La intervención de la víctima indigente en el proceso penal


¿El Estado argentino permite a la víctima o damnificado indigente hacer uso de sus recursos jurídicos para que asuman en el proceso penal federal el rol de querellante y/o de actor civil?

Por Andrés Heim

I. Hipótesis.

En el sistema de administración de justicia penal federal, la víctima o damnificado indigente al no poder hacer frente a los costos que acarrea la designación de letrado patrocinante, debido a circunstancias económicas, puede quedar excluida de asumir un rol activo en el proceso penal a través de la constitución en querellante y/o actores civiles.

De ahí que el objeto de este trabajo se basará en responder los siguientes interrogantes: ¿ el Estado argentino permite a la víctima o damnificado indigente hacer uso de sus recursos jurídicos para que asuma en el proceso penal el rol de querellante y/o de actor civil?; e n su caso, ¿de qué manera?.

El análisis se efectuará tomando como punto de partida la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus pronunciamientos (sentencias y opiniones consultivas) respecto del alcance y contenido de las garantías judiciales, en especial, el acceso a la jurisdicción, el debido proceso, y los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación.

El objetivo trazado, para una mejor comprensión del tema, será desarrollado a partir de la determinación de la estructura legal que consagra nuestro sistema para permitir la participación de la víctima u ofendido de un delito en el procedimiento penal, ya sea como querellante y/o actor civil; y de los requisitos que la legislación de forma establece para tal fin, en especial, el relacionado con el patrocinio letrado.

Finalmente, respondiendo a los interrogantes trazados, se abordarán los mecanismos que contempla el Estado argentino para satisfacer dicho requisito cuando la víctima o damnificado es indigente; y las soluciones adoptadas en el ámbito interno.


II. La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Garantías judiciales. Debido proceso. Igualdad ante la ley. No discriminación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "CIDH") señaló que el art. 8[1] de la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) consagró "el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" [2].

Consideró al proceso judicial como "un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia" a lo cualcontribuyen "el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal"[3] o "derecho de defensa procesal"[4], garantía ésta última a la que conceptualizó como las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[5].

A juicio de la CIDH, las verdaderas y propias garantías judiciales que deben ser observados en las instancias procesales[6] sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho[7].

El objetivo práctico de su utilización instrumental es lograr que "las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" [8].

Cabe señalar que el art. 8.2 de dicha Convención establece que "[d] urante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas".

En relación al sentido de la expresión "garantías mínimas" manifestó la CIDH que "[e]n materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal "[9].

Para la CIDH " el concepto del debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas la Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal "[10].

La presencia de estas garantías de mínima, no sólo determinan la validez legal del proceso, sino la vigencia de los derechos y libertades del justiciable durante el mismo. Garantizar el derecho a la jurisdicción, poco aporta a la protección eficaz de los derechos, si ello no se complementa con las garantías del debido proceso. El “debido proceso” significa, pues, que: a) ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento regular fijado por la ley; b) ese procedimiento no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser el “debido”; c) para que sea el “debido” tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso; y d) esa oportunidad requiere tener noticias fehacientes (o conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir pruebas, gozar de audiencia (ser oído). En otras palabras, se inserta aquí con plenitud el “derecho de defensa”. [11] Nuestra constitución formal enuncia muchas de estas garantías procesales en su artículo 18 (CN). La incorporación, como ya sabemos, con jerarquía constitucional de un conjunto de instrumentos internacionales, nos permite no sólo “completar” sino “actualizar” dichas garantías. Las mismas constituyen un “techo ideológico”, un contenido básico y mínimo, un nivel de protección por debajo del cual sólo espera ilegalidad. Así planteadas. Estas garantías rituales forman garantías del debido proceso, constituyéndose en “parámetros” del control de legalidad [12] .

Para que exista “debido proceso legal” es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables [13] .

En este sentido, cabe recordar que la Corte señaló que: "[e] l respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención "[14].

III. Derecho a la igualdad y no discriminación como principios generales y dentro de un proceso

En el estadio actual del derecho, la vida en plenitud presupone la igualdad, la libertad y la dignidad. Estos son los fundamentos básicos sobre los que se construyen la convivencia en sociedad y los ordenamientos jurídicos. El concepto de igualdad fue una de las ideas fuerza de la revolución francesa y desde allí se expandió por todo occidente. Podemos advertir que en un primer momento este se circunscribió a la igualdad ante la ley y que recién después de la segunda guerra mundial comenzó a implicar la igualdad de oportunidades que presupone acciones positivas por parte del Estado. Hoy el nuevo nombre de la igualdad es la no discriminación[15].

Es así que, en conexión con lo expuesto en el punto anterior, para explicar el significado de las garantías mínimas que estable el art. 8.2 segunda oración de la Convención Americana, es preciso conceptualizar cuál es el significado de los principios de "no discriminación" y de "igualdad ante la ley" conforme al texto expreso de la Convención Americana y como por parte de la doctrina jurisprudencial de la CIDH.

Al respecto el art. 1.1 de la Convención Americana establece la obligación de los Estados Parte de " respetar los derechos reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social ".

La no discriminación es un principio general relativo a todos los derechos humanos, que informa su goce y libre ejercicio. Señaló la CIDH que " cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualesquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma"[16].

Al mismo tiempo, el art. 24º de la Convención Americana reconoció que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Sobre esta disposición, la CIDH afirmó que: " reitera en cierta forma el principio establecido en el artículo 1.1. en función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley "[17].

A lo que añadió: "[l] a noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza "[18].

" Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose `en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos´ definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando `carece de justificación objetiva y razonable´ [Eur. Court H.R., Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" (merits), judgment of 23rd July 1968, pág. 34]. Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio "[19] .

