Caso “Sorrels” de la Corte Suprema de los Estados Unidos


Recurso de CERTIORARI para revisar la confirmación de una sentencia por violación de la Ley de Prohibición***1

“SORRELS V. UNITED STATES” (287 U.S. 435)
Traducción de Edmundo S. Hendler

Recurso de CERTIORARI para revisar la confirmación de una sentencia por violación de la Ley de Prohibición. (El recur­so estaba limitado a la cuestión de si la prueba sobre in­ducción por la autoridad era suficiente para someterla al jurado).
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El Sr. John Y. Jordan, Jr., conjuntamente con el Sr. A. Hall Johnston presentó el alegato por el apelante.

El tribunal debió haber ordenado un veredicto a favor del acusado al concluir la presentación del caso por el Go­bierno en razón de que las pruebas comprobaban la in­ducción por la autoridad [...citas de fallos de distintos tribunales federales y de uno de la misma Corte...].

Si las pruebas sobre la cuestión de la inducción por la autoridad están en disputa, se presenta una cuestión de he­cho que el tribunal debió someter al jurado dandole ins­truc­ciones apropiadas [...otra cita de un fallo de un tri­bunal federal y casos supra...].
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El Procurador General Thacher, conjuntamente con los Sres. Whitney North Seymour y John J.Byrne presentaron el alegato por el Gobierno Federal.

Desde que el acusado cometió intencionalmente los actos constitutivos del delito del que se lo acusa, hay una for­zo­sa lógica en el criterio del tribunal inferior de que los tribunales no deben absolverlo de culpa porque un funciona­rio del gobierno haya instigado el delito. Nos atenemos a ese criterio del tribunal inferior.

Ese punto de vista, de todos modos, no tiene apoyo en decisiones de otros tribunales federales que consideran que la causa de exención de inducción por la autoridad es apli­cable si el delito fue inducido por agentes del gobierno en circunstancias que tornan condenable la acción del go­bierno por razones de política pública. Creemos que hay, indudable­mente, casos en que la conducta de parte de los funcionarios del gobierno es tan claramente provocativa de la violación de la ley que la política pública requiere que los tribuna­les no permitan llevar adelante una acusación por tales vio­laciones. De todos modos, esa conducta no da lugar a una exención, sino más bien requiere poner en operación las a­tribuciones de los tribunales para evitar los abusos oficia­les.

En tanto la acción del acusado no está despojada de su criminalidad por la conducta del funcionario, la cuestión de la inducción por la autoridad no puede ser adecuadamente planteada a través de una declaración de inocencia, pues la averiguación sobre las acciones de los funcionarios del go­bierno conduce al examen de aspectos colaterales y, a veces, sumamente perjudiciales (tales como las sospechas de la pa­sada criminalidad del acusado, su reputación en la comunidad y la prueba de otros delitos) e impide la investigación or­denada por el mismo jurado sobre la culpabilidad o inocencia en el hecho del que se acusa. Proponemos, en consecuencia, que la cuestión debía ser planteada previamente al juicio sobre el fondo, por medio de una petición especial al tri­bu­nal, desde que el acusado no sostiene que él no sea cul­pa­ble, sino que, por razones de política pública, no debe ser acusado. El procedimiento que sugerimos se basa en las re­glas sobre las peticiones de las partes en situaciones aná­logas e impedirá la intrusión de confusión y perjuicio. Si, como lo sostenemos, la cuestión de la inducción por la auto­ridad puede ser planteada únicamente por una petición espe­cial al tribunal, el Tribunal de Distrito no incurrió en error al declinar de someter la cuestión al jurado.
Si se dijera, aunque la exención por haber sido indu­ci­do no corresponde al acusado que ha declarado ser inocen­te, el tribunal puede sin embargo, por propia iniciativa y en cualquier estado del procedimiento, declinar de proseguir con el caso por razones de política pública, entonces sos­te­nemos que la cuestión sobre si la conducta del funcionario fue apropiada debe ser resuelta por el juez y no por el ju­rado, tanto sea de hecho o de derecho. Con ese criterio la decisión del inferior debe ser confirmada, sobre la base de que el Juez de Distrito concluyó que las pruebas no respal­daban la exención; o, si se considera que el Juez no deter­minó las cuestiones de hecho, el caso debe ser reenviado al Tribunal del Distrito para la adjudicación por el tribunal sobre la cuestión de si el acusado fue inducido por la au­to­ridad.
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El Sr. Ministro Presidente expuso la opinión de la Cor­te.

