Identifíquese. Apuntes para una historia del control de las poblaciones.


Identifíquese

I. La identificación de personas en los aeropuertos estadounidenses
Agradezco a los promotores de este merecido homenaje haberme ofrecido la oportunidad de participar pues así me permiten, por un lado, demostrar el cariño y el reconocimiento que le profeso a Julio Maier y, por otro lado, plasmar un tema de discusión que él mismo sugiriera. El profesor homenajeado es conocido por formar investigadores en el ámbito universitario. Ello, evidentemente, lo ha realizado de manera principal a través de la docencia y de la organización de seminarios de estudio. Pero también se ha ofrecido a hacernos pensar de forma mucho más informal y divertida. En efecto, Julio Maier es un gran conversador y esta faceta de su magisterio no cambiará con su anticipada retirada del ámbito académico.
En un reciente paseo junto a María Inés por Barcelona, me señaló que ciertas prácticas estatales de política preventiva, o de acción directa, afectan en mayor medida que la propia pena a las garantías protectoras de los individuos. A pesar de ello es escaso el interés demostrado por la dogmática jurídico-penal y sus cultores garantistas, tanto prácticos como académicos, y por ello poco se sabe de estas prácticas y son casi nulos los límites impuestos desde el derecho.
Yo quisiera unir este tema con otro que es recurrente en el profesor Maier, al menos en los últimos tiempos. Son conocidos sus reparos y temores frente a las políticas implementadas por los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, al igual que sus objeciones a las formas jurídicas y académicas del universo angloamericano. En todo caso pueden observarse sólo con recurrir al debate que ha sostenido con el profesor Jaime Malamud Goti en la revista “Nueva Doctrina Penal”.
En concreto, analizaré en este artículo una medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos dentro de una nueva política del control de las poblaciones guiada por el miedo y por la tentación de reducir riesgos. Garland señaló que la “cultura del control” criminal se manifiesta en los últimos treinta años a través de medidas criminológicas de mero control (lo que otros autores han llamado “actuarialismo”), de un razonamiento economicista, y de un cambio en la penalidad del Estado de bienestar[1]. Trataré de demostrar que la idea del control es también consustancial al Estado de bienestar, y en realidad al mismo “Estado”. Desde que la ampliación de los mercados permite una movilidad imposibilitadora de las relaciones “cara a cara”, se crearon las modernas burocracias (las weberianas “jaulas de hierro sin las cuales no podríamos vivir”) justamente para controlar a los individuos. Este control aumenta cuantitativa pero no cualitativamente cada vez que las tecnologías permiten mayores desplazamientos. Es probable que esté fuera de nuestras decisiones el avance tecnológico, del mercado, de las burocracias estatales y del control. Sin embargo sí que dependen de elecciones políticas que esos controles tengan como finalidad cumplir los derechos humanos y no vulnerarlos, así como que los mismos estén sometidos a límites razonables.
La medida de control que “dispara” este ejercicio es muy reciente y afecta en especial a los extranjeros. En efecto, desde fines del año 2003 quien quiera entrar en Estados Unidos con una visa será fichado, identificado, fotografiado y deberá dejar sus huellas digitales (y una nueva huella de identificación basada en la retina) al hacerlo a través de un aeropuerto u otra frontera legal. Para el 2004 se planea extender este control en base a un nuevo pasaporte “inteligente”, que deberán adoptar todos los Estados.
Las reacciones en contra no se han hecho esperar en el ámbito intelectual latinoamericano y europeo. Por ejemplo, Eduardo Galeano, escribió un artículo en el diario “Página 12” del domingo 25 de enero de 2004[2], en el que criticaba tal medida por coartar derechos, como el de privacidad, de ciudadanos extranjeros y, además, señalaba como un acto de justicia retributiva que en los aeropuertos brasileños se someta a idéntica obligación identificatoria a los ciudadanos estadounidenses.
Desde Europa Giorgio Agamben, en un artículo publicado en el diario “Le Monde” el domingo 11 de enero de 2004[3], anunció que no va ir a dar un curso al que le habían invitado por no querer someterse a ese procedimiento. Para este notable pensador italiano, el fichaje electrónico de las huellas digitales y de la retina (el tatuaje subcutáneo, según su denominación) como otras prácticas del mismo género, son elementos que contribuyen a fundar una nueva era biopolítica (en el sentido foucaultiano). Así, al aplicar a todo ser humano las técnicas y dispositivos que fueron inventados para las clases peligrosas, los Estados, que deberían constituir el lugar mismo de la vida política, han hecho del ser humano el sospechoso por excelencia, hasta el punto de que es la humanidad misma la que se ha transformado en clase peligrosa. De esta forma confirmaba ideas previamente sostenidas sobre el paso de Atenas a Auschwitz, como paradigma político de Occidente. Agamben recordaba que el tatuaje fue utilizado como el modo más normal y económico de organizar la inscripción y el registro de los deportados en los campos de concentración.
La extensión masiva del control de la población, así como la mayor atención que han puesto algunos intelectuales sobre los dispositivos cotidianos a que deben someterse los individuos, son dos consecuencias del acontecimiento 11 de septiembre. Lo segundo es importante pues permite planificar “resistencias” a la implementación, desde antes de esa fecha, de una estrategia adecuada a las “sociedades de la vigilancia”[4]. Lo primero es peligroso en tanto justifica tal estrategia. Pero ni la técnica de la que aquí se habla ni la estrategia de la vigilancia, constituyen una novedad ni, mucho menos, un “invento” estadounidense. Lo que quiero señalar aquí, siguiendo la sugerencia de Agamben, es que “fichar” a los grupos de riesgo y, finalmente, a toda la población, ha sido un recurso utilizado por gobiernos autoritarios, pero también ha sido coetáneo a la creación de identidades en la modernidad. Desde la aparición del Estado, y singularmente con el Estado de derecho y luego el Estado social, la identidad colectiva ha necesitado de la identificación individual para existir. Saber quién es el otro con sólo mirarlo ha sido la obsesión del control desde la época moderna y a pesar de la innovación tecnológica, como señaló Christie, “en el campo del control social, rara vez se introducen invenciones radicalmente nuevas”[5].


