer perder toda referencia al lector de cuan complejas y difíciles eran las distintas situaciones que junto con la corona heredaron los Reyes Católicos. Propongo entonces, para que eso no ocurra, que no se piense en los acontecimientos ya resueltos, porque mal que mal el final del cuento es conocido. Me refiero a que se puede tener noción, por más vaga que sea, sobre quienes fueron los Reyes Católicos. Lo que a veces es ignorado son las muchas dificultades que debieron sortear, y no siempre con buena fortuna, Fernando e Isabel para definir e imponer el tipo particular de monarquía con el cual fundaron la “España moderna”.
Por lo pronto, para poder ser reconocidos y aceptados como legítimos soberanos y dueños indiscutidos del Estado[3], los reyes debieron librar distintos combates por casi diez años. Antes de afianzarse entre las primeras potencias de occidente, la monarquía de los Reyes Católicos debió superar desde el inicio una guerra de sucesión, una guerra civil y una invasión extranjera.
Veamos en los siguientes apartados, teniendo presente lo explicado en este, cómo los reyes Fernando e Isabel, finalmente, disponen de la Inquisición.


Isabel y Fernando, los Reyes Católicos

Es frecuente leer, al revisar la historiografía del siglo XV español, que pocos reyes han llegado al poder en un país más desorganizado y más desgarrado por los conflictos que los jóvenes príncipes Isabel y Fernando, cuando en el año 1474, la primera sucedió en el trono de Castilla a su hermanastro Enrique IV. Es posible que a esta lectura de la historia se haya llegado por el aún perdurable efecto de las campañas montadas por los mismos cronistas oficiales de los reyes, cuya misión era la de exaltar las acciones de sus patrones. Por el contrario, junto con una corriente importante de autores contemporáneos, no creemos que el gobierno de Isabel y Fernando haya sido un comienzo absoluto, sino una continuidad perfeccionada desde lo político, que logró acabar y definir una monarquía fuerte, o autoritaria como se ha denominado.
Dicho ello, hay que hay que reconocer que ni bien muerto Enrique, Isabel pretendía imponerse en un reino castellano ahogado en una profunda crisis.
Centralmente, analizada desde diferentes planos, dicha crisis proponía tres conflictos fundamentales en la llegada al gobierno de los Reyes Católicos o, como correspondería decir para el año 1474, la llegada de Isabel y su “legítimo consorte- al trono castellano; en el ámbito interno aparecen los problemas dinástico y político, que respectivamente deberán responder: 1- a quién corresponde por derecho la corona de Castilla y 2- quién gobernará efectivamente, si los reyes o la nobleza -los Grandes-.
El movimiento opositor a Isabel estuvo representado por aquellos que abogaban por la legitimidad sucesoria de Juana, hija de Enrique IV, pese a que años antes le habían imputado ser hija ilegítima del monarca. Sus dirigentes eran el marqués de Villena -hijo de Pacheco y antiguo enemigo de Enrique- y Carrillo, Arzobispo de Toledo.
Esquemáticamente planteado el problema dinástico es sencillo de entender. Un dato no menor a tener en cuenta a este respecto, es que el derecho castellano ignoraba la ley sálica, y la corona se transmitía por medio de la progenitura, aunque los varones adelantaban a las mujeres.
El rey Juan II tuvo tres hijos de diferentes esposas: de la unión con María de Aragón nació Enrique, su primer hijo. De su segunda esposa, Isabel de Portugal, nacieron: Isabel (1451) y Alfonso (1453). El testamento de Juan II fijaba claramente el orden sucesorio: Enrique y sus hijos; Alfonso y sus hijos; o en su defecto, Isabel.
Enrique IV se casó dos veces también, pero el matrimonio con Blanca de Navarra fue anulado por el obispo de Segovia en 1453, por “no haberse consumado”. La segunda esposa de Enrique, luego de siete años de matrimonio, tuvo a Juana (1462), a quien las Cortes reconocieron como legítima heredera de la corona.
Ya vimos en el apartado anterior cómo los nobles conjurados, enfrentados al poder del monarca le obligaron a desheredar a Juana, a quien primero reconocieron como legítima heredera de la corona y después acusaron de hija bastarda e ilegítima -el apodo Beltraneja indicaba la supuesta paternidad del favorito del rey, Beltrán de la Cueva.
Con la muerte temprana de Alfonso (1468), Enrique IV restablece en parte su autoridad a un muy alto costo. Suscribe el acuerdo de Toros de Guisando y se obliga a desheredar por segunda vez a Juana y a reconocer en su lugar a Isabel, quien si bien evita entrar en disputas con el rey, jamás dejará de reivindicar sus derechos a la corona apoyada en el acta de 1468[4].
