La Garantía contra la autoincrimnación


s/declaración del acusado USA vs. Eu
La perspectiva del garantismo procesal (in dubio pro reo)

El procedimiento penal suele ser presentado en el discurso de los penalistas como un modelo evolucionado respecto de la ordalía. Aún a partir de propuestas críticas como la de Foucault parece registrarse esa dualidad alternativa: establecer la verdad por medio de averiguaciones o confiar supersticiosamente en las fuerzas divinas. En realidad se trata de un discurso etnocéntrico. La ordalía no estuvo nunca relacionada con el conocimiento de la verdad sino con la imposibilidad de determinarla. El hombre del medioevo nunca excluyó el conocimiento empírico, simplemente estableció una fórmula para resolver el conflicto cuando ese conocimiento no alcanzaba. El hombre moderno buscó otras fórmulas para resolver ese mismo conflicto: lograr la verdad de boca del protagonista mediante coerción. El contemporáneo, por su parte, proclamó la extirpación de esa violencia y estableció una fórmula convencional y más humanitaria: en la disyuntiva el conflicto se resuelve a favor de la parte más débil: in dubio pro reo. En sí la regla es tan ilógica como la de dar razón a quien vence en el combate. Ninguna explicación racional sustenta la afirmación de que, en todo caso dudoso, sea siempre la misma de las dos alternativas en disputa la verdadera. Lo que si se consigue con esa fórmula es restablecer el equilibrio desnivelado por las enormes potestades del estado contemporáneo. En suma se trata de restablecer el fair play en un combate que aunque no se asemeje a una ordalía igual parece tener una inspiración agonal del tipo de la que presidía aquellos duelos.


El proceso agonal

Las características de verdadera batalla del juicio desarrollado según el modelo acusatorio (como lo pone claramente de relieve el historiador del Derecho Penal inglés Fitzjames Stephen)[1] son prueba del sentido agonal del enjuiciamiento criminal. También es posible encontrar una característica semejante en el proceso desenvuelto según el modelo inquisitivo.
La ordenanza francesa de 1670, paradigma indiscutido de ese modelo, añadió, a las ya existentes en ese entonces, la distinción de dos especies de tormento --la "question préparatoire" que se aplicaba para obtener la confesión y la "question préalable" que se imponía para conseguir la delación de los cómplices del condenado--, un distingo de dos subespecies de la primera: la "question préparatoire sans réserve des preuves" y la "question préparatorie avec réserve des preuves". La primera implicaba que el acusado quedaba libre si lograba superar el tormento sin confesar; la otra daba lugar, en ese caso, si existían otras pruebas distintas de la confesión, a que se lo condenase a cualquier pena que no fuese la de muerte. En definitiva, un juego a la vez agonal y aleatorio en el que cabía limitar la cuantía de la apuesta.


El sistema acusatorio

Según John Langbein[2] el origen del sistema acusatorio se sitúa en Inglaterra a finales del siglo XVI y en el siglo XVII. Primero con una ley de 1696 permitiendo la asistencia de abogado de los acusados por delito de traición y luego con la práctica, iniciada en 1730, de autorizar a los abogados a repreguntar testigos en nombre de acusados por delitos graves (felonies). De esa manera se transformó el anterior sistema en el que el procedimiento se basaba en la idea de conseguir que “el acusado hable” y se abrió el camino para el procedimiento dominado por los abogados que termina de implantarse a fines del siglo XVIII.
Las causas de la transformación tienen que ver con tres tendencias surgidas en la práctica de la acusación: 1) la de emplear abogados (counsel; barristers) para acusar y abogar en la audiencia y de profesionales del derecho (solicitors) para dirigir el trámite y la investigación previa al juicio; 2) la de establecer importantes recompensas para alentar la persecución de graves delitos contra la propiedad; y 3) la de emplear “testigos de la corona” para obtener como prueba acusaciones de coimputados. Estas dos últimas trajeron el riesgo de testigos falsos y fueron lo que inclinó a los jueces a permitir que los abogados repreguntaran a los testigos de cargo.
También se refiere Langbein a las insuficiencias del sistema inglés derivadas del mantenimiento de la acción privada y de la ineficacia de los jueces de paz legos y, en general, por las carencias del trámite prejudicial previo. De allí desemboca en el surgimiento de las reglas de prueba (Evidence) en el siglo XVIII de las que las más importantes fueron: 1) la de la necesidad de corroborar las declaraciones de coimputados y, 2) la de excluir como prueba las confesiones extrajudiciales sospechosas.
La otra observación interesante es que el proceso penal acusatorio proviene del proceso civil en el que ya estaba establecido desde mucho antes pero con la diferencia de que este último tiende siempre a prescindir del juicio y lograr el acuerdo de las partes centrándose en los términos de las demandas y sus réplicas (pleadings). La otra diferencia es que al hacerse parte en el juicio penal la corona, la víctima podía declarar como testigo bajo juramento cosa que le estaba vedada en el juicio civil, precisamente por ser parte. En el juicio penal, en cambio, el acusado declaraba sin juramento lo que lo ponía en desventaja.