II. De la indagación a la identificación. Origen de la policía y del actuarialismo.
Este intento de “fichar”, de controlar mediante el conocimiento de lo existente, tanto a personas como a bienes, es coetáneo al momento señalado por Maier como de surgimiento del método inquisitivo. Entonces comenzaron las iglesias a registrar nacimientos y muertes, entonces se empezaron a regular las ciudades emergentes, entonces principiaron y se iniciaron los controles sanitarios alternando los métodos disciplinarios de la peste con los excluyentes de los leprosos[6]. A estos, como a otros parias, se los expulsaba o se los encerraba. Pero en todo caso, todos debían estar identificados. Se trataba de hacer que todo fuera ostensible para evitar “engaños” a la autoridad naciente. Y como producto del cambio político que significó la aparición del Estado y del mercado capitalista nació también la “prevención”, la posibilidad de que unos funcionarios investigaran en base al rumor público la comisión de lo que desde entonces caracterizará lo reprimible, los delitos[7]. Estos funcionarios serían los procuradores, encargados en principio de vigilar la renta del rey a través del aseguramiento en el cobro de impuestos.
El origen “administrativo” de la encuesta judicial se verifica en los métodos de los primeros monarcas de aquellos Estados que darían un marco estable al mercado capitalista. Estos soberanos debieron hacer una enorme indagación sobre las propiedades, las personas, el beneficio que obtenían y la situación de los impuestos. El primer ejemplo que existe de esta práctica es el Domesday Book que encargó Guillermo el Conquistador al dominar la isla de Gran Bretaña en el año 1066[8]. Con posterioridad los reinos del continente europeo, como Francia, Castilla o Aragón, realizarían idénticas prácticas para consolidar Estados absolutistas, para los cuales la Iglesia había aportado su experiencia en relevar sus bienes con emisarios y en imponer una visibilidad total de los súbditos a través de la confesión.
Estas prácticas de contar e individualizar eran habituales en los intentos anteriores de centralizar el poder, como en el imperio carolingio, y remiten al Imperio romano, que fue el primero en establecer censos sobre su población con la finalidad del control policial e impositivo (basta recordar el nacimiento de Jesucristo).
Durante el Estado absolutista, y junto a estos controles que darían cuenta de la población y bienes de los dominios del señor, se realizó otro “invento” no reseñado por Foucault: el de los pasaportes y papeles de identificación. Con el objetivo de regular los ilegalismos como el contrabando, pero sobre todo de controlar los flujos de poblaciones y las falsas representaciones de condición social (o raza, edad, género, etc.), los reyes absolutistas como los franceses, y también los pequeños señores alemanes e italianos, impusieron la necesidad de contar con un pasaporte para desplazarse de su terruño o para arribar a las cortes y ciudades[9]. Los que no portaban esos privilegiados papeles, en cambio, tenían que lucir ropas, peinados u otras señales para identificarse a simple vista: a los convictos (pero también los enfermos, mendigos, locos y creyentes de otras religiones) solía cortárseles un miembro o tatuárseles una letra o dibujo que a simple vista permitiera saber “quienes” eran[10]. Simular una identidad “no real” constituiría la “traición” más peligrosa en momentos de expansión de mercados y Estados a golpes de conquistas y guerras, de expulsiones y grandes encierros.
Todo ello cambiaría con la misma Revolución francesa. Una de las demandas acogida en la Constitución de 1791 fue la de derogar los controles de pasaportes y con ellos las restricciones de movimientos por motivos de clase. Sin embargo en 1791 surgió la necesidad de crear una identidad de “ciudadano”, con lo que apareció el moderno pasaporte que acredita la pertenencia al Estado (identificado a su vez con una nación, una lengua, una bandera)[11]. Con la Revolución francesa los registros particulares de las iglesias, y los pases limitados a personas importantes, se estatalizaron y universalizaron[12].
El siglo XIX sería una época de verdadero laissez faire económico, reflejado en la abolición de “aduanas interiores” pero el vagabundo, el pobre, seguía siendo sospechoso por definición (como dice la cita de Norman con la que Torpey inicia su investigación) y deberían inventarse formas específicas de controlarlo sin obstaculizar la libertad de mercaderías e incluso de trabajadores.
Aunque los controles identificatorios serían una excepción hasta el siglo XX es entonces, en la constitución de los Estados nacionales durante la modernidad industrial o estricta contemporaneidad, cuando se gestó el control biopolítico al que responden los controles aeroportuarios que he mencionado, pues la construcción de una identidad nacional requería de la identificación de los “ciudadanos”. La nueva lógica identificatoria construirá “identidades” nacionales atacando las diferencias culturales[13]. Este será el primer intento de controlar “incluyendo”, aunque a la vez generará una nueva forma de “exclusión”.
Se produjo entonces un aumento de las burocracias estatales y un refinamiento eficientista de los controles poblacionales. Esto tendría terribles consecuencias en el siglo XX, y que aún son de temer.
Por un lado, los censos fueron mejorados e implementados en gran escala: desde 1790 los recién independizados Estados Unidos realizarán un censo general de la población cada diez años, e Inglaterra organizó el primer censo moderno en 1801 con la finalidad de saber cuantos jóvenes podían luchar en las guerras napoleónicas[14]. Para evitar el incumplimiento con las obligaciones militares, en Francia se obligó a toda la población (en especial los judíos) a inscribirse en los recientes registros estatales, que serían controlados desde 1820 por el Ministro de Justicia y los fiscales[15].
Por el otro lado, aparecieron sistemas de control relacionados con el sistema penal. Los nacientes cuerpos de policía recibieron la legitimación de los sistemas penales liberales pero no sus límites, que estarían reservados –en todo caso- al proceso de imposición de condenas. El Código de Instrucción Criminal francés de 1808 es buen ejemplo de ello[16]. Foucault evocó la presentación de su texto, formulada por el jurista del régimen napoleónico Treilhard, en la cual se advertía que “el procurador no debe tener como única función la de perseguir a los individuos que cometen infracciones; su tarea principal y primera ha de ser la de vigilar a los individuos antes de que la infracción sea cometida. El procurador no es sólo un agente de la ley que actúa cuando ésta es violada, es ante todo una mirada, un ojo siempre abierto sobre la población. El ojo del procurador debe transmitir las informaciones al ojo del Procurador General, quien a su vez las transmite al gran ojo de la vigilancia que en ésa época era el Ministro de la Policía”[17].
La policía, como la prisión, hunde sus raíces en las prácticas administrativas del Antiguo Régimen. Recordaba Maier que tanto la institución hoy conocida como “policía”, como el concepto que representa su base material, tuvieron su origen en la consolidación del Estado moderno y en su primera configuración política: el absolutismo monárquico[18]. Pero, como continúa el autor al que le rendimos homenaje, fue con la limitación liberal al Estado que se impuso una tarea de “evitar peligros”, para lo que se organizó una “policía” propiamente dicha[19].
Los primeros cuerpos policiales, los ingleses y los franceses, representaron modelos diferentes dadas las características políticas de cada Estado. La policía de Londres, creada en 1829 por Robert Peel como una herramienta más en su búsqueda de racionalización del sistema penal[20], no fue una policía política sino una local y más cercana a los propietarios comerciales e industriales, que exigían sistemas para castigar e impedir los ilegalismos populares[21]. En contra de este modelo más civil, la policía francesa, la Gendarmerie heredera en 1791 de la absolutista Marecheuse, siguió un modelo centralizado, jerarquizado, militarizado y disciplinario[22].
Pero en ambos casos, el moderno Estado liberal adoptó las formas policiales de control para “incluir” a los ciudadanos y “excluir” a los sospechosos. Estas formas, como he señalado más arriba, tienden a escapar a los límites del derecho. Y lo hacen tanto por su pretensión de actuar como un no-derecho, cuanto por el tipo de actividad y objetivos que persiguen. La policía, como cuerpo burocrático, se convirtió a sí misma en “poder”, en acrecentador del poder y ejercitante de la fuerza del Estado[23]. Y “si bien la policía como institución ha sido realmente organizada bajo la forma de un aparato del Estado, y si ha sido realmente incorporada de manera directa al centro de la soberanía política, el tipo de poder que ejerce, los mecanismos que pone en juego y los elementos a que los aplica son específicos. Es un aparato que debe ser coextensivo al cuerpo social entero y no sólo por los límites extremos que alcanza, sino por la minucia de los detalles de que se ocupa. El poder policíaco debe actuar sobre todo[24], sostuvo Foucault.
Ese objetivo, además, encontró justificación en las nuevas disciplinas sociales desarrolladas desde las burocracias académicas del siglo XIX, en particular en el discurso criminológico. Este discurso médico-policial fue fundamentalmente un resumen de las técnicas excluyentes y disciplinarias absolutistas a las que intentaba racionalizar, ya que para alcanzar y asegurar los fines del utilitarismo burgués era necesario la legitimación del control reactivo de la población. De esto se encargaba la “teoría de la policía” o “ciencia de la policía”, entendida como técnica de gobierno propia del Estado[25]. La gobernabilidad del todo debía basarse en la individualización de cada uno. Ya en 1796 el filósofo Fichte señaló que la mejor forma de gobernar era asegurarse que cada ciudadano pueda ser reconocido como tal o cual en cualquier tiempo y en todo lugar[26]. Y Bentham sugirió para ello que cada individuo llevara tatuado en el cuerpo su nombre y apellido para evitar los constantes cambios de identidad[27].
