Responsabilidad por el hecho ajeno o vicariante



Encarado como el tema de la participación en una infracción materialmente cometida por otro, Pradel pone el ejemplo de Francia e Inglaterra en que son muy extensas las excepciones al principio de que sólo se responde penalmente por el hecho propio. Este último estaría consagrado en la jurisprudencia inglesa en un caso de 1730. En Francia rige el art. 121-1 del Código Penal.

La determinación de cuáles son los delitos en los que cabe la excepción en Francia es, mayormente, de la jurisprudencia; son raros los textos legales que se ocupen expresamente. Se incluyen en la excepción los casos de industrias reglamentadas en los que el empleador responde por el hecho de sus empleados. El criterio es sumamente amplio al entenderse que se refiere a reglamentaciones generales como las de derecho laboral o social.

En Inglaterra está, por ejemplo, el caso de ciertas contravenciones al bienestar común public nuisances, delitos del common law que admiten la posibilidad de responsabilidad vicariante. Es más frecuente esta responsabilidad en delitos de creación legislativa. La dificultad es si cabe o no y la determinación es cuestión de interpretación jurisprudencial según el caso. El leading case data de 1917 y fija un criterio bastante vago: si la ley veda una acción o establece un deber en términos tales que la prohibición sea absoluta.

La determinación de quienes son los autores del hecho que generan esa responsabilidad remite al concepto de "encargado" (préposé en francés) y es más amplia en Inglaterra que en Francia.

En cuanto al dolo, en Francia el empleador puede eximirse si prueba que ha tomado las medidas necesarias al delegar funciones al encargado. En Alemania también pero con la advertencia de que la prueba incumbe al acusador. En Inglaterra se consagra la responsabilidad absoluta u objetiva (strict liability) pero si se trata de delitos que requieren dolo (mens rea) el empleador puede liberarse si prueba que su subordinado obró sin dolo o que hubo una delegación consentida por el subordinado.

Bélgica y España son mencionados por Pradel como otros países en los que, igual que en Francia e Inglaterra, se admite ampliamente la responsabilidad por el hecho ajeno. Brasil y Suiza como ejemplos contrarios en los que se ignora esa forma de responsabilidad. Japón y Austria son ejemplos de una posición intermedia en que se la reconoce limitadamente en ciertos delitos económicos. [1]

En el derecho argentino el leading case podría ser el de Lectoure contra Bartolomé Mitre (Fallos 300:100) en que se interpretó que la norma que hace responsable de delitos contra el honor al que publica las injurias o calumnias inferidas por otro no excluye la comprobación tanto objetiva como subjetiva de la acción atribuible al imputado.


RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS Y SUS AGENTES


La fórmula empleada por la ley de Régimen Penal Cambiario abarca todas las situaciones concernientes al problema de las personas jurídicas. En primer lugar describe delitos comunes, no especiales o de deber. Por consiguiente incurre en ellos cualquier persona que, por ejemplo, opere en cambios o formule una falsa declaración. No está restringido a quienes son operadores de cambio autorizados. Entonces tampoco importa que interpongan una persona jurídica; rigen los principios comunes de autoría y participación y, por lo tanto, responde quién lleva a cabo el hecho con todas las salvedades concernientes a la autoría mediata y a la complicidad.

f) Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona de existencia ideal también será sancionada de conformidad con las disposiciones de los incisos a) y e).
La multa se hará efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los patrimonios particulares de los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la comisión del hecho punible;

Queda de esa manera establecida la responsabilidad de la persona jurídica y las condiciones en que surge. Complementariamente está prevista la solidaridad de los mandatarios por su intervención en el hecho. Desde el punto de vista del Derecho Civil es una responsabilidad heterodoxa porque hace excepción a la regla general del mandato que consagran los arts. 1930 y 1946 del C.Civil. Si la consideramos penal viene a ser una norma redundante: la intervención que se requiere tiene que alcanzar el grado de complicidad y eso ya está previsto en el Código Penal.

Por contraste la formula del Código Aduanero es incompleta. Aunque los tipos que describe son, en principio, delitos comunes y no especiales (sólo son especiales los delitos de los funcionarios del art. 868 y los culposos del art. 869) hay una penalidad para la persona jurídica denominada solidaridad que parece de carácter absoluto. No sólo responde si el agente obró en ejercicio de sus funciones; también le cabe sanción si el agente obró en ocasión de ellas lo que deja margen para que se castigue aún en casos de evidente aprovechamiento abusivo en su perjuicio. La jurisprudencia de la Corte, por ejemplo en el caso "Loussinian" dictado en 1991 (por mayoría; Fallos 314:775), morigeró esa interpretación al hacer hincapié en que, en el caso, mediaba una actitud pasiva de los órganos sociales que permitió la consumación del hecho.

Pero el carácter incompleto de la fórmula resulta de que está prevista la cancelación de personería de la entidad sin indicación de cuáles son los casos en que cabe una sanción de esa gravedad.

i) El retiro de la personería jurídica y, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio, cuando se tratare de personas de existencia ideal.


887. Las personas de existencia visible o ideal son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las penas pecuniarias que correspondieren a éstos por los delitos aduaneros que cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

888. Cuando una persona de existencia ideal fuere condenada por algún delito aduanero e intimada al pago de las penas pecuniarias que se le hubieren impuesto no fuera satisfecho su importe, sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables responderán patrimonialmente y en forma solidaria con aquélla por el pago del importe de dichas penas, salvo que probaren que a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal condición.

La fórmula referida a la responsabilidad solidaria de los agentes de la persona jurídica es mucho más severa y objetiva que la de la ley de Régimen Penal Cambiario: en lugar de poner la condición de haber intervenido en el hecho, da a entender que basta investir la calidad a la época del hecho para incurrir la responsabilidad solidaria.

De los juicios de Nuremberg se extrae la siguiente doctrina:

La argumentación principal propuesta por los acusados en el sentido de que únicamente los estados y no las personas individuales podían ser considerados culpables de crímenes de guerra, fue rechazada. El tribunal estableció que los delitos de derecho internacional son cometidos por personas individuales y que únicamente castigando a quienes cometen esos delitos se respetan las disposiciones de la ley internacional[2]



[1] Jean Pradel Droit Pénal comparé, París, Dalloz, 1995, pag. 271 y sigs.

[2] In rendering these decisions, the tribunal rejected the major defenses offered by the defendants. First, it rejected the contention that only a state, and not individuals, could be found guilty of war crimes; the tribunal held that crimes of international law are committed by men and that only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced. Encyclopædia Britannica, Inc., 1994-2001, voz Nurnberg Trials