El acusado fue imputado por dos cargos: (1) la posesión y (2) la venta, el 13 de julio de 1930, de medio galón de whiskey en violación a la Ley Nacional de Prohibición. Sos­tuvo ser inocente. Durante el juicio se basó en la exen­ción de haber sido inducido por la autoridad. El tribu­nal se re­husó a admitir la exención, desestimando una moción para ordenar un veredicto a su favor rehusándose también a some­ter al jurado la cuestión de la inducción por la au­toridad. Resolvió, "como cuestión de derecho", que no había inducción por la autoridad. Sobrevino el veredicto de cul­pabilidad, fueron desestimadas las mociones para mantener pendiente y para dejar de lado el veredicto por ser contra­rio a derecho y a las pruebas, y el acusado fue sentenciado a dieciocho meses de prisión. La Cámara de Apelaciones del Circuito con­firmó la sentencia y esta Corte otorgó un re­curso de certiorari limitado a la cuestión de si la prueba era sufi­ciente para someter al jurado el tema de la induc­ción por la autoridad.
El Gobierno, que respaldó la conclusión del tribunal inferior, también argumentó que la exención, de ser admisi­ble, debió ser planteada en forma previa para impedir la posterior sustanciación de la acusación y que no pudo ser introducida bajo una declaración de inocencia. Esta cuestión acerca de la manera adecuada de exponer sus pretensiones requiere la consideración de la naturaleza y los fundamentos de la exención.
Lo sustancial de las declaraciones en el juicio en cuanto se refiere a la inducción por la autoridad, fue lo siguiente: Propuesto por el Gobierno, un tal Martin, agente de la prohibición, declaró que habiendo residido por algún tiempo en el Condado de Haywood, Carolina del Norte, donde fingió ser turista, visitó la casa del acusado, cerca de Canton, el 13 de julio de 1930, acompañado por tres resi­den­tes del condado que conocían bien al acusado. Fue pre­sentado como un residente de Charlotte que estaba parando por algún tiempo en Clyde. El testigo averiguó que el acu­sado era un veterano de la Guerra Mundial y un ex miembro de la División 30a. A.E.F. El testigo informó al acusado que él también era un ex soldado y ex miembro de la misma División, lo cual era cierto. El testigo le preguntó al acusado si le podía conse­guir licor y éste manifestó que no tenía nada. Posteriormen­te hubo un segundo pedido sin resultado. Uno de los presen­tes, Jones, también era ex soldado y ex miembro de la Divi­sión 30a. y la conversación se volcó a las experien­cias de guerra de los tres. Después de eso, el testigo pidió por tercera vez al acusado que le consiguiera licor en cuya oca­sión este último dejó la casa y, al cabo de unos minutos, volvió con medio galón de licor por el que el testigo pagó al acusado cinco dólares. Martin declaró también que el fue "el primero y el único de los presentes en esa oportunidad que dijo algo sobre obtener licor" y que su propósito era inculpar al acusado por adquirirlo y venderlo. El Gobierno fundó su postura en el testimonio de Martin.
El acusado presentó como testigos a las tres personas que habían acompañado al agente de prohibición. En sustan­cia, ellos corroboraron la versión de este último pero con algunos agregados. Jones, un empleado de ferrocarril, de­cla­ró que él había presentado al agente al acusado "como comer­ciante de muebles de Charlotte" porque así se había presen­tado a si mismo ante él; que el testigo dijo al acu­sado que el agente era "un viejo hombre de la División 30a." y que el agente en esa ocasión dijo al acusado que "le gus­taría con­seguir medio galón de whiskey para llevarle a un amigo en Charlottte que estaba en el negocio de muebles con él", y que el acusado replicó que él "no embromaba con whiskey", que el agente y sus acompañantes estuvieron en la casa del acusado "probablemente por una hora o una hora y media y que durante ese lapso el agente pidió al acusado tres o cuatro o probablemente cinco veces, que le consigui­era licor. El acu­sado dijo "que iría a ver si podía conse­guir medio galón de licor" y que volvió con éste luego de una ausencia de "entre veinte y treinta minutos". Jones añadió que en ese entonces nunca había oído que el acusado estuviera en el negocio de licores y que él y el acusado eran "dos viejos camaradas" y que él creía que "un viejo camarada le conseguiría licor a otro".
Otro testigo, el controlador y subtesorero de la Com­pa­ñía Champion Fibre de Canton, declaró que el acusado era empleado de esa compañía y que había estado "en su trabajo continuamente sin perder un día de salario desde marzo de 1924". El testigo identificó la planilla de horarios que mostraba esa labor. Ese testigo y otros tres que fueron ve­cinos del acusado y lo conocieron durante años declararon sobre su buena personalidad.
Para rebatir ese testimonio, el Gobierno llamó tres testigos que declararon que el acusado tenía la reputación genérica de corretear rum. No hubo ninguna prueba de que el acusado alguna vez hubiera poseído o vendido licores tóxicos antes de la transacción en cuestión.
Está claro que la prueba es suficiente para comprobar que el acto que se imputa al acusado fue instigado por el agente de prohibición, que fue una creación intencional, que el acusado no tenía previa disposición para cometerlo sino que era un laborioso y honrado ciudadano, y que el agente lo tentó a su comisión por medio de repetidas y persistentes provocaciones con las que lo logró aprovechando el senti­miento surgido por las reminiscencias de sus experiencias como compañeros de armas en la Guerra Mundial. Tan grosero abuso de una autoridad conferida para detectar e investigar delitos y no para fabricar criminales, merece la más severa condena, pero la cuestión sobre si precluye la acusación o da fundamento a una exención y, en ese caso, según cuál te­o­ría, ha dado lugar a opiniones contrapuestas.