" No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana "[20].

" Si bien no puede desconocerse que las circunstancias de hecho pueden hacer más o menos difícil apreciar si se está o no en presencia de una situación como la descrita en el párrafo anterior, es también cierto que, partiendo de la base de la esencial unidad de la dignidad del ser humano, es posible apreciar circunstancias en que los imperativos del bien común puedan justificar un mayor o menor grado de distinciones que no se aparten de las consideraciones precedentes. Se trata de valores que adquieren dimensiones concretas a la luz de la realidad en que están llamados a materializarse yque dejan un cierto margen de apreciación para la expresión que deben asumir en cada caso” [21].

En consecuencia dentro del ámbito del derecho al debido proceso, ambos principios ("no discriminación" e "igualdad ante la ley") deben ser estrictamente cumplidos.

Por eso, el art. 8.2 de la Convención precisó que las garantías mínimas de toda persona inculpada de delito son derechos que deben ser ejercidos "en plena igualdad".

Este criterio debe ser aplicado respecto a todas las garantías previstas en la Convención, no solo en relación a las "mínimas" obligatorias del proceso penal, atento lo prescripto en los arts. 1.1 y 24 de la Convención.

De una revisión de los casos contenciosos que fueron sometidos a su jurisdicción, la CIDH aun no tuvo oportunidad de pronunciarse respecto al derecho a la igualdad en el proceso.

Sin embargo, en la Opinión Consultiva 16/99 la CIDH aseveró que para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores dedesigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales [22] correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas"[23].

Asimismo, en la Opinión Consultiva 11/90 la CIDH entendió en un caso de desigualdad y discriminación por la imposibilidad de una persona indigente de acceder a la justicia en defensa de sus derechos, precisando que "Si una persona que busca la protección de la ley para hacer valer los derechos que la Convención le garantiza, encuentra que su posición económica (en este caso, su indigencia) le impide hacerlo porque no puede pagar la asistencia legalnecesaria o cubrir los costos del proceso, queda discriminada por motivo de su posición económica y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley" [24].

Para la CIDH, en consecuencia, un indigente se vería discriminado por razón de su situación económica si, requiriendo asistencia legal, el Estado no se la provee gratuitamente[25].

El respeto de las garantías del debido proceso previstas en el art. 8 de la Convención Americana, en consecuencia, deben ser analizadas desde la perspectiva de los principios de "no discriminación" e "igualdad ante la ley".

IV. El esquema de nuestra legislación en cuanto a las chances de participación de la víctima en el proceso penal federal.

La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 12, delimita que los aspectos materiales de la acción deben ser objeto de tratamiento por el Código Penal (legislación nacional y única para todo el país), mientras que los formales sí pueden ser tratados por los códigos procesales (provinciales).

Así, según el Título XI del Código Penal, denominado “Del ejercicio de las acciones”, se establecen las siguientes posibilidades de participación de la víctima en el proceso penal:

a) Delitos perseguibles de oficio (art. 71 CP): en estos delitos el ofendido juega un papel principal, toda vez que la víctima es quien se encuentra facultada a formular la denuncia y, en consecuencia, da lugar a que se pueda iniciar el proceso con la intervención del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, en cuanto se pone en marcha el sistema de persecución penal, por regla general, el desarrollo posterior le es quitado de las manos a la víctima e, incluso, aunque manifieste su deseo de retirar la denuncia, esto no impide al Ministerio Público Fiscal de ocuparse del indicio objetivo de criminalidad ya documentado[26].

b) Delitos dependientes de instancia privada (arts. 71, inc. 1 y 72 CP): la iniciación y tramitación de un proceso penal, en ellos, depende decisivamente de la iniciativa del ofendido. En esos delitos, mencionados taxativamente por el Código Penal argentito (art. 72), la justicia penal sólo puede intervenir cuando la víctima haya hecho saber en forma inequívoca a través de una solicitud de persecución penal formal que desea la intervención de los órganos estatales. Esa solicitud, en consecuencia debe reunir determinadas exigencias formales y, lo que es más importante, no cualquiera tiene derecho a presentarla sino sólo el mismo ofendido o sus representantes legales[27].

c) Delitos de acción privada (art. 71, inc. 2 y 73 CP): estos casos son concebidos como de intervención exclusiva del ofendido en el rol de acusador en el procedimiento penal. Es la víctima quien inicia y tramita el proceso penal con el carácter de acusador[28].

d) La reparación del daño causado (art. 29 CP): además de la participación del ofendido en y para llevar a cabo la persecución penal, nuestro Código Penalcontiene prescripciones en relación a posibles pretensiones de resarcimiento patrimonial (art. 29, inc. 1) [29]. Si bien la redacción de este dispositivo resulta confusa, se consideró que no autorizaba al juez a fallar de oficio sobre la sanción civil emergente del delito. No obstante, se entendió, con buen criterio que ese artículo no autorizaba una condena civil de oficio contra el sistema positivo argentino (arts. 1077 y 1096 del Código Civil) sino que con ella se facultaba al sujeto que sufría el daño a reclamar la acción reparatoria en el proceso penal y a los códigos de forma a reglamentar la intervención y actuación del actor civil en el procedimiento penal[30].

Ahora bien, junto a estas normas de carácter material, cada provincia (y el Estado Nacional) puede reglamentar la forma en que serán ejercidas las distintas acciones que nacen del delito[31].