Entremezclado con el conflicto sucesorio, aparece el conflicto político. Este será más difícil y perdurable que aquel, en cuanto significa el enfrentamiento de la nobleza que busca perpetuar y consolidar su influencia contra un poder regio que pretende restablecer la posición y autoridad cedida. En otras palabras, los conflictos sucesorios son expresión de los políticos en donde se cristaliza la lucha de intereses de tipo feudal medieval, por un lado, y los que pretenden la centralización de competencias en cabeza de la monarquía.
El tercer conflicto fundamental para el gobierno de los nuevos soberanos se encuentra en el ámbito externo –diplomático-, puesto que el rey de Portugal, Alfonso V, no estaba dispuesto a aceptar la constitución de un bloque hegemónico conformado por Castilla y Aragón[5], porque de esta manera, entendía y tenía razón, podía romperse el equilibro de relación de fuerzas existente en la península.
Si bien el equilibrio-desequilibrio de fuerzas era el fondo de la cuestión conflictiva, lo sustancial; el asunto fue planteado, al igual que los de origen político e interno del reino, como problema dinástico.
Efectivamente, el problema dinástico o sucesorio cruza todos los demás. Y en el caso de este, que se presenta en el ámbito externo del reino, ello sólo fue posible por la celebración del matrimonio de Juana la Beltraneja con su tío el rey Alfonso, quien, al reclamar la corona castellana a favor de su esposa –de trece años de edad-, legitimó la invasión de Castilla ese mismo año (1475).
La situación era particularmente crítica para Isabel y Fernando, puesto que al mismo tiempo que las tropas portuguesas avanzan sobre Castilla sin resistencias –las ciudades de Zamora y Toro caen sin provocar bajas en el bando invasor-, el reino de Francia, que estaba en guerra con Aragón y había ocupado Perpignan, rompe la alianza con Castilla, respalda a Portugal y ataca el noreste, mientras que en el interior de Castilla los nobles hostiles a Isabel también pasan al ataque.
Si bien los futuros Reyes Católicos supieron resistir los primeros embates, la guerra de sucesión se extendió por tres años. Con ella no se terminaron los conflictos de tipo político puesto que, como lo dijimos antes, el problema dinástico no agotaba la puja de unos y otros por conservar el poder feudal y por centralizar y establecer una monarquía fuerte, sino que era manifestación de estos y del desequilibrio de fuerzas en los reinos de la península.
En efecto, en septiembre de 1479, mediante el tratado de AlcaÇovas, Portugal reconoce a Isabel y Fernando y se retira del territorio castellano, dando por concluidas definitivamente las pretensiones portuguesas. La infanta Juana quedará recluida en un convento hasta la hora de su muerte. Ese mismo año, Fernando hereda a su padre y los reinos de Castilla y Aragón son reunidos en el matrimonio de los Reyes Católicos.
De esta manera los reyes Isabel y Fernando se anotan una importante victoria, pero queda pendiente la organización del Estado y consolidar su autoridad.
Antes de avanzar al apartado siguiente, nos interesa referir ciertas consecuencias importantes –por graves y duraderas- que la unión de reinos por el matrimonio de los Reyes Católicos trajo aparejada.
Puesto que el gobierno de ambos tendrá su eje de gravedad sobre el gobierno de Castilla, las nuevas estructuras jurídicas y estatales llevarán un acento castellano difícil de pronunciar en Cataluña, que dará cuenta de aquel desequilibrio. En este sentido se ha dicho con acierto que “la España nueva, será primero, será ante todo Castilla; las tradiciones castellanas, las instituciones castellanas, la mentalidad castellana inspirarán la mayoría de las veces, la política española; con algunas excepciones, son hombres de Estado castellanos quienes dirigirán esta política; la lengua de España, en fin, la de los diplomáticos y militares, de los escritores y los misioneros, en la época de la grandeza imperial y de la preponderancia política y cultural, será el castellano. En gran medida, la España moderna nace bajo los Reyes Católicos y es una España fuertemente marcada por la primacía de Castilla. (...) se puede pensar (...) que una unión basada en un equilibrio menos inestable, al obligar a tener en cuenta ciertos valores más propiamente catalanes, habría podido compensar lo que la mentalidad castellana tenía, quizá, de excesivo y de exclusivo”[6].