Está establecido firmemente que el hecho de que fun­cio­narios o empleados del Gobierno meramente brinden opor­tuni­dades o facilidades para la comisión del delito no obsta a la acusación. Artificios y estratagemas pueden ser emple­ados para capturar a quienes están implicados en empresas crimi­nales [...citas de fallos de la Corte Suprema y de distintos tribunales federales...]. El propósito adecuado de esa acti­vidad permitida, frecuentemente esencial para el cumplimien­to (enforcement) de la ley, es revelar el designio criminal; mostrar el tráfico ilícito, la publicación prohi­bida, el uso fraudulento del correo, la confabulación ilegal u otros de­litos, y de ese modo descubrir a los eventuales violadores de la ley. Una cuestión diferente se presenta cuando el de­signio criminal se origina en los funcionarios del Gobierno, y ellos implantan en la mente de una persona inocente la disposición a cometer el delito e inducen su comisión para poder llevar adelante su acusación.
La Cámara de Apelaciones del Circuito llegó a la con­clusión de que la exención por haber sido inducido por la autoridad puede mantenerse únicamente cuando, como resultado de la inducción, el acusado sea puesto en situación de haber cometido un delito que él no quería cometer, o cuando, por razón del consentimiento implícito en la inducción, no se cometa de hecho ningún delito. Ilustrativo de la primera clase es el caso de la venta de licor a un indio disfrazado de manera de confundir al acusado sobre su identidad. [Ci­ta]. En la segunda clase están los casos del hurto o la vio­lación en los que la falta de consentimiento es elemento del delito. [Citas]. También puede haber condiciones físicas esenciales al delito que no concurren en el caso de una trampa como, por ejemplo, el caso de una acusación por "burglary" en que por razón de la trampa no se considere que hubo ruptura.

[…]
Mientras que esta Corte no ha tratado de la precisa cuestión (ver Casey v. United States, 276 U.S.413,419,423), la inclinación de la doctrina en las cortes federales infe­riores está en favor del criterio de que en casos como el presente la exención por haber sido inducido es admisible. El Gobierno admite que su posición en apoyo de lo resuelto por la Cámara de Apelaciones del Circuito contradice las decisiones de todos los otros circuitos excepto el décimo y ninguna decisión en aquel circuito sugiriendo un criterio distinto ha sido invocada ante nosotros.[Citas] Y la Cámara de Apelaciones del Cuarto Circuito, en el caso presente, pudo llegar a su conclusión solamente al declinar de seguir la doctrina que había establecido en su previa decisión en Newman v. United States, 299 Fed. 128, 131. Debe añadirse que en muchos casos en que la prueba se consideró insufi­ciente para respaldar la exención, su admisibilidad, habiéndose demostrado los hechos tales como en el caso pre­sente, ha sido reconocida.[Citas] Los tribunales federales generalmente han aprobado las siguientes expresiones del Juez de Circuito Sanborn en el precedente Butts v. United States, supra: "La primer obligación de los funcionarios de la ley es prevenir, no castigar el delito. No es su deber incitar y crear delitos para el solo propósito de perse­guir­los y castigarlos. Aquí las pruebas tienden de ma­nera deci­dida, si es que no lo hacen en forma concluyente, a de­mostrar que su primer y principal empeño fue causar, crear delitos para castigarlos, y es inconcebible, contrario a la política pública y a la ley establecida del país, castigar a un hombre por la comisión de un delito del que nunca habría sido ni sería culpable, en intención o de hecho, si los fun­cionarios de la ley no lo hubieran inspirado, incitado, per­suadido, y tentado a que tratase de cometerlo". La sen­tencia en ese caso fue revocada por el "error fatal" del tribunal del juicio al rehusarse a instruir al jurado en ese sentido. En Newman v. United States, supra, la regla apli­cable fue expuesta de este modo por el Juez de Circuito Woods: "Está claramente establecido que pueden usarse se­ñuelos para atra­par delincuentes y para dar oportunidad a quienes intentan o tienen voluntad de cometer delitos. Pero no es admisible el empleo de señuelos para atrapar a ino­centes y honestos haciéndolos cometer delitos. Cuando el designio criminal no se origina en el acusado sino que es concebido en la mente de los funcionarios del Gobierno y el acusado es tentado a la comisión del acto criminal por per­suasión, manifestación engañosa o inducción, el Gobierno está impedido de acusar por razón de sensatez de la política pública." Estas acota­ciones indican suficientemente los fundamentos de las deci­siones citadas precedentemente.
