Las instrucciones al jurado


LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL VEREDICTO DE LOS JURADOS

En las primeras décadas del siglo XX la elección democrática de presidente y legisladores era una aspiración programática incumplida de la Constitución de 1853 que recién logró concreción cuando la ley Sáenz Peña instauró el sufragio universal en 1912. La inexperiencia de los ciudadanos que tuvieron que conformar entonces, por primera vez, las autoridades de los comicios, debe haber sido motivo de más de un tropiezo. Otro tanto es de suponer que podrá ocurrir cuando, en las primeras décadas del siglo XXI se concrete otra aspiración programática incumplida de la Constitución de 1853: la del juicio por jurados. Un factor circunstancial que no pudieron prever los constituyentes podría ayudar de todos modos, en este último caso, a superar la inexperiencia ciudadana: el cine y los medios masivos ilustran constantemente sobre juicios con jurados que tienen lugar en distintas partes del mundo, en especial en los Estados Unidos. En verdad, para la población argentina, los vericuetos de funcionamiento del sistema actualmente vigente de enjuiciamiento criminal constituyen un arcano indescifrable, mientras que las prácticas del juicio por jurados son un acontecimiento cotidiano que se ha vuelto familiar a través de la pantalla del televisor.

Hay una cuestión sin embargo que no suele ser tratada de manera explícita en los argumentos de ficción de los medios masivos y que concita cierta perplejidad. La de la fundamentación legal de las decisiones de un jurado y, consiguientemente, la de las posibilidades de revisión en instancias superiores, de sus veredictos. En los Estados Unidos, en donde mayor predicamento y difusión tiene el sistema, la cuestión se resuelve en las instrucciones que los jueces profesionales --que dirigen el debate-- tienen que impartirles antes de que los jurados entren a deliberar. Esas instrucciones son preparadas, habitualmente, luego de escuchar las propuestas de los abogados de una y otra parte. Estos últimos, a su vez, suelen detallar sus proposiciones en un memorando escrito que presentan anticipadamente y que debaten luego en el despacho del juez, que es quien finalmente debe determinar cuáles serán esas instrucciones. Lo cierto es que ese conjunto de indicaciones legales constituye una enunciación de los principios jurídicos de toda índole que rigen en cada caso y que acotan la discrecionalidad del jurado. Es con relación a ellas que giran las cuestiones que pueden ser planteadas luego en recursos ante otras instancias. Los fallos dictados por los tribunales superiores en esos casos dan clara cuenta de la significación de las instrucciones, alrededor de las cuales es frecuente encontrar debates y elaboraciones de gran vuelo doctrinal.

En el ámbito europeo tanto la comisión como el Tribunal de Derechos Humanos han tenido ocasión de pronunciarse con motivo de los cuestionamientos que suelen plantearse argumentando que los veredictos inmotivados de un jurado infringen la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En todos los casos quedó establecido que las indicaciones de los jueces profesionales que presiden los tribunales que se integran con jurados – ya sea de la modalidad clásica anglosajona o bien en el modelo de escabinos que deliberan y votan en conjunto con los juecesprofesionales – conforman una trama que satisface plenamente los requisitos de fundamentación de la sentencia que impone el resguardo del debido proceso. [1] La necesidad de esas indicaciones y de que lasmismas estén expresadas de manera suficiente fue también señalada en casos en que el tribunal europeo debió anular fallos por ese motivo. [2]

La existencia de una clara semejanza entre las instrucciones sobre la ley aplicable impartidas a un jurado y las fundamentaciones legales que ilustran los fallos dictados por jueces profesionales, puede ser comprobada con una sencilla verificación. Basta con anteponer a un memorando de instrucciones una de las fórmulas rituales de uso en nuestros tribunales como la consabida “Vistos y considerando” y luego, antes de consignar el veredicto de los jurados, el invariable “Por lo tanto se resuelve”, para lograr un parecido muy convincente. Pero hay un aspecto, sin embargo, en que unas y otras diferirían notablemente. Mientras las fundamentaciones de los fallos de jueces profesionales suelen estar concebidas en el lenguaje técnico de los iniciados, las instrucciones al jurado tienen, necesariamente, que estar redactadas en términos claros y sencillos que puedan ser entendidos por todos. Consecuencia de esa necesidad es que los profesionales del derecho, abogados y jueces, deben adecuar su lenguaje al modo de hablar del ciudadano común. De hecho, en los Estados Unidos existen muchos manuales de instrucciones para uso de los jueces que son verdaderos textos de derecho preparados especialmente para facilitar su explicación de manera sencilla.

Despejada entonces la incógnita del modo en que se tratan los aspectos jurídicos que dan sustento a las determinaciones adoptadas por los jurados, cabe todavía extraer otro corolario. La interacción que tiene lugar entre jueces y jurados con motivo de las indicaciones que deben impartir los primeros, conduce inevitablemente a suscitar la preocupación de los profesionales del derecho por expresarse en forma entendible, prescindiendo de términos técnicos y de la jerigonza del mundillo judicial. Es indiscutible que de esa manera se da satisfacción a los ciudadanos en general sin mengua para el progreso del derecho que se ve enriquecido con la difusión y la clarificación de sus principios y con un beneficio tangencial para el uso del lenguaje que podrá librarse de esas peroratas que, muchas veces, con el pretexto de ilustrar el discurso jurídico, no solamente aburren a cualquier lector sino que terminan por sacrificar el buen decir en aras de la cursilería.

Edmundo S. Hendler



[1] Comisión Europea de Derechos Humanos “Zarouali c/Bélgica”, 29/07/1994; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, primera sección “Papon, Maurice c/Francia”, 15/11/2001; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuarta sección “Judge, Thomas c/United Kingdom”, 08/02/2011

[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, segunda seccion “Taxquet c/Bélgica”, 13/01/2009; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Cámara, “Taxquet c/Bélgica” 16/11/2010. En este último fallo se confirma por un tribunal pleno lo resuelto en el mismo caso por la sección segunda del tribunal.