Los conversos ¿otra vez un problema?

Dijimos que, al igual que sus predecesores, los Reyes Católicos buscaron, por todos los medios, restaurar la autoridad de la monarquía frente al poder feudal de los Grandes, rápidamente consolidado luego de las mercedes enriqueñas. Vistos los acontecimientos se puede decir que el éxito de la empresa fue de tales proporciones que en realidad los Reyes Católicos definieron un nuevo tipo de monarquía; una forma de organización política eficaz no conocida en Castilla y Aragón hasta ese entonces; Con ello también sentaron las bases del nacimiento de un Estado moderno, de la España actual.
En la pretensión de restaurar el poder monárquico, una vez superada la guerra de sucesión e incluso antes, los monarcas se propusieron resolver cuestiones que pueden agruparse confusamente bajo la denominación moderna de “orden público”.
Vemos por ejemplo, que valiéndose del antecedente de la Hermandad de Villacastín (1473), las Cortes de Madrigal fundan la Santa Hermandad (1476) para reprimir el bandidaje y los crímenes cometidos en zonas rurales; los reyes la modernizan, dividen al reino en distritos cuyos municipios, con más de cuarenta familias, deben recaudar impuestos especiales para cubrir sus gastos.
La Santa Hermandad estaba compuesta por dos jueces y brigadas locales fijas (cuadrillas), a las que eventualmente se le sumaban grupos móviles (capitanías); Además tenía un consejo superior y un comandante en jefe, que era el hermano del rey; concebida como aparato policial y judicial, era temida y respetada también por los nobles indisciplinados. Por ello, sobre todo en los primeros años del reinado, constituyó fue eficaz para consolidar la autoridad de los Reyes Católicos.
En la idea de afianzar el poder monárquico, los reyes Isabel y Fernando reorganizan Las Chancillerías -órganos jurisdiccionales de última instancia en procesos civiles y criminales- asignándoles jurisdicciones bien delimitadas -Valladolid y Granada-. A fin de sustituir la dispersión de las costumbres y practicas medievales, que gobernaban las querellas y demandas particulares. En este sentido también se encomienda a juristas la unificación de textos normativos.
La administración de las ciudades más importantes se reorganiza, siendo esta, quizá, la tentativa más lograda[7] por los Reyes Católicos en la primer etapa del gobierno. Recordemos que las ciudades estaban bajo el control de una casta que trasmitía de padres a hijos los cargos de regidores, alcaldes y fieles, entre otros puestos públicos municipales.
Los reyes generalizan la institución de los corregidores, que no eran otra cosa que funcionarios delegados o representantes del poder central en las ciudades, pero dotados de poderes amplios –judiciales, administrativos, políticos-, por ello el corregidor interviene como presidente de las reuniones del ayuntamiento y en la designación de los diputados a Cortes.
El reino se divide en sesenta y cuatro corregimientos, lo que permite a los monarcas intervenir en toda la extensión del territorio rápida y eficazmente.
Mediante estas y otras acciones, como el control de las Cortes –solo fueron convocadas en cinco oportunidades: 1476, 1479-80, 1489, 1499 y en 1502- y la reforma financiera, los Reyes Católicos poco a poco fueron asegurándose el control absoluto del reino. Sobre el proceso apuntado, Joseph Perez refiere que “El Estado toma posesión de los beneficios, de tierras, de impuestos de los que había tenido que despojarse en otros tiempos bajo la presión de las circunstancias. Las víctimas, son evidentemente los grandes señores que habían sabido aprovecharse de las debilidades de los soberanos anteriores[8]”.
Todo lo dicho no debe llevarnos a engaños. La nobleza terrateniente castellana seguirá siendo fuerte, seguirá siendo “la primera jerarquía del país” en lo social y económico, aunque luego del reinado de los reyes Fernando e Isabel haya perdido sus prerrogativas políticas.
Tampoco hay que apresurarse. Para poder determinar las circunstancias que llevaron a los Reyes Católicos a implantar la Inquisición en Castilla es necesario que nos mantengamos en los primeros años del reinado; precisamente, luego de organizada la Santa Hermandad, tiempo en el que aún los monarcas no habían conseguido superar definitivamente la crisis de autoridad inicial.