La validez del principio expresado y aplicado de esa manera se encuentra cuestionada sobre bases tanto teóricas como prácticas. El argumento, desde el punto de vista de los principios, es que el tribunal está llamado a juzgar al acu­sado por un delito en particular que se encuentra defi­nido por la ley y que, si las pruebas demuestran que ese delito fue cometido dolosamente, no importa que su comisión fuera inducida por funcionarios del gobierno en la forma y cir­cunstancias asumidas. Se sostiene que cuando alguien in­ten­cionalmente realiza un acto en circunstancias que conoce, y esa conducta está prohibida por la ley cuando se dan esas circunstancias, transgrede intencionalmente la ley en el único sentido en el que la ley considera la intención. [ci­ta]. Además, en tanto la ley está destinada a sancionar un daño público y no una injuria privada, no hay base para im­pedir al gobierno perseguir al transgresor por la conducta de sus funcionarios. A la observación de la política públi­ca, los impugnantes replican que la legislatura, actuando dentro de su autoridad constitucional, es el árbitro del interés público y que, en tanto la conducta está prohibida y penalizada por una ley validamente dictada, los tribunales no tienen la libertad de desestimar la ley e impedir que se persiga su transgresión porque sean de la opinión de que el delito ha sido instigado por funcionarios del gobierno.
Está manifiesto que esos argumentos se basan entera­men­te en la letra de la ley. No toman en cuenta el hecho de que su aplicación en las circunstancias del caso resulta extraña a sus propósitos; de que esa aplicación resulta tan chocante al sentido de justicia que se ha propiciado como deber del tribunal detener la acusación en el interés del propio go­bierno, para protegerlo de la conducta ilegal de sus funcio­narios y preservar la pureza de sus tribunales. Casey v. United States supra. Pero ¿puede una aplicación de la ley con esas consecuencias --crear una situación contra­ria a sus propósitos e incoherente con su cumplimiento ade­cuado capaz de suscitar esas objeciones-- ser justamente considerada que está dentro de sus objetivos?
La interpretación literal de las leyes a expensas de las razones que las inspiran y con consecuencias absurdas o injusticias flagrantes, ha sido frecuentemente repudiada. En United States v. Palmer, 3 Wheat 610, 631, el presidente de la Corte, interpretando la ley del Congreso del 30 de abril de 1790, #8 (1 Stat. 113) relativa al robo en alta mar, en­tendió que las palabras "cualquier persona o personas" eran "suficientemente amplias para abarcar a todo ser humano" pero concluyó que "los términos generales no solo deben li­mitarse a los casos dentro de la jurisdicción del estado, sino también a aquellos objetos a los que la legislatura intentó aplicarlos". En United States v. Kirby, 7 Wall. 482, se presentó el caso de la ley del Congreso del 3 de marzo de 1825 estableciendo la condena de cualquier persona que "vo­luntaria y conscientemente obstruya o retarde el transporte del correo o de algún conductor o transportador del mismo". Considerando el propósito de la ley, la Corte estimó que no tenía aplicación a la obstrucción o retardo del transporte del correo o de su transportador por razón del arresto del transportador a raíz de una orden emitida por un tribunal estadual. Dijo la Corte: "Todas las leyes deben tener una interpretación sensata. Los términos generales deben estar limitados en su aplicación de modo de no conducir a la in­justicia, la opresión, o a una consecuencia absurda. Se debe presumir siempre, en consecuencia, que la legislatura trató de hacer excepción a sus palabras a fin de evitar resultados de ese carácter. Las razones de la ley en tales casos deben prevalecer sobre su letra." Y la Corte apoyó su conclusión porr referencia a las clásicas ilustraciones que se encuen­tran en Puffendorf y en Plowden. Id., pp. 486, 487.
Aplicando ese principio en Lau Ow Bew v: United States 144 U.S. 47, la Corte decidió que una ley que requiere per­miso del Gobierno chino, y la identificación por certifica­do, de "toda persona china que no sea un trabajador" auto­ri­zada por tratado o por ley del Congreso para venir a los Estados Unidos, no se aplica a comerciantes chinos ya domi­ciliados en los Estados Unidos, que hayan dejado el país temporariamente, animo revertendi, y tratan de reingresar en su retorno a sus ocupaciones y a sus casas. Y en United States v. Katz 271 U. S. 354, 362, interpetando el # 10 de la Ley Nacional de Prohibición de manera de evitar una apli­cación irrazonable de sus palabras si fueran tomadas lite­ralmente, la Corte nuevamente declaró que "los términos ge­nerales descriptivos de una clase de personas sometidas a una ley penal puede y debe estar limitado cuando la aplica­ción literal de la ley conduciría a resultados extremos o absurdos, y cuando el propósito legislattivo extrido del conjunto de la ley estuviera satisfecho por una interpre­ta­ción más limitada. Ver, con el mismo fin, [...citas...].
