La Justicia y el oficio de investigar


Lunes 15 de agosto de 2005

Lunes 15 de agosto de 2005

Por Edmundo S. Hendler para LA NACION



Una expresión contenida en el Génesis, según señalan los estudiosos del texto bíblico, alude al demonio con un vocablo del antiguo lenguaje babilónico que se empleaba, originariamente, para designar a los funcionarios judiciales encargados de las investigaciones preliminares, es decir, a lo que hoy llamaríamos un juez de instrucción.

Según parece, la significación demoníaca del vocablo proviene del papel que desempeñaban las deidades que llevaban a juicio a los acusados. Esas deidades habrían tenido una naturaleza ambivalente, benévola y maligna a la vez.

La ambivalencia parece ser también la característica de los actuales jueces de instrucción. La función que desempeñan tiene origen en la codificación napoleónica de principios del siglo XIX y conserva un claro parentesco con la de los inquisidores de tiempos más remotos. Surgió cuando ya estaban atemperados los fervores de la Revolución Francesa y constituye la característica de lo que se conoce como sistema judicial mixto, así llamado porque se divide en dos etapas: una que responde a las modalidades del antiguo régimen de tendencia inquisitorial y otra que incorpora modalidades del proceso democrático.

La primera de esas etapas, que es la que incumbe a los jueces de instrucción, es una "inquisición", o encuesta, una investigación que se realiza por iniciativa de las autoridades. Las partes tienen poco que decir en esa etapa. El juicio público y el debate entre ellas tienen lugar después, en la segunda etapa. El grave inconveniente del sistema mixto es que resulta difícil sustraerse a la influencia de las investigaciones iniciales.

Ese predominio de las investigaciones de la autoridad por sobre los debates públicos conduce a que el sigilo sea preferido a la transparencia y termina por confundir sobre los roles de la función judicial misma. La meta fundamental de esta última es el juzgamiento imparcial, lo que supone una actitud equidistante entre quien acusa y quien se defiende.

Esa actitud es obviamente incompatible con cualquier otra que comprometa la opinión de quien debe juzgar. Quien se empeña en averiguar la verdad para descubrir al culpable queda comprometido con esa tarea y pierde equidistancia. No por ninguna inclinación perversa, sino por una muy comprensible e inevitable tendencia a apreciar la obra propia.

Pigmalión y la novela policial

Es la anécdota mitológica de Pigmalión, enamorado de la estatua que él mismo había esculpido. En la mitología helénica, Pigmalión era el rey de Chipre, enamorado de una estatua de la diosa Afrodita. En la versión del poeta Ovidio, fue un escultor que realizó en marfil su ideal de femineidad, al que Venus dio vida posteriormente. Varias realizaciones literarias toman al personaje como emblemático del amor por la propia obra, entre ellas la pieza teatral Pigmalión, de Bernard Shaw, posteriormente llevada al cine como musical, con el título de Mi bella dama.

La investigación, por ende, es tarea que sólo muy limitadamente puede ser desempeñada por un juez y, en todo caso, con una actitud ambivalente.

Sin embargo, es cada vez más frecuente que se aluda a la tarea de un juez como la de "investigar", contribuyendo a una confusión que se descubre hasta por razones idiomáticas. El verbo que corresponde a la familia del sustantivo "juez" es "juzgar", no "investigar".

Lo mismo se descubre en la literatura. La novela policial, ese género al que Roger Caillois consideraba el más claramente novelesco de los géneros, ha creado muchos personajes capaces de develar el misterio propuesto por la trama, comenzando por el tradicional detective privado y comprendiendo también a policías y aficionados de distinta índole. Pero jamás se le ha ocurrido a alguno de los autores de un género tan popular y de producción tan abundante poner a un juez en el personaje que consigue descubrir quién es el verdadero culpable.

Lo cierto es que hay razones que explican ese desentendimiento de los autores de ficción detectivesca. La realidad comprueba que la labor de un juez es un impedimento para poder llevar a cabo averiguaciones sagaces. En primer lugar, desde luego, porque le incumbe también, y en primer lugar, resguardar los derechos de cada uno, entre ellos, los del sospechoso. Pero, por otra parte, un juez no dispone de equipamiento, laboratorios ni gabinetes científicos, ni puede desplazarse de manera oculta o espiar o interrogar de manera suspicaz. Su tarea está circunscripta a los estrados de un tribunal y sus únicos colaboradores no se suponen entrenados para esa clase de actividades.

La función misma de un juez de instrucción se encuentra en la actualidad sometida a cuestionamiento. Ya hace años que Alemania e Italia se apartaron del modelo de la codificación napoleónica y confiaron la instrucción a los fiscales. En la misma Francia surgieron arduos debates sobre el papel de los jueces de instrucción, que, si bien no llegaron a ese mismo resultado, culminaron con reformas adoptadas en los últimos años, que han terminado por acotar estrictamente las atribuciones de esos jueces. Varias provincias argentinas, entre ellas Córdoba y Buenos Aires, en tren de modernizar sus instituciones judiciales, han optado por un camino semejante al de Italia y Alemania.

En los tribunales nacionales, en cambio, se mantienen las viejas estructuras y se da pie a que los jueces hagan tareas de detectives. Eso contribuye, entre otras cosas, al ya señalado trastrocamiento del vocabulario. Hoy en día, en el lenguaje común y cotidiano, en el estilo coloquial o en el de los medios de comunicación masivos, lo mismo que en la jerga tribunalicia e incluso en los ámbitos académicos, se habla de la Justicia como la encargada de la "investigación".

El equívoco que eso produce, aparte de sus perfiles de precisión jurídica o idiomática, tiene otros contornos que deberían ser bastante preocupantes: los jueces cargan con la responsabilidad de los muchos casos en que el fracaso de las investigaciones frustra las expectativas de la sociedad. Cada vez que la opinión pública resulta decepcionada por la imposibilidad de establecer culpabilidades, se achaca el déficit a la Justicia.

Se fomenta, de ese modo, una tergiversada imagen de lo que debe ser la función de los jueces, dando a entender que ellos deberían "hacer justicia" de cualquier manera, aun cuando no se sepa a quién juzgar. Mientras tanto, sigue pendiente la modernización de nuestras instituciones judiciales en ese aspecto. Tal vez sería bueno comenzar por enmendar el lenguaje y apartar así a los demonios que, sin querer, convoca, ya desde el génesis, una Justicia que, en vez de juzgar, investiga.

El autor es profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Buenos Aires.
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