En el orden federal, el Código Procesal Penal de la Nación recepta la clasificación de las acciones penales establecidas en los arts. 71 y siguientes del Código Penal, distinguiendo, en consecuencia, entre delitos de acción pública (art. 5 CPPN), delitos de acción pública dependientes de instancia privada (art. 6 CPPN), delitos de acción privada (art. 7 CPPN), a la vez que establece las pautas para el ejercicio de la acción civil (arts. 14 a 17 CPPN).

Consecuentemente, como viene de ser expuesto, a través de mecanismos tradicionales que posibilitan la participación de la víctima en el procedimiento penal, el código de forma recepta las figuras del actor civil, el querellante en los delitos de acción pública y el querellante en los delitos de acción privada (cfr. arts. 79, 80, 82, 87 y 415 del CPPN) .

Sin embargo, de estas instituciones sólo la última otorga derechos sustantivos a la víctima. Ello pues la institución del actor civil sólo significa la posibilidad de intervenir en el procedimiento penal para reclamar una pretensión de derecho privado que la víctima podría reclamar, de todos modos, en otro procedimiento. La participación del querellante en los delitos de acción pública, por su lado, sólo permite una intervención subsidiaria de la víctima queno le otorga derechos sustantivos sobre la solución del caso, pues es el Estado quien continúa detentando la titularidad de la acción penal [32].

En los delitos de acción privada, en cambio, la víctima es titular excluyente de la acción penal, “la ley material establece un ius persecuendi de excepción, prohibiendo el ejercicio de la acción penal por el órgano estatal en forma absoluta. Su ejercicio corresponde al querellante exclusivo, ofendido por el delito y, en algunos casos, a los representantes legales ”.[33] El inicio de la persecución depende enteramente de su decisión –art. 74 a 76 CP-. El acusador privado tiene, además, facultades para renunciar a la persecución ya iniciada y extinguir la acción penal -art. 59, inc. 4 CP-, y para extinguir la pena impuesta a través del perdón –art. 69 CP-[34].

En los delitos dependientes de instancia privada –art. 72 CP-, a pesar de que la acción penal es pública, la víctima tiene el poder de inhibir el inicio dela persecución, que sólo puede iniciarse “por acusación o denuncia” de la víctima o su representante –art. 72 CP- [35].

V. Derechos de la víctima. Requisitos exigidos por el CPPN para la constitución de querellante y/o actor civil.

La ley procesal federal en el artículo 79 establece que “Desde el inicio de un proceso penal y hasta su finalización, elEstado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano jurisdiccional el pleno respeto de los siguientes derechos:

a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes;

b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente designe;

c) A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia;

d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado;

e) cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación”.

En tanto que en el artículo 80 se dispone que: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:

a) A ser informada por la oficina correspondiente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de constituirse en actor civil o tener calidad de querellante;

b) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado;

c) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado por persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido”.

A la vez que el artículo 81 manda a que los derechos reconocidos sean enunciados por el órgano judicial competente en la primer ocasión en la que se tome contacto con la víctima o el testigo.

Ahora bien, para que la víctima asuma el rol de querellante, junto al Ministerio Público Fiscal en los delitos de acción pública y de manera autónoma en los delitos de acción privada, y/o actor civil, el código de forma establece una serie de requisitos a cumplir.

En cuanto a la asunción del rol de querellante en los delitos de acción pública el código exige como requisitos de forma para la adopción de dicho rol que la presentación se haga por escrito, en forma personal o por mandatario especial, con asistencia letrada, debiendo consignar bajo pena de inadmisibilidad: 1) nombre, apellido, domicilios real y legal del querellante; 2) relación sucinta del hecho en que se funda; 3) nombre, apellido y domicilio del o de los imputados, si los supiere; 4) la acreditación de los extremos de personería que invocada, en su caso; y 5) la petición de ser tenido por querellante y la firma (cfr. artículo 83).

Requisitos similares son exigidos para la asunción del rol de querellante en los delitos de acción privada (cfr. art. 418), que, aunque no contemple de manera expresa la asistencia letrada, resulta exigible dicho requisito por aplicación supletoria del art. 82 y las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 56 y 57).

Por otra parte, en cuanto al rol de actor civil en el proceso penal, el artículo 87 establece que: “Para ejercer la acción civil emergente del delito en el proceso penal, su titular deberá constituirse en actor civil (...)”, y ello deberá hacerlo bajo las formas prescriptas en el artículo 89 y antes de que se clausure la instrucción (cfr. art. 90).

El actor civil tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho delictuoso y los daños y perjuicios que le haya causado, y reclamar las medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes (cfr. art. 91).

Su actuación deberá ser siempre con patrocinio letrado (cfr. art. 110 CPPN).

La demanda -que debe concretarse dentro de los tres días de notificado de la resolución prevista en el art. 346- se formulará por escrito y con las formalidades exigidas en el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

Este último ordenamiento en el artículo 56 del CPCCN sienta la obligatoriedad de contar con patrocinio letrado, al disponer que: “Los jueces no proveerán ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, ya sea en procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan firma de letrado.

No se admitirá tampoco la presentación de pliegos de posiciones ni de interrogatorios que no lleven firma de letrado, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado patrocinante”.

En esta línea el artículo 57 ibídem establece que “Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión (...)”.

VI. El requisito de asistencia letrada. Consecuencias de su incumplimiento.

Como ha quedado puesto de manifiesto, en las modalidades de intervención de la víctima en el proceso penal resulta esencial el patrocinio letrado.

Explica Palacio que “[l] a institución del patrocinio letrado responde, por un lado, a la conveniencia de que la defensa de los derechos e intereses comprometidos en el proceso sea confiada a quienes, por razones de oficio, poseen una competencia técnica de la que generalmente carecen las partes; y, por otro lado, a la necesidad de evitar que éstas, llevadas por su apasionamiento o ignorancia obstruyan la gestión normal del proceso [36].

