La investigación y la inquisición


LA INVESTIGACIÓN Y LA INQUISICIÓN

(Un enfoque histórico y comparativo)

LA INVESTIGACIÓN POR LOS JUECES

Según señalan los estudiosos del texto bíblico, una expresión contenida en el Génesis alude al demonio con un vocablo del antiguo lenguaje babilónico que se empleaba, originariamente, para designar a los funcionarios judiciales encargados de las investigaciones preliminares, es decir a lo que hoy llamaríamos un juez de instrucción.[1] Según parece, la significación demoníaca del vocablo proviene del rol que desempeñaban las deidades que llevaban a juicio a los acusados. Esas deidades habrían tenido una naturaleza ambivalente, benévola y maligna a la vez. [2]

La ambivalencia parece ser también la característica de los actuales jueces de instrucción. La función que desempeñan tiene origen en la codificación napoleónica de principios del siglo XIX y conserva un claro parentesco con la de los inquisidores de tiempos más remotos. Surgió cuando ya estaban atemperados los fervores de la revolución francesa y constituye la característica de lo que se conoce como un sistema judicial mixto, así llamado porque se divide en dos etapas, una que responde a las modalidades del antiguo régimen de tendencia inquisitorial y otra que incorpora modalidades del proceso democrático. La primera de esas etapas, que es la que incumbe a los jueces de instrucción, es una inquisición o encuesta, o sea una investigación que se realiza por iniciativa de las autoridades. Las partes tienen poco que decir en esa etapa. El juicio público y el debate entre ellas tienen lugar después, en la segunda etapa. El grave inconveniente del sistema mixto es que resulta difícil sustraerse a la influencia de las investigaciones iniciales.

Ese predominio de las investigaciones de la autoridad por sobre los debates públicos conduce a que el sigilo sea preferido a la transparencia y termina por confundir sobre los roles de la función judicial misma. La meta fundamental de esta última es el juzgamiento imparcial, lo que supone una actitud equidistante entre quien acusa y quien se defiende. Esa actitud es obviamente incompatible con cualquier otra que comprometa la opinión de quien debe juzgar. Quien se empeña en averiguar la verdad para descubrir al culpable queda comprometido con esa tarea y pierde equidistancia. No por ninguna inclinación perversa sino por una muy comprensible e inevitable tendencia a apreciar la obra propia. Es la anécdota mitológica de Pigmalión, enamorado de la estatua que él mismo esculpió.[3] La investigación, por ende, es tarea que sólo muy limitadamente puede ser desempeñada por un juez y, en todo caso, con una actitud ambivalente.

LAS ENCUESTAS (PANORAMA HISTÓRICO)

Según historiadores recientes la encuesta o inquisición fue una creación de Carlomagno que la utilizó para determinar la naturaleza y extensión de los derechos del rey convocando a la gente del lugar para interrogarla al respecto. Los normandos la utilizaron luego, en su invasión a Inglaterra, para cumplir el recaudo de contar con una acusación que permitiera imponer sanciones penales. De allí surgió el jurado de presentación que se hizo obligatorio en 1166 con la Assize of Clarendon[4] y que sirvió para sustituir las ordalías, juicios de dios y combates judiciales. El famoso historiador del derecho penal inglés James Stephen definía la encuesta como el conjunto de personas representativas de cierto número de distritos o circunscripciones, convocadas en nombre de la autoridad real, que debían responder bajo juramento sobre los hechos acerca de los que eran interrogadas y que, originariamente, daban fe a partir de su propio conocimiento de esos hechos.[5]

En Francia, los historiadores Laingui y Lebigre atribuyen la generalización de la encuesta a Luís IX (San Luís), quien también la impuso para suprimir los duelos judiciales y reemplazar la prueba por combate (gages de bataille) por la declaración de testigos. Pero la reglamentación establecida, en lugar de la declaración en audiencia pública, preveía el interrogatorio por delegados del juez sin presencia de las partes [6]. La característica común, en ambos casos, en Francia y en Inglaterra, era que se trataba de un procedimiento de oficio, a iniciativa de la autoridad.

En el siglo XII, en los procedimientos eclesiásticos y por inspiración, principalmente, de Inocencio III, surgieron nuevos modos de iniciación del proceso: por denunciación y por inquisición. En este último caso no sólo se prescindía de la iniciativa de las partes sino que se imponía el secreto de la instrucción. Se aplicó en un comienzo únicamente a los procesos de herejía pero se extendió luego a muchos otros delitos. Por otro lado, en el siglo XIII tendieron a generalizarse, en todo tipo de procedimientos, las encuestas, llevadas a cabo por funcionarios itinerantes que recogían en el lugar las declaraciones de testigos relativas a un determinado hecho. [7]