Consideramos que este principio establecido de interpretación se aplica aquí. No podemos concluir que fue la intención del Congreso al sancionar la ley que su proceso de detección y cumplimiento fuese a ser abusado con la instiga­ción, por funcionarios del gobierno, a actuar por parte de personas de otro modo inocentes de modo de tentarlas a su comisión y castigarlas. No estamos obligados por la letra a violentar el espíritu y propósito de la ley. Ese, entendemos, ha sido el criterio predominante y subya­cente en las sentencias judiciales que sugieren que el Go­bierno en esos casos está impedido de acusar o de que los tribunales deben desestimar la acusación. Si los requeri­mientos de una alta política pública en el mantenimiento de la integridad de la administración precluyera el cumpli­mien­to de la ley en tales circunstancias como las aquí pre­sen­tes, las mismas consideraciones justifican la conclusión de que el caso se encuentra fuera del alcance de la ley y que sus términos generales no deben interpretarse de modo de requerir un procedimiento al mismo tiempo inconsistente con ese política y en pugna con el sentido de justicia. Este criterio no deroga la autoridad del tribunal para tratar los abusos de su procedimiento y obvia la objeción al ejercicio por el tribunal de una atribución de dispensa al prohibir la persecución de quien está acusado de un comportamiento que se presume que cae dentro de la ley.
No podemos aprobar el criterio de que el tribunal, aun­que considerando la ley aplicable a pesar de la inducción por la autoridad, y al acusado culpable, tenga autoridad para otorgar inmunidad, o para adoptar un procedimiento a ese fin. La función del tribunal es interpretar la ley, no impedir su aplicación. La clemencia es función del Ejecuti­vo. Ex parte United States, 242 U.S. 27,42. En ese caso, esta Corte desconoció definitivamente la autoridad de liberar a los acusados, considerando que el tribunal no tenía atri­buciones para suspender indefinidamente las sentencias. La Corte, a través de las palabras del Presidente White, dijo-"si el simple mandato legislativo fijando un castigo específico para el delito estuviera sujeto a ser dejado de lado por una potestad judicial implícita basada en conside­raciones extrañas a la legalidad de la condena, parecería seguirse necesariamente que del mismo modo habría una im­plícita autoridad discrecional para rehusarse a tratar acu­saciones por la conclusión de que un determinado acto que la ley considera delito no debiera serlo. Y de ese modo resul­taría que la posesión por el departamento judicial de la autoridad para rehusarse a hacer cumplir una ley desemboca­ría en la destrucción de los poderes otorgados a los otros departamentos y así no quedaría ley a ser cumplida." Y aun­que reconoció las consideraciones humanas que condujeron a los jueces a adoptar la práctica de suspender indefinida­men­te las sentencias en ciertos casos, la Corte no halló base para aprobar la práctica "desde que su ejercicio en verdad implica rehusarse por el poder judicial a cumplir un deber de su incumbencia y, como consecuencia de eso, inter­ferir con la autoridad tanto legislativa como ejecutiva fi­jadas en la Constitución." Id. pp. 51, 52. Cuando el impu­tado ha sido debidamente acusado de un delito que se en­cuentra previsto en la ley, y las autoridades competentes quieren llevar ade­lante la acusación, el tribunal no puede rehusarse a enten­der en el caso en la metodología constitu­cional, porque de­see que el acusado quede libre.
Las analogías sugeridas con el procedimiento en casos civiles no tienen utilidad. Cuando los tribunales de justi­cia rehusan dar curso a demandas que se fundan en planteos ilegales, la propia ley aplicable niega el derecho a obtener el recupero. Cuando los tribunales de equidad rehusan acor­dar la protección equitativa porque los demandantes no tie­nen las manos limpias, están administrando principios de equidad desarrollados por la jurisprudencia. Pero frente a una acusación criminal necesariamente debe regir la ley que define el delito.
Interpretar las leyes de manera de evitar absurdos o injusticias manifiestas, ajenas al propósito del legislador, es, como hemos visto, una función tradicional y apropiada de los tribunales de justicia. La derogación judicial de las leyes aplicables y válidamente dictadas, afortunadamente, no tiene cabida en nuestro sistema. El Congreso puede siempre, por vía de legislación, si asi lo desea, modificar los efec­tos de la interpretación judicial de las leyes. Entende­mos que es nuestro deber interpretar la ley aquí en cuestión razonablemente y consideramos que está más allá de nuestras prerrogativas efectuar una interpretación irrazonable o con­traria a la política pública y después declinar de aplicar la ley.
La conclusión que hemos alcanzado sobre esas bases tie­ne sus propias limitaciones. Estamos frente a una prohi­bi­ción legal y lo que interesa es asegurar simplemente si, en vista de la política pública y de la adecuada adminis­tración de justicia, la conducta inducida debe considerarse incluida en la prohibición. No tenemos ocasión de considerar casos hipotéticos de delitos tan atroces o repugnantes que la ley aplicable no admitiría excepciones. No es ésa la si­tuación que se presenta aquí. La cuestión debe ser determi­nada en cada caso según los alcances de la ley en conside­ración y a la luz de lo que, equitativamente, puede consi­derarse que hayan sido sus objetivos.
