Alemania - Sistema procesal penal


Historia y legislación vigente.

En los comienzos las prácticas de las tribus germanas suponen un procedimiento estrictamente acusatorio en que no se distingue la acción civil de la penal. Estaba la wergeld o precio de la sangre y el fredus o precio de la paz que se pagaban a los deudos una y a la comunidad el otro. Lo mismo que los juramentos por compurgadores y los juicios de dios. En el período de Carlomagno se organizó la participación de escabinos. Después viene la recepción del derecho romano por influencia de los juristas italianos, sobre todo los posglosadores.[1]

El proceso de tipo inquisitivo, en el que juega la recepción del Derecho Romano, el Canónico y las costumbres germanas, cristaliza en la Constitutio Criminalis Carolina dictada en 1532. Establece un sistema secreto y escrito contemplando la participación de escabinos y tribunales sentenciadores integrados por jueces doctos o bien confiados a facultades de derecho. Originariamente la Constitutio tenía una cláusula de excepción que le daba valor subsidiario frente al derecho estadual antiguo común. La ignorancia de jueces y escabinos respecto del derecho romano era lo que llevaba a consultar a colegios sentenciadores o a facultades de derecho cuyos dictámenes eran luego convertidos en la sentencia de manera que el fallo era dictado exclusivamente en base a actas escritas.

La legislación francesa y el Código de Instrucción Criminal de 1808 fue introducido en la otra margen del Rin con la invasión napoleónica y perduró después de la caída de Napoleón. A partir de 1848 la mayoría de los estados alemanes establecieron nuevas ordenanzas organizando procesos con escabinos, fiscales, juicio oral y libre valoración probatoria. La reforma influida por las ideas iluministas y de la Revolución Francesa cristaliza con la legislación de 1877 luego de la unificación del imperio y con el dictado de la ordenanza procesal y la ley orgánica. También es evidente la influencia, aunque indirecta, del derecho inglés. Está establecido el jucio por un jurado de doce miembros con un tribunal de tres jueces profesionales, aparte de los tribunales de escabinos para delitos menores.

La modificación importante tiene lugar en 1924 (Emminger) en que desaparece el jurado de doce quedando integrado igual que el tribunal de escabinos, con seis miembros.

La última reforma trascendental es de 1974 con la supresión del juez a cargo de la instrucción que queda en manos del fiscal y la reducción a dos del número de jurados. También se amplió la posibilidad de sobreseimientos en casos de delitos menores.

Los órganos jurisdiccionales actúan a nivel distrital (Amtsgerichte), estadual (Landgerichte) o federal. En el primero está el juez unipersonal y el tribunal de escabinos que entienden en casos de delitos menores. En el segundo está la Sala Pequeña que conoce en apelación de las decisiones del juez unipersonal y la Sala Grande que entiende en apelación de las resoluciones del tribunal de escabinos. La primera se integra con el presidente y dos escabinos y la segunda con tres jueces y dos escabinos. También se integra de esa manera, con tres jueces y dos escabinos, la sala que debe conocer en toda clase de delitos de mayor gravedad que los atribuidos a los Landgerichte, lo mismo que el llamado "Tribunal de jurados" al que competen los hechos de homicidio y otros delitos de gravedad que, en general, son los que suponen una agravación por muerte. Hay además salas especiales de tres jueces profesionales sin escabinos para delitos contra el estado, delitos económicos y para menores.[2]

Los fiscales no integran el poder judicial pero tampoco están sujetos a subordinación en el orden administrativo. Forman un cuerpo organizado jerárquicamente y puede haber indicaciones del superior pero, en general, se entiende inapropiado que un fiscal que opina que no hay delito esté obligado a acusar; en ese caso se acostumbra a sustituirlo. Sin embargo, la jurisprudencia entiende que si la opinión desincriminante está en contra de la jurisprudencia de los tribunales, se encuentra obligado a acusar.

Los fiscales tienen atribuciones indiscutidas en la fase preparatoria y, aunque deben lograr la aprobación judicial para ciertas medidas coercitivas o intrusivas, el examen del juez se limita a la legalidad de la medida, no a su conveniencia. Ejercen normalmente la función de jueces de la investigación los jueces unipersonales de distrito y se los considera como auxiliares del fiscal junto con la policía. Esos jueces no tienen atribuciones propias en la investigación, sólo actúan autorizando las iniciativas del fiscal.

El pedido de archivo o sobreseimiento por el fiscal es por si mismo concluyente si se trata de hechos de menor gravedad en que no hay pena mínima fijada y tiene que ser aprobado por el tribunal (integrado sin escabinos) si se trata de delitos también de menor cuantía pero de cierta gravedad (mínimo de pena inferior a un año de prisión). Se habla de menor culpabilidad, falta de interés público en la persecución o bien de insignificancia de los daños. De esa manera el principio de legalidad, consagrado en el parágrafo 152, 2 del Código Procesal, resulta notablemente morigerado al punto que Roxin opina que, en la práctica, rige el principio de oportunidad.

Los casos archivo o sobreseimiento que hacen excepción al principio de legalidad comprenden también los de suspensión provisional con imposición de condiciones --aplicable para delitos de menor cuantía-- y aquellos en que prevalece otro interés del estado como los de delitos contra la seguridad, aquellos en que media un arrepentimiento activo espontáneo y los casos de delitos de los que el autor es víctima de una extorsión. Todo eso está expresamente previsto en la ley procesal (parágrafos 153 y 154). Está discutido, en cambio, y en general rechazado, el caso del testigo de la corona que sólo por excepción y por una ley temporaria puede recibir inmunidad en hechos de terrorismo.