Pocas novedades, y muchas continuidades, encontramos en las políticas de control de la población durante la hegemonía del capitalismo. El actual paso del capitalismo industrial al capitalismo comunicacional está caracterizado por una amplia movilidad en las multitudes y es por ello, entre otras razones relacionadas como la creación de una economía mundial y la unificación de valores culturales, que se habla de la creación de una “sociedad del riesgo”. Entre los teóricos que utilizaron tal término[28] se destacó también una disminución de la impronta de los Estados nacionales en provecho del mercado, y con ello una mayor dificultad para hacer frente a los peligros reales.
Sin embargo esto último no debería hacernos pensar en un debilitamiento estatal, algo que al menos debería discutirse en el plano de las políticas de control principalmente vulneradoras de derechos. El tema elegido para este ensayo puede servir para ello, pues no debe olvidarse que la práctica bélica ha sido la base de la emergencia, consolidación y soporte mutuo de capitalismo y Estado. Los criminólogos que detectaron a fines del siglo XX la emergencia de una nueva forma de castigar, de juzgar y también de controlar (todas funciones estatales) advirtieron que el discurso del riesgo permitiría una nuevas formas de actuación remisoras a prácticas autoritarias y eficientistas de parte de las burocracias consolidadas.
Malcom Feeley y Jonathan Simon han denominando “actuariales” a estas nuevas lógicas estatales de control de grupos poblacionales amplios. Indicaron estos autores que un nuevo paradigma actúa en el sistema penal, y que éste ya no presta atención a los individuos (a su culpa o a sus posibilidades de reinserción) sino que se ocupa de las técnicas de identificación, clasificación y manejo de grupos poblacionales, según niveles asignados de peligrosidad. Sus intervenciones concretas procuran regular grupos humanos (compuestos de agregados de individuos) para optimizar el manejo de los riesgos. Para estos autores el “actuarialismo” encuentra sus orígenes en tecnologías extrañas al sistema penal, y desarrolladas previamente desde lo jurídico en el derecho de daños, en las investigaciones sobre análisis de sistemas, y en el movimiento de análisis económico del derecho[29]. También Ericson y Haggerty señalaron el rol cada vez más importante cumplido por las compañías de seguros en la determinación de categorías y prácticas policiales[30].
Creo que es dentro de esta “novedosa” tendencia dónde hay que ubicar la aplicación de los controles extensivos de individuos extranjeros (y por tanto, “portadores de riesgo”) en los aeropuertos estadounidenses. Sin embargo, y como ya había adelantado, esto no es novedoso ni en las ciencias sociales ni en las propias disciplinas penales o de control. Y su origen debe buscarse en las prácticas médicas, policiales y, en todo caso, administrativas.
Propongo que nos detengamos en el origen de la palabra “actuarial”. En inglés puede parecer un neologismo pero el diccionario de la Real Academia Española definió que un “actuario” es una “persona versada en los cálculos matemáticos y en los conocimientos estadísticos, jurídicos y financieros concernientes a los seguros y a su régimen”[31]. Creo que no puede haber mejor denominación para esta estrategia política de control de población riesgosa que logre, o al menos intente, un reforzamiento de los poderes estatales (con el consiguiente peligro autoritario).
Las primeras investigaciones de los actuarios sobre el cálculo de la prima a pagar por los seguros, coincidió con el momento de la utilización política de los datos sobre la población en el siglo XIX, cuando el contrato social era reemplazado por el contrato de seguros. Me ubicaré en el ámbito de lengua francesa, y luego en el rioplatense, para verificar las consecuencias de esa coincidencia sobre el nacimiento de instituciones policiales, técnicas de identificación y justificaciones teóricas. Tras los primeros censos y estadísticas, tanto la teoría como la práctica se aplicaron al cálculo de riesgo de determinados grupos sociales para pasar de lo general a lo particular en el terreno criminológico y dar así contenido a la noción de “peligrosidad” individual.
Entonces la burguesía asumió su papel de clase dirigente e intentó ocupar los poderes del Estado con la lógica de utilidad que muchos filósofos han identificado en la figura de Bentham. En efecto, “en la lógica del utilitarismo todo tiene que estar ordenado-clasificado. Foucault habla por eso de individualización-clasificación en las disciplinas. La transparencia general, la regla de oro del Panóptico, no es solo para vigilar, es para clasificar los cuerpos en un cálculo general”[32].
El control poblacional, tanto para vulnerar como para asegurar los derechos, se relaciona así con las compañías de seguros. En 1835, el belga Adolphe Quetelet publicó Sur l’homme et le developpement de ses facultés ou Essai de physique socialle. Este matemático se hizo conocer por unos estudios demográficos que no se limitaban a describir, sino que pretendían establecer una estadística moral con consecuencias útiles para el gobierno de la población. Esta sería la base de la “física social”, que debía averiguar las leyes (internas) que explican la reproducción del hombre, el aumento de su físico e intelecto, la inclinación hacia el bien y el mal; y las leyes (externas) que hacen a la naturaleza perturbadora o promotora de movimientos sociales; y finalmente, pero no menos importante, si las fuerzas del hombre pueden afectar la estabilidad del sistema social.
Con esta obra se sentaron las bases de la sociología, pero asimismo de la criminología. En efecto, como parte fundamental de su libro Quetelet elaboró unas “tablas de criminalidad” para observar la tendencia al crimen de acuerdo a los factores individuales -antropológicos y sociales-, así como por el clima y por otros factores externos. Con la técnica propia de las compañías aseguradoras, sumando y restando, midiendo y clasificando, extrajo leyes generales de tipo probabilístico e hizo representaciones en “mapas del delito” (otra herramienta poco novedosa, como se observa) que asociaba a otros factores de inestabilidad social.
Como señaló Mattelart, intuyendo su importancia, la publicación de Quetelet coincidió con la aparición en lengua francesa de la palabra “normalidad”[33]. Según Canguilhem, si bien el adjetivo “normal” fue consagrado en 1759, el término “normalidad”, con toda la carga disciplinaria que conlleva, fue utilizado por primera vez en 1834[34]. A su vez, el excluyente concepto de “clases peligrosas” fue también formulado por el francés H. A. Frègier en fecha cercana: 1840[35].
Más o menos en la misma época, en 1833, el director de asuntos criminales del ministerio de Justicia francés, André-Marie Guerry, publicó el Essai sur la statistique morale de la France, donde estudiaba la frecuencia de delitos contra la propiedad que se verificaban en las primeras estadísticas sobre París y el departamento del Sena, efectuadas entre 1825 y 1829. En efecto, la estadística criminal francesa es la más antigua del mundo, y fue esta práctica la que influyó también sobre el trabajo de Quetelet[36].
Guerry, incluso más que el “mediático” Quetelet, sería el fundador de la importante tradición de “estadísticos morales”, especialmente preocupados en aplicar los cálculos que permitieran efectuar los modernos censos a las necesidades de control de una Europa fuertemente autoritaria tras el triunfo de la Alianza conservadora sobre Napoleón, y necesitada de controlar una población trabajadora que se había tomado en serio el lema burgués de la “libertad” (como lo demuestran los procesos revolucionarios extendidos a varias capitales mundiales en 1789, en 1830 y en 1848[37]).
Al igual que las represiones, las nuevas justificaciones del orden tuvieron orígenes actuariales. Aunque la de Guerry es habitualmente menos considerada que la otra tradición que en su conjunción dió origen a la sociología (la del también francés e igualmente formado en la Escuela Politécnica, Auguste Comte), los trabajos de identificación y de medición desarrollados por el estadístico-policía fueron de fundamental importancia para entender el pensamiento de autores tan importantes como Gabriel Tarde o Emile Durkheim[38].
Tarde se mostró especialmente preocupado por descubrir mecanismos de control social para que la nueva sociedad de masas se pareciera a las viejas comunidades de aldea, lo que visualizaba a través de la imitación y otras prácticas luego continuadas por la Escuela de Chicago. Por su parte, la hipótesis central de Durkheim era optimista con respecto a las nuevas sociedades, pues creía que se pasaba de una problemática de la responsabilidad a una problemática de la solidaridad, del derecho penal al derecho social, por lo que advertía la aparición del Estado de bienestar. A pesar de sus diferencias, ambas teorías derivaban de las aplicaciones del cálculo y de la probabilidad. La tecnología del riesgo se transformaba en una tecnología política y también social, augurando un cambio fundamental en el gobierno de las multitudes. Al trasladar la filosofía y las técnicas experimentadas de los seguros privados al conjunto de la sociedad, ésta última era propuesta por Durkheim como “seguro universal”.
Pero antes que él, un inteligente periodista llamado Emile de Girardin hizo suyas estas ideas (había leído a Quetelet durante un exilio forzoso en Bruselas) para proponer una reorganización social con base en el mecanismo del seguro[39]. En 1852, cuando publicó La politique universelle propuso para ello a la filosofía del riesgo (“gobernar es prever”) y la anulación de las metafísicas, religiosas o jurídicas nociones del bien y del mal que siempre serán arbitrarias y sujetas a modificaciones. Por ello este autor propugnaba la abolición del derecho punitivo[40], pues el resultado del delito, al igual que otros problemas sociales como el desempleo, accidentes, guerras, enfermedades, vejez, etc., sería cubierto por este seguro universal. Girardin imaginó para implementar tal seguro universal un sistema de identificación de personas. Cada individuo debería estar provisto de una cartilla que lo identificara y diera fe de su vida, y en el que figurara un “balance individual” y un “balance nacional” con informaciones estadísticas sobre la persona y sobre su Estado de origen que hiciera posible calcular la participación en los ingresos y gastos del fondo universal asegurador.