Efectivamente, por los conflictos señalados anteriormente, que afectaban su legitimidad, y porque atravesaba un ciclo de poca intensidad los monarcas postergaron el tratamiento del problema converso. Sólo cuando los primeros obstáculos de la crisis inicial fueron superados y luego de reavivada la cuestión conversa, los reyes dirigieron su atención a dicho conflicto, puesto que ello también podría traer aparejado importantes consecuencias políticas, como había quedado demostrado con los sucesos de Toledo de 1449.
Recordemos que el denominado “problema converso” venía definiéndose como tal desde las masacres de 1391 –de esto ya hemos dado cuenta en los acápites precedentes-. Si bien era un foco de conflictividad social creciente en Castilla y Aragón, no se presenta uniforme, constante en el tiempo y en intensidad. Por el contrario, la problematización social y política de la cuestión conversa adopta una forma ondulada, que no parece seguir ningún patrón u obedecer a un orden predefinido, pero que reconocerá ciclos de mayor violencia y otros de latencia en los que no parece manifestarse.
Justamente el inicio de uno de dichos ciclos de violencia ocurrió cuando, en el año 1476, miles de conversos retornaron a la ciudad de Córdoba -los mismos que tres años antes la habían abandonado- provocando el descontento popular y fuertes críticas de los numerosos cristianos viejos de la facción anticonversa.
Si bien en esta ocasión no se habría producido un ataque masivo, se ha apuntado que “la atmósfera social de la ciudad estaba enfebrecida y se expresó, entre otras formas, en una creciente ola de crímenes”[9] de las cuales eran blanco predilectos los conversos.
Igual que en Córdoba, o quizá con una cuota de mayor desprecio, se consideraba a los conversos en Sevilla. Netanyahu[10] fundamenta ello en el recelo de los cristianos viejos, puesto que buena parte de la administración de la ciudad y la mitad del comercio estaba bajo el control de los conversos sevillanos.
Sea correcta o no la interpretación del autor judío, lo cierto es que en la ciudad de Sevilla fue donde los miembros del movimiento de cristianos viejos, presididos por fray Alonso de Hojeda -prior del convento de San Pablo-, iniciaron una fuerte campaña anticonversa que terminó en “la solución inquisitorial”.
Fray Alonso de Hojeda ha sido el responsable, primero, de organizar una pesquisa y sentenciar con carácter general que los conversos de la ciudad se reunían clandestinamente para judaizar. Posteriormente, fue quien “con las pruebas en la mano” requirió de los reyes la adopción de medidas contra los herejes[11].
La campaña de Hojeda se vio reforzada por otra investigación dirigida por el arzobispo de Sevilla, Pedro González de Mendoza y por Tomás de Torquemada, prior del convento dominico de Segovia, quienes revelaron que cristianos nuevos junto con Judíos azotaban las imágenes de Jesucristo y crucificaban niños en la Pascua. Sus conclusiones fueron terminantes: la herejía judaica no se había expandido solamente por la ciudad de Sevilla, sino también por el resto de Andalucía y Castilla”[12].
Con la noticia de los sucesos referidos, se extendió muy pronto un estado de emergencia que requería de medidas severas para el cuidado de la “verdadera fe”. Fue entonces cuando los reyes Fernando e Isabel, de acuerdo con el nuncio pontificio, el dominico Nicolás Franco, y fray Alonso de Hojeda, decidieron introducir la Inquisición en Castilla y reclamaron al Papa una bula para su institución[13].
En el mes de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV, mediante la bula Exigit sencerae devotionis affectus, concedió a los reyes el poder de designar y remover a su voluntad a:
“dos o tres obispos, arzobispos, u otros varones providos y honestos, presbíteros seculares o regulares, mayores de cuarenta años de edad, de buena vida y costumbres, maestros o bachilleres en teología… para que los así nombrados inquiriesen en todos los reinos y señoríos de dichos monarcas contra los herejes, apóstatas y fautores (…) y proceder conforme a derecho y costumbre”[14].

