El significado de la oralidad en el proceso penal


EL SIGNIFICADO DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO PENAL

El juicio es preeminentemente una forma teatral…el teatro es una sala de justicia. La forma clásica del drama es siempre un debate entre protagonista y antagonista y la resolución del drama es la sentencia.

Susan Sontag Reflexiones sobre El Vicario incluido en el volumen Contra la interpretación, Buenos Aires, Alfaguara, p. l72

RESUMEN

Las dos modalidades del proceso penal de la cultura occidental experimentaron recíprocas influencias y contradicciones. La superación del sistema inquisitivo surgió con el juicio por jurados del modelo anglo-americano y proclamó el derecho de contrainterrogar a los testigos del que derivaron los principios de oralidad e inmediación del sistema acusatorio. Eso también explica el necesario significado de la oralidad en el proceso penal.

PALABRAS CLAVE

Proceso penal – inquisitivo – acusatorio - adversarial – inmediación – contrainterrogatorio – oralidad

THE ORALITY MEANING INTO CRIMINAL PROCEDURE

The trial is a theatrical form…the theater is a courtroom. The classical form of the drama is always a contest between protagonist and antagonist; the resolution of the play is the “verdict” on the action.

Susan Sontag

ABSTRACT

The two ways of the Western World Criminal Procedure experienced reciprocal influences and contradictions. The overcoming of the inquisitorial system emerged from the American-English mode of trial by jury. It has proclaimed the right to cross-examine the witnesses from where orality and inmediacy became values of the accusatorial system. This also explains the necessary meaning of orality in the criminal process.

KEYWORDS

Criminal procedure – inquisitorial – accusatorial – inmediacy – cross examination - orality

Dos modelos contrapuestos en el mundo occidental

Los dos modelos que inspiran los sistemas de proceso penal actualmente vigentes en el ámbito de la cultura de occidente tuvieron su desenvolvimiento a uno y otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra uno y en Francia el otro, a partir, aproximadamente, del siglo XIII. Los historiadores lo muestran como la superación de lo que, en aquella época era la justicia feudal. Harold Berman advierte, por ejemplo, la comunidad de origen surgida con el establecimiento del sistema de justicia centralizado por la autoridad real, puntualizando que sus rasgos comunes fueron mucho mayores que los que una historiografía nacionalista suele reconocer. [1] A partir de las prácticas tribales germánicas de la Edad Media surgieron las encuestas, tendientes a reemplazar combates y ordalías. En un caso fueron confiadas a funcionarios reales que indagaban en secreto, en el otro, delegadas por esos funcionarios a los pobladores de cada comarca sujeta al poder real. En ambos casos con el propósito de consolidar este último. Mientras las encuestas practicadas por los funcionarios, inspiradas en el derecho canónico, desarrollaron el sistema inquisitivo en el territorio continental europeo, las encuestas populares practicadas en el territorio insular dieron origen, primero al jurado de acusación y, finalmente, al juicio por jurados desenvuelto en Inglaterra que consiguió institucionalizarse con la supremacía parlamentaria lograda por la revolución inglesa del siglo XVII. Un siglo después, al comenzar a desconsolidarse el poder real en el continente en aras a la formación de los estados modernos, surgió un punto de encuentro entre ambos sistemas. El modelo inglés es el que inspiró las transformaciones que la Revolución Francesa y la invasión napoleónica iban a esparcir por el resto de Europa. Eso ocurrió en el siglo XIX. Luego, en el siglo XX, aparecieron nuevos desencuentros al transformarse el modelo clásico de juicio por jurados convirtiéndose en el tribunal mixto de escabinos y jueces establecido en Alemania, Italia y Francia.

