Detención preventiva y excarcelación bajo fianza


MISCELANEA COMPARATIVA

ESTADOS UNIDOS
La enmienda VIII de la Constitución establece: Excesive bail shall not be required...
Los casos en que no se admite ninguna forma de excarcelación bajo fianza son de excepción. En general, más bien, los jueces utilizan el expediente de fijar una fianza de monto inalcanzable cuando quieren impedir la excarcelación.
Una ley de 1971 en el distrito de Columbia –que puede ser semejante a las de algunos estados— estableció la posibilidad de detención sin libertad bajo fianza. La medida puede extenderse hasta sesenta días al cabo de los cuales debe acordarse la soltura.
De 1984 data la ley federal en la materia (18 U.S.C. 342) que contempla como fundamento del encarcelamiento obligatorio el que no exista ninguna medida alternativa para asegurar, ya sea la comparecencia o bien, también, la seguridad de terceros.
Aproximadamente la mitad de los estados tienen establecido el encarcelamiento preventivo sin libertad bajo fianza por razones de peligrosidad.
De la jurisprudencia de la Corte Suprema no surge claro si la enmienda constitucional comporta o no el derecho a la libertad durante el proceso. Hay quienes entienden que sólo supone la prohibición de fijar fianzas excesivas en aquellos casos en que si hay derecho a la excarcelación. Otros piensan que, por el contrario, está implícito en la prohibición la existencia del derecho. Hay distintos fallos que sugieren una u otra postura.
Por otro lado, se deduce de esa misma jurisprudencia que la garantía en cuestión no está vinculada con la presunción de inocencia. También se deduce que no resultan admisibles los delitos inexcarcelables. En el caso “Bell v. Wolfish” de 1979 (441 U.S. 520), se estableció que resultaba inconstitucional si equivalía a una medida punitiva. También se señalaron allí algunas indicaciones para distinguir cuándo resultaba inconstitucional la detención sin excarcelación: primero se debe apreciar si ella obedece a un propósito punitivo o a algún otro propósito; establecido esto último se debe verificar que la medida tenga razonable conexión con dicho propósito; por último se debe ponderar si resulta o no excesiva en mira a su finalidad.
Por lo demás está aceptada la constitucionalidad de leyes que establecen el encarcelamiento en caso de menores. Lo mismo ocurre cuando hay sentencia condenatoria apelada. También está admitido el criterio de antiguos precedentes del common law en el sentido de que el encarcelamiento se debe imponer en caso de delitos con pena capital.
En 1987, en “United States v. Salerno” (481 U.S. 739) la Corte Suprema consideró constitucional la ley federal de 1984 en cuanto autoriza la detención sin posibilidad de excarcelación por razones distintas del aseguramiento del proceso. Concluyó la mayoría –con disidencia de Brennan y Marshall— que la enmienda VIII no comporta el derecho a la excarcelación. Sin embargo es rescatable que queda implícito que la sola gravedad del delito no alcanza a justificar una medida de tanta gravedad.


INGLATERRA
Se entiende que existe, en términos generales, un derecho a la excarcelación durante el proceso, derivado del principio de inocencia. La ley de la materia data de 1976 (Bail Act). En 1994 se introdujeron dos excepciones importantes (Criminal Justice and Public Order Act). En primer lugar, por la sección 25 se impone la detención obligatoria de personas acusadas por hechos de homicidio o de violación que hubieran sido condenados anteriormente por esos delitos. En segundo lugar se autoriza el encarcelamiento de acusados de ciertos delitos (indictable offences and either way offences) cuando el hecho aparezca cometido mientras se encontraba en libertad bajo fianza. En general puede denegarse la excarcelación cuando el tribunal tenga motivos para presumir que el acusado no comparecerá ante el tribunal o bien cometerá un delito mientras permanece en libertad bajo fianza o interferirá con los testigos u obstruirá de otra manera el curso de la justicia.
Recién en 1993, con una reforma de la ley se estableció, por primera vez en Inglaterra, el derecho de la parte acusadora de apelar de la resolución concediendo la libertad bajo fianza.


