El Código Penal Frances de 1993


Característica significativa es la organización numérica. Todas las disposiciones tienen tres cifras que indican: libro, título y capítulo. Separado con un guión el artículo dentro de esa numeración. Los siete libros son: I: Disposiciones generales; II: Crímenes y delitos contra las personas; III: crímenes y delitos contra los bienes; IV: crímenes y delitos contra la nación, el estado y la paz pública; V: Otros crímenes y delitos; VI: Contravenciones (vacío); VII: disposiciones aplicables en territorios de ultramar.

Otra es la parte reglamentaria, es decir, sancionada por decretos dictados en consejo de estado que, por un lado, reglamentan disposiciones legales y, por el otro, dan contenido al régimen de contravenciones, las cuales, en consecuencia, no son de fuente legislativa. Únicamente está legislado lo relativo a las penas aplicables (artículos 131-12 al 131-18). La parte reglamentaria está también organizada numéricamente y repite los mismos seis primeros libros de la parte legislativa aunque no todos tienen algún contenido. Lo que se busca es preservar la organización temática de modo que cualquier disposición reglamentaria concerniente a los distintos títulos y capítulos figure en la ubicación numérica correspondiente.

Otra característica significativa del nuevo código es el empeño en simplificar el lenguaje aunque se mantiene el inconveniente de la utilización frecuente de reenvíos numéricos.

Se introduce una norma referida al error jurídico aunque no ninguna sobre la omisión impropia. Hay una definición de la culpa y también de la puesta en peligro de una persona. Esto último parece designar casos de dolo eventual en delitos contra las personas. Una reforma posterior (de 1996) distinguió la puesta en peligro deliberada de la culposa.

Está establecido el requisito de dolo para los crímenes y también, en principio, para los delitos. Para estos últimos puede haber configuración culposa (numero clausus). No hay limitación para las contravenciones lo que implica la admisión de responsabilidades objetivas. La innovación es que, anteriormente, se la admitía también para los delitos llamados “materiales”.

Por primera vez en Francia el código penal no coloca en primer lugar las infracciones políticas. Aparecen como novedades de la parte especial los delitos de molestias telefónicas y de acoso sexual. No hay mención al consumo personal de drogas y no se contemplan, tampoco, delitos económicos ni ambientales.

La responsabilidad de las personas jurídicas

Es acumulativa y condicional: no excluye la de las personas físicas autores o cómplices de los mismos hechos; y debe tratarse de hechos cometidos por cuenta de la persona y por sus órganos o representantes. En la versión original sancionada en 1992 era especial, es decir se incurría únicamente en los casos expresamente previstos en la ley o la reglamentación. Esa limitación se transformó con la ley Perben del 9 de marzo de 2004 cuyos artículos 54 y 55 suprimen del artículo 121-2 del código penal la expresión “y en los casos previstos por la ley o la reglamentación”. El cambio entró en vigor el 31 de diciembre de 2005. La misma ley contempla los casos de crímenes castigados con pena única de privación de libertad agregando al artículo 131-38 del código penal –que prevé, en general, para las personas ideales, una multa de hasta el quíntuplo de la aplicable a la persona física - una multa de un millón de euros para crímenes que no tengan multa prevista. [1]


Están alcanzadas todas las personas de derecho privado, incluyendo sindicatos, fundaciones, sociedades de hecho y sociedades extranjeras. No el estado aunque sí las personas de derecho público. Pero estas últimas con una limitación: las “colectividades territoriales” (municipios) y sus agrupamientos, solamente por las infracciones co­metidas en el ejercicio de actividades susceptibles de "conve­nios de delegación de ser­vicio público" (según Poncela una expresión que parece tiene que ver con el ejercicio del poder público y que traerá di­ficultades ya que la jurisprudencia administrativa no es muy precisa sobre las actividades susceptibles de convenios de delegación)


Las penalidades

Se mantiene la tripartición de penas criminales, correccionales y contravencionales. En las tres categorías caben, a la vez, tres variantes: penas principales, alterna­tivas y complementarias.

Las principales siguen siendo la prisión y la multa (aparte el caso de las personas morales que tienen un catá­logo propio).

Las alternativas, que no cambian mayormente de lo pre­visto en la ley del 11 de julio de 1975 son: el día multa, los trabajos de interés general, las privaciones o restric­ciones de derechos -a cuya enumeración se agregan la anula­ción temporaria del permiso de conducir y la inter­dicción de emitir cheques y de utilizar tarjetas de crédito-.

Las complementarias son numerosas y figuran para cada delito o contravención al final del capítulo al que corres­ponden.

En líneas generales el código no cambió casi nada pero, eso sí, contiene las penas privativas de libertad más exten­sas de los antecedentes franceses.

Se incluyen ahora en el código varias disposiciones referidas a la personalización de las penas que, hasta aho­ra, figuraban en el código de procedimientos. Las variantes son:

La semi-libertad que permite salir del establecimiento y trabajar. Puede acordarse para penas de prisión de hasta un año (antes eran 6 meses).

El fracciona­miento de la pena puede otorgarse para penas de hasta un año y puede durar hasta tres años. También para penas de multa. La condición es que haya motivos personales, familiares, profesionales, médicos o sociales.

El "sursis" (condena condicional) reconocía desde 1958 la modalidad de otor­gamiento con puesta a prueba, desde 1975 la postergación de la fijación de la pena, desde 1983 el otorgamiento con tra­bajos de interés general, y desde 1989 el otorgamiento con puesta a prueba. El código de 1993 agregó: el otorgamiento con "injonction" (acatar determinadas prescripciones) eventualmente provisto de "astreinte". Tam­bién añadió la posibilidad de "sursis" para penas alternati­vas y complementarias.


Algunas transformaciones anteriores del código de 1810[2]

1832 – Supresión castigos corporales y aplicación generalizada de atenuantes

1850 – Creación del prontuario de antecedentes y supresión de penas infamantes

1885 – Creación de la relegación de ultramar

1885 – Autorización de la libertad condicional

1891 – Creación de la condena condicional

1912 – Establecimiento de un régimen especial para los menores

1975 – La condena condicional con sujeción a prueba (¿probation?)

1981 – Abolición pena de muerte

1983 – Pena alternativa de trabajos de interés general.




EDMUNDO S. HENDLER



[1] Fuente: Revue de Science Criminelle et Droit Pénal Comparé, abril-junio/2004, n°2, p.380.

[2] Fuente: Marie-Héléne Renaut Histoire de Droit Pénal, París, 2005, edit. Ellipses, p. 115.