Se sostiene que esta exigencia, además de favorecer la defensa en juicio de los individuos, responde también a la necesidad de asegurar la buena marcha delproceso, la celeridad y el orden de los procedimientos[37]. Ello -se asevera- "ha dado plausibles resultados para el normal trámite de los procesos y para mantener el decoro y ponderancia en la actuación." [38]

Además, se considera que “[l]a actuación de los patrocinadores responde también [...] al interés público. Se ha señalado que ´la justicia, cuyo recto funcionamiento tiene una altísima importancia social, no podría proceder sin graves obstáculos si los jueces, en vez de encontrarse en contacto con defensores expertos en técnica jurídica, hubiesen de tratar directamente con los litigantes, desconocedores del procedimiento, incapaces de exponer con claridad sus pretensiones, perturbados por la pasión o la timidez ´”[39].

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado, con cita de precedentes invariables en la materia, que la exigencia de firma de letrado "no comporta alteración reglamentaria de ningún principio constitucional" ni "afecta el derecho de defensa" [40].

Ahora bien, como viene de ser expuesto, el código de forma señala la necesidad de cumplir con dicha exigencia, cuya inobservancia, en principio, trae aparejada la inadmisibilidad de la constitución en parte querellante y/o de actor civil en el proceso penal.

En cuanto al querellante por delito de acción pública (que es aquél al que refiere el dispositivo) el artículo 83 del CPPN –reiteramos- establece que debe actuar bajo patrocinio letrado tanto durante la instrucción como en el debate. El texto de este último precepto es poco preciso; sin embargo, sobre el tema, el art. 110 ilustra sobre el espíritu del Código y sirve para despejar las dudas. Pero a diferencia de cuanto ocurre en la ley procesal civil y comercial (art. 56), no se enumeran en el precepto los escritos o los actos que, por su importancia, deben llevar necesariamente la firma del letrado o contar con su presencia[41].

Por ello, en cuanto concierne a la actividad escrita, deberá atenderse, en cuanto fueren compatibles con el proceso penal, a las reglas del C.P.C.C., de aplicación supletoria, en la exigencia del patrocinio letrado. Así, tratando de trazar un paralelo, deberán llevar firma de letrado el escrito de querella, el de interposición de recursos o excepciones, la contestación de vista, los alegatos, memoriales o expresiones de agravios, la promoción de incidentes, el requerimiento de elevación a juicio, el ofrecimiento de prueba, etcétera[42].

Lo omisión de firma de letrado implicará que deba aplicarse supletoriamente el art. 57 del C.P.C.C., según el cual si el escrito que debe llevarla no la ostentase, debe ser devuelto al firmante sin más trámite ni recurso, si dentro del segundo día de notificada la providencia que dispone exigir el cumplimiento de este requisito, no se suple la omisión. Para remediarla, puede suscribir un abogado el mismo escrito ante el secretario o funcionario autorizado, quienes certificarán en el expediente dicha circunstancia, o puede acudirse a la ratificación que se hiciere por separado y por escrito, bajo firma de letrado[43].

Es evidente que en el proceso penal no puede aplicarse esta norma con el rigor que puede merecer en el proceso civil y comercial, especialmente en lo atinente a procesos por delitos de acción pública. De tal manera, si la falta de firma de letrado ha ocurrido, por ejemplo, en el escrito de querella poruno de esos delitos, no habrá de repercutir sino en la pretensión de legitimación activa (que habrá de ser rechazada), y no en el avance de la instrucción [44].

Si la omisión hubiere pasado inadvertida, el juez deberá requerir el patrocinio letrado al querellante, pero no podrá separarlo de la querella de oficio;la omisión no puede invalidar lo actuado anteriormente. Lo mismo ocurrirá cuando el patrocinante haga abandono del patrocinio [45].

En cuanto concierne a la actividad oral, esto es la que puede verificarse en audiencias, incluida la propia del debate, el letrado patrocinante ejerce un rol de mayor protagonismo no obstante carecer, como es regla, de actuación autónoma. Esa mayor actividad se concreta “dictando o exponiendo é directamente” o la parte asesora por su intermedio, según sea su elección. Por ello, le será permitido interrogar, alegar, hacer reservas, deducir reposición, etcétera, esto es el ejercicio del conjunto de facultades de que goza el querellante para el acto. La presencia de éste, sin embargo, es inexcusable para la habilitación funcional del patrocinante pues, repetimos, éste carece de actividad autónoma en el proceso. Inversamente, el querellante no podrá actuar enel debate sin la presencia de aquél, audiencia que habrá de producirse igualmente de tratarse de un delito de acción pública” [46].

En los casos de delitos perseguibles únicamente por acción privada, al referirse a la forma y contenido de la querella, el art. 418 -conforme lo adelantáramos- ninguna referencia hace a la exigencia del patrocinio letrado. No obstante, éste se torna indispensable no ya porque no existe razón lógica para establecer una diferencia formal entre la tramitación de uno y otro proceso sino, fundamentalmente, porque las razones que hacen a la necesidad de contar con aquél en los procesos por delitos de acción pública se acrecientan en los de acción privada, ante las particularidades técnicas de su trámite y los efectos que pueden derivar de la inobservancia de sus reglas[47].

Se ha dicho, en tales casos, que la falta de firma de letrado en el escrito de querella no permite el archivo de las actuaciones, sino que obliga previamente, al trámite del artículo 57 del C.P.C.C. (C.C.C., J.A. 18-1973-324); también, que no procede la declaración de invalidez de lo actuado si se advierte tardíamente la falta de firma de letrado en el escrito de querella (C.C.C., Sala V, causa “Noble, R.”, 19/4/63, fallo, como el precedente, referido a la anterior legislación procesal)[48].