De esta manera quedó fundada la Inquisición Española. Como primeros inquisidores para el reino de Castilla fueron designados los dominicos Juan de San Martín y Miguel de Morillo, y como asesor de estos Juan Ruiz de Medina. Los nuevos inquisidores dotados de todo imperio sobre cristianos bautizados, se instalaron en la ciudad de Sevilla.
El primer Auto de Fe celebrado por la Inquisición Española tuvo lugar el 6 de enero de 1481, disponiéndose la “relajación” -muerte en la hoguera- de seis conversos; diecisiete más en marzo de ese mismo año, y hasta noviembre un total de doscientos noventa y ocho personas murieron en la hoguera, sólo en la ciudad de Sevilla[15].
Posteriormente, fueron instaurados siete tribunales en el resto de Castilla. En 1482, el Papa ratificó los inquisidores propuestos por los reyes –que eran todos dominicos- entre los cuales se encontraba Tomás de Torquemada, cuyo nombre pasó a tener un lugar destacado en la historia del Tribunal del Santo Oficio por haber sido el primer Inquisidor General y por la dureza de sus sentencias.
Institucionalmente, el Tribunal de la Inquisición rápidamente ocupó un lugar destacado. Recordemos que las Cortes reunidas en Toledo en el año 1480 habían confirmado cuatro Consejos: Estado, Finanzas, Castilla y Aragón. Con el de “La Suprema y General Inquisición”, a partir de 1483[16], los Consejos de Estado pasaron a ser cinco. La función de “La Suprema”, como fuera conocido posteriormente, sería la de resolver con máxima autoridad las cuestiones concernientes a los distintos tribunales de distrito. La Suprema era un cuerpo colegiado conformado primeramente por cuatro eclesiásticos, entre los cuales se contaba el Inquisidor General.
Destacamos la importancia que los Reyes Católicos le concedieron inmediatamente al Tribunal el Santo Oficio, en cuanto lo integraron al gobierno como un Consejo de Estado, circunstancia que se mantuvo por más de dos siglos y que trajo aparejado infinidad de cuestiones en todos los ordenes del campo social y político de España y sus colonias.


Las razones o los pretextos de la Inquisición.