III. El control policial y la imposición de identidades (u “otro invento argentino”).
El “abrazo” del Estado a sus ciudadanos sería en realidad de los que dan los osos, y más que cumplir la finalidad de asegurar los derechos humanos, la cartilla referida cumpliría en el siglo XX funciones asegurativas del poder estatal (para lo cual se vulnerarían policialmente derechos individuales). Los documentos identificatorios, no obstante, remiten más a la exclusión que a la disciplina, pues antes de expandirse a todos los individuos se impondrían a los “anormales” o “peligrosos”. Ya el Código penal francés de 1810 estableció el control de los grupos considerados de riesgo, en particular el de los ex convictos. Ello supuso, según Foucault, “la disposición de un sistema documental cuyo centro lo constituyen la localización y la identificación de los criminales: señalización obligatoria unida a las órdenes de captura y a las sentencias de los tribunales, señalización consignada en los registros de encarcelamiento de las prisiones, copia de registros de audiencias y de tribunales correccionales enviada cada tres meses a los ministerios de Justicia y de la Policía general, organización algo más tarde en el ministerio del Interior de un ‘fichero’ con repertorio alfabético que recapitula aquellos registros, utilización hacia 1833 según el método de los ‘naturalistas, de los bibliotecarios, de los comerciantes, de los hombres de negocios’, de un sistema de fichas o boletines individuales, que permite integrar fácilmente los datos nuevos y, al mismo tiempo, con el nombre del individuo buscado, todos los datos que pudieran aplicársele” [41].
En estos métodos de coleccionistas, que ya practicaran los clérigos al nacer el método inquisitivo de ciencia y de política, encontramos la clave para entender la razón de una identificación generalizada que se ensayaría primero con el grupo preferido de las burocracias estatales: los presos.
Es así que ya en 1863 las autoridades penitenciarias francesas habían previsto el uso de la fotografía[42] en las fichas realizadas a los reclusos, y destinadas al control en el interior de las cárceles. El entonces ministro del Interior francés se opuso a ello, pues tal medida “sería para los detenidos un agravamiento de la pena no previsto por la ley y un medio más para impedir todo retorno al bien”. A pesar de ello, en 1871 el ministerio de Marina y de las Colonias estipuló que cualquier persona condenada a más de seis meses debe ser fotografiada[43] (con especial celo lo serían los condenados por rebelión o insurrección, por lo que estimo que se aplicó especialmente para los condenados tras los hechos de la Comuna de París, durante los cuales los obreros hambrientos aprovecharon la coyuntural derrota militar del Estado francés para “tomar el cielo por asalto”).
Tales experiencias de cárcel/observatorio[44], y también la tarea pionera de Quetelet y Guerry, tuvieron una influencia directa sobre Alphonse Bertillon[45]. Este doctor en medicina, fundador de la “policía científica”, recurrió a las justificaciones estadísticas para implementar un moderno sistema para la identificación de sospechosos y para el reconocimiento de la identidad. Evidentemente, la tarea de Bertillon tenía otros antecedentes, como los estudios con pretensiones científicas de la época que especulaban especialmente con las características antropométricas. En el siglo XIX la frenología era una “ciencia” de moda[46] y aunque no tendría finalmente prestigio, sí que influyó en el nacimiento de la disciplina de “Antropología física” que también aceptaba que la “raza” tiene que ver con la conformación del cráneo y el cerebro, y que a partir de ello se pueden predecir determinados comportamientos.
En ese contexto, Bertillon organizó, en 1882 y tras probarlo previamente, un sistema científico de identificación de criminales y sospechosos de París (que en 1888 se extendió a toda Francia gracias al apoyo del jefe de policía)[47]. Este sistema consistía en uniformar la descripción de los detenidos mediante una hoja de medidas antropométricas. La ficha descriptiva debía mencionar los datos físicos (altura, color de piel y cabello, tipos de ojos, orejas, frente, cicatrices, etc.) y los datos de estado civil, domicilio, condenas anteriores, etcétera. Entre las particularidades físicas se añadía con especial cuidado la de los tatuajes, objeto de atención también de Lombroso y Lacassagne y de ahí en adelante de todos los positivistas[48].
Lo realmente novedoso en el método de Bertillon, además de la uniformización de datos, fue el añadido de dos retratos del individuo, uno de frente y otro de perfil (lado derecho) realizados mediante la moderna técnica fotográfica[49]. Su obra de 1890, La photographie judiciaire, fue un éxito y una referencia para la naciente criminología que será el soporte científico para ampliar el registro identificatorio desde los sospechosos hacia toda la población. Antes de ello, su método había demostrado la capacidad de aumentar la captura de reincidentes[50], por lo cual la técnica denominada “bertillonaje” alcanzó un enorme éxito en los congresos policiales y penitenciarios posteriores, como el Congreso de Antropología Criminal de Roma. El argentino Samuel Gache fue allí el único que se atrevió a formularle críticas en la propia cara al gran inventor, pues para él el “bertillonaje” sólo servía para clasificar delincuentes pero no para “identificarlos”[51]. Sin embargo todos los positivistas convinieron en las ventajas del sistema identificatorio de Bertillon[52].
El discurso de los positivistas se convirtió en el gran defensor de la identificación y del carnet de identidad[53]. Tanto Nicéforo como Bernaldo de Quiróz entendían que las ventajas de la cédula de identidad, constituida en principio para individuos sospechosos (entre los que figuran las prostitutas y las criadas), justificaban extenderla a todos “hasta el punto de vislumbrarse ya la idea de un catastro personal universal, pareja del catastro del territorio”[54]. En efecto, parece una paradoja pero para poder excluir a “los que no son como nosotros” (delincuentes, locos, prostitutas, vagos, pero sobre todo –y en todos los Estados desde Francia hasta Argentina pasando por los Estados Unidos- los inmigrantes) resultaba conveniente imponer un carnet identificatorio para todos los ciudadanos, un “documento republicano” de acuerdo al modelo de las elites positivistas que aunarían entonces el control excluyente y el disciplinario.
Tras semejante respaldo científico internacional, el jefe de Bertillon, François-Louis Herbette, propuso generalizar los datos de la ficha, insertando la descripción antropométrica de cada certificación del Registro Civil, en cada pasaporte y en cada póliza de seguro de vida[55]. La universalización no se realizará en Francia hasta bastante más tarde, aunque en ese contexto especialmente xenófobo y antisemita (se debatía sobre el caso “Dreyfuss”) se impuso a la población gitana la obligación de contar con ese carnet antropométrico para ser exhibido ante la policía[56].
En la precoz República Argentina el sistema de Bertillon, que mientras tanto demostraría falencias al aparecer individuos con idénticas medidas y rostros parecidos, sería mejorado por otros científicos-policías tras su rápida adopción. El nuestro es el cuarto país que lo asumió, en 1889, cuando el jefe de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Capdevila, crea la Oficina Antropométrica al frente de la cual colocó a Agustín Drago, estudioso del “bertillonaje” en Francia[57].
El gran avance se produjo en 1891, cuando el jefe de estadísticas de la policía de la recién fundada ciudad de La Plata, Juan Vucetich, logró sintetizar los descubrimientos de varios científicos, como el eugenista Galton, sobre las diferencias entre huellas dactilares y así aprovecharlos para la técnica de identificación de personas[58]. Este argentino recién inmigrado de lo que hoy es Croacia, distinguió cuatro categorías de formas (el arco, el bucle interno, el bucle externo y el espiral) que aplicadas a los diez dedos de las manos permitían un número importante de combinaciones imposibles de ser repetidas por distintos individuos. Vucetich logró en cinco años hacerse con más de un millón de fichas distintas de habitantes de la provincia de Buenos Aires gracias al fuerte apoyo de las autoridades argentinas, las primeras en adoptar este sistema primero para los delincuentes, luego para los inmigrantes, tras ellos los funcionarios públicos y los que realizaban el servicio militar y, finalmente, toda la población masculina. El “invento” de Vucetich se aplicaría mejorando el método de identificación francés y adunando también las fotografías, que tanta importancia habían tenido para las clases dirigentes argentinas desde su aparición[59].
Como señaló Marteau, esas clases dirigentes y su proyecto de identidad nacional se afirmaron con la hermandad entre el saber universitario de la criminología con el accionar policial, lo que hizo posible un diseño político criminal fundamentado en el conocimiento sobre las personas. Al poco tiempo de crearse la Policía de la Capital, en 1881, la Jefatura ordenó la creación del “Registro de Ladrones Conocidos”, en el que se incorporaría la ficha con datos antropométricos y fotografía de los condenados por robo. En 1884 se creó el “Registro de Vecindad” que obligaba a todos los vecinos de la ciudad a identificarse ante la policía. Como ya se ha dicho, en 1889 se adoptó el sistema de Bertillon, y en 1903 se asumió el “Sistema de Identificación Dactiloscópico” ideado por Vucetich, lo que permitió crear, primero, el “prontuario” en 1905, y luego la “cédula de identidad” en 1906[60].
Sin embargo, la identificación generalizada no se aceptaría sin resistencias políticas en aquel entonces. Las primeras se verificaron tras un decreto de la Intendencia de la ciudad de Buenos Aires que en 1890 impuso la numeración de las patentes de los coches de transporte de pasajeros e hizo obligatoria la presencia de una fotografía en la libreta de cada cochero. Los cocheros intentaron derogar la medida por vías judiciales, porque objetaban la imposición de retratarse, y organizaron luego una huelga. La protesta de los cocheros puso en escena que la tecnología en manos del Estado era un aparato peligroso con su afán clasificatorio. Sin embargo, según Salessi, al protestar desde parámetros de defensa gremiales (“que retraten a los ladrones, no a mí”) contribuyeron a señalar los “defectos” de este sistema de identificación sectorial y a reemplazarlo por otro de mayor alcance sobre la realidad social argentina[61].
En lo que hace al “prontuario” cabe destacar el interés de Ernesto Quesada al redactar un anteproyecto de ley para la creación de un “Archivo Criminal de Reincidencia”, presentado en 1901[62]. Pero el archivo judicial de condenas ya se imponía por la práctica, a pesar de puntuales críticas: en 1897 un juez ordenó en su sentencia que fueran destruidos los archivos del condenado una vez cumpliese la pena, en 1900 otro juez concedió la “gracia” al condenado de no incluir la sentencia en el archivo judicial. Estos jueces consideraban a tal posibilidad de recuerdo una afectación al honor que iba más allá de la condena[63]. Esta reacción era natural cuando apenas se estaban eliminando las penas infamantes, heredadas de las “marcas” realizadas en el Antiguo Régimen para identificar a los convictos[64]. Pero otros jueces, como el bonaerense Octavio González Roura, lograron imponer un sistema de registro que en 1902 tendrá carácter general. González Roura formó junto a Acevedo y a Lozano la comisión redactora del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires de 1906, que fue el primer ordenamiento con preceptos referidos a la aplicación del sistema de Vucetich, algo que luego se extenderá a otras legislaciones. Finalmente, este registro se concretó legalmente y con carácter nacional en 1933, con el nombre de “Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal”.
Este proyecto de gobernabilidad, no obstante, fue antes policial que legal. La fijación de determinadas identidades permitía actuar a la policía sobre una clientela habitual y, además, justificaba su accionar permanente para corroborar la identidad, algo que comenzó a permitirse en los edictos policiales subsiguientes. Sozzo indicó que ese proyecto sigue siendo el que sostiene las actuales prácticas policiales[65]. El “prontuario” se creó con la ordenanza general de la Policía de Buenos Aires del 10 de octubre de 1905, según la cual debía remitirse a todo detenido recibido en calidad de encausado (y también a toda persona cuya libertad se hubiera dispuesto por no poseer esa calidad) para los fines de su entrada en el registro policial o comprobar su identidad. Ello daría origen a un archivo policial, en el que constaría una galería de individuos identificados por sus datos de estado civil, filiación morfológica, impresiones digitales, antecedentes judiciales y policiales, adunándosele una fotografía en los casos en que “sea peligroso por otros motivos y convenga prevenir su observación ulterior”. Esa fotografía debía tomarse en las condiciones normales del causante en la vida ordinaria, por su actitud, ropas, peinado, barbas, etcétera[66].
En lo que hace a la “cédula de identidad”, otra vez fue el discurso científico el que apoyó esta innovación extensiva del control a toda la población. La Convención Policial Internacional de Río de Janeiro propuso en 1905 identificar mediante la fotografía y las huellas no sólo a los delincuentes sino a todos los “ciudadanos honestos”. Y en 1906 comenzó esa tarea que tendría carácter obligatorio en 1916, cuando la Policía de la provincia de Buenos Aires se convirtió en la primera del mundo en crear un sistema semejante[67]. No es casual que para la presidencia de Yrigoyen se instaurase la necesidad de contar con una cédula de identidad obligatoria, puesto que ello también tendría ventajas para evitar el fraude electoral. El “documento” adoptado para este control fue el del registro de enrolamiento (cuando en 1949 se extienda el voto a las mujeres se creará una “libreta cívica”). Así, el método de identificación dactiloscópica de Vucetich extendió el campo del delito a los electores y posibilitaba el funcionamiento del sistema político a la vez que facilitaba el control del cuerpo social[68]. Argentina se transformó de esa forma en la pionera en exigir un documento obligatorio de identificación con finalidades disciplinarias. El Documento Nacional de Identidad proveyó la doble identificación -nacional e individual- que dejaba a sus portadores a merced de los controles estatales. En momentos en que importantes sectores obreros (los anarquistas) exigían que el Estado justifique su existencia, las burocracias consolidadas invirtieron la pregunta del “¿a quién beneficia?” para obligar a los individuos a justificar su existencia delante de ellas. Como en el dispositivo de la ciudad apestada, todos los individuos deberían exhibirse. Todos serían controlados y algunos serían excluidos (entre ellos, y como en la ciudad apestada, quienes no puedan mostrarse).