La declaración del inculpado

Para entender la diferente modalidad de la declaración del inculpado en el sistema anglosajón y en el francés, en el sentido de que en uno se toma juramento como testigo y en el otro se entiende que el derecho a no autoincriminarse impide que se haga de esa manera y que la declaración del imputado es distinta de la de un testigo, hay algunas pistas en lo siguiente.
El derecho reconocido por la enmienda V de la Constitu­ción americana es a "no ser compelido a ser testigo contra uno mismo" y tiene una vertiente reconocida a partir de 1965 en un fallo por mayoría de cinco a cuatro: tampoco pueden hacerse comentarios o sacarse conclusiones a partir del si­lencio guardado por el acusado[3]
Pero lo de compeler a ser testigo ("No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself") tiene un significado más amplio que el que se tra­duce como no ser obligado a declarar. Significa no ser con­vocado a declarar y se interpreta que el solo hecho de ocu­par el estrado es algo a lo que hay derecho a resistirse. Chiesa lo dice expresamente y cita un caso de la Corte Su­prema de 1893 en el que se acota el sentido intimidante y embarazoso que, aún para quien sea totalmente inocente, pue­de tener el solo hecho de ser puesto en el banquillo del testigo[4].
Con respecto a la vertiente derivada, es decir a la prohibición de extraer inferencias a partir del silencio, se discuten los alcances de la renuncia que el imputado efectúa al optar por declarar. La cuestión es si, una vez renunciado el derecho a no ser convocado como testigo, está renunciado también el derecho a que no se obtengan inferencias por el silencio que pudo haber guardado antes de eso. En el caso Doyle, resuelto por la Corte Suprema en 1976, en el que se trataba de una venta de marihuana a un agente encubierto, el acusado había guardado silencio al ser arrestado pero en el juicio declaró y dió una versión exculpatoria que el fiscal impugnó por medio de repreguntas que el defensor objetó sin éxito. La Corte entendió que el silencio guardado después de recibir las advertencias de Miranda, no puede usarse para cuestionar la credibilidad de la declaración posterior.[5] En cambio, en el caso "Jenkins v. Anderson", de 1980, la misma Corte admitió las repreguntas del fiscal sobre el silencio del acusado en un caso de homicidio que invocó legítima de­fensa en el juicio pero que había permanecido rebelde duran­te dos semanas. La Corte entendió que el silencio guardado en ese lapso, antes de recibir las advertencias de Miranda, es algo que podía ser invocado para cuestionar la credibili­dad de su declaración.[6]


