Agentes encubiertos (Lewis Vs. United Satates)


AGENTES ENCUBIERTOS (fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos) AGENTES ENCUBIERTOS (fallo Corte Suprema Estados Unidos)

Traducción de Edmundo S. Hendler

(Recurso de Certiorari de la Cámara de Apelaciones del Pri­mer Circuito de los Estados Unidos) (Resuelto el 12 de di­ciembre de 1966)

[El 3 de diciembre de 1964 un agente encubierto habló por teléfono con Lewis invocando la recomendación de un ami­go común. Se presentó con un nombre ficticio y pidió que le vendiera marihuana. Lewis asintió y lo invitó a su casa don­de, contra el pago de cincuenta dólares, le entregó un pa­quete con aproximadamente 25 gramos de marihuana. Hubo otra transacción semejante el 17 de diciembre en la que el agente compró por el mismo precio un paquete de unos 30 gramos. Lewis fue detenido el 27 de abril y acusado por dos cargos de transgresión a la ley federal de narcóticos. De­dujo una excepción previa para que la marihuana y las con­versaciones con el agente encubierto fueran excluidas del juicio. La excepción fue rechazada y resultó condenado a cinco años de penitenciaría. El fallo fue confirmado por la Cámara de Ape­laciones y la Corte Suprema admitió avocarse]

El Sr. Ministro Presidente de la Corte Warren expuso la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver es si fue violada la Cuarta En­mienda (de la Constitución de los Estados Unidos) cuando un agente federal de narcóticos, falseando su identidad y ma­ni­festando su voluntad de comprar narcóticos, fue invitado a la casa del recurrente en donde se celebró la transacción ilícita. Los narcóticos fueron introducidos en el juicio criminal del recurrente contra sus objeciones.

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El recurrente no invoca haber sido inducido por la au­toridad (entrapped), cosa que no hubiera podido hacer con los hechos del caso [Citas del caso Sherman v. U.S. y Sorrels v. U.S.]; tampoco sostiene que se hubiera allanado su domicilio o que se le hubiera incautado nada fuera de los narcóticos vendidos. Sus únicas argumentaciones son que, en ausencia de una orden judicial, cualquier intromisión ofi­cial en la privacidad de un hogar constituye violación de la Cuarta Enmienda y que el hecho de que el sospechoso invitara la intromisión no puede considerarse una renuncia si la in­vitación fue inducida por fraude y engaño.

Tanto el recurrente como el Gobierno reconocen la ne­ce­sidad de alguna actividad encubierta de la policía y ambos conceden que las circunstancias particulares de cada caso rigen la admisibilidad de las pruebas obtenidas por medio de estratagemas o engaños. Desde luego que está reconocido des­de antiguo por decisiones de esta Corte [citas de fallos de 1895 y 1896] que, en la detección de muchos tipos de de­li­tos, el Gobierno está autorizado a utilizar señuelos y a ocultar la identidad de sus agentes. Los diversos resguardos de la Declaración de Derechos, por supuesto, permiten con­trolar tales engaños oficiales en proteccción de los in­di­vi­duos [citas de fallos de la Corte de 1964 y 1948].

El recurrente sostiene que el Gobierno excedió los lí­mites constitucionales en este caso y se basa principalmente en "Gouled v. United States" de 1921. Pero una breve expli­cación de ese caso demostrará cuan desencaminada es su fundamentación. Allí, un cliente comercial, obrando a ins­tancias de un funcionario federal, consiguió acceso a la oficina del recurrente afirmando que se trataba de una vi­si­ta social. En ausencia de este último, el intruso revisó secretamente la oficina y se incautó de determinados docu­mentos privados de naturaleza incriminatoria. Esta Corte no tuvo dificultad para concluir que la Cuarta Enmienda había sido violada por la revisación general y secreta, pese a que la inicial intrusión se debió a una invitación fraudulenta­mente obtenida aunque no por la fuerza ni de manera furtiva.
En el caso presente, en cambio, el recurrente invitó al agente encubierto a su casa con el específico propósito de celebrar una venta delictiva de narcóticos. Su única peocupación era si el agente quería comprar y podía pagar el precio. Además, para convencer al agente de que se hiciera cliente le dijo que le daría, en el futuro, una bolsita más de marihuana gratis; y de hecho así lo hizo en la segunda venta que se celebró en el mismo lugar y exactamente de la misma manera. En ninguna de sus visitas a la casa del recu­rrente, el agente vió, escuchó ni se apoderó de nada que no hubiera estado previsto y querido por aquél como parte ne­ce­saria de su ilícito negocio. Si fueramos a considerar que los engaños del agente en este caso se encuentran prohibidos constitucionalmente, estaríamos próximos a sentar como regla que la utilización de agentes encubiertos en cualquier forma es virtualmente inconstitucional per se. Esa regla obstacu­lizaría seriamente al Gobierno, por ejemplo, para rastrear las actividades delictivas organizadas que se caracterizan por las tratativas ocultas con las víctimas que no pueden o no quieren protestar. Un ejemplo claro lo constituye el trá­fico de narcóticos.