IV. De las resistencias a identificarse al pedido de papeles.
Este sistema obligatorio de identificación fue adoptado rápidamente por el resto de países latinoamericanos reputando larga fama al policía argentino, que publicó en 1929 su Proyecto de ley de registro general de identificación. La pretensión de Vucetich era crear un sistema identificatorio tan personal como las mismas huellas digitales, algo que permita individualizar para mejor gobernar la totalidad. Michel Foucault señaló que la individualización y la totalización son dos formas de una misma racionalidad política[69], y efectivamente la racionalidad política del proyecto que encarnó Vucetich no se limitaba a informar sobre un grupo de individuos: todos debían estar identificados, para poder gobernar sobre la generalidad. Esto, aunque no era sino la unión del sistema para privilegiados de los papeles con el sistema para perjudicados de las marcas en el cuerpo, no tenía necesariamente características totalitarias. De hecho Juan Vucetich llegó a afirmar años más tarde que el documento de identidad era el equivalente legal del individuo; su representación perfecta, la cifra matemática de su individualidad.
Y sin embargo no se me escapa cual ha sido el uso de tamaña información en el siglo XX, y de los métodos para obtenerla o reflejarla. En contra de las resistencias para ser identificados, Vucetich sostenía que ello en realidad supondría un beneficio. Ya no se trataba de satisfacer necesidades vitales a través de la “ciudadanía” o del “seguro”, sino de proteger la individualidad. Algunos años después, el que fuera su discípulo, Luis Reyna Almandós, llegó a afirmar que el “documento” y la asignación de un número a cada persona era en realidad un derecho, pues ese número único e irrepetible facilitaría la existencia de los individuos, protegería su honor de confusiones con otros y garantizaría la verdadera identidad. Finalmente llegó a proponer que para mayor comodidad ese número fuera tatuado en el cuerpo de cada individuo[70]. Esto me remite no sólo a la advertencia de Agamben sino a la fecha en la que realizó tal propuesta: 1936.
Para entonces el régimen nazi en Alemania estaba obsesionado por esta tarea identificatoria, con connotaciones a la vez individuales y colectivas. El Estado nazi debía tener registro de cada individuo a la vez que el individuo debía ser fácilmente individualizable y clasificable. Esta obsesión “actuarial” y con una racionalidad plenamente moderna se plasmó en un proyecto de identificación generalizada que ya existía en otros Estados para identificar a los convictos y a otros sospechosos. Para cuando lo asume el nazismo el sistema de identificación ya se aplicaba en todos los Estados occidentales para identificar a los recién llegados a sus puertos. Ello se extendería por los nazis a otros sujetos, a imagen y semejanza de la de aquel “otro” sospechoso. En efecto, el sistema que se aplicó fue el del control de extranjeros, pues los judíos, gitanos y otras minorías fueron considerados de ese modo aunque hubieran nacido en el mismo país. Lo primero que hicieron los nazis en 1933 fue censar a toda la población judía. Los “papeles” (documentos de identidad, pasaportes) serían fundamentales para poder sobrevivir bajo su régimen. Se mezclaban, así, para reprimir y controlar a estas poblaciones, métodos excluyentes y disciplinarios, reaccionarios y modernos. Lo reaccionario estaba dado por la necesidad de identificar a una población que podía pasar anónimamente en las nuevas ciudades, impidiendo sus desplazamientos; para ello se aplicaron las modernas técnicas de registro documental que utilizaban, entre otros datos, los fotográficos y dactilográficos[71]. A las viejas prácticas absolutistas de evitar la impostura mediante la exclusión de las marcas y ropas especiales y mediante el control disciplinario de las ciudades apestadas, se les unió la nueva tecnología identificatoria: el símbolo de esta unión sería el número tatuado en el brazo izquierdo de los detenidos en los campos (además de la estrella de David para los judíos, se utilizó el triángulo rojo para delincuentes políticos, rosa para homosexuales y marrón para gitanos[72]). El resto de la población, los “incluidos”, también estaba controlada disciplinarmente mediante documentación probatoria de que, para algunos, pertenecer es un privilegio.
En Francia existió un proyecto de identificación universal en 1939, pero sería rechazado por el gobierno legítimo de entonces. La obligatoriedad de constar para el Estado como un número fue recién de 1941, cuando en el régimen de Vichy la práctica burocrática nazi convergió con los intentos propios (pues a la historia ya reseñada se le agregaba el interés de una compañía privada por hacerse con el negocio de realizar los documentos) dando lugar a la imposición del documento de identidad universal, algo que también impusieron los alemanes en los territorios ocupados de Polonia y Holanda[73]. Todos los franceses de más de 16 años tenían que tener una tarjeta con foto y huella digital que identificara si era nacional o extranjero; en ambos casos, constaría en rojo el estigma “judío” si fuera el caso. A pesar de este vergonzoso recuerdo el DNI permanecerá tras la victoria aliada en la II Guerra Mundial, aunque sin la obligatoriedad desde 1955 (el “por las dudas” hace que casi todos los franceses -acostumbrados a una maquinaria estatal vigilante- soliciten este documento; por otro lado, el número único de control sería también el considerado por la seguridad social en el naciente Estado de bienestar que imitaba el modelo del New Deal en Europa).
También en Inglaterra las amenazas de la II Guerra Mundial motivaron la creación de una identificación universal. La justificación de esta medida, ya deseada estatalmente, era la de detectar a los extranjeros sospechosos de espionaje. Sin embargo no hay antecedentes judiciales de que se hayan detectado, ni evitado, bombardeos, espionajes o sabotajes gracias a este método. Por el contrario, sí existen condenas por falsificaciones y también varios procesos que demostraron, posteriormente, el rechazo de una población cuidadosa de su intimidad y seguridad: para el año cincuenta un ciudadano judío fue acusado de no registrarse en todos esos años (éste argüía, razonablemente, que en caso de haberse completado la invasión nazi ese registro en papel de su nombre era su segura deportación a un campo de concentración); y una ciudadana se quejaba de las continuas molestias ocasionadas por un policía que la conocía perfectamente, pero le exigía la identificación. Finalmente, en 1952, un juez señaló la ilegalidad de la tarjeta identificatoria que convertía a los ciudadanos en sospechosos, y en 1953 se prohibió legalmente a la policía exigir la identificación al carecer de razonabilidad una medida implementada sólo para la duración de la guerra[74].
La carta de identidad universal desapareció así de Inglaterra, aunque ahora su gobierno quiera reimplantarla. En Estados Unidos nunca llegó a implantarse a nivel disciplinario, pero persistiría la identificación de los excluidos. El FBI de Hoover fichó durante los años treinta a funcionarios y otros ciudadanos no presos, pero sus registros superaron incluso a los de Buenos Aires en 1940 cuando se ordenó fichar a todos los extranjeros. La guerra y los miedos al “traidor” justificaron esa medida, y la tentativa de extender el control dactilar a toda la población se llevó a cabo aprovechando la creación del número de seguridad social en el Estado de bienestar naciente. Pero los deseos de Hoover fueron rechazados en los mismos años cuarenta por el Congreso y por las críticas de las organizaciones de derechos civiles[75].
Gracias a la poderosa oposición de sus habitantes, los países anglosajones continúan siendo la excepción dentro de un mundo en que casi todos somos un número para el Estado al que pertenecemos (y no nos pertenece). Ni estadounidenses ni británicos (ni australianos ni algunos nórdicos) portan, hasta ahora, documentos similares a nuestros DNI. Sus Estados, a pesar de contar con poderosas burocracias, no archivan tantas fotos y huellas dactilares como el argentino[76].
Algo parece estar cambiando, no obstante, en aquel universo anglosajón que cuenta con unos ciudadanos tan celosamente protectores de su privacidad. Hasta ahora la ausencia de documentación estatal había obligado a recurrir a otros carnets -de conducir, de estudiante, de seguridad social, etc.- o a recibos de pagos de servicios, para identificarse con fines laborales, deportivos y de todo tipo (para votar, es necesario inscribirse en un registro exhibiendo el recibo de pago de impuestos). Esa engorrosa cantidad de documentos, también habitual en otros sitios, es necesaria sólo si uno quiere hacer determinada actividad, y el solicitante sabe que únicamente puede ser solicitado el documento pertinente al salir del país, conducir, votar, entrar a la biblioteca, al gimnasio ó a dónde sea. El ciudadano “sabe” para qué se registra y, si desea, puede no hacerlo en ningún caso.
A pesar de ello, desde los años setenta Estados Unidos está aplicanado las últimas innovaciones tecnológicas para identificar eficazmente a todos los individuos, aunque lo está haciendo en forma silenciosa[77]. En 1993 se inauguró el sistema llamado INSPASS (Inmigration and Naturalization Service Passenger Accelerated Service System) en el aeropuerto J. F. Kennedy de Nueva York. Tras ello un control similar se ha impuesto en todas las fronteras. Este sistema utiliza una tecnología biométrica que permite identificar al viajero: principalmente por sus huellas digitales, aunque también se está imponiendo la menos eficaz -pero más espectacular y costosa- huella ocular[78]. Las informaciones relativas a cada persona se transcriben sobre una tarjeta magnética personal, expedida por los servicios de inmigración después de una entrevista. La biometría, nuevo documento y “tatuaje”, se aúna con las posibilidades de la informática para dar un salto cuantitativo en la identificación de personas. Es esta “biometría” lo que Agamben criticaba como nuevo “tatuaje biopolítico” pues, aunque sólo es una tecnología aplicada al registro identificatorio, la misma puede cumplir las veces del tatuaje universal propugnado por los discípulos de Vucetich.
La biometría presenta una “ventaja” con respecto al carnet de identidad. Además del “negocio” de elaborar los DNI, su misma existencia ha servido históricamente a los Estados autoritarios para vulnerar garantías y derechos humanos. Una táctica utilizada por los Estados europeos y latinoamericanos, aún en supuestos períodos democráticos, es la de la demanda policial por el documento obligatorio a quien simplemente circula por la calle. Ello facilita la discriminación, que también hacen por otros medios los funcionarios anglosajones, sobre los “sospechosos de siempre”.
Gracias a la biometría el control policial (o cualquier otro) puede cotejar la seña biométrica directamente sobre el individuo, gracias a un pequeño aparato y su versión digital contenida en el microprocesador. Con los modernos sistemas informáticos, ahora es fácil identificar inmediatamente al propietario de esa señal. Ya no será necesario que nos controlen pidiéndonos unos papeles sino que bastaría con pedirnos colocar el dedo sobre un sensor conectado al sistema que contenga los datos de todos. El control de los aeropuertos estadounidenses tiene la finalidad de impedir el ingreso de algunos de los “sospechosos” previamente identificados, así como la de los que no existan en la base de datos[79].
Además, esa técnica sirve para ir confeccionando una lista en la que constemos todos. Después del 11 de septiembre el Congreso estadounidense instó a la introducción del reconocimiento dactilar y fotográfico en las licencias de conducir y de inmigración, y tras ello enviar una copia con el fin declarado de crear una gran base de datos única de huellas de ciudadanos. Ello se une a la mencionada Enhanced Border Security and Visa Reform Act, que es la que ordena la expedición de visados biométricos para los 250 millones de extranjeros que entran cada año al país. No es de extrañar, entonces, que se plantee finalmente introducir un sofisticado sistema de carnets de identificación para todos los ciudadanos[80]. Esto facilitaría la formación de una base de datos que, de cualquier forma, ya puede formarse con toda la información que vamos dejando en toda nuestra vida diaria. Las compañías comerciales ya lo realizan, ilegalmente, para vendernos productos o saber si somos solventes. Pero a pesar de aquellos que critican al mercado y solicitan más Estado (sin distinguir la actividad de éste), más preocupación debería causarnos saber que esa base de datos, en la que se incluye hasta el ADN, está siendo confeccionada por las burocracias de los Estados Unidos, quién sabe con qué fines[81].
También en ello otros Estados le llevan la delantera. Wacquant denunció como Francia y Holanda aprovechan los ingentes datos sobre individuos acopiados por los Estados de bienestar que se desplazan ahora, al igual que los Estados Unidos, hacia el control penal: la etapa siguiente en el estrechamiento de la vigilancia informatizada de las poblaciones precarias consiste en conectar archivos sociales y archivos policiales y también los archivos fiscales. Ello se autorizó en Francia en 1998 con el número clave llamado “Número de Inscripción en el Repertorio Nacional de Identificación de las Personas Físicas” que, como recordaba Wacquant, era el que en la década del cuarenta identificaba con un código específico a los extranjeros, judíos o musulmanes[82].
Pero en Europa (la “Europa Fortaleza” que se construye “felizmente” a partir del duro control a los extranjeros instituido desde el Convenio de Schengen de 1985[83]) lo peor que le puede pasar a un individuo es no estar identificado. Allí, y pronto en todo el mundo con el cambio que se está operando en el mundo anglosajón respecto del control de las poblaciones, se crea una vieja/nueva categoría de parias: los “sin papeles” o “indocumentados”.
El registro y la documentación de la identidad individual se han convertido en una auténtica necesidad dentro de sociedades que abandonan el reconocimiento del otro por la relación cara a cara. Por tanto, los discípulos de Vucetich podrían estar satisfechos: los condenados de la tierra, los carentes de derechos, exigen existir también en la base datos de quien puede tratarlo como a una “no persona” en caso contrario, aunque ello signifique la imposición de un “tatuaje” y la mera satisfacción de la mitad del sueño de Girardin (el control del Estado, pero no el seguro del individuo). De esta forma, el control “excluyente” es asumido a partir de una extraña “inclusión” que no pasa por el reconocimiento de una identidad individual, ni por la satisfacción de necesidades vitales[84]. Como en los Estados absolutistas o los regímenes totalitarios, tener una “etiqueta” facilita el control y la persecución. Pero lo peor que le puede pasar a un ser humano es no poder demostrar su “inclusión”, aunque sea estigmatizada, mediante una identificación.
Asisten poderosas razones a los intelectuales que se resisten a estas nuevas identificaciones, pero quienes no tienen un “nombre”[85] también quieren salir en la foto. El triunfo de las medidas de control puede medirse por los gritos que demandan un número y un papel para poder trabajar, no ser expulsados y, en definitiva, que los dejen vivir. Esos gritos son sólo un ruido de fondo más en el “estruendo de la batalla” mencionado por Foucault en el último párrafo de Vigilar y castigar.