Al cabo de la instrucción el fiscal puede disponer el sobreseimiento, determinación que tiene que comunicar al imputado que hubiera sido interrogado. Salvo el caso de sobreseimientos basados en el ejercicio del principio de oportunidad, la determinación de sobreseer no hace cosa juzgada ni impide una posterior reanudación del trámite.

Si hubiera alguien que haya solicitado el ejercicio de la acción también tiene que notificársele la decisión de sobreseer y, si se trata del damnificado, le cabe la posibilidad de recurrir a un superior del ministerio público y luego, también, ante un tribunal, el que podría ordenar que se deduzca la acusación. Antes de resolver sobre esa solicitud el tribunal puede exigir una fianza por las costas que se ocasionen. Si la resolución es confirmatoria del sobreseimiento este último únicamente puede reverse en lo sucesivo si se presentan nuevos hechos o medios de prueba.

El escrito de acusación se comunica al acusado y se abre una instancia breve de controversia admitiéndose algunas pruebas a pedido de la defensa o por iniciativa del propio tribunal. Se ventilan objeciones y excepciones previas. La resolución de archivo puede ser apelada y, en ese caso, si se admite la apelación pasa a otro tribunal para el juicio. La determinación de dar curso a la vista principal no es apelable.

Quien entiende en esa instancia intermedia para decidir si cabe la apertura del juicio oral es el mismo tribunal competente para este último con la posibilidad de que pueda declinar su competencia a un tribunal inferior, lo que sería vinculante para este último, o hacia un tribunal superior lo que somete a este último la determinación. Se entiende que invisten esa calidad de tribunal superior las salas especiales (para delitos contra el estado, económicos o de menores).

El criterio que fija la ley para resolver en uno u otro sentido es si el imputado aparece como suficientemente sospechoso de un hecho punible. También cabe, en esa instancia, el sobreseimiento por razones de oportunidad con el consentimiento de la fiscalía y del procesado. El tribunal tiene atribuciones para modificar la acusación en cuanto a los hechos incluidos o las calificaciones legales lo que obliga a presentar un nuevo escrito de acusación.

El juicio se desarrolla siguiendo los siguientes pasos: llamada del presidente para comprobar la presencia de las partes y de las pruebas que deben producirse; interrogatorio sobre datos personales del acusado, lectura de la acusación, interrogatorio (voluntario) del acusado sobre los hechos, recepción de las pruebas, alegatos, deliberación y sentencia. El principio de oralidad impide que los jueces legos o escabinos conozcan las actas del procedimiento preliminar aunque en algunos casos se admite. Por ejemplo las de grabaciones magnetofónicas. Durante el juicio sólo por acuerdo de partes pueden leerse actas o documentos. El acta del debate tiene que contener la versión literal de aquellas declaraciones que sean fundamento de la decisión. La decisión de incluirla es del presidente y puede ser recurrida ante el tribunal cuando la solicita una parte y el presidente no hace lugar. La denegatoria puede ser motivo de casación.

El interrogatorio de testigos y peritos es atribución del presidente pero el examen cruzado está previsto y autorizado a pedido y con la conformidad de ambas partes. También se permite preguntar a los miembros del tribunal y a los escabinos pero no a los acusados entre sí. El imputado tiene oportunidad de formular aclaraciones después de cada declaración o pericia y también, en ese caso, pueden hacerlo el fiscal y el defensor. Los alegatos finales pueden ser replicados brevemente y la última oportunidad es del defensor. Además el imputado es preguntado, finalmente, si todavía quiere aducir algo. Hay una lectura del "tenor" de la sentencia o fallo y, posteriormente se leen los fundamentos.

El recurso de apelación de las sentencias de los tribunales de distrito supone una nueva vista ante la sala que le toca entender. Se omite la nueva lectura de la acusación y se permite leer algunas actas de declaraciones de primera instancia. Pueden presentarse nuevas pruebas o invocarse otros hechos posteriores. Sólo cabe la casación respecto de las resoluciones de los tribunales estaduales.
Extractado de:
1) J.L. Gómez Colomer El proceso penal alemán. Introducción y normas básicas, Barcelona, ed. Bosch, 1985
2) C. Roxin Derecho Procesal Penal, traducción de Gabriela E. Córdoba y Daniel Pastor, Buenos Aires, ed. Del Puerto, 2000.



[1] A rudimentary judicial apparatus had come into existence among the Germanic peoples by Tacitus' time. The general assembly elected a number of the leading men to act as judges, and these judges traveled through the villages to hear private suits. Each of them was accompanied by 100 attendants to lend authority to his decisions. A person who was found guilty by these judges had to pay a number of horses or cattle proportionate to the gravity of his offense. But many disputes (e.g., those arising from homicide, wounding, or theft) continued to be settled by the kindreds themselves, and the blood feuds to which they gave rise might continue from generation to generation. Long after the conversion to Christianity the German rulers found it difficult to stamp out the blood feud.
(reproducido de la Enciclopedia Británica, voz Germanic Peoples)

[2] The constitution of the republic, adopted in 1949, gives most government powers to its constituent Länder (states), which at the time of unification numbered 11 (including West Berlin, which, however, had the special status of a Land without voting rights) but which grew to 16 (including the reunited Berlin) upon the accession of East Germany; only matters of undoubted importance for the nation as a whole, such as defense and foreign affairs, are reserved to the federal government. At both the state and federal levels, parliamentary democracy prevails.
The constituent states, including those delineated in the former eastern sector in 1990, follow the historic lines of the political divisions of the former Reich. They enjoy considerable political autonomy within the federative structure, especially in such areas as education, finance, and law enforcement. Each has its own equivalent of a prime minister, a parliament or diet, and provincial ministries.
Historically, the German peoples have been characterized by almost perpetual political disunity and fluctuating boundaries in their central European position
(reproducido de la Enciclopedia Británica, voz Germany)