El hecho de que el agente encubierto ingresara a la casa del recurrente no obliga a una conclusión distinta. Sin discusión, el hogar goza de la protección plena de la Cuarta Enmienda. Ver [Citas de fallos de la Corte de 1921 y 1947] Pero cuando, como ocurre en este caso, la casa está conver­tida en un centro comercial al que se invita a los extraños con propósitos de celebrar negocios ilícitos, ese comercio no goza de mayor santidad que si fuera llevado a cabo en una tienda, un garage, un automóvil o en la calle. Un agente del gobierno, del mismo modo que un particular, puede aceptar una invitación a comerciar e ingresar al local para los fi­nes verdaderamente buscados por el ocupante. Desde luego, eso no significa que siempre que el acceso sea por invita­ción y el lugar se caracterice como sede comercial, un agen­te esté autorizado a realizar una inspección en busca de elementos incriminatorios; una referencia al caso Gouled, supra, basta para descartar esa afirmación.


Finalmente, el recurrente se basa en...[citas de fallos de la Corte de los años 1960 y 1948]. Pero en todos esos casos se trataba de pruebas que habían sido incautadas por la fuerza contra los deseos del sospechoso y sin la autori­zación de una orden judicial. Una lectura de ellos fácil­men­te demuestra que son inaplicables a los hechos de este caso; y, en ese terreno, cada caso debe ser juzgado según los he­chos particulares que le son propios. Tampoco es aplicable [cita de un fallo de la Corte de 1961] pues allí, el compor­tamiento proscripto fue el espionaje de intrusos indeseados y desconocidos que escucharon furtivamente las conversacio­nes que tenían lugar en el interior de la priva­cidad de una casa. El caso presente no se refiere a ese problema; en las conclusiones del alegato del Gobierno se lo sintetiza bien:

"En suma, este caso no implica el ejercicio de atribu­ciones del gobierno para introducirse en recintos pro­tegidos; el visitante fue invitado y voluntariamente admitido por el sospechoso. No implica el designio de parte de un agente del gobierno de observar o escuchar lo que estaba ocurriendoo en la privacidad de un ho­gar; el sospechoso eligió el lugar donde la transacción tuvo lugar. No presenta cuestión sobre invasión de la pri­vacidad de un alojamiento; las únicas declaraciones repetidas son aquellas que fueron voluntariamente he­chas al agente y las únicas cosas incautadas fueron los paquetes de marihuana voluntariamente entregados. La simulación no produjo violación de la privacidad; me­ra­mente alentó al sospechoso a decir cosas que el que­ría y ansiaba decir a alguien que estuviera interesado en adquirir marihuana."

No se requiere mayor consideración. El fallo es confirmado.

El Sr. Ministro de la Corte Douglas votó en disidencia.

El Sr. Ministro de la Corte Brennan, con la adhesión del Sr. Ministro Fortas, expuso un voto coincidente, di­cien­do:

Si bien coincido con el fallo de la Corte, voto por la confirmación solamente por la consideración en que se basa finalmente la Corte, es decir en que el departamento del recurrente no es un área protegida por la Cuarta Enmienda en lo que se refiere a las transacciones del caso presente.
La Cuarta Enmienda protege contra la intrusión guber­na­mental en "la santidad del hogar de un hombre y en las pri­vacidades de la vida". [Cita]. Sin embargo, el ocupante pue­de quebrar el sello de santidad y declinar su derecho a la privacidad en el lugar. Eso lo hace simplemente en la medida en que abre su casa a la celebración de negocios e invita a cualquiera que quiera entrar a comerciar con él. Cuando su cliente resulta ser un agente del gobierno, el vendedor no puede, entonces, reclamar que su privacidad ha sido invadida en tanto el agente no haga otra cosa quue comprar sus mer­cancías. De ese modo el almacén de la esquina con vivienda en la parte de atrás no estaría protegido con respecto al área separada para la compra de mercaderías, aunque las ha­bitaciones de vivienda en las que los compra­dores no tienen que ver conservan la inmunidad constitucio­nal [Cita].

El recurrente en este caso abrió su departamento para practicar un comercio, la venta de narcóticos; el agente, de igual manera que cualquier particular, ingresó en el lugar para el verdadero propósito contemplado por el ocupante y no se apoderó de nada salvo lo que sería llevado por cualquier cliente. No hubo entonces intrusión en la "santidad" de la casa del recurrente ni en las "privacidades de la vida."