Bibliografía:

Agar, Jon, Modern Horrors: British Identity and Identity Cards en Caplan, Jane y Torpey, John (eds.), Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World, Princeton University Press, Princeton, 2001.

Álvarez Uría, Fernando, Miserables y locos. Medicina mental y Orden social en la España del siglo XIX, Tusquets, Barcelona, 1983.

Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 1998 (trad. de la edición en alemán de 1986, Jorge Navarro, Daniel Jimenez y Ma. Rosa Borras).

Calvo Rojas, Eduardo, La protección de datos de carácter personal en “Jueces para la Democracia”, Madrid, nro. 48, de noviembre de 2003.

Canguilhem, Georges, Lo normal y lo patológico, Siglo XXI, México, 1984 (trad. de la edición en francés de 1966, Ricardo Potschart).

Caplan, Jane, “National Tatoing”: Traditions of Tattooing in Nineteenth-Century Europe en Caplan, Jane (ed.), Written on the Body. The Tatto in European and American History, Reaktion Books, London, 2000.

Caplan, Jane “This or That Particular Person”: Protocols of Identification in Nineteenth-Century Europe, en Caplan, Jane y Torpey, John (eds.), Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World, Princeton University Press, Princeton, 2001.

Christie, Nils, La industria del control del delito ¿La nueva forma del holocausto?, del Puerto, Buenos Aires, 1993 (trad. de la edición en inglés de 1993, Sara Costa).

Cole, Simon A., Suspect identities. A History of Fingerprinting and Criminal Identification, Harvard University Press, Cambridge, 2001.

Cortés Rocca, Paola, Iconografía de la violencia: imágenes de la guerra, imágenes del desvío, en la siguiente dirección telemática: www.bbk.ac.uk/ibamuseum/texts.

Elden, Stuart, Plague, Panopticon, Police en “Surveillance & Society”, vol. 1, nro. 3, 2003.

Emsley, Clive, The History of Crime and Crime Control Institutions en Maguire, Mike, Morgan, Rod y Reiner, Robert (eds), The Oxford Handbook of Criminology, Clarendon Press, Oxford, 1997, 2ª ed.