La misma comunidad de orígenes se advierte también en el plano lingüístico. Por un lado por el empleo del latín, obligatoriamente impuesto en toda documentación legal en la misma Inglaterra, lo que explica muchas de las denominaciones hasta el día de hoy empleadas en el lenguaje legal inglés. Por otro lado por el hecho de que la conquista normanda del territorio insular dio lugar a que los funcionarios se expresasen en el dialecto de los conquistadores cuya vocabulario legal era el francés. Una obra clásica del derecho común inglés en el siglo XVIII señalaba expresamente esa circunstancia y advertía incluso la difundida latinización de muchos vocablos ingleses producida en algunos casos por el simple expediente de añadir terminaciones latinas a voces germanas. El empleo del latín en materia legal en Inglaterra perduró, según esa misma obra, hasta 1730. [2]

Curiosamente, sin embargo, nuevamente es la cultura jurídica anglosajona, esta vez proveniente de los Estados Unidos, la que vuelve a ejercer su influencia en los sistemas penales de Occidente. Desde finales del siglo XX y en lo que va del XXI, se verifica una incorporación de resguardos y modalidades del proceso penal de los Estados Unidos que algún autor denominó el “avance triunfal” de ese modelo y que está caracterizando las transformaciones legales de los países más influyentes de ese entorno, comprendida Alemania, Francia, Italia y España. [3]

Dos sistemas contrapuestos: inquisitivo y acusatorio

La distinción de esos dos modelos del sistema penal occidental está fundamentalmente referida a los dos ejes señalados, Inglaterra y Francia y puede admitirse que se los designe, con cierta generalidad, como los modelos acusatorio e inquisitivo. Es cierto que ese distingo ha sido cuestionado por muchos autores, especialmente desde el ámbito francés y aún también por juristas anglosajones. En este último ámbito se critica la identificación que suele hacerse de lo adversarial [4] y lo acusatorio. Según Richard Vogler, que es uno de los contemporáneos que con mayor profundidad ha incursionado en la comparación de sistemas [5], lo acusatorio se caracteriza por la modalidad de iniciativa privada en la iniciación del proceso y corresponde a los sistemas vigentes antes del siglo XVI. Lo adversarial, en cambio, sostiene este autor, corresponde a la ideología de la ilustración a la que antecedieron las reformas instauradas en Inglaterra en el siglo XVII y se caracteriza por el reconocimiento de los derechos del acusado.

De todos modos es indudable que la distinción acusatorio-inquisitivo es una herramienta útil al examen comparativo. Ambos sistemas tienen una herencia democrática compartida perfilada a partir del siglo XIX, aunque, según explican Antoine Garapon y Ioanis Papadopoulos en la obra que lleva por subtítulo “Cultura jurídica francesa y common law”, difieren inconscientemente en la comprensión filosófica de los intelectuales críticos de ambos sistemas. Proponen como ejemplo los atributos del texto escrito destacados en la obra de Pierre Legendre, propia de un jurista francés y la necesaria adecuación a la constitución y los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, imprescindible para comprender el pensamiento de Ronald Dworkin. [6]

Las reservas que esa dicotomía suscita hace necesario puntualizar que más bien se trata de modelos ideológicamente diseñados en el sentido de que están conformados no por un significado único sino por un conjunto de ideas, creencias, valores y actitudes profundamente arraigadas y expresadas a través de la práctica. La formación cultural de los profesionales del derecho que determinan las respectivas modalidades de uno y otro modelo podría también caracterizarse como la de una cultura oral o de audiencias en el caso de los juristas ingleses y de una cultura escrita o del expediente en el de los franceses. Esta última observación pertenece a Garapon y Papadopoulos de quienes también proviene otra proposición comparativa sumamente significativa: la de la equivalencia funcional de los roles que desempeñan en el imaginario popular los abogados estadounidenses y el juez de instrucción en Francia: unos y otros son quienes practican las averiguaciones con las que habrán de resolverse finalmente los casos y con su desempeño es que se colman las expectativas de la opinión pública. [7] Esa misma observación encuentra corroboración en la explicación idiomática del vocablo preferido por los anglo-parlantes: Adversarial es aquel proceso en el que las partes tienen la responsabilidad de buscar y aportar las pruebas. [8]