El juramento en la historia de Inglaterra

Históricamente, según O'Reilly[7], el jurado de presenta­ción del siglo XIII no podía interrogar al acusado o tomarle juramento pero esa restricción no regía para el juicio. En los tribunales eclesiasticos se aplicó el "jusjurandum de veritate dicenda" con el único recaudo de que el acusado fuera de mala fama y la negativa a jurar permitía conside­rarlo culpable "pro confesso". Las luchas religiosas del siglo XVI llevaron a la Corona a adoptar los métodos eclesiasticos con finalidades políticas pero chocaron con los tribunales de derecho común. El presidente de la "Court of Common Pleas", Dyer, consagró la máxima "nemo tenetur seipsum prodere". Se empezó a invo­car en esa época también una estipulación de la Carta Magna de 1215 (la numerada 28) donde se requerían testigos de la mala fama para obligar a prestar juramento. En el siglo XVII se menciona que la Star Chamber sólo podía obligar a tomar juramento en casos de delitos menores (misdemeanors) y sólo después de haber in­formado de los cargos. Las objeciones al juramento inquisi­tivo se extendieron entonces de manera que no sólo se basa­ban en la insuficiencia de los cargos de pre­sentación ini­cial. Aludían a razones de dignidad humana. En 1639 tiene lugar el caso Lilburne en la Star Chamber.
En Inglaterra, según "McCormick on Evidence"[8] el jura­mento inquisitivo, debido a la influencia del Papa Inocencio III, surgió en el siglo XIII y consistió en sustituir el juramento por compurgadores --que era una mera demostración de solidaridad de quienes juraban-- por un interrogatorio activa­mente practicado en las Cortes eclesiasticas. La Star Chamber fue autorizada a aplicarlo en 1487 y un siglo des­pués se aplicó en la "Court of High Commission in Causes Ecclesiastical. También se utilizó en toda clase de juicios criminales el interrogatorio activo, tanto en el interroga­torio previo del magistrado como en el debate. El detalle es que en estos dos casos no se tomaba juramento, pero como manera de evitar una indebida influencia probatoria de las manifestaciones del acusado frente al jurado.
En 1641 se produce el caso de Lilburn, producto de la lucha contra los Estuardos y en 1645 tiene lugar la determi­nación de la Cámara de los Lores de indemnizar a Lilburn por el castigo sufrido al haberse negado a jurar ante la Star Chamber. A partir de entonces los tribunales comunes comen­zaron a restringir la práctica del interrogatorio inquisiti­vo pero la mantuvieron los magistrados en el inte­rrogatorio previo al juicio. La idea de que no debía obte­nerse ninguna confesión por coerción se señala como consenso en 1700 y la supresión en el interrogatorio previo (ante el magistrado o juez de paz) dataría de 1848.
Bentham entendió que era una exageración surgida contra los abusos y que la verdadera doctrina era que resultaba impropio el juramento de oficio impuesto antes de que hubie­ra una acusación o una presentación o denuncia. Según él se trataba, este último, de un procedimiento utilizado políti­camente por influencia de los papas extranjeros o reyes au­toritarios. Cleary entiende que la costumbre surgió más bien como reacción frente a las dos cortes que empleaban el jura­mento de oficio.
Pero las prácticas inquisitivas no fueron eliminadas sino con el el correr del tiempo. Hasta 1696 no se impuso el deber de dar copia de la acusación y permitir la asistencia de abogado y recién en 1701 se acordó el derecho a hacer comparecer compulsivamente los testigos de descargo en casos de delitos graves (felonies). Y el derecho del acusado a declarar en su defensa (testificar sería la traducción lite­ral) surge recién a fines del siglo XIX. Hasta 1899 se en­tendía que estaba inhabilitado para ser testigo por tener interés (la innovación provendría de una ley del Parlamento de 1898 [9]). Desde 1554 y hasta 1848 los jueces de paz ingle­ses utilizaron la práctica del inte­rrogatorio a fondo en la audiencia preliminar.
Según Stephen, la práctica de interrogar a los prisio­neros se extinguió después de la revolución operada en In­glaterra en 1688 en tanto que los tribunales penales adopta­ron la regla del procedimiento civil de que quien es parte no es hábil como testigo[10]. Aparentemente, en materia civil esa regla perduró hasta 1848 aunque se mantuvo después de esa fecha en procesos criminales. Pero, dice Stephen, había dos excepciones: una la imposibilidad de hacerse representar por abogado en casos de delitos graves (felonies) lo que obligaba a que el prisionero debiera hablar por si mismo. Aproximadamente hacia 1883 se autorizó esa representación y eso era lo que permitía que el abogado adujese: "My client mouth is closed".