Ericson, Richard y Haggerty, Kevin, Policing the Risk Society, Toronto University Press, Toronto, 1997.

Feeley, Malcolm y Simon, Jonathan, Actuarial Justice: The emerging new criminal law, en Nelken, David (ed.), The futures of Criminology, Sage, London, 1994.

Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Siglo XXI, Madrid, 1994 (trad. de la edición en francés de 1975, Aurelio Garzón del Camino).

Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 1995 (trad. de la edición en portugués de 1978, Enrique Lynch).

Foucault, Michel, La gobermentabilidad, en AA.VV., Espacios de poder, La Piqueta, Madrid, 1981 (trad. del francés de Julia Varela y Fernando Alvarez-Uría)

Foucault, Michel, Omnes et singulatium: hacia una crítica de la razón política en Foucault, Michel, La vida de los hombres infames, Altamira, La Plata, 1996 (trad. del francés de Julia Varela y Fernando Alvarez Uría).

Foucault, Michel, Tecnologías del yo, en Tecnologías del yo y otros textos afines, Paidós, Barcelona, 1991.

Garland, David, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Giddens, Anthony, Consecuencias de la modernidad, Alianza, Madrid, 1994 (trad. de la edición en inglés de 1992 A. Lizón Ramón).

Groebner, Valentin, Describing the Person, Reading the Signs in Late Medieval and Renaissance Europe: Identity Papers, Vested Figures, and the Limits of Identification, 1400-1600, en Caplan, Jane y Torpey, John (eds.), Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World, Princeton University Press, Princeton, 2001.

Gustafson, Mark, The Tattoo in the Later Roman Empire and Beyond en Caplan, Jane (ed.), Written on the Body. The Tatto in European and American History, Reaktion Books, London, 2000.

Hassemer, Winfried y Chirino Sánchez, Alfredo, El derecho a la autodeterminación informativa y los retos del procesamiento automatizado de datos personales, del Puerto, Buenos Aires, 1997 (trad. de arts. de Hassemer en alemán de 1995, Alfredo Chirino Sánchez).

Hobsbawm, Eric, La era de la revolución, 1789-1848, Crítica –Grijalbo y Mondadori-, Buenos Aires, 1998 (trad. de la edición en inglés de 1962, F. Ximénez de Sandoval).

Jones, C. P., Stigma and Tatoo en Caplan, Jane (ed.), Written on the Body. The Tatto in European and American History, Reaktion Books, London, 2000.

Kaluszynski, Martine, Republican Identity: Bertillonage as Government Technique, en Caplan, Jane y Torpey, John (eds.), Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World, Princeton University Press, Princeton, 2001.

Lyon, David, Surveillance after September 11, Polity Press, Cambridge, 2003.

Maier, Julio, Derecho Procesal Penal, del Puerto, Buenos Aires, 1996, 2ª ed., Tomo I “Fundamentos”.

Maier, Julio, Nacimiento y desarrollo de la policía institucional en “Nueva Doctrina Penal”, del Puerto, Buenos Aires, nro. 1996/A.

Marí, Enrique, La problemática del castigo. El discurso de Jeremy Bentham y Michel Foucault, Hachette, Buenos Aires, 1983.

Marteau, Juan Félix, Las palabras del orden. Proyecto republicano y cuestión criminal en Argentina (Buenos Aires: 1880-1930), del Puerto, Buenos Aires, 2003.

Martín, Adrián Norberto, Lo policial como necesidad (o una pregunta sobre las construcciones a nivel del imaginario social que subyacen a las prácticas policiales de vigilancia-detención) en la siguiente dirección telemática: www.derechopenalonline.com/criminologia/lopolicial

Mattelart, Armand, La invención de la comunicación, Siglo XXI, México, 1995 (trad. de la edición en francés de 1994, Gilles Multigner).

Noiriel, Gerard, The Identification of the Citizen: The Birth of Republican Civil Status in France en Caplan, Jane y Torpey, John (eds.), Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World, Princeton University Press, Princeton, 2001 (trad. del original en francés de 1993, Jane Caplan).

Ottin, M. J., Frenología, por el Dr. Gall. Fisiognomía, por el Dr. Lavater, Casa de Horus, México, 1992.

Picca, Georges, La Criminología, Fondo de Cultura Económica, México, 1987 (trad. de la edición en francés de 1983, Esther Herrera).

Real Academia Española, Diccionario, Espasa Calpe, Madrid, 2001, 21ª ed.

Recasens i Brunet, Amadeu, Aquellas aguas trajeron estos lodos: la burguesía y los orígenes del aparato policial en Bergalli, Roberto y Enrique Marí (comps.). Historia ideológica del control social (Argentina-España, siglos XIX y XX), PPU, Barcelona, 1989.

Rogers, Geraldine, Galería de retratos para el Estado: Identidades y escritura en "casos" argentinos de fines del siglo XIX (1887-1897), en la siguiente dirección telemática: www.bbk.ac.uk/ibamuseum/texts.

Ruggiero, Kristin, Fingerprinting and the Argentine Plan For Universal Identification in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries en Caplan, Jane y Torpey, John (eds.), Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World, Princeton University Press, Princeton, 2001.

Salessi, Jorge, Identificaciones científicas y resistencias políticas, en Josefina Ludmer (comp.), Las culturas de fin de siglo en América Latina, Beatriz Viterbo Editora, Buenos Aires, 1994.

Sozzo, Máximo, ¿Hacia la Superación de la Táctica de la Sospecha? Notas sobre Prevención del Delito e Institución Policial, en Fruhling, Hugo (ed.), Control Democrático en el Mantenimiento de la Seguridad Interior, CED, Santiago de Chile, 1998.


Tombs, Robert, Crime and Security of the State: The Dangerous Classes and Insurrection in Nineteenth-Century Paris en Gatrell, V. A. C., Lenmann, Bruce, y Parker, Geofrrey, Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500, Europa Publication Limited, London, 1980.

Torpey, John, The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Wacquant, Loïc, Las cárceles de la miseria, Manantial, Buenos Aires, 2000 (trad. de la edición en francés de 1999, Horacio Pons).

Young, Jock, La sociedad excluyente, Marcial Pons, Madrid, 2003 (trad. de la edición en inglés de 1999, Roberto Bergalli y Ramiro Sagarduy).

Zaffaroni, Eugenio Raúl, Girardin: abolicionismo entre el Segundo Imperio y la Tercera República francesa en Lascano, Carlos Julio (dir. y ed.) Nuevas formulaciones en las ciencias penales. Homenaje a Claus Roxin, La lectura/Lerner, Córdoba, 2001.



[1] Garland, The Culture of Control, p. 175.

[2] Galeano, Malas costumbres

[3] Agamben, No al tatuaje biopolítico

[4] Lyon, Surveillance after September 11, p. 142.

[5] Christie, La industria del control del delito, p. 75.

[6] Para un análisis foucaultiano ver Elden, Plague, Panopticon, Police

[7] Maier, Derecho Procesal Penal. Tomo I, p. 296.

[8] Foucault, La verdad y las formas jurídicas, p. 79.

[9] Estos permisos eran un privilegio y no todos podían poseerlos. Según ordenanzas germanas debían destruirse los que estuvieran en posesión de gitanos, que por definición carecían del derecho a tenerlos, Groebner, Describing the Person, Reading the Signs in Late Medieval and Renaissance Europe, p. 19.

[10] La palabra “tatuaje”, de origen polinesio, fue adoptada a fines del siglo XIX. El término usado por los antiguos griegos y romanos para referirse a los dibujos en el cuerpo era el de “estigma”, que luego sería sinónimo de marca infamante, Jones, Stigma and Tatoo, p. 1.

[11] Sobre la abolición del pasaporte absolutista, Torpey, The Invention of the Passport, p. 29.

[12] Noiriel, The Identification of the Citizen, pp. 28 y ss.

[13] Noiriel, The Identification of the Citizen, p. 47.

[14] Lyon, Surveillance after September 11, p. 24.

[15] Noiriel, The Identification of the Citizen, p. 36 y p. 31.

[16] Su descripción en Maier, Derecho Procesal Penal, t. I, pp. 351 a 360.

[17] Foucault, La verdad y las formas jurídicas, p. 121.

[18] Maier, Nacimiento y desarrollo de la policía institucional, p. 55.

[19] Maier, Nacimiento y desarrollo de la policía institucional, p. 57.

[20] Emsley, The History of Crime and Crime Control Institutions, p. 67.

[21] Foucault, Vigilar y castigar, pp. 90 y 91.

[22] Maier, Nacimiento y desarrollo de la policía institucional, p. 61.

[23] Recasens, Aquellas aguas trajeron estos lodos: la burguesía y los orígenes del aparato policial, p. 295.

[24] Foucault, Vigilar y castigar, p. 216.

[25] Foucault, Omnes et singulatium: hacia una crítica de la razón política, y La gobermentabilidad.

[26] Citado por Caplan, This or That Particular Person, p. 49.

[27] Caplan, This or That Particular Person, p. 65.

[28] Hoy ampliamente difundido en la criminología y el derecho penal. Su origen en la sociología: Beck, La sociedad del riesgo, Giddens, Consecuencias de la modernidad.

[29] Feeley y Simon, Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law, pp. 185 y ss.