También se sostienen objeciones a la exención basada en haber sido inducido por la autoridad por razones prácticas. Pero las consideraciones de mera conveniencia deben subor­di­narse a los requerimientos esenciales de justicia. El ar­gu­mento está basado en que la admisibilidad de la exención conducirá a la introducción de cuestiones paralelas relati­vas a las actividades de los funcionarios del Gobierno y a la conducta y los propósitos del acusado previo al delito imputado. Pues la exención no consiste simplemente en que el acto en particular haya sido cometido a instancias de los funcionarios del gobierno. Ese es frecuentemente el caso cuando la actuación apropiada de esos funcionarios conduce al revelación de empresas criminales. [cita] La predisposi­ción y el designio criminal del acusado son relevantes. Pero los planteos surgidos y las pruebas presentadas deben ser pertinentes a la cuestión fundamental de si el acusado es una persona de otro modo inocente a quien el Gobierno está tratando de castigar por un delito que es producto de la actividad creativa de sus propios funcionarios. Si ése fuera el caso, es de elemental justicia que se le permita probar­lo. El Gobierno entonces no puede objetar la prueba de las actividades de sus funcionarios con relación al acusado y si éste, a su vez, procura ser absuelto en razón de haber sido inducido, tampoco puede cuestionar que se efectúen encuestas y averiguaciones sobre su propia conducta y sobre su pre­dis­posición. Si en consecuencia se encuentra en desventaja, él es responsable y se debe a la naturaleza de la exención.
Lo expuesto responde al planteamiento del Gobierno de que la exención debe ser invocada ante el tribunal para evitar la sustanciación del procedimiento y que no puede ser introducida con una declaración de inocencia. Tal plantea­miento presupone que la exención depende del acusado y se relaciona con la manera en que debe ser invocada. El Gobier­no considera que es una excepción análoga a la de in­dulto o a la de cosa juzgada. Se supone que el acusado no niega su culpabilidad sino que alega determinados hechos impeditivos independientemente de su culpabilidad o inocen­cia. Esto, según hemos visto, es una tergiversación. La exención es admisible no por el criterio de que el acu­sado, aunque cul­pable, debe quedar libre, sino porque no puede permitirse al Gobierno afirmar su culpabilidad cuando sus funcionarios han instigado el comportamiento. Los tri­bunales federales que reconocen la exención en tales cir­cunstancias lo han hecho con el criterio de que el acusado es inocente. La práctica no ha consagrado el planteo como excepción previa. Fundamen­talmente, la cuestión es si la exención, cuando los hechos la respaldan, hace que el caso quede fuera del alcance de la ley puesto que no puede supo­nerse que el Congreso quiera que el texto sancionado sea utilizado para sostener tal perver­sión de sus propósitos.
Entendemos que de conformidad con las pruebas produci­das en el caso presente la exención de haber sido inducido por la autoridad era admisible y que el tribunal de enjui­ciamiento erró al considerar, --como cuestión de puro dere­cho,-- que no era así; y al rehusarse a someter el punto a la decisión del jurado.
El fallo es revocado y la causa reenviada para su pos­terior sustanciación de conformidad con esa consideración.
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El Sr. Ministro de la Corte McReynolds votó por la con­firmación de la sentencia del inferior.
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Voto por separado del Sr. Ministro de la Corte Roberts.

Los hechos presentados en el voto de la mayoría esta­blecen que un agente de la ley de prohibición instigó la comisión del delito imputado. Los tribunales inferiores con­sideraron que la demostración fue insuficiente, como cues­tión de derecho, para sostener el reclamo de exención por haber sido inducido, y que el jurado había sido adecua­damen­te instruido para que ignorase esa causa de exención en su consideración del caso. Resultó en una condena. El Go­bierno sostiene que la cuestión de la exención no puede ser plante­ada cuando se ha declarado ser inocente, sino que debe ser planteada previamente o resuelta de alguna manera por el tribunal y no por el jurado, y que como el tribunal de en­juiciamiento resolvió adecuadamente la cuestión no hay nin­gún error susceptible de causar agravio. Estimo, sin embar­go, que la sentencia debe ser revocada, pero por razones y fundamentos distintos de los expresados en el voto de la mayoría.
Últimamente la expresión "entrampamiento" ha sido adop­tada por los tribunales para significar la instigación de un delito por funcionarios del gobierno. Los casos en los cua­les tal incitación ha sido reconocida como exención han aumentado a una cifra preocupante. La cada vez mayor fre­cuencia de la afirmación de que el acusado fue inducido se debe indudablemente a la creación por ley de muchos nuevos delitos (por ejemplo la venta y el transporte de licores y narcóticos) y el consiguiente establecimiento de organismos para investigar y castigar a los transgresores. Los esfuer­zos de los miembros de esos organismos para producir arres­tos y condenas han estado muy a menudo señalados por el uso de métodos censurables.