Tanto en procesos por delitos de acción pública como de acción privada la exigencia del patrocinio letrado no se extiende a los supuestos del abogado queactúa en causa propia, porque a lo que se tiende es a evitar presentaciones ante la justicia de legos, que puedan entorpecer su labor [49]

En cuanto a la falta de cumplimiento u omisión del requisito de asistencia letrada para el ejercicio de la acción civil en el procedimiento penal resulta contundente lo ordenado por el artículo 110 del CPPN y lo establecido por los arts. 56 y 57 del CPCCN, por lo que nos remitimos a lo ya expuesto en el punto V.

VI. La víctima o damnificado indigente. Provisión de patrocinio letrado gratuito.

La exigencia del requisito de asistencia letrada para la asunción de alguno de los roles que consagra el CPPN puede resultar un obstáculo para la víctima o damnificado indigente, puesto que no podría costear la designación de un abogado particular.

Sin embargo, al verificarse dicha imposibilidad, de acuerdo a las máximas que han sido expuestas en los apartados que anteceden, corresponde al Estado garantizar a la víctima que tenga tutela judicial continua y efectiva, es decir, un acceso irrestricto a la justicia, y que, a la vez, le garantice la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes.

Pues como bien señala Córdoba “ de nada sirve acordarle a la víctima posibilidades de intervenir e influir en el procedimiento y de obtener en él el resarcimiento civil, si ella nisiquiera está en condiciones de saber que las posee y que puede ejercerlas o, conociéndolas, factores externos, tales como la carencia de recursos económicos para afrontar el costo que una participación activa supone, o la amenaza de ser victimizado nuevamente durante el procedimiento, le imposibilitan en la práctica ese concreto ejercicio [50] .

La forma de proveer al patrocinio letrado del querellante que carece de recursos para recurrir a un asesor de confianza no está contemplada claramente en la ley procesal penal.

Pareciera ser –señalan Navarro y Daray- que el art. 529, en cuanto establece que en todo proceso el Estado anticipará los gastos con relación a las partes (además del imputado) que gocen del beneficio de pobreza, apunta a satisfacer un vacío existente en la legislación anterior sobre el particular. Si así fuere, podría hallarse solución al tema a través de los profesionales -abogados- de la Oficina de asesoramiento y asistencia a víctimas y testigos (creadapor la ley 24.050, art. 40), que serían los encargados de patrocinar o representar al particular damnificado del hecho delictivo [51].

Tal salida concordaría con la doctrina elaborada de antiguo sobre el particular por la Corte Suprema que interpretó que el “ ejercicio de la acción penal y civil no puede quedar excluido de la carta de pobreza” (el tema merece especial consideración desde el enfoque delos delitos perseguibles por acción de ejercicio privado, pues la falta de patrocinio haría imposible la persecución de estos delitos) [52].

La solución propugnada surge del deber de información de los derechos que le asisten a la víctima que se establecen en el artículo 80, inc. a) del CPPN.

En efecto, al disponer dicha norma que la “oficina correspondiente” tiene que hacer saber “ las facultades que la ley acuerda al particular damnificado por el delito -indican Navarro y Daray- debió complementarse, aún a través de las leyes de organización judicial, con la creación de órganos de profesionales con funciones de patrocinio gratuito, frente a la obligatoriedad legal de contar con éste para la asunción y ejercicio del rol de querellante, con lo que habría venido así a darle fiel cumplimiento a la regla del art. 529, en cuanto dispone que el estado debe anticipar los gastos de las partes (además del imputado) que gocen del beneficio de pobreza (obsérvese que tal carencia puede en casos extremos-los atinentes a delitos de acción de ejercicio privado- dejar impune la represión de un hecho delictivo, pese a la voluntad en contrario de la víctima del mismo, ante su escasez de recursos económicos para sufragar la contratación del patrocinante ”. La “oficina correspondiente” que cita el precepto es la creada por el art. 40 de la ley 24.050, esto es la “Oficina de asesoramiento y asistencia a víctimas y testigos” (cfr. también el art. 82 de la ley 24.121)[53].

El art. 40 de la ley 24.05 establece que la Oficina tendrá un director asistido por un equipo profesional y dependerá de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal. La ley 24.121, por su parte, “creo” la Oficina y estableció que el equipo profesional estaría integrado por dos trabajadores sociales, dos psicólogos y dos abogados. La Corte Suprema asignaría empleados administrativos[54].

Si tenemos en cuenta los recursos humanos asignados al organismo –advierte Bovino-, resulta por lo menos ingenuo creer que la Oficina será capaz de atender las necesidades de todas las víctimas y testigos de la ciudad de Buenos Aires. Además, se debe tener en cuenta que las leyes citadas no dicen nada sobre los deberes de la Oficina, más allá del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que el CPP Nación es aplicable a las causas federales en todo elterritorio nacional. En este contexto, la innovación más importante del CPP Nación es, en todo caso, una mera expresión de deseos [55].

No obstante ello, esta acertada apreciación, hasta el presente, esta Oficina no se encuentra en funciones, por lo que la solución ensayada resulta inaplicable.

Entonces, la alternativa que surge es la que nos brinda el art. 85 del C.P.C.C.. De esta forma sería la defensa oficial la que habría de asumir elpatrocinio o representación del beneficiario de la excepción de litigar sin gastos[56].

