Derecho a un juicio rápido


MISCELANEA COMPARATIVA
ESTADOS UNIDOS

Enmienda VI de la Constitución: In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial…
En 1971 la Corte Suprema en “United States v. Marion” (404 U.S. 307) en un caso en que la acusación había sido presentada tres años después de los hechos, estableció que eso no afectaba el derecho reconocido en la enmienda puesto que la demora se computa desde que existe acusación o bien desde que el imputado es arrestado. En el interín, añadió, sólo juega el resguardo del debido proceso legal o las leyes sobre prescripción. También se hizo referencia a los tres propósitos de la norma: 1) evitar lapsos prolongados de detención preventiva; 2) evitar la prolongación del estado de libertad bajo fianza, y 3) evitar la prolongación de la incertidumbre de imputaciones no resueltas.
En 1972 se registra el leading caseBarker v. Wingo” (407 U.S. 514 ) en el que se estableció que la consecuencia de la violación era la desestimación de la acusación. Al mismo tiempo se aclaró que el derecho en cuestión no se traduce en un determinado lapso de tiempo sino que debe hacerse una ponderación de las circunstancias de cada caso. Entre ellas mencionó cuatro factores significativos: 1) el valor presuntivo de la demora en sí; 2) las razones que pudieran justificar la tardanza (entre las que no se encuentra la congestión de la agenda del tribunal); 3) la existencia de reclamo oportuno por parte del afectado aunque con cierta relatividad; 4) los perjuicios derivados de la tardanza.
En 1973 se produce el caso “Strunk v. United States” (412 U.S. 434) en el que había existido una demora de diez meses entre la acusación y la audiencia de arraigo en que aquélla le fue transmitida al imputado. Se lo condenó a cinco años de reclusión y no se admitió su reclamo por la violación a la enmienda. En apelación se confirmó pero se estableció que esa violación llevaba a rebajar el tiempo de condena en doscientos cincuenta y nueve días. Llegado el caso a la Corte Suprema se dejó sin efecto reiterando la doctrina de que la única consecuencia de la tardanza debía ser la desestimación de la acusación.
De 1975 es la ley que rige en el orden federal, la Speedy Trial Act (18 U.S.C. 3161). Establece un término de treinta días para la acusación a partir del arresto o citación del imputado y de setenta días para el juicio a partir de la acusación o comparecencia. También se establece la consecuencia de la transgresión: la desestimación. Pero esto último reconoce dos variantes: con y sin perjuicio de nuevo juicio. La alternativa es facultad del tribunal al disponer la desestimación y el margen discrecional es bastante amplio. Sólo se indican los factores a tomar en cuenta de modo ejemplificativo: la gravedad del delito, las circunstancias que hubieran determinado la desestimación, y el impacto de un nuevo juicio para la administración del juicio rápido y para la administración de justicia.
FRANCIA

(Modificaciones de la ley del 15 de junio de 2000)
Derecho a una decisión en plazo razonable: a partir de los seis meses de que hubiera cesado una detención policial (garde a vue) el imputado tiene derecho a requerir por carta certificada con aviso de retorno dirigida al fiscal sobre el trámite de la cuestión. Dentro de un mes de recibido ese requerimiento el fiscal tiene, bajo sanción de resultar nula cualquier actuación posterior, cuatro alternativas: dar curso a la acusación, proponer medidas sustitutivas del proceso, comunicar la desestimación o bien convocar al juez de las libertades y detenciones para solicitar una postergación. En este último caso debe celebrarse una audiencia contradictoria pública (la publicidad eventualmente dispensada por resolución fundada en el entorpecimiento de la investigación, la afectación a la dignidad de la persona o los intereses de terceros). La postergación se puede autorizar por un plazo determinado no mayor de seis meses a cuyo término cabe repetir el requerimiento. En caso de denegarse la postergación el fiscal tiene dos meses para decidir por una de las tres primeras alternativas.
INGLATERRA

En Escocia, desde 1701 existe una regla de ciento diez días para iniciar el juicio cuando el acusado está detenido. Si no la acusación es automáticamente anulada, el detenido liberado y no puede ser perseguido posteriormente por el delito. En Inglaterra, desde 1985 se estableció una regla semejante pero dejando al ministro fijar los plazos y con la única consecuencia de poner en libertad al detenido. Los términos fijados son de setenta días desde que cesa la detención policial hasta que el caso sea juzgado ante el tribunal de magistrados o bien reenviado por ellos al tribunal de la corona. En este último caso el término para el juicio es de ciento doce días. En suma ningún caso con detenidos debería durar más de seis meses. Sin embargo, en la práctica, los tribunales gozan de cierta discrecionalidad en la extensión de esos períodos.
El dato curioso de Inglaterra es que la prescripción de la acción penal que es de seis meses, rige únicamente para delitos menores (summary offences). Para indictable offences y para either way offences no hay ningún plazo, salvo que una ley lo establezca. En teoría una acusación puede ser presentada en cualquier época posterior al delito. Eso se corrige únicamente por el principio de “abuso del proceso”. Un caso famoso resuelto en 1991 fue la desestimación por ese motivo de una acusación por un delito de violación ocurrido quince años antes.