La sociedad está en guerra con las clases delincuentes, y los tribunales unánimemente han entendido que en el des­pliegue de esa batalla las fuerzas de la prevención y de­tección pueden usar trampas, señuelos y engaños para ob­tener pruebas de la comisión del delito. Recurrir a tales medios no supone que la acusación consiguiente sea nula ni que se deban excluir las pruebas así obtenidas. Pero la e­xención que aquí se invoca supone más que obtener pruebas por arti­ficios o engaños. El entrampamiento es la concepción y el planeamiento del delito por un funcionario, y el inten­to de cometerlo por parte de quien no lo habría hecho a no ser por la trampa, la persuasión o el engaño del funciona­rio. Los tribunales federales y estaduales han entendido que la prueba sustancial de la inducción, de la manera en que ha sido definida, requiere que la cuestión se someta al jurado y conduce a una absolución. Las razones invocadas en apoyo de ese procedimiento no han sido uniformes. Se ha sostenido que los actos de sus funcionarios impiden al gobierno probar el delito. También se ha justificado el resultado por la sola afirmación de que cuando se prueba la inducción el acu­sado no es culpable del delito que se le imputa. Fre­cuente­mente la exención ha sido admitida sobre bases de po­lítica pública, que los tribunales han expresado diciendo que no permitirían que sus procedimientos fueran utilizados en ayu­da de confabulaciones para la real creación de un de­lito por parte de aquéllos cuyo deber es disuadir de su co­misión.
Esta corte ha hecho referencia a la doctrina pero, has­ta ahora, no ha tenido ocasión de determinar su validez, las bases sobre las que se sustenta o el procedimiento a ser seguido cuando está en cuestión. El caso presente brinda oportunidad de resolver esos aspectos en cuanto atañe a la administración de la ley penal federal.
Existe consenso en que cuando un funcionario público imagina un delito, lo planea, y activa su comisión por al­guien que hasta ese momento no intentaba cometerlo, con el único propósito de hacerlo víctima de acusación, condena y castigo, la consumación de tan repugnante plan no debe ser permitida por ningún tribunal que se respete a si mismo. Lo mismo es así sea que se trate de un delito del derecho común o provenga de creación legal. La política pública veda ese sacrificio de la decencia. El respeto de esa política re­quiere que el tribunal, cada vez que se invoque por un acu­sado una exención por haber sido inducido, verifique los hechos, pondere sus consecuencias sobre la administración de justicia y adopte las providencias que requieran las cir­cunstancias sobre la prosecución de la causa.
Ese criterio no requiere distinguir entre delitos "mala in se" y delitos legales de menor gravedad; tampoco requiere interpretación legal ni atribuir merecimientos a un acusado culpable; sólo reconoce con franqueza la verdadera fundamentación de la doctrina en la política pública que protege la pureza del gobierno y de sus procedimientos. Los tribunales siempre han rehusado en casos civiles su coope­ra­ción a la perpetración y consumación de planificaciones ilí­citas. Invariablemente han sostenido que una acción civil debe ser desestimada si se basa en transgresiones a la de­cencia esencial, apartamientos de las normas, legales o del derecho común, que expresan la ética en las relaciones de los hombres entre si. Ni los tribunales que aplican la equi­dad ni aquellos que emplean remedios legales toleran el uso de sus procedimientos para consumar un daño. La doctrina del entrampamiento en Derecho Penal es el análogo de la misma regla aplicada en procesos civiles. Y esa es la base real de las decisiones que admiten la exención por haber sido indu­cido, aunque en su manifestación expresa la norma quede di­simulada por la declaración de que el gobierno está impedido o de que no se ha probado la culpabilidad del acu­sado.
Ahora se afirma un nuevo método de racionalización de la exención. Es la interpretación de la ley que crea el de­lito encontrando en ella una condición o previsión en el sen­tido de que si el transgresor ha sido inducido por la auto­ridad la ley no se le aplica. Se sostiene entonces que se trata de respetar la voluntad del legislador. Parece una interpretación extraña y no fundamentada y conduce, de he­cho, a la modificación de la ley. No es una mera interpre­ta­ción amplia, sino el agregado de un elemento no contenido en la legislación. Los elementos que constituyen el delito es­tán enumerados en la ley. Si suponemos que el acusado sea una persona de propósitos elevados, honesto, sin inclinación al delito, --inducido contra su propia voluntad y entendi­miento para convertirlo en instrumento del propósito crimi­nal de otro,--su acción, asi inducida, cae sin embargo den­tro de la letra de la ley y está sujeta a sus penalidades. Considerada en su verdadero significado, la inducción no lo exime a él; su acción, junto con su intención de cometerla, cae dentro de la definición legal; no tiene derecho o excusa por razón de la inducción. No puede en verdad decirse que la inducción lo disculpe o desvirtúe el hecho obvio de la co­mi­sión del delito. No podemos escapar de esa conclusión di­ciendo que en caso necesario la ley debe entenderse como conteniendo una condición implícita de no ser aplicable en caso de inducción. El efecto de esa interpretación es agre­gar a las palabras de la ley una cláusula que le da al acu­sado una doble exención al amparo de su manifestación de inocencia: (a) que lo que hizo no cae dentro de la defini­ción de la ley y (b) que fue inducido. Eso equivale a decir que quien con plena intención comete el acto definido por la ley como delito es, sin embargo, por virtud del mandato no expresado e implícito de la ley, considerado inocente en razón del comportamiento indebido de un tercero. Es un juego de palabras para justificar un temperamento que debe estar basado en el derecho inherente del tribunal de no ser uti­li­zado como instrumento de lo ilícito.