Ello es así, toda vez que conforme lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público nº 24.946, corresponde al Ministerio Público “... ejercer la defensa de la persona y de los derechos de los justiciables, toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquellos fueren pobres estuvieren ausentes ” (art. 25, inc. k); y específicamente asigna al Defensor General de la Nación -entre sus deberes y atribuciones- “ realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86 de la C.N. ” (art. 51, inc. d) y “promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados” (inc. e).

Asimismo, el artículo 60 dispone que “[l] os defensores públicos Oficiales, en las instancias y fueros que actúen, deberán proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales y, en otros fueros cuando ellos fueran pobres o estuvieran ausentes. Para el cumplimiento de tal fin [...] tendrán los siguientes deberes y atribuciones: a) ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos .”

La representación y/o defensa de personas sin recursos, no es decisión y resorte exclusivo de los Sres. Defensores Oficiales, sino que es obligatoria en todos los fueros, cuando se solicite su intervención y se invoque un estado de insolvencia (art. 60, inc. A de la Ley 24.946)

En definitiva, respondiendo a los interrogantes iniciales, esta es la solución que encontramos para que el Estado argentino garantice el patrocinio jurídico gratuito a la víctima u ofendido por el delito que sea indigente, a los fines de que asuma el rol de querellante y/o actor civil en el marco del proceso pernal federal.

VII. Las soluciones adoptadas en el ámbito interno .

La jurisprudencia que se ha ocupado del tema adoptó la solución antes mencionada.

En este sentido la Cámara en lo Criminal Correccional Federal de la Capital Federal en los autos “Iglesias, M s/recurso extraordinario” [57], entendió “ que de concurrir la situación de indigencia (...), corresponderá proveer la asistencia técnica que corresponda por el Estado, a fin de garantizar el acceso a la justicia del pretendido damnificado por los hechos por los que pretende querellar ”. Para ello, consideró que será menester, por tanto, la tramitación del beneficio de litigar sin gastos a que se hace referencia, resultando de aplicación lo normado por el artículo 78 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria.
Así las cosas, ordenó que, de verificar la situación de indigencia, correspondía al Defensor Oficial asumir el patrocinio letrado de la víctima o damnificado por el delito, por aplicación del art. 85 del CPCCN y los arts. 25, inciso K; 51, incisos d y e y 60 apartado a) de la ley 24.946.

En este importante precedente, la Cámara Federal apuntaló su decisión en el deber de garantizar el acceso a la justicia, garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también de rango constitucional en virtud de lo establecido en el artículo 75, inc. 22, de la primera de las normas citadas. Así como también en la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-11/90.
También enfatizó que el Estado debe brindar asistencia legal gratuita al indigente cuando ésta sea necesaria, afirmando incluso que una persona en esa situación se vería discriminada por razón de su situación económica si, requiriendo asistencia legal, el Estado no se la proveyera gratuitamente.
Así las cosas, indicó que el acceso a la justicia no se circunscribe al imputado en una causa penal, por lo que también cabía entender que regía respecto de quienes pretendían actuar como querellantes, en ordenamientos en que esto es admitido, tal como lo hace el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación.

Además, en sus ricos fundamentos, la Cámara acudió a la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Airey, del 9 de octubre de 1979, en donde señaló que en tanto exista una facultad judicial en la legislación interna, ésta debe poder ser utilizada por todo aquél que cumpla los requisitos legalmente exigidos y que el Convenio Europeo persigue la protección de los derechos considerado no en sentido teórico o ideal, sino como derechos reales y efectivos, punto que visualiza como singularmente claro en relación con el derecho de acceso a los tribunales a la vista del papel preeminente que en una sociedad democrática tiene el derecho a un juicio justo.
En ese precedente, se arribó a la conclusión de que dada la vigencia del debido proceso " puede en ocasiones competer a un Estado proveer de asistencia jurídica cuando se demuestre el carácter indispensable de ésta para un acceso efectivo a los Tribunales, ya sea porque sea legalmente exigida la asistencia de letrado, como ocurre en los ordenamientos internos de algunos de los Estados contratantes para determinados tipos de procesos, ya por la complejidad del procedimiento o del caso ".
Esa asistencia debe ser eficaz, en el sentido de que el litigante sea capaz de presentar su caso de manera adecuada y satisfactoria.
Finalmente, en apoyo de su postura la Cámara acudió a lo establecido en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados aprobados por la Organización de las Naciones Unidas en 1990[58]; la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985[59]; el proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, elaborado por la Comisión de Expertos reunida en Palma de Mallorca entre los años 1990 y 1992[60]; el Código ProcesalPenal de Guatemala[61] y el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires [62].

A raíz de este precedente la Defensoría General de la Nación, reproduciendo los argumentos del fallo aludido, por resolución Nº 559/99 instruyó a los señores Defensores Oficiales del fuero penal que asuman la asistencia técnica de toda persona que lo solicite para actuar en el proceso como querellante particular y/o actor civil y no le sea posible solventar económicamente un abogado de la matricula (cfr. art. 2º). Esta medida fue comunicada al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Embajador Jorge E. Taiana (cfr. art. 4º).

Además, como consecuencia del fallo y de la resolución aludida, la Defensoría General de la Nación había creado como “experiencia piloto” la Sección Especial de Querellas, que tenía a su cargo la asistencia técnica de toda persona carente de recursos que solicitara actuar en el proceso penal como parte querellante y/o actor civil. Sin embargo, esta dependencia que habría intervenido en un total de treinta expedientes, fue desactivada en atención al “escaso número de causas en que se solicitó la intervención” (cfr. Resolución DGN nº 379/2001, del 5 de junio de 2001).