La oralidad como característica del modelo acusatorio

Los textos de Derecho Procesal Penal de uso en Argentina señalan invariablemente, como una de las características propias del modelo acusatorio, el desarrollo de un procedimiento que se define por las cualidades designadas como: oral, público, continuo y contradictorio, contraponiéndolas a las que son propias del modelo inquisitivo: investigación secreta, escrita y discontinua. Para no abundar en citas acerca de esta observación me remito tanto a un autor de otros tiempos, Jorge Clariá Olmedo, [9] al igual que a un tratadista contemporáneo, Julio Maier [10]. Ambos describen de manera idéntica esas características distintivas. Claria Olmedo ubicaba la oralidad como forma que favorece la inmediación con respecto a las más importantes pruebas y a la inmediación como uno de los criterios para la introducción de la prueba que son corolarios del principio que llamaba de “investigación integral”. Este último, junto con el de oficialidad y el de personalidad del imputado están indicados como fundamentales para el funcionamiento del proceso penal y requisito de una buena ley de la materia. [11]

Un autor igualmente prestigioso de la doctrina europea del siglo XX, Eberhard Schmidt, explicaba que ambos, oralidad e inmediación, son principios de indispensable vigencia y a ellos se debe la regla de que el contenido de los autos no debe incidir en la sentencia. Sin embargo, aclaraba ese mismo autor que, en sí mismos, ambos principios no son incompatibles con el proceso inquisitivo [12]. Un inquisidor escucha oralmente al imputado y recibe inmediatamente las pruebas. Aunque no necesariamente están asociados, puesto que uno exige que la sentencia se funde en el proceso oralmente celebrado ante el tribunal de conocimiento y el otro supone que la prueba sea recibida en forma original y directa por el tribunal, entre oralidad e inmediación existe una cierta implicancia. Pero puede haber también, por supuesto, un proceso oral en que se aprecie prueba indirecta. La doctrina alemana contemporánea no difiere mayormente de esas explicaciones. Lo llamativo, de todos modos, es el reconocimiento de las excepciones a su aplicación. Roxin, por ejemplo, menciona, entre otras, la posibilidad de enterarse del contenido de las actas no obstante la prohibición de basar en ellas la sentencia, la lectura de las manifestaciones escritas del imputado cuando éste se niega a informar sobre ciertos datos o cuando se las utiliza para verificar o eliminar sus contradicciones. [13]

En la doctrina nacional deben destacarse las observaciones de Julio Maier, especialmente al puntualizar la trascendencia de oralidad y publicidad y al criticar que no se hubiera advertido su arraigo en principios emanados de la Constitución Nacional y que no se hubiera legislado de una manera consecuente con ellos. [14] Esas puntualizaciones encuentran sustento además, en textos expresos de las constituciones de distintas provincias argentinas que el mismo Maier cita al respecto: la de Chubut, cuyo artículo 32 alude al juicio oral, lo mismo que las de Formosa (artìculo 125), Misiones (artìculo 19), Río Negro (artículos 8 y 134), Santa Cruz (artìculo 19), San Luis (artículos 26 y 109), Santa Fe (artículo 9 “in fine”) y Santiago del Estero (artìculo 23).

A esas observaciones debe añadirse que, en el año 2005 fue dictado un fallo por la Corte Suprema en el que, si bien fueron expuestas a manera de “ obiter dicta”, se señalaron en forma por demás categórica las características del sistema de enjuiciamiento requerido por la Constitución Nacional y el apartamiento de ellas en las leyes procesales vigentes. [15] Vale la pena reseñarlas dada su trascendencia y por tratarse incursiones históricas que no suelen ser frecuentes en fallos de la Corte. En primer lugar la afirmación categórica y clara de que “La Constitución Nacional estableció como objetivo legal un proceso acusatorio y con participación popular” (considerando 7). En segundo lugar la reseña histórica de lo ocurrido en Francia a partir de la revolución que culminó en el establecimiento de un poder judicial altamente burocratizado y jerarquizado (considerando 9) marcadamente contrastante con el procurado por los redactores de la Constitución argentina que se inspiraron en el modelo de los Estados Unidos de características totalmente contrapuestas (considerando 11). En tercer lugar la inspiración de las leyes procesales argentinas en la legislación española de una época en que predominaban allí los rasgos inquisitoriales más marcados de su historia contemporánea.