La otra excepción que cita Stephen es la atribución de los tribunales de magistrados en el trámite previo a la ele­vación a juicio (committing magistrates) de examinar al sos­pechoso. La ubica con la ley de Philip and Mary antes dero­gada y vuelta a sancionar en 1826 y dice que ese examen po­día utilizarse como prueba de cargo en el juicio siempre y cuando no hubiera sido tomado bajo juramento lo que se con­sideraba una compulsión inmoral. La prohibición de toda cla­se de interrogatorios, antes o durante el juicio, dice Stephen, tuvo lugar con una ley de 1848[11].
Sintetizando la evolución según Stephen tenemos, prime­ro, el período anterior a la revolución en el que un juicio criminal se describe así: arrestado el sospechoso se lo man­tenía confinado y era interrogado por el Privy Council o por los jueces, en algunos casos bajo tortura. Cuando el caso se consideraba maduro, se lo arraigaba y se tomaba juramento al jurado. Después de eso empezaba el juicio que consistía de los alegatos de los abogados de la Corona, a veces varios que se repartían los distintos aspectos del caso. El prisio­nero imploraba frecuentemente que se le permitiera responder una por una las alegaciones lo que se le acordaba y se con­vertía entonces el proceso en una serie de altercados entre él y los abogados en forma de preguntas recíprocas.
Luego se produce la evolución señalada y, para la época de la obra de Stepehn (1883) el panorama es que los prisio­neros se encuentran totalmente resguardados de todo interro­gatorio judicial, antes o durante el juicio. Por otro lado, tanto el acusado como su cónyuge están inhabilitados para declarar en su propio interés pero se permite hacer una ma­nifestación voluntaria al finalizar el juicio, momento en el cual, critica Stephen, ya no hay oportunidad de comprobar la corrección de lo que se dice.
En una obra publicada en 1919, "Principles of the Criminal Law", de Seymour Harriss, editada por A.M. Wilshere[12], se explica la máxima "nemo tenetur seipsum prodere" como un principio tradicional del derecho inglés aunque con un paréntesis aclaratorio de que, para ese entonces, debía tomarsela con considerables reservas. Se entiende que de ella derivan las dos vertientes, es decir la prohibición de ser testigo de la acusación lo mismo que de la defensa. La ley de 1898 que hizo excepción a esa doble prohibición y autorizó la declaración del inculpado en su propio interés se menciona con el calificativo de revolucionaria. Se refiere igualmente la mención expresa de esa ley prohibiendo el comentario de la parte acusadora acerca del silencio guardado por el acusado pero con una nota al pié señalando un caso jurisprudencial en el que se estableció que la prohibición no rige para el juez que está autorizado al comentario cuando, a su criterio sea pertinente.
En 1994, en un caso citado por Seabrooke y Sprack[13] se acota esa atribución de los jueces como limitada a la instrucción que debe impartirse al jurado en el sentido de que el ejercicio de ese derecho no hace presumir la culpabilidad del acusado, es decir, que carece de valor probatorio. Está claro que la disposición de la ley de 1898 prohibiendo el comentario se entiende derogada a partir de la ley dictada ese mismo año.
Según esa ley de 1994 (Criminal Justice and Public Order Act) se permite, tanto a magistrados como a jueces y jurados, obtener las inferencias que sean apropiadas del hecho de que el imputado, al ser interrogado por algún funcionario antes de ser acusado, hubiera omitido referirse a algún hecho invocado luego en su defensa (sección 34). También se autoriza a obtener inferencias del hecho de que el acusado no hubiera declarado en el juicio o se hubiera negado a responder sin motivos válidos alguna pregunta cuando esté declarando (Sección 35). En ambos casos está previsto, para que puedan obtenerse esas inferencias, que se advierta previamente al imputado. En el caso del interrogatorio policial, uno de los códigos de práctica dictados de conformidad con la ley de 1984 (Police and Criminal Evidence Act), el Code C for the Detention, Treatment and Questioning of Persons by Police Officers, establece la advertencia obligatoria a formular en los siguientes términos: Usted no está obligado a decir nada. Pero su defensa puede resultar perjudicada si no menciona al ser preguntado algo que usted quiera posteriormente hacer valer ante el tribunal. Todo lo que usted diga podrá ser usado en su contra (Sección 10.4)