Ahora bien, se nos impone un interrogante: ¿tomaron los Reyes Católicos la decisión de establecer la Inquisición a raíz de los planteos anticonversos formulados por Fray Alonso de Hojeda y los demás dominicos?
Casi en su totalidad, los historiados responden afirmativamente sin formularse mayores cuestionamientos -Llorente, Bennassar, Caro Baroja, De Miguel, etc. Kamen, dirá que los monarcas se mostraron dubitativos sobre las argumentaciones que en un principio les presentara Hojeda, pero al verlas confirmadas por el Arzobispo de Sevilla y por Torquemada, “Fernando e Isabel dieron su consentimiento para que se introdujera la maquinaria inquisitorial en Castilla, y pidieron a Roma que se otorgara la bula para su establecimiento”[17].
Netanyahu, adoptando una posición diferente al resto de los estudiosos del Tribunal español dirá que “muy probablemente, los monarcas tomaron esa decisión basándose en sus propias consideraciones”[18], y no por la veracidad de las pesquisas llevadas a cabo por los dominicos. Básicamente, el autor judío sostiene que los reyes debieron haber realizado una evaluación de conjunto de la situación, en la cual la tensión social creciente que habían advertido en Andalucía -donde permanecieron durante 1477-78- se daba, principalmente, por el choque de dos fuerzas radicalmente enfrentadas; como lo hemos visto, el partido “antimarrano” y la facción “proconversa”.
Conforme ello, concluye que al calibrar las fuerzas de los contendientes, los reyes debieron advertir que quienes presentaban mayor potencial revolucionario eran los cristianos viejos, por cuanto, si lo que buscaban los monarcas era adoptar medidas a fin de pacificar el reino o terminar con los disturbios a gran escala, la respuesta estaba claramente determinada.
En sus palabras: “la hostilidad a los conversos, que los soberanos vieron crecer en todos los centros urbanos de Andalucía, inclusive en las grandes ciudades de Córdoba y Sevilla y la progresiva fiebre anticonversa de Toledo y su arzobispado, fueron indudablemente los factores principales que incitaron a los reyes a adoptar la solución inquisitorial”[19].
Nuestra respuesta al interrogante es que:
a- No puede sostenerse válidamente, sin caer en cierta ingenuidad, que los reyes Fernando e Isabel implantaron la Inquisición por su condición de “buenos católicos” –bueno equiparado a sincero-. Esto es, porque verdaderamente creían que la cristiandad peligraba con la herejía judaica denunciada por los dominicos.
b. También, en parte por el mismo motivo, descartamos la posición que sostiene que los monarcas fueron “convencidos” por los dominicos, puesto que ello remite nuevamente a la sinceridad de la espiritualidad de los monarcas y acota la cuestión desplazando del análisis otras circunstancias.
Hasta aquí, obviamente, nuestra respuesta es negativa, situación que nos acerca a la posición de Netanyahu. Pero si bien reconocemos en el planteo efectuado por el autor judío la base del nuestro, nos separan con este importantes diferencias.
Como premisas de nuestra hipótesis, compartimos con muchos historiadores que los Reyes Católicos no poseían un sentimiento de rechazo personal hacia los conversos y judíos. Del mismo modo, estamos de acuerdo en que los monarcas eran “hábiles políticos y fríos estrategas”, y que por ello, a los efectos de tomar el control sobre los focos conflictivos que atentaban contra el afianzamiento de su legitimidad, resolvieron adoptar la Inquisición en los primeros años de gobierno. En este sentido si pensamos que los argumentos religiosos de los dominicos sirvieron de eficaz pretexto a Isabel y Fernando para la adopción de una medida netamente política.
Las diferencias más importantes con el planteo efectuado por Netanyahu radican en que, en el conflicto de intereses entre conversos y cristianos viejos, éste ubica a los Reyes Católicos en la situación de un árbitro, como si los reyes fueran un tercero imparcial que llamado a resolver una disputa se coloca fuera, pero que luego de acercarse a estudiar la situación y medir las fuerzas de las partes enfrentadas, se da cuenta que puede salir perjudicado, lesionado, pierde la neutralidad y, finalmente adopta una decisión conforme a sus intereses: serenar a las fieras querellantes castigando a los acusados.
Dicho planteo nos resulta atractivo, en cuanto se desprende de la ligereza e ingenuidad, muchas veces encubiertas, con que es abordado habitualmente el origen de la Inquisición Española, pero al mismo tiempo, al igual que la inmensa mayoría de los especialistas en el tema inquisitorial, dicho autor no hace referencia alguna a los cambios producidos en las relaciones de la Iglesia castellana y la monarquía, proceso que se desarrolló principalmente a partir de 1418, una vez finalizado el cisma cristiano, conforme lo explicáramos oportunamente en el capítulo III.
Así, es conveniente recordar que dicho proceso, entre otras derivaciones, definió un clero nacional antes inexistente, pero también el control de la función judicial de la Iglesia por parte del poder monárquico, hecho también novedoso en aquel entonces.
Para comprender el establecimiento del Santo Oficio en Castilla, entendemos fundamental revisar dicho proceso y los acontecimientos posteriores que definieron a la situación de los judíos primero, y luego a la de judíos y conversos, como problema social y político.
En esta idea, continuando con la representación que hicimos sobre la tesis de Netanyahu, el resultado de nuestra observación será que el tercero imparcial convocado a resolver el conflicto nunca existió como tal; vale decir que los Reyes Católicos jamás fueron ese arbitro corrupto que al observar a los contendientes, en lugar de resolver sobre la verdad de los hechos, se interesó por resguardarse de la capacidad de una de las partes en producirle daño.
En este sentido, sostenemos que si bien distantes del movimiento antimarrano, y de las campañas producidas por sus miembros, Isabel y Fernando fueron los continuadores y principales impulsores de la formación nacional del clero castellano y de la fórmula política posteriormente conocida como “monarquía autoritaria”, caracterizada por la expansión de los recursos de gobierno. Por tanto, siguiendo con la representación hecha anteriormente, los reyes nunca estuvieron fuera del conflicto que debían resolver y, en todo caso, fueron juez y parte del mismo.
Desde esta perspectiva, podemos decir que los reyes resolvieron a favor de las propuestas de los cristianos viejos, pero no por el cómputo cuantitativo de las fuerzas enfrentadas, como lo sostiene Netanyahu, sino, antes bien, con base en la conveniencia de si era ese el momento o no de tomar una medida de consecuencias tan graves, pero sobre la cual no parecía haber otra alternativa, de acuerdo a los términos en los que fue planteada desde sus inicios.
Con ello no queremos decir que los reyes estaban determinados a adoptar la solución inquisitorial, y excusarlos por ser “parte de su tiempo”, como lo han hecho y hacen muchos autores, si no significar que tal y como se desarrolló la problematización de la cuestión judía y conversa durante el proceso apuntado, implantar la Inquisición en Castilla, o más tarde resolver la expulsión de los judíos, parecían ser salidas funcionales a los intereses de los monarcas.
Entonces, es posible que el cálculo político haya sido realizado por los monarcas sobre el estado de la campaña dirigida por los dominicos, de cuanto se había extendido y generalizado el sentimiento anticonverso en las ciudades, de cuan alterado estaba el clima social[20]. En definitiva, a los reyes les interesó poder conocer si el ciclo de persecución de cristianos nuevos se encontraba en su pico más violento o si debían esperar que se intensificara aún más, pero muy probablemente no hayan tenido intenciones de resistir la solución inquisitorial.