Pero la creciente preocupación por la víctima del delito que carezca de recursos para contratar un abogado que la represente también ha motivado que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Procuración General de la Nación y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el día 26 de noviembre de 2003, celebraran un convenio para brindarle asistencia jurídica gratuita en el proceso penal.

De esta forma las personas sin recursos podrán recurrir -una vez que se seleccionen mediante concurso de antecedentes por el Colegio de Abogados- a los profesionales matriculados especializados en derecho penal.

En el mismo sentido, en el marco del Plan anti-impunidad, el Ministerio de Justicia, el día 2 de diciembre de 2003, celebró un convenio de cooperación institucional con los Colegios Públicos de Abogados de los departamentos judiciales de Loma de Zamora y San Isidro de la provincia de Buenos Aires, para brindar servicios de patrocinio jurídico gratuito a víctimas del delito que no cuenten con recursos económicos suficientes para financiarlo, ante los órganos judiciales penales ordinarios o federales con asiento en ambas jurisdicciones.

VIII. Palabras finales.

El Ministerio Público Fiscal en el proceso penal, no representa el interés particular de la víctima o del ofendido de un delito, sino que representa el interés del Estado que hace al interés general de la sociedad en la persecución y represión del delito, el que no necesariamente guarda fiel identidad con el interés del particular o del ofendido por el delito.[63]

En tales condiciones, el Estado debe dar la posibilidad de representación y asistencia a la víctima, permitiendo que los agentes públicos, tal como ocurre con las organizaciones civiles puedan patrocinarlas, a fin de que efectivamente accedan a la justicia como querellantes y/o actor civil, interviniendo en la causa de manera activa en defensa de sus intereses particulares.

En especial, el rol del querellante en el juicio, es a todas luces relevante desde el punto de vista del acceso de la víctima a la justicia, tanto más cuando el representante del Ministerio Público Fiscal discrepa con la postura de aquél.

En este sentido, en el precedente sentado en “Santillán, Francisco A.”[64] por la Corte Suprema de Justicia de la Nación surge de manera evidente la diferencia de roles ejercidos por el Fiscal y el querellante, toda vez que, en tanto representante de la sociedad no acusó (Fiscal), al haber querellante particular, que sí lo hizo, éste logró modificar la sentencia absolutoria reabriendo un nuevo juicio y dictándose consecuente fallo.

De ahí que en los delitos de acción pública y, en especial, en los de acción privada, la víctima deba tener patrocinio letrado, de lo contrario no tendría una tutela judicial continua y efectiva, por lo que se violaría el principio de igualdad (art. 16 CN) y de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de la Ley Fundamental y en los tratados internacionales incorporados en el art. 75 inc. 22 C.N..

Es así que, cuando por razones de indigencia resulta imposible a la víctima obtener patrocinio letrado, el acceso a la justicia se ve obstaculizado y, en consecuencia, se viola el derecho de igualdad reconocido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

La preocupación por la asistencia jurídica a la víctima indigente no debe agotarse con el mero reconocimiento en su favor de facultades de participación en el procedimiento, sino que por el contrario debe hacerse efectivo, a fin de que no sea contingente y discutido.

De manera tal que, más allá de la solución ensayada para que la víctima o damnificado indigente tenga patrocinio letrado, sería conveniente que se ponga en funcionamiento la oficina creada por la ley 24.050 y 24.121.



[1] El cual establece: “Artículo 8º: Garantías judiciales:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.

[2] Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 1987, párrafo 27.

[3] El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99, de 1/10/99, párr. 117

[4] Caso Genie Lacayo, sent. de 29-1-97, párr. 74

[5] Garantías judiciales en estado de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 28. Caso Genie Lacayo, sent. de 29-1-97, párr. 74; Caso Loayza Tamayo, sent. de 17-9-97, párr. 62.

[6] Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6-10-87, párr. 27.

[7] El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 de 30-1-87, párr. 25.

[8] Caso Tribunal Constitucional, sent. de 31-1-01, párr. 69.

[9] Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b. Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 10-8-90, párr. 28; este criterio ha sido reiterado en el caso Paniagua Morales, sent. del 8-3-98, párr. 149; en el caso Tribunal Constitucional, sent. de 31-1-01, párr. 70 y en el caso Baena Ricardo y otros, sent. de 2-2-01, párr. 125.

[10] Excepciones al agotamiento de los recursos internos. Opinión Consultiva OC-11/90 de 10-8-90, párr. 24.

[11] Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Tomo I, págs. 668/9 , citado por Pizzolo, Calogero, Constitución Nacional. Comentada, anotada y concordada junto a los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la jurisprudencia de los organismos internacionales de control , Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2002, pág. 248

[12] Pizzolo, Calogero, ob. cit., pág. 248

[13] En alusión a la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, Serie A, nº 16, párrafo 117. Pizzolo, Calogero, ob. cit., pág. 250

[14] Caso Tribunal Constitucional, sent. De 31-1-01, párr. 68. Este criterio fue reiterado en el Caso Ivcher, sent. de 6-2-01, párr. 104. Citó a su vez la CIDH a Eur. Court H.R., Campbell and Fell judgment of 28 June 1984, Series A no. 80, para. 76;

y Eur. Court H.R.
, case of X v. The United Kingdon of 5 november 1981, Series A no. 46, para. 53

[15] Colautti, Carlos E., Los Tratados Internacionales y la Constitución Nacional, Edit. La Ley, Bs. As., 1999, pág. 87. El destacado nos pertenece.

[16] Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84, párr. 53.

[17] Ibidem , párr. 54.

[18] Ibidem , párr. 55.

[19] Ibidem , párr. 56.

[20] Ibidem , párr. 57.

[21] Ibidem , párr. 58.