Pero quizás el más destacado y trascendente de los comentarios de la corte argentina sea el que deplora inclusive los modelos de procedimiento mixtos, es decir los que contemplan una etapa de trámite acusatorio oral y público pero le anteceden una etapa preparatoria de carácter escrito. El modelo mixto, es importante recordarlo, es el que siguen la gran mayoría de los códigos procesales más modernos dictados en la Argentina desde 1939, cuando comenzaron a abandonarse los más anticuados modelos de corte netamente inquisitivo. En el considerando 15 del fallo Casal se expresa textualmente, después de descalificar el que designa como “El viejo modelo del proceso penal napoleónico […],“[…] De allí que nuestra Constitución previera como meta el juicio criminal por jurados, necesariamente oral y, por ende, público.” (destacado añadido)

La oralidad y el contrainterrogatorio

A un comparatista contemporáneo de reconocido prestigio, Mirjan Damaska, se debe un meduloso ensayo en el que estableció la equiparación relativa de la regla del derecho probatorio anglosajón que impide el aporte de prueba derivada o “Hearsay” y el principio de inmediación al que se refieren los autores del entorno continental europeo. [16] El contraste le permite verificar, por ejemplo, que las pruebas derivadas son más difíciles de excluir en un tribunal unitario, es decir el que sólo se integra con jueces profesionales o en un tribunal mixto de jueces y escabinos actuando en colegio único. Lo mismo advierte que ocurre cuando la actuación del tribunal es discontinuada. En el funcionamiento bifurcado del modelo clásico del juicio por jurados anglo-americano, en cambio, se verifica una fiscalización más agresiva de la credibilidad de los testigos que tiende a impedir pruebas indirectas.

A pesar de que también se verifican una serie de mecanismos que tienen resultados equivalentes a la exclusión de pruebas indirectas en el ámbito europeo continental, Damaska señala que los eruditos romano-canónicos no consiguieron desarrollar una regulación que se extendiera desde las formas orales de esa clase de pruebas a las formas escritas. Explica que si bien esos eruditos comprendieron los riesgos de confiar en la voz muerta de los escritos no pudieron eludir la importancia asignada al expediente oficial del caso que reposaba en el aparato judicial jerárquico establecido por la iglesia de Roma así como también en el prestigio de los documentos públicos. En cambio en el derecho probatorio anglo-americano la utilización como prueba de documentos escritos es admitida tan sólo como excepción a la regla que prohíbe el empleo de pruebas derivadas o “Hearsay”. Por más que hoy en día la excepción es sumamente amplia siempre se encuentra presente la idea de su restricción por el principio mencionado.

En los sistemas de enjuiciamiento oral clásico acusatorio (o adversarial) el dato que explica con mayor claridad la necesidad de reservar para el debate oral el aporte de las pruebas fundamentales en la resolución del caso, es la necesidad de asegurar el interrogatorio cruzado. Se trata de un resguardo que constituye un pivote fundamental del proceso oral anglo-americano y existe acuerdo, en general, acerca de que el control que una parte ejerce sobre la otra al contrainterrogar a sus testigos es una garantía imprescindible [17] que está consagrada en la enmienda quinta de la Constitución de los Estados Unidos. En rigor ese requisito fundamental es el verdadero equivalente de lo que en el ámbito europeo y de América latina se traduce en los principios tantas veces mencionados de oralidad e inmediación.

Es cierto que, hoy en día, el derecho de contrainterrogar a los testigos se encuentra consagrado tanto en el entorno europeo como latino-americano a través de la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Basta citar el precedente “Saidi c/ Francia” resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 20 de septiembre de 1993 [18] y el caso “Castillo Petruzzi c/ Perú” [19] fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de mayo de 1999. Lo mismo cabe decir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina, de la que es oportuno mencionar el caso “Benítez, Aníbal L.” del 12 de diciembre de 2006 [20]. Pero esa consagración no alcanza, sin embargo, para expurgar completamente el prestigio de la documentación escrita que sigue vigente en muchos de los modelos de enjuiciamiento oral. Al menos de los que emplean un modelo de tribunal mixto o de escabinos actuando en colegio único con los jueces.