Se dice que en este caso corresponde esa interpretación pero que la cuestión de si una interpretación semejante po­dría requerirse en casos de otros o de más graves delitos no ha sido planteada ante la Corte. De esa manera no se enuncia ninguna regla ni pauta de interpretación sobre cuando una ley deba entenderse que excluye los casos de inducción; y no se sugiere tampoco algún principio de interpretación legal que nos permita decir que se excluyen en algunas leyes y no en otras.

La doctrina se funda, más bien, en una regla fundamen­tal de política pública. La protección de sus propias fun­ciones y la preservación de la pureza de su propio temple pertenece solamente al tribunal. Es el territorio del tri­bu­nal y sólo del tribunal protegerse a si mismo y al go­bierno de esa prostitución de la ley penal. La violación del prin­cipio de justicia por la inducción al delito del inad­vertido debe ser tratada por el tribunal cualquiera sea quien la plantee o el estado del procedimiento en que se pone de ma­nifiesto el hecho. Con toda propiedad puede libe­rarse al preso por un recurso de habeas corpus. También cabe anular la acusación o bien admitirla y dar curso a una ex­cepción previa. Pero tampoco aquí terminan sus atribu­ciones. La comprobación de la inducción, en cualquier estado de la causa, requiere que el tribunal detenga la prosecu­ción, or­dene anular la acusación y ponga en libertad al acusado. En caso de duda sobre los hechos debe someter la cuestión a la consideración de un jurado. Pero cualquiera fuese la conclu­sión, los poderes y los deberes de proceder permanecen en el tribunal y no en el jurado.
Ese temperamento no otorga inmunidad al acusado culpa­ble. Pero acordarle el derecho a una exención no fundada en la ley sino en el criterio del tribunal acerca de lo que se supone que la legislatura haya querido decir, es darle una inmunidad injustificada. Si el tribunal puede interpretar una ley del Congreso de modo de crear una exención para quienes la ley considera culpables no se ve por que razón la misma ley no pueda ser modificada por un procedimiento se­me­jante en cuanto a la penaliad establecida. Pero está re­cono­cido que eso no puede hacerse. Ex parte United States, 242 U.S. 27. El claro distingo entre rehusarse a prestar la ayu­da del procedimiento propio del tribunal para la consu­mación de un hecho ilícito y el intento de modificar por legisla­ción judicial el mandato de la ley sobre el castigo a impo­ner después del juicio y la condena, es tan obvio que no necesita argumentación.
La consideración de la exención como perteneciente al acusado y suscitando una cuestión a ser decidida por el ju­rado llamado a juzgar sobre una genérica declaración de ino­cencia, desemboca en el juzgamiento de una falsa cuestión totalmente ajena a la verdadera regla que debe ser aplicada por los tribunales. Se ha entendido, generalmente, cuando el acusado probó haber sido inducido, que resulta admisible para el gobierno probar en contra que el funcionario res­pon­sable tenía causa razonable para creer que el acusado era una persona dispuesta a cometer el delito. Ese procedimiento ha sido aprobado por decisión del tribunal. La prueba reci­bida en contra no llega generalmente más allá de que el acu­sado tiene mala reputación o fue condenado previamente. La ley en que se basa la acusación, ¿debe interpretarse, ade­más, excluyendo la exención de un acusado en ese caso?
Cualquiera puedan ser los deméritos del acusado o sus previos delitos, no justifican la instigación y creación de un nuevo delito como medio de conseguir castigarlo por sus pasadas infracciones. El cometió el delito en cuestión, pe­ro, supuestamente, solo por la instigación y la inducción del funcionario del gobierno. Decir que esa conducta de un funcionario del gobierno esté disculpada y convertida en innocua por el hecho de que el acusado tenga mala reputación o haya cometido transgresiones previas, es desvirtuar to­tal­mente la razón para rehusar el procedimiento del tribunal frente a una transacción aborrecible. Es de descartar la base de la doctrina y en realidad ponderar las razones de equidad en apoyo del gobierno y del acusado cuando en verdad no las hay que correspondan a este último y cuando la norma que rige no puede basarse en la estimación del bien proveniente de la condena del transgresor por medios indebidos. El procedi­miento aceptado, en realidad, pivotea las condenas en esos casos, no en la comisión del delito imputado, sino en la reputación previa o en algún comportamiento anterior del acusado, que no era materia de acusación.
El principio aplicable es que los tribunales deben es­tar clausurados para juzgar delitos instigados por los pro­pios agentes del gobierno. Ninguna otra cuestión, ninguna comparación de razones de equidad entre el funcionario cul­pable y el acusado culpable, tiene cabida en el respeto de ese principio superior de política pública.
La sentencia debe ser revocada y la causa reenviada al tribunal del distrito con instrucciones de anular la acusa­ción y absolver al acusado.
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Los Sres. Ministros de la Corte Brandeis y Stone coin­cidieron con este voto.