[22] Conf. arts. II y XVIII, Declaración Americana; arts. 7 y 10, Declaración Universal; arts. 2.1, 3 y 26, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 2 y 15, Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; arts. 2.5 y 7, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; arts. 2 y 3, Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; arts.1, 8.2 y 24, Convención Americana; art 14, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

[23] Opinión Consultiva 16/99, de 1-10-99 caratulada "El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal", párr. 119.

[24] Opinión Consultiva 11/90, de 10-8-90 rotulada "Excepciones al agotamiento de los recursos internos", párr. 22.

[25] OC- 11/90, párrs. 25, 26, 28 y 42.1.

[26] Tarrío, Mario Carlos, “El Querellante”, en Maier, Julio B.J. –compilador-, El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, pág. 71/2

[27] Ibidem , pág. 72.

[28] Ibidem , pág. 72

[29] Ibidem , pág. 72

[30] González Novillo, J., “En torno a la acción resarcitoria del art. 29 CP”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, La Ley, Buenos Aires, 1969, Nº 3, pp. 317 y siguientes, citado por Tarrío, Mario Carlos, ob. cit., pág. 72.

[31] Tarrío, Mario Carlos, ob. cit., pág. 73

[32] Bovino, Alberto, Problemas del derecho procesal penal contemporáneo, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 1998, pág. 93

[33] Tarrío, Mario Carlos, ob. cit., pág. 73

[34] Bovino, Alberto, ob. cit., pág. 93.

[35] Ibidem , pág. 93

[36] Palacio, Lino Enrique, Manual de Derecho Procesal Civil, Decimocuarta Edición Actualizada, Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 264

[37] CCCF, Sala I, “Iglesias, M. s/recurso extraordinario”, causa 28.900, Reg. Nro. 810, J. 4 - S. 8

[38] De Gregorio Lavié, J. A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ediar, Bs. As., 1985, t. I, p. 187, citado en el fallo de la CCCF, Sala I, “Iglesias, M. s/recurso extraordinario”, causa 28.900, Reg. Nro. 810, J. 4 - S. 8.

[39] Calamandrei, P., Instituciones, II, p. 393, citado en el fallo de la CCCF, Sala I, “Iglesias, M. s/recurso extraordinario”, causa 28.900, Reg. Nro. 810, J. 4 - S. 8

[40] CSJN Fallos 238: 376; 260:114; y 265:289

[41] Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, Tomo I, Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1996, pág. 221.

[42] Ibidem , pág. 221

[43] Ibidem , pág. 221

[44] Ibidem , pág. 221

[45] C.C.C., E.D. 117-434 citado por Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, ob. cit., pág. 222

[46] Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, ob. cit., pág. 222

[47] Ibidem , pág. 222/3

[48] Ibidem , pág. 223

[49] C.C.C., Sala VI, causa 9.292, “Massanet, O.G.”, 1/3/83

[50] Córdoba, Fernando, “La posición de la Víctima”, en Maier, Julio B.J. –compilador-, El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, pág. 91. El destacado nos pertenece.

[51] Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, ob. cit., pág. 223

[52] Ibidem , pág. 223.

[53] Ibidem , pág. 177. La bastardilla nos corresponde.

[54] Bovino, Alberto, ob. cit., pág. 109

[55] Ibidem , pág. 109/110

[56] Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, ob. cit., pág. 223.

[57] C.C.C. Fed. Sala I Riva Aramayo – Vigliani, 25-09-1998 "Iglesias, M. s/recurso extraordinario". Causa 28.900 Reg. nro. 810 J. 4 - S. 8. En igual sentido, ver además "Iglesias M. s/recusación" del 25-09-1998, Reg. nro. 814 ; "Iglesias s/Recurso de queja"del 26-09-1998, Reg. nro. 816 y "Vázquez, J . A. s/Rec. de queja")

[58] Los que establecen en lo atinente a la cuestión que:
1. Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal.
2. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por motivos tales como la posición económica.
3. Los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes para asistencia jurídica a las personas pobres, y, en caso necesario, a otras personas desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de abogados colaborarán en la organización y prestación de servicios, medios materiales y otros recursos.

[59] Que establece que las víctimas tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional (art. 1); promoviendo el establecimiento de mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean entre otras cosas poco costosos y accesibles (art.5); e instando a la adecuación de los procedimientos judiciales a las necesidades de las víctimas a través de -entre otras vías- de la prestación de asistencia apropiada durante todo el proceso judicial (art. 6.c).

[60] En su artículo 42 preceptúa que "las víctimas y los perjudicados por el delito tendrán derecho a ser oídos y a ser asistidos por abogado, el que, en casos graves, podrá ser designado de oficio".

[61] En el artículo 539 contempla que quien pretenda querellarse y acredite carecer de medios económicos para hacerlo, podrá solicitar el patrocinio del Ministerio Público.

[62] El artículo 85 dispone que si quien alega su condición de víctima "no contara con los medios suficientes para contratar un abogado a fin de constituirse en particular damnificado, el Centro de Asistencia a la Víctima se lo proveerá gratuitamente, a fin de que acceda legítimamente al procedimiento judicial".

[63] Ello, no obstante la existencia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito creada mediante resolución PGN 58/98, la que sólo brinda contención psicológica y asesoramiento jurídico gratuito, pero de ninguna manera representa en el proceso el interés de la víctima. Así lo ha resuelto el Procurador General de la Nación en los expedientes nº M 280/04 y V 1607/04, ante un pedido de una víctima de ser patrocinada en un proceso penal, al hacer saber que carecía de facultades para desarrollar dicha tarea conforme lo establece el artículo 33 de la Ley 24.946.

[64] C.S.J.N., rta. el 13-08-98, publicado en La Ley, T. 1998-E.