En Estados Unidos

A todo esto en los Estados Unidos hay una ley de 1878 permitiendo al acusado testificar en los tribunales federa­les y estableciendo al mismo tiempo la regla de que su omi­sión de hacerlo no puede crear presunciones en su contra. En la práctica de muchos de los estados la inferencia en contra podía invocarse por fiscales y jueces hasta 1965 en que la Corte Suprema extendió la garantía de la quinta enmienda (a través de la enmienda XIV) a los estados en el caso "Griffin v. California"[14] en el que dejó en claro dos cosas: que el fiscal no podía hacer comentarios sobre el silencio del acu­sado y que el juez no podía instruir a los jurados en el sentido de que ese silencio fuera prueba de culpabilidad.
Comentando el antecedente de Singapore, que en 1976 modificó su código de procedimientos para permitir las infe­rencias en contra del acusado que guarde silencio, O'Reilly apunta que también se eliminó, con esa reforma, una alterna­tiva que califica de inusual: la del acusado de de­clarar sin prestar juramento y al mismo tiempo evitar repreguntas [15].


En Francia

La distinta metodología del sistema mixto consagrado con el Codigo de Instrucción Criminal fran­cés de 1808 está explicada por Faustin Helie[16]
En primer lugar recuerda que el interrogatorio del juez de instrucción es una tradición de la inquisición desconoci­da en la legislación romana y que fue generalizada a partir de las ordenanzas de 1536 y 1539. Helie distingue claramente el derecho de audiencia del acusado, --que considera de de­recho natural invariable e inherente a su defensa,-- del interrogatorio inquisitivo en procura de su confesión.[17]
La ordenanza de 1670 dedicó todo un título a ese inte­rrogatorio y estableció la obligatoriedad del juramento que no figuraba, en cambio, en la de 1539. La ley del 8/9 de octubre de 1789 fue la que abolió esa formalidad que Helie consideraba "una costumbre bárbara que ponía al prevenido entre el perjurio y el sacrificio de su honor o de su vi­da".[18]
Sin embargo la ley del 16-29 de setiembre de 1791 y el Código del 3 de brumario del año IV, mantuvieron el interro­gatorio preliminar, sólo que dándole el nombre de "examen" y haciendo que fuese, principalmente, un medio de defensa. A pesar de esto último, advierte el propio Helie, la ley aña­dió sin embargo algún rasgo del antiguo régimen al estable­cer la constancia en acta firmada por el prevenido de sus respuestas al interrogatorio que debía efectuar el oficial de policía. La ley del 7 de pluvioso del año IX que suprimió las funciones judiciales de los oficiales de policía, prosi­gue Helie, restituyó al interrogatorio su antigua tendencia y el código de 1808, poco explícito en este aspecto, conser­vó los mismos errores.[19]
El famoso carácter ambivalente del interrogatorio --como medio de defensa y también de instrucción-- era, se­gún Helie, el mismo que tenía en las ordenanzas de 1539 y 1670[20]. Aunque convencido defensor del sistema, Helie se hace cargo de su rechazo en la legislación inglesa y ameri­cana y admite, inclusive, entre los argumentos en contra: "Cet interrogatoire, en effet, vient lui demander son propre témoignage contre lui-mème" (como si estuviera afirmando lo contrario de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, agrego yo).
Los argumentos a favor esbozados por Helie son ilustra­tivos de la ideología del sistema mixto y vale la pena transcribirlos textualmente. Están expresados en forma de interrogaciones asi: ¿Pero el respeto de la defensa debe llegar hasta rehusar de oir las confesiones espontáneas y voluntarias del prevenido o las alegaciones evidentemente mentirosas en que se lo dejó incurrir? ¿No hace falta adver­tir que el interés en la represión de los delitos, uno de los más grandes intereses de la sociedad, indica el empleo de todos los medios de instrucción que no sean contrarios a la moral o a los derechos de los ciudadanos; y que el inte­rrogatorio, cuando está exento de toda coerción, es un acto en si perfectamente legítimo, puesto que no tiene otro pro­pósito que requerir al prevenido sus explicaciones sobre la prevención que pesa sobre él?[21]
Stefani y Levasseur se hacen cargo de la diferencia del sistema británico que explican por el carácter acusatorio de este último aún durante la instrucción. Justifican la moda­lidad francesa que, dicen, considera el interrogatorio un acto normal útil a la averiguación de la verdad pese a que su falta de sinceridad no sea penalmente reprensible y que, por supuesto, sirve para el descargo del inculpado. Pero no bien consignan esto advierten la necesidad de precauciones para resguardar la dignidad humana y los derechos de la de­fensa previniendo de la provocación "brutal" de confesiones o revelaciones por todos los medios incluso desleales o crueles.[22]