El origen de la garantía de confrontar a los testigos de cargo en el derecho común inglés fue investigado por el historiador John Langbein quien comprobó su surgimiento a partir del siglo XVIII y su vinculación con la democratización del proceso. Hasta ese entonces los rasgos del proceso penal empleado en los tribunales ingleses presentaban analogías bastante pronunciadas con los sistemas inquisitivos vigentes en el continente una de las cuales era la prohibición de que los acusados de delitos de cierta gravedad fueran representados por abogados. El primer paso en la superación de esa restricción tuvo lugar al autorizarse a los letrados a dirigir preguntas a los testigos en nombre de sus clientes. Sólo posteriormente la autorización se extendió a permitir que dirigieran sus alegaciones al jurado. [21]Otro historiador contemporáneo, Stephan Landsman, llevó a cabo una investigación igualmente exhaustiva de las prácticas del derecho común inglés en el siglo XVIII. Sus reflexiones conducen a rescatar el significado trascendente del modelo acusatorio o adversarial logradas a partir de comienzos del siglo XIX que permiten resaltar como característica de ese modelo: las potestades que conservan las partes y el control que se ejerce por la aplicación de reglas de prueba. [22]

La averiguación de la verdad y el sistema acusatorio

La explicación teórica, que no falta entre los autores anglosajones, suele aludir a la necesidad de la confrontación – y por ende a la oralidad – como la manera de poder apreciar la sinceridad de quienes declaran. El fundamento es desde luego justificado. Las distinciones que propone la teoría de la comunicación humana establecen las cualidades de dos especies: la comunicación analógica y la digital. La semejanza auto-explicativa es la que corresponde a la primera y es la que se vale de signos que evocan por si mismos la comprensión. [23] Esa clase de signos no podrían apreciarse, obviamente, en un medio digital como la escritura. Una observación concordante puede deducirse de las explicaciones que proponen los procesalistas europeos que aluden a la oralidad como un método elegido conscientemente por sus mejores aptitudes para lograr el descubrimiento de la verdad.

Sin embargo, ni una ni otra fundamentación teórica alcanza a dar cuenta del verdadero significado que se llega a vislumbrar a través del recorrido histórico y de la contraposición de los dos sistemas procesales. El trabajo antes citado de Stephan Landsman proporciona otra explicación: el proceso de tipo acusatorio, o adversarial como él lo designa, fue gestándose a través de cientos de reformas que no sólo procuraban mejorar la calidad de la adjudicación sino que tendían también a satisfacer el reclamo de “juego limpio” (fair play). [24] Coincidente con esa explicación el comparatista inglés Richard Vogler puntualiza que: “la ideología de la adversarialidad puede ser considerada como representativa de un concepto muy diferente acerca de la averiguación de la verdad que el empleado por el modelo inquisitivo” [25]

Lejos de ser redundantes, esas explicaciones tienen que ser puestas de resalto frente a la insistencia de algunos autores de preservar una etapa inicial del proceso penal de corte francamente inquisitorial. Aun frente a la tendencia, actualmente verificada, de transformar los sistemas de enjuiciamiento penal en miras a un proceso de corte acusatorio, se verifican otros aportes que, con el propósito anunciado de averiguación de la verdad, concluyen por despreciar las reales implicancias de la oralidad. Después de deplorar la distinción acusatorio-inquisitivo, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Lorena Bachmaier Winter, [26] termina por deplorar también el proceso adversarial por sus deficiencias en la búsqueda de la verdad. Sostiene la profesora española que, en la práctica, en el proceso mixto empleado en su país, el debate contradictorio difícilmente sirve para alterar el valor de las comprobaciones científicas previas que considera irrefutables. Aunque esa afirmación aparece matizada por una salvedad, en el sentido de que no pretende restar importancia a la fase de juicio oral ni cuestionar su papel central, la contradicción se muestra evidente. Lo que se está proclamando es la conveniencia de dejar de lado el debate oral frente a las comprobaciones irrefutables que se obtienen en la averiguación de la verdad lograda previamente.