La determinación de los hechos por medios más confiables que las ordalías y combates judiciales o el juramento de compurgadores ofrecía dos alternativas a los franceses del medioevo. Una de ellas eran las encuestas grupales desarrolladas en el imperio franco con fines fiscales o de interés para la corona. Por esa vía un conjunto seleccionado de habitantes locales eran obligados a responder bajo juramento las preguntas de los inquisidores reales. La práctica fue heredada por los duques normandos y llevada a Inglaterra con la invasión. La otra alternativa era, por supuesto, el sistema romano-canónico de prueba por testigos individuales. Luis IX fue quien ejercitó la opción en 1258 con la ordenanza que abolió los duelos judiciales en los tribunales del rey ordenando que sus jueces utilizaran el procedimiento de interrogar en secreto a testigos individuales [8]

En Inglaterra, a todo esto, tuvo lugar un fenómeno político relativamente paradojal. Las prácticas participativas, tanto anteriores como posteriores a la conquista normanda, a las que se considera precursoras de ciertas formas de autogobierno y democratización, pudieron mantenerse merced a la consolidación y estabilidad del poder centralizado del gobierno. Lo contrario ocurrió en Francia y Alemania merced a la debilidad del gobierno central. Antes de 1066 no hubo desmembramientos de la autoridad central en Inglaterra como si los hubo en Francia desde el 900 hasta el 1100.

Por su lado la desaparición de las encuestas grupales en Francia se extendió a Normandía donde comenzó a optarse por interrogar separadamente a los jurados caracterizados como mejor informados hasta que, finalmente, el jurado de presentación fue expresamente abolido en 1583. En el ínterin, en Inglaterra durante casi quinientos años se mantuvo el carácter híbrido de los jurados, de cuyas fuentes de información los jueces se desentendían dejando que obraran como testigos y juzgadores a un mismo tiempo. La observación del historiador Dawson es que los jueces itinerantes (justices in eyre) enviados desde la metrópolis a las distintas comarcas del reino influyeron en la sociedad medieval gracias a su rol de inquisidores. Aunque sólo presidían las asambleas colectivas de jurados locales, esos jueces itinerantes actuaban por propia iniciativa. [9]

Coincidente con este punto de vista, otro autor explica que, originariamente, los jueces itinerantes convocaban a doce caballeros o personas honorables en cada distrito o hundred y los comisionaban bajo juramento para que inquiriesen con relación a crímenes y delitos cometidos en sus respectivos distritos de manera de estar en condiciones de presentar al tribunal a los sospechosos en una determinada fecha futura fijada por los jueces. [10] La práctica más antigua era que una acusación formal constituía el primer paso del procedimiento. La investigación preliminar que modificó esa práctica tuvo lugar con el establecimiento del cargo de Coroner, funcionario encargado de investigar cualquier muerte por causas no naturales, [11] que se encuentra en una ley de 1286. Poco después, en 1324 surgieron los “Jueces de Paz” (Justices of the Peace) encargados de una averiguación más o menos formal y de arrestar o bien dejar en libertad bajo fianza al sospechoso. La institución se encuentra legislada en 1554 y recién adquirió ciertos rasgos más garantistas en 1848 cuando se estableció que la declaración de los testigos debía hacerse en presencia del imputado y con posibilidad de repreguntarlos en examen cruzado ( cross examination). Según Stephen, esa investigación preliminar se diferenciaba de la que tenía lugar en el continente europeo porque en Inglaterra no se empleaba la tortura aunque, lo reconoce el mismo autor, existieron ciertas excepciones. Lo cierto es que Stephen puntualiza expresamente que lo más riguroso del antiguo procedimiento inglés era la etapa de investigación preliminar sumaria y secreta llevada a cabo por los jueces de paz que obraban como detectives, recibían declaraciones y enviaban el caso a juicio. [12] Aún en el siglo XVII, en época de la revolución inglesa, la afirmación bajo juramento de al menos doce personas de un jurado de acusación tendía a anticipar el veredicto condenatorio del jurado de enjuiciamiento que difícilmente podía mantenerse neutral ante esa afirmación. [13]

La participación popular por la intervención de los jurados de presentación fue desapareciendo en el territorio francés en el siglo XVI al mismo tiempo que el procedimiento extraordinario, es decir el reservado originariamente para los crímenes más terribles, se convirtió de hecho en ordinario. Surgieron entonces los jueces permanentes y el método de las encuestas que cambiaron de nombre; pasaron a denominarse “informaciones” (informations) con las que se iniciaban invariablemente todos los procesos y se encargaban de ellas secretarios, notarios o ujieres delegados por los jueces hasta que la ordenanza de Luis XIV de 1670 estableció que fueran estos últimos quienes las llevaran a cabo. Es ése indudablemente el origen de los jueces de instrucción establecidos por la codificación napoleónica en 1808. La information como etapa inicial del proceso perdura igualmente y no desaparece ni siquiera con la primera legislación posrevolucionaria, antes del código de instrucción de 1808. La ley de 1791 había confiado su realización a los jueces de paz del lugar del delito.[14]