Las reglas “Miranda”

Desde el ángulo de la inmunidad que permite obligar a declarar en el sistema americano, lo mismo que en la especi­ficación de las advertencias del caso "Miranda" se obtiene también algún esclarecimiento de la cuestión. Hace falta tener en cuenta para eso otras dos cosas características del proceso penal anglosajón: el carácter parcial de todo testigo – que no es del tribunal sino de la parte – y las excepciones a la prohibición del testimonio de oídas cuando se trata de la confesión extrajudicial.
La primera se entrecruza, a la vez, con una distinción: la de la declaración requerida por la parte contraria y la declaración pedida por el mismo inculpado. Una es una impo­sición a la que hay derecho a negarse y la otra es un dere­cho que puede hacerse valer. Pero en tanto está claro que no da lo mismo ser testigo de una que de otra parte, no hace falta ninguna distinción más sutil para saber cuando se está frente al derecho y cuando se trata de la imposición. El Derecho Procesal Penal continental en cambio, se elaboró a partir de una distinción más sutil: una cosa es la declara­ción de un testigo y otra la del propio acusado. Pero en tanto no cabe distinguir la parte que convoca al testigo puesto que, en todo caso, este responde al deber de declarar ante el tribunal de manera imparcial, mucho menos se puede distinguir en función de la iniciativa de convocar al acusa­do. Entonces surge la necesidad de la otra distinción: la de la declaración como medio de defensa y como medio de ins­trucción. Se trata de un distingo teórico: la ambivalencia resulta inevitable. Una cosa es que se pueda distinguir si quien provoca la declaración es quien se defiende o quien acusa y otra es que la misma declaración sirva indistinta­mente para las dos cosas.
A partir de esa observación parece posible entender, entonces, que la supresión del juramento que, en teoría, responde a una fundamentación inobjetable (no es un testigo y no está obligado a declarar), constituye más bien un modo de compensar el sesgo autoritario e inquisitivo implícito en el hecho de obligar a comparecer al estrado a aquél que no tiene porque declarar. Falta añadir otro rasgo del proceso anglosajón desconocido en la práctica continental que, de algún modo sirve también al pretexto de la necesidad de po­ner al acusado en trance de manifestarse públicamente. Me refiero al arraigo del proceso anglosajón en el que el acu­sado comparece obligado y en el que tiene el deber de res­ponder a cada uno de los cargos declarándose culpable o ino­cente. La ausencia de esta práctica en el proceso continen­tal justifica también la comparecencia forzada.
En lo del testimonio de oídas y sus excepciones, el subterfugio corre por cuenta del derecho anglosajón. Se tra­ta de la regla que establece que la confesión del inculpado, por ser tal, únicamente se entiende factible de aportar como prueba en el juicio a través del testimonio de terceros (si el acusado estuviera dispuesto a confesar ante el tribunal se habría declarado culpable y no habría habido juicio algu­no). Está claro, por lo tanto, que cuando se habla de la confesión en el derecho procesal penal anglosajón, se habla de una confesión extrajudicial, a lo sumo hecha ante un ma­gistrado o juez de paz y, las más de las veces, volcada por escrito y firmada.
La consecuencia interesante que es posible extraer permite explicar una aparente redundancia de las reglas Miranda: sus dos primeras advertencias – que tiene derecho a negarse a declarar y que lo que diga podrá ser utilizado en su contra – no son una obvia reiteración. La primera se refiere a la declaración durante el juicio y la segunda a lo que diga en ese mismo momento.
Esa explicación lógica, sin embargo, resulta tergiversada con otra modalidad del proceso penal estadounidense: el otorgamiento de inmunidad por lo declarado que se emplea para procurar testimonios que sirvan de prueba favoreciendo a unos en contra de otros. La cuestión parecería plantearse así: el derecho a negarse a declarar es consecuencia de la advertencia enunciada después de informar sobre el derecho de abstención. O sea: puesto que lo que diga puede usarse en su contra es que tiene derecho a abstenerse. Ergo, sigue el fundamento de la inmunidad, si se quita la conse­cuencia, desaparece también la causa y puede obligarse a declarar a aquel a quien se asegura que lo que diga no podrá usarse en su contra.