Una de las críticas principales que la articulista mencionada dirige al sistema acusatorio señala que el juicio basado en la confrontación oral suele convertirse en una puesta en escena merced a la utilización de técnicas de teatralización. Se trata de una observación que prescinde de una perspectiva de apreciación del proceso penal oral ya hace tiempo señalada: la de la significación dramática del juicio en si mismo. Para no abundar en citas de los muchos trabajos que se han ocupado del asunto basta referir un emblemático artículo de Millner S. Ball publicado en 1975. [27] En él se propone que la índole de la actividad de los tribunales y aún la comprensión del significado del derecho en la sociedad deben ser ponderados desde la perspectiva del teatro. Los efectos teatrales, dice Ball, son factores determinantes de lo que constituye un tribunal, a tal punto que la ausencia de aspecto teatral pone en duda que se trate de un verdadero tribunal. La metodología de tratamiento del caso judicial es completamente diversa y constituye un error equipararla a una investigación científica. Se trata de una forma de dramaturgia. Es el punto de vista expresado también, reiteradamente, por Michel Foucault. [28] Desde la perspectiva jurídica se deben destacar las observaciones de Winfried Hassemer en el sentido de que los principios de inmediación y oralidad son un modelo con el que se establece y organiza con el mayor énfasis la comprensión escénica lo que constituye requisito indispensable de todo proceso penal. [29]

Queda de manifiesto de esa manera que la diversidad más contrastante de ambos sistemas, obliga a descifrar la verdadera ideología que subyace en su contraposición. Esa diversidad no puede entenderse superada pese a la confluencia histórica producida como consecuencia de la revolución francesa ni tampoco por el “avance triunfal” del modelo estadounidense que algún autor contemporáneo insinúa actualmente [30]. La idea de que la finalidad última del proceso penal sea el descubrimiento de la verdad sigue impregnando las explicaciones del Derecho Procesal Penal del entorno europeo continental y latino-americano en tanto que la idea de preservar el juego limpio entre los contendientes es la que preside, implícita o explícitamente, las del entorno anglo-americano. La perspectiva histórica muestra que la oralidad de los procedimientos surgió como prerrogativa del juzgamiento por los conciudadanos y se impuso en desmedro de la autoridad monárquica al mismo tiempo que se consagró como resguardo de la confrontación directa de las pruebas aportadas al debate. Su origen alude tanto a la bifurcación de la jurisdicción del tribunal que implica esa prerrogativa como a la modalidad de controversia que comporta ese resguardo.

A manera de conclusión es posible señalar que la oralidad es característica fundamental del proceso penal acusatorio o adversarial y que su surgimiento como tal obedeció a la disociación del poder punitivo producida por el establecimiento del juicio por jurados en el que los ciudadanos, si bien comparten ese poder con los jueces, lo ejercen en forma autónoma por lo que deben ser informados de manera presencial y con la claridad y sencillez que sólo la oralidad puede brindar.

EDMUNDO S. HENDLER

Buenos Aires, marzo de 2106.



[1] Harold J. Berman, Law and Revolution. The formation of the Western Legal Tradition, Cambridge, Massachussets y Londres, Harvard University Press, 1983, p. 478

[2] William Blackstone Commentaries on the Laws of England, facsimile de la primer edición de 1765/1769, The University of Chicago Press, Chicago y Londres, 1979, pp. 317/322.

[3] Bernd Schünemann ¿Crisis del procedimiento penal? (¿Marcha triunfal del procedimiento penal americano en el mundo?), en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, año IV, Ad-Hoc, Bs.As., N° 8-A, 1998, págs. 417/433

[4] En castellano el vocablo “adversarial” es un neologismo. La facilidad con que se comprende su sentido y la comodidad de que se escriba igual en inglés justifica que sigamos utilizándolo.