UNA PERSPECTIVA COMPARADA: EL MODELO FRANCÉS

En el sistema francés en la actualidad la encuesta (enquete) es la fase del proceso que lleva a cabo la policía judicial. Pradel la define como “el procedimiento diligenciado por la policía judicial actuando de oficio o bien por indicación del ministerio público fiscal, destinada a obtener las primeras informaciones sobre una infracción con el objeto de permitir al fiscal adoptar una determinación sobre la oportunidad de la persecución penal”. La instrucción, nombrada frecuentemente como información (information), en cambio, es –siempre según el mismo autor-- la investigación llevada a cabo por el juez de instrucción que tiende a establecer si existen, contra un inculpado, cargos suficientemente serios que justifiquen su remisión ante el tribunal competente para el juicio. Se caracteriza --lo dice expresamente Pradel--, igual que en el código de 1808 y en la ordenanza de 1670, por estar centrada en el principio de la investigación inquisitorial de las pruebas y por ser escrita, secreta y no contradictoria. [15]

Existen, sin embargo, otras características del sistema francés relativas a la instrucción preparatoria que es preciso tomar en cuenta. En primer lugar que, pese a la naturaleza inquisitorial señalada por Pradel, la instrucción no puede ser promovida de oficio por el juez quien tampoco puede tomar conocimiento directo del caso. Es el fiscal quien tiene la facultad de requerir su intervención o bien también el damnificado por el delito. En segundo lugar que, en la gran mayoría de los casos el juez de instrucción no llega a tener ninguna intervención, únicamente se realiza la encuesta policial bajo directivas del ministerio público que luego lleva el caso directamente a juicio ante el tribunal correccional. Cuando se trata de simples delitos o, con mayor razón aún, cuando se trata de contravenciones o faltas, la instrucción jurisdiccional es facultativa y, de hecho, verdaderamente excepcional. La información o instrucción y la intervención del juez competente para llevarla a cabo, es obligatoria únicamente en los casos de crímenes, es decir aquellos hechos delictivos de mayor gravedad.

A todo esto el desarrollo del juicio da lugar a la competencia de tres distintas especies de tribunales: El derecho penal francés mantiene la división tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones y atribuye su juzgamiento, respectivamente: a los jueces de policía para las faltas o contravenciones, al tribunal correccional para los delitos y a la Cour d’assises para los crímenes. Esta última denominación, que no tiene equivalente castellano –como sí los tiene en varios otros idiomas, el inglés incluido—es la que indica el tribunal compuesto por jurados. Se sigue entonces que, en Francia, la típica investigación inquisitiva, es decir la instrucción llevada a cabo por un juez, tiene lugar, precisamente, en aquellos casos que deben ser luego llevados al único tribunal integrado con jurados.

Aunque las características inquisitoriales de la instrucción preliminar en el código francés de 1808 habían sido ya morigeradas con la ley de 1897 –la Ley Constans—fue recién un siglo después, en la última década del siglo XX, cuando se pusieron en cuestión las atribuciones excesivas de los jueces a cargo de esa etapa del proceso. La abortada reforma de 1993 [16] no llegó a suprimir la figura del juez de instrucción y recién con la ley del año 2000[17] se los privó de la atribución de disponer el encarcelamiento preventivo. [18] En el ínterin, de todos modos, las características inquisitivas de esa figura se habían hecho menos notorias con el surgimiento de prácticas que fueron limitando, de hecho, los casos en que deben intervenir los jueces de instrucción. La así llamada “correccionalización”, que fue consolidándose durante todo el siglo XX y que resulta comparable en muchos aspectos al “plea bargaining” de los norteamericanos, consiguió ese resultado. Consiste esa práctica en la calificación de los hechos con figuras de delito menos grave que la verdaderamente incurrida convirtiendo lo que serían verdaderos crímenes en simples delitos. Eso permite a los fiscales, con la obvia aquiescencia de los imputados, llevar el caso directamente al tribunal correccional sin pasar por la etapa de instrucción.

LA DISYUNTIVA: DEBATE PÚBLICO O INVESTIGACIÓN SECRETA

La función misma de un juez de instrucción se encuentra en la actualidad sometida a cuestionamiento. Ya hace años que Alemania e Italia se apartaron del modelo de la codificación napoleónica y confiaron la instrucción a los fiscales. En la misma Francia surgieron arduos debates sobre el rol de los jueces de instrucción que si bien no llegaron a ese mismo resultado, culminaron con una serie de reformas adoptadas en los últimos años que han terminado por acotar estrictamente las atribuciones de esos jueces. Varias provincias argentinas, entre ellas Córdoba y Buenos Aires, en tren de modernizar sus instituciones judiciales, han optado por un camino semejante al de Italia y Alemania. Lo mismo ocurre con las leyes sancionadas para la ciudad autónoma de Buenos Aires.