[1] Sir James Fitzjames Stephen A History of The Criminal Law of England, Londres, 1883, Macmillan & Co., vol.I

[2] The origins of adversary criminal trial, (Oxford University Press, Oxford, U.K., New York, U.S.A., 2003)

[3]"Griffin v. California" 380 U.S. 609 citado por Chiesa Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, vol. I, pag. 120 y sigs.

[4]"Wilson v. United States, 149 U.S. 60, 66 citado por Chiesa "Derecho Procesal Penal de los Estados Unidos y de Puerto Rico", pag. 119.

[5]"Doyle v. Ohio" 426 U.S. 610

[6]"Jenkins v. Anderson" 447 U.S. 231 (1980)

[7]Gregory W.O'Reilly England limits the right to silence and moves towards an inquisitorial system of justice en The Journal of Criminal Law & Criminology, vol. 85, #2, 1994, pag. 402/452.

[8]Gregory W.O'Reilly England limits the right to silence and moves towards an inquisitorial system of justice en The Journal of Criminal Law & Criminology, vol. 85, #2, 1994, pag. 402/452.

[9]Op. cit. nota 155 de pag. 148.

[10]Sir James Fitzjames Stephen, op. cit., vol. I, pag.440.

[11]Op. cit. pag. 441.

[12]Edición 13ra., Sweet & Maxwell, Londres

[13]Stephen Seabrooke & John Sprack "Criminal Evidence and Procedure: The Statutory Framework", Gran Bretaña, Blackstone Press, 1996, pag. 73

[14]380 U.S. 609

[15]Gregory W.O'Reilly, op.cit. nota 124 de pag. 424.

[16]M.Faustin Helie Traité de l'Instruction Criminelle ou Théorie du Code d'Instruction Criminelle, 2da. edic., París, 1866.

[17]Op.cit., t.IV, pags. 561/2/3.

[18]op.cit., T.IV, pag. 572.

[19]op.cit., T.IV, pag. 564/5.

[20]op.cit., T.IV, pag. 565.

[21]op.cit., T.IV, pag. 567.

[22]Gaston Stefani et Georges Levasseur Droit Pénal Général et Procédure Pénale, T.II, París, 1968, ed. Dalloz, pag. 362.