FRANCIA
En los casos de comparecencia inmediata, es decir delitos flagrantes, la detención preventiva puede ser ordenada por el presidente del tribunal o por su delegado por hasta cinco días a cuyo vencimiento debe ser llevado a juicio.
En los casos de instrucción preparatoria la detención podía ser ordenada por el juez de instrucción y su duración podía llegar a cuatro meses en caso de delito y a un año en caso de crímenes. A partir de la reforma del 15 de junio de 2000 la atribución pasa a ser ejecitada por un “juez de las libertades y detencionesdistinto del juez de instrucción. Este último es quien decide sobre privación de libertad durante el proceso y otrtas medidas coercitivas, como allanamientos y secuestros. No es juez de instrucción sino un magistrado con rango de presidente, primer vicepresidente o vicepresidente. La decisión se adopta en audiencia contradictoria a requerimiento motivado del juez de instrucción. Es el mismo juez el que también decide sobre los reclamos por demoras de seis meses para concluir la investigación.
La compensación por detenciones indebidas estaba prevista por una ley dictada en 1970 que lo hacía una atribución discrecional del juez de instrucción. La nueva ley la estableció como un concreto derecho del detenido a quien debe informarse en el momento de su libertad. Ya no es más el juez de instrucción el competente para disponerla sino el primer presidente de la cámara de apelaciones que debe resolver en resolución fundada y luego de una audiencia pública y con posibilidad de recurso a una comisión de indemnizaciones dependiente de la Corte de Casación. El derecho se excluye únicamente en caso de que la liberación fuera por inimputabilidad, por amnistía dictada posteriormente, o cuando el liberado se hubiera autoincriminado para favorecer a un tercero


ALEMANIA
La detención preventiva puede ser dispuesta cuando el sospechoso se fugó o se esconde o cuando hay riesgo de que interfiera con las pruebas o de que reitere el delito. También en caso de ciertos delitos de gravedad. En este último caso si bien parece que la ley (art. 112 (3) de la Ordenanza Procesal Penal) autoriza la prisión sin otros requisitos, la jurisprudencia es restrictiva y ha entendido que igualmente debe darse alguna de las hipótesis mencionadas aunque con menor intensidad. No hay limitaciones temporales pero está previsto un mecanismo de revisión obligatoria bastante complicado.
Existe además una ley de compensaciones para detenidos que resultan absueltos pero con montos bastante reducidos.


ITALIA
La detención preventiva es considerada una medida de excepción y sólo procede con motivo del peligro de que el acusado pueda interferir con la prueba o de que pueda hacerse prófugo o esconderse o cuando haya temor de que pudiera cometer delitos graves. La jurisprudencia ha considerado que la detención por el peligro de reiteración es contraria al principio de inocencia. La ley (arts. 274 y 275 del Código de Procedimientos) ha sido reformada en 1995 para autorizar la medida con mayor rigor en casos de deliltos graves o casos de criminalidad organizada. Hay, por otro lado, una limitación temporal de seis años al cabo de los cuales el detenido debe ser liberado.
Está previsto legalmente el derecho a compensación por la detención de personas que resulten absueltas. Tiene un límite de un millón de liras.


ESPAÑA
La detención preventiva puede disponerse por delitos que tengan prevista pena máxima mayor a seis años de prisión. Para delitos menores únicamente en razón de los antecedentes personales o las circunstancias del hecho o la alarma social o la frecuencia de la comisión de hechos de la misma clase.
Está previsto un límite temporal de tres meses para delitos menores de hasta seis meses de arresto mayor, de un año para delitos de hasta seis años de prisión menor y de dos años para hechos que superen esa gravedad. En estos dos últimos casos el plazo puede prorrogarse por otro tanto por resolución fundada luego de una audiencia con acusador y acusado.
Existe además el derecho a compensación de perjuicios por errores judiciales establecido en el art. 121 de la Constitución y la Ley de Organización Judicial prevé la compensación de quienes hubieran sido detenidos preventivamente y luego absueltos.