[1] Netanyahu, B. Op. Cit. p. 654.

[2] Perez, Joseph, La España de los Reyes Católicos, Cambio 16, Madrid, p. 8.

[3] Perez, Joseph, La España..., p. 3.

[4] Perez, Joseph, La España... p., 6.

[5] El matrimonio de Isabel y el príncipe Fernando, heredero de la corona de Aragón, se había celebrado en 1469 y que el príncipe heredero será nombrado rey recién en 1479.

[6] Perez, Joseph, La España... p.21.

[7] Perez, Joseph, La España... p. 25.

[8] Perez, Joseph, La España... p. 30.

[9] Netanyahu, B., Op. Cit. p. 832.

[10] Cfr. Netanyahu, B., Op. Cit. p. 832.

[11] Kamen, Henry, Op. Cit., p. 48.

[12] Kamen, Henry, Ibidem, p. 48.

[13] Conviene recordar que la Inquisición de Aragón era mantenida desde el siglo XIII, pero dependía directamente de Roma y su intervención era casi simbólica. Para su establecimiento habia servido el pretexto de la lucha contra la herejía cátara y su posible extensión, para la Inquisición moderna se supuso la necesidad de igual celo contra la apostasía de los “cristianos nuevos” o conversos del judaísmo.

[14] Llorente, Juan A., Op. Cit. t.I. p. 126.

[15] Llorente, Juan A., Ibidem, t.I. p. 136.

[16] La fecha exacta del establecimiento del Consejo de la Suprema Inquisición no ha podido ser precisado hasta la actualidad puesto que se carece de los documentos que así lo dispusieron. La gran mayoría de los autores (Kamen, Lea, Llorente entre otros) se inclina por el año 1483. La tesis del año 1488 es sostenida por José Antonio Escudero, "Orígenes del Consejo de la Suprema Inquisición". En Alcalá Angel, et. al. Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Ed. Ariel, Barcelona, 1984.

[17] Kamen, H., Op. Cit. p. 48.

[18] Netanyahu, B., Op. Cit. p. 833.

[19] Netanyahu, B., Ibidem, p. 834.

[20] Se explica de esta manera la falta de certeza que tuvieron los reyes con la primaria exposición de Hojeda y la seguridad lograda con los datos posteriormente informados por el Cardenal Mendoza y Torquemada, de acuerdo con lo manifestado por Kamen, según lo expusimos anteriormente.