En los tribunales nacionales, en cambio, se mantienen las viejas estructuras y se da pié a que los jueces hagan tareas de detectives. Eso contribuye, entre otras cosas, al ya señalado trastrocamiento del vocabulario. Hoy en día, en el lenguaje común y cotidiano, en el estilo coloquial o en el de los medios de comunicación masivos, lo mismo que en la jerga tribunalicia e, incluso también, en los ámbitos académicos, se habla de la justicia como la encargada de la “investigación”. El equívoco que eso produce, aparte de sus perfiles de precisión jurídica o idiomática, tiene otros contornos que debieran ser bastante preocupantes: los jueces cargan con la responsabilidad de los muchos casos en que el fracaso de las investigaciones frustra las expectativas de la sociedad. Cada vez que la opinión pública resulta decepcionada por la imposibilidad de establecer culpabilidades, se achaca el déficit a la justicia.

De todas maneras, la subsistencia de una etapa preliminar del proceso penal, aunque morigerada en las reformas recientes de los códigos provinciales por la supresión de las funciones de los jueces de instrucción, permite que la investigación y no el debate sea el eje central del procedimiento. Tal como queda de manifiesto por la experiencia histórica, ese predominio fue la prenda característica del sistema inquisitivo y no desapareció con la implantación del sistema mixto de la codificación napoleónica de la que nuestras leyes procesales son tributarias. La inquisición, a todo esto, resulta oportuno recordarlo, fue abolida para siempre en nuestro país por un decreto de la asamblea del año 1813 dictado el 24 de marzo de ese año. La efeméride podría ser, entonces, la ocasión apropiada para un replanteo profundo acerca de los ejes fundamentales del proceso penal en el estado de derecho.

Buenos Aires, febrero de 2013-02-06

EDMUNDO S. HENDLER



[1] Génesis 4:7. La palabra, que corresponde al idioma acadio sería: räbisu.

[2] Conf. Pamela Barmash Homicide in the Biblical World, CambridgeUniversity Press, 2005, p. 15.

[3] En la mitología helénica, Pigmalión era el rey de Chipre que se enamoró de una estatua de la diosa Afrodita. En la versión del poeta Ovidio fue un escultor que realizó en marfil su ideal de femineidad al que Venus dio vida posteriormente. Varias realizaciones literarias toman al personaje como emblemático del amor por la propia obra, entre ellas la pieza teatral “Pigmalión” de Bernard Shaw posteriormente llevada al cine como comedia musical con el nombre de “Mi bella dama” (My fair lady).

[4] Frederick G. Kempin, Jr. Historical Introduction to Anglo-American Law, 3ra. Edición, 1990, West Publishing Co., St. Paul, Minn., pp. 54/56

[5] James Fitzjames Stephen A History of the Criminal Law of England , Londres ,1883, Macmillan & Co., vol. I, pp.254/5.

[6] Laingui, André y Arlette Lebigre Histoire du Droit Pénal-II La procédure criminelle, s/f., Cujas, París, pp. 55/56.

[7] Conf. Faustin Hélie Traité de l’instruction criminelle, t. 4, p. 332

[8] John P. Dawson A History of Lay Judges Harvard University Press, 1960, Cambridge, Massachusetts, pp. 44 y ss. Este autor establece la precedencia de Inglaterra en la organización de sus tribunales y del procedimiento, adelantándose por 100 años a Francia la que, a su vez, precedió por 200 años a Alemania (pp. 94)

[9] Dawson, op. cit. pp. 116/133.

[10] Forsyth, William History of Trial by Jury, N. York, 1875, pp. 178/9

[11] Originariamente su misión era preservar los intereses del rey. Una ley de 1926 estableció el requisito de que solo podían ser designados quienes fueran médicos o abogados y, en la práctica, muchas veces se designa a quienes ostentan ambas calificaciones. (Encyclopædia Britannica, edición 2001, voz Coroner)_

[12] Stephen, op. cit. pp. 216/225.

[13] Id. p. 397

[14] Ibid. pp. 399/448; id. R. Garraud Précis de Droit Criminel, Sirey, París, 1912, p. 743

[15] Jean Pradel Procédure Pénale, 6ta. Edición, Cujas, París, 1992, p. 340; id. pp. 405/406; id. p. 393

[16] Ley 93-2 del 4 de enero de 1993 y ley 93-1013 del 24 de agosto de 1993

[17] Ley del 15 de junio de 2000

[18] Un magistrado con rango de presidente o vicepresidente del tribunal, a pedido del juez de instrucción y luego de una breve audiencia contradictoria, es quien puede disponer la prisión preventiva.