[5] .Richard Vogler Adversarialidad y el dominio angloamericano del proceso penal, traducción Guillermo Orce, incluido en el volumen Constitución y sistema acusatorio, compilado por K. Ambos y E Montealegre Lynett, Bogotá, Colombia, 2005, pp.188/191.

[6] Antoine Garapon y Ioannis Papadopoulos Juzgar en Estados Unidos y en Francia, traducción de Viviana Diaz Perilla, Bogotá, Colombia, 2006, edit. Legis,

[7] Garapon y Papadopoulos, op. cit. p. 13.

[8] Es lo que consigna el New Oxford American Dictionary

[9] Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, editorial Ediar, 1960, volumen I, pp. 160/162

[10] Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 1996,editores del Puerto, Tº I, pp. 443/448

[11] Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 1960, Ediar, Tº I, p. 487/489.

[12] Conf. Eberhard Schmidt “Los fundamentos teóricos y constitucionales del Derecho Procesal Penal”; trad. José Manuel Nuñez, Bs.As., 1957, ed. Bibliográfica Argentina, pag.248 y sigtes.

[13] Claus Roxin “Derecho procesal penal” traducción al castellano de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, Buenos Aires, editores del Puerto, 2000, pp. 393/405

[14] Op. cit. pp. 653/656

[15] Fallo del 20 de septiembre de 2005 “Casal, Matías E.” publicado en la colección oficial de la Corte, Fallos 328:3399.

[16] En el artìculo “Of Hearsay and its Analogues” publicado en Minnesota Law Review, 1992, traducido al castellano por Romina Inés Siniensky como “De la prueba por referencia y sus análogos” en revista Nueva Doctrina Penal, 2004, B, Buenos Aires, editores del Puerto, p. 433 y ss.

[17] Conf. “McCormick on Evidence”, 3ª edición, St. Paul, Minnesota, 1984, West Publishing, pp. 47/48; id. P. 728.

[18] Saidi c. France (Chambre) Serie A nº 261-C

[19] Castillo Petruzzi y otros vs. Perú Serie C nº 52

[20] Fallos (colección oficial) 329:5556

[21] John H. Langbein “The origins of Adversary Criminal Trial”, N. York, Oxford University Press, 2003, pp. 291 y ss.

[22] Stephan Landsman “The rise of the Contentious Spirit: Adversary procedure in eighteenth Century England” publicado en “ Cornell Law Review”, marzo, 1990, pp. 497 y ss. (75 CNLLR 497)

[23] Watzlawick, Paul; Janet Beavin Bavelas y Don D. Jackson Teoría de la comunicación humana, Barcelona, Herder, 1995, p. 63

[24] En The rise of the Contentious Spirit antes citado, p. 604.

[25] En el trabajo anteriormente citado traducido al castellano por G. Orce Adversarialidad y el dominio angloamericano del proceso penal, op. cit. p. 190

[26] Lorena Bachmaier Winter Acusatorio versus inquisitivo. Reflexiones acerca del proceso penal, incluido en el volumen compilado por ella misma Proceso penal y sistemas acusatorios, Madrid, 2008, editorial Marcial Pons, pp. 11/48

[27] Millner S. Ball The Play is the Thing: An Unscientific Reflection on Courts Under the Rubric of Theater aparecido en Stanford Law Review, volumen 28, noviembre 1975, pp. 81/115.

[28] En el volumen publicado con el título “Obrar mal, decir la verdad” se encuentra reseñada en nota de los editores la reiterada observación de Foucault acerca de la vinculación del teatro con el derecho (edición de Fabienne Brion y Bernard E. Harcourt, traducida por Horacio Pons con supervisión de Horacio Castro; Buenos Aires, Siglo XXI, 2014, pág. 96/97, nota 4)

[29] Winfried Hassemer Fundamentos del Derecho Penal, Barcelona, 1984, editorial Bosch, pp. 172/176

[30] Bernd Schünemann ¿Crisis del procedimiento penal? (¿Marcha triunfal del procedimiento penal americano en el mundo?), en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, año IV, Ad-Hoc, Bs.As., N° 8-A, 1998, págs. 417/433