[30] Ericson y Haggerty, Policing the Risk Society, p. 23.

[31] RAE, Diccionario, 21ª ed., p. 39.

[32] Marí, La problemática del castigo, pp. 197 y 198.

[33] Mattelart, La invención de la comunicación, p. 281.

[34] Canguilhem, Lo normal y lo patológico, p. 193.

[35] Tombs, Crime and Security of the State, p. 215.

[36] Picca, La Criminología, p. 64.

[37] Hobsbawm, La era de la revolución, 1789-1848.

[38] Ambos profundamente estudiosos de las estadísticas. Entre ellos compiten por dirigir el Departamento de Estadísticas, que le es encomendado a Tarde en 1894. Durkheim haría profuso uso de las mismas estadísticas en El Suicidio.

[39] Mattelart, La invención de la comunicación, p. 283.

[40] También creía que este método sería el más eficaz para erradicar finalmente el delito, igual que para erradicar la guerra entre Estados si es que se universalizaba tal sistema. Mencionó a Girardin como un anticipado al abolicionismo, Zaffaroni, Girardin: abolicionismo entre el Segundo Imperio y la Tercera República francesa.

[41] Foucault, Vigilar y castigar, pp. 286 y 287.

[42] Los primeros “daguerrotipos” de prisioneros son de 1841, Cole, Suspect Identities, p. 20.

[43] Mattelart, La invención de la comunicación, p. 287 y 288.

[44] La primera experiencia, breve y no estandarizada, de registrar a los presos por características físicas fue en la prisión de New York de 1797 a 1803, Cole, Suspect Identities, p. 11.

[45] Cuya familia estaba integrada por científicos, y su hermano Jacques era el director de estadísticas de París, Kaluszynski, Republican Identity, p. 125.

[46] También tuvo que ver con ella la costumbre algo macabra de coleccionar cráneos, que se extendió hasta entrado el siglo XX. Es posible leer las teorías de los principales referentes de la frenología y la fisiognomía, en un librillo de dudosa procedencia editorial pero accesible en las mesas de saldos de las librerías de la calle Corrientes: Ottin, Frenología, por el Dr. Gall. Fisiognomía, por el Dr. Lavater.

[47] Kaluszynski, Republican Identity, p. 127.

[48] Que discutirían sobre si tales marcas eran muestras de atavismo o degeneración, Caplan, National Tattooing, p. 156.

[49] Cole, Suspect Identities, pp. 37 y ss.

[50] Cole, Suspect Identities, p. 49.

[51] Ruggiero, Fingerprinting and the Argentine Plan for Universal Identification in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, p. 189.

[52] Que era una “tabla de salvación” para Lombroso, y que en el reformatorio de Elmira en New York se utilizó para calcular, mediante promedios, las proporciones del “cuerpo criminal”, Cole, Suspect Identities, p. 57.

[53] Cole, Suspect Identities, p. 31.

[54] Álvarez Uría, Miserables y locos, p. 214.

[55] Mattelart, La invención de la comunicación, p. 291.

[56] Obligación que perduró hasta 1969, Kaluszynski, Republican Identity, p. 137, aunque hubiera facilitado la obra exterminadora de estas personas emprendida por los nazis.

[57] Ruggiero, Fingerprinting and the Argentine Plan for Universal Identification in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, pp. 185 y 186. Drago defendería luego las ventajas del “bertillonaje” sobre el sistema de Vucetich y lo acusaría de plagiario, Cole, Suspect Identities, p. 129.

[58] Paralelamente el inglés Henry estudiaba otro sistema para aplicarlo a los mismos fines.

[59] Sobre la historia de la fotografía en la Argentina: Cortés, Iconografía de la violencia: imágenes de la guerra, imágenes del desvío. La unión entre Estado y fotografía empezó en la presidencia de Urquiza, quien mandó a retratar a los constituyentes en 1853, y de los fotógrafos oficiales en las campañas contra el Paraguay, contra los indios del Desierto y contra los caudillos del Interior. Algunos años más tarde se enlazaron la tecnología visual y el control policial: junto al surgimiento de las cédulas de identidad debe ubicarse la decisión del comisario Álvarez –que luego sería el famoso literato Fray Mocho- de organizar en 1887 una galería de imágenes de criminales célebres que integraban el conjunto de conocimientos de la institución policial y que servía, también, como alerta a la población civil. La imagen se tornará, así, un trofeo que premia el accionar policial, una garantía de los aciertos de las concepciones higienistas y de las instituciones que las administran, Rogers, Galería de retratos para el Estado: Identidades y escritura en "casos" argentinos de fines del siglo XIX (1887-1897).

[60] Marteau, Las palabras del orden, pp. 133 y 134.

[61] Salessi, Identificaciones científicas y resistencias políticas, p. 82.

[62] Este criminólogo, a diferencia de Ingenieros, reputaba incluso entonces a la antropometría mejor que a la dactiloscopía, Cole, Suspects identities, p. 133.

[63] Ruggiero, Fingerprinting and the Argentine Plan for Universal Identification in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, p. 188.

[64] Sobre tales “marcas” como origen de la identificación de personas, Groebner, Describing the Person, Reading the Signs in Late Medieval and Renaissance Europe, p. 22; Cole, Suspect identities, p. 7.

[65] Sozzo, ¿Hacia la Superación de la Táctica de la Sospecha?

[66] La ordenanza completa en Martín, Lo policial como necesidad.

[67] Ruggiero, Fingerprinting and the Argentine Plan for Universal Identification in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, pp. 192 y 193.

[68] Salessi, Identificaciones científicas y resistencias políticas.

[69] Foucault, Tecnologías del yo.

[70] Ruggiero, Fingerprinting and the Argentine Plan for Universal Identification in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, p. 196.

[71] Torpey, The Invention of the Passport, p. 131.

[72] Gustafson, The Tattoo in the Later Roman Empire and Beyond, p. 26.

[73] Torpey, The Invention of the Passport, p. 142.

[74] Agar, Modern Horrors, pp. 110 y 111. Socialmente, además, se considera antipática por ir en contra de la “identidad británica”: exigir identificaciones es para ellos una “prusificación”. A pesar de todas estas oposiciones, actualmente existen tentativas serias de introducir el “odiado” carnet de identidad, motivadas tanto por la política antiterrorista cuanto por el ingreso a la Unión Europea. Probablemente cuando este artículo se publique el gobierno laborista ya habrá aprobado la ley que obliga a todos los británicos a portar esta identificación en un plazo de entre dos y diez años.

[75] Cole, Suspect identities, p. 247 a 249.

[76] Según una información del diario “La Nación” del 3 de febrero de 2002, la Argentina era el país con mayor cantidad de registros pues coleccionaba más de 600 millones de huellas, cuando el FBI sólo tenía 50 millones. Allí también se denunciaba la cantidad de dinero público que se prometía a las empresas (Siemens, Ciccone, Sagem) que lucrarían con la obtención de información y la expedición de distintos tipos de documentos. Este no es un tema menor pues tales empresas serán las beneficiarias más inmediatas de la aplicación de tecnologías que no veo en qué pueden mejorar la condición humana. Tampoco en relación a la seguridad pues los controles que aquí se mencionan, evidentemente, no impedirán actos terroristas por mayor tecnología que implementen. Tal cuestión excede los objetivos de este trabajo aunque vale recordar que quienes ejecutaron los atentados del 11 de septiembre tenían documentos y visas legales, además de carecer de antecedentes.

[77] Cole, Suspect Identities, p. 252 y ss.; Lyon, Surveillance after September 11, p. 63 y ss.

[78] El iris del ojo se ha utilizado desde principios de los noventa en aeropuertos de Holanda y Canadá, Lyon, Surveillance after September 11, p. 71.

[79] No debe descartarse la importancia de los “falsos positivos”. Si lograra crearse un método que tenga un 99 por ciento de efectividad (algo muy difícil hoy en día), miles de los millones de pasajeros aéreos serán confundidos con uno de los “parias” señalado en la base de datos por algún antecedente judicial o por lo que los servicios de inteligencia consideren “estigma” determinante.

[80] Lyon, Surveillance after September 11, p. 72.

[81] En Europa se han creado organismos independientes para proteger esos datos de carácter personal ante posibles utilizaciones ilegítimas por parte de empresas o del propio Estado, Calvo, La protección de datos de carácter personal, y Hassemer y Chirino, El derecho a la autodeterminación informativa y los retos del procesamiento automatizado de datos personales.

[82] Wacquant, Las cárceles de la miseria, pp. 125 a 131.

[83] Y cuyas consecuencias sobre los extranjeros pobres deben alertar frente a la “vanidad” europea al hacer críticas a las políticas estadounidenses, como recordaba Christie, La industria del control del delito, p. 78.

[84] Señala, en general, la complejidad de la “exclusión” en las sociedades actuales y, concretamente, la imposición de “identidades” (nacionales, grupales, futbolísticas, etc.) al deteriorarse la solidaridad social, Young, La sociedad excluyente, p. 256.

[85] El “nombre” es otra creación de la modernidad relativa a la identidad, Caplan, This or That Particular Person, p. 54. Sería interesante saber cómo y desde cuando respondemos inmediatamente con un nombre a la pregunta sobre quién somos (además, siempre el mismo y el que corresponde al registro oficial). Pero esa es otra historia.