El debate en el procedimiento penal en EEUU



I. EL DEBATE (INTRODUCCION ¿PORQUE LA COMPARACION?)

El debate, en tanto instancia plenamente acusatoria, tiene lugar de un modo que supone la representación del con­flicto ante una asamblea popular. Sus características, en el modelo de la civilización occidental, responden a la prácti­ca anglosajona de juicio con jurado. Aún los paises de tra­dición continental, en los que rige el modelo de enjuicia­miento penal llamado mixto o inquisitivo reformado, estruc­turaron esa parte del proceso con la idea, implícita y no siempre advertida, de una presentación ante el pueblo.
Claro que la menor inclinación al jurado y la consi­guiente mayor frecuencia de tribunales profesionales tergi­versa y vuelve inexplicables algunas prácticas. En el entor­no anglosajón los "bench trials", es decir los juicios que se desarrollan ante jueces profesionales sin intervención de jurados, constituyen alternativas de excepción y, por ende, algunas reglas que no son del todo coherentes en esos casos, igual resultan explicables en el entorno. En otros países ese significado queda inadvertido y las reglas tienden a adqui­rir un fundamento completamente distinto del que origi­naria­mente pudieron haber tenido.
Lo cierto es que el modelo anglosajón está presente en el origen del sistema mixto; era el que tenían en mira los reformadores franceses que terminaron por aceptar el produc­to transaccional del código de 1808. Sin embargo, los auto­res europeos de Derecho Procesal parecen haber ignorado ese origen y la consiguiente necesidad de la comparación. Es una actitud que, casi se diría, supone un desconocimiento de filiación y semeja una suerte de bloqueo afectivo hacia uno de los pro­genitores. De ella se derivan algunas teorizacio­nes de los procesalistas que presentan determina­das institu­ciones como si fueran reglas y deducciones uni­versales o abstractas cuando en realidad tienen un claro origen histó­rico o bien se explican por alguna anécdota cir­cunstancial. Si se hubie­se prestado mayor atención al "common-law" inglés muchas de esas teorizaciones hubieran sido innecesarias y se habrían ahorrado muchos devaneos aun­que, también, fuerza es recono­cerlo, no se habrían desen­vuelto algunas formulaciones teó­ricas notablemente enrique­cedoras. De ahí entonces que una comprensión cabal de las fases del debate en un sistema procesal mixto (o inquisitivo mori­gerado) requiera una comparación del modelo anglosajón.
El objeto de este trabajo se circunscribe a la exposición de algunos principios considerados fundamentales del desarrollo del deba­te en el modelo de enjuiciamiento anglosajón, prin­cipalmente a través de las reglas establecidas en la juris­prudencia norteamericana, en especial la de la Corte Suprema de los Estados Unidos, tan influyente en la de nuestra pro­pia Corte Suprema.

II. EL DEBATE COMO CONTIENDA

Pero antes de hacer ese resumen, hay una referencia histórica que me parece especialmente útil para reflejar mejor la diferencia comparativa que conviene tener en cuen­ta. En su clásica obra sobre la historia del Derecho penal inglés, James Fitzjames Stephen[1] recuerda cuál es el objeto del proceso penal en términos que me permito traducir ínte­gramente a continuación:
Con relación al objeto de los juicios criminales y el procedimiento es común que la gente tienda a olvidar su verdadero carácter. Frecuentemente se sostiene que un juicio criminal debe desarrollarse tan serenamente como una investigación científica...La verdad es que toda clase de litigios, y especialmente aquellos que asumen la forma de un juicio criminal, constituyen el sustitu­to de una guerra privada y son --y tienen que ser-- conducidos con un espíritu de hostilidad que muchas veces puede ser ferviente y aún apasionado...Un juicio de alguna importancia siempre es algo así como una ba­talla y el objeto de las reglas de procedimiento es mantener el combate dentro de límites razonables e im­pedir que los combatientes se ocasionen, uno a otro o a terceros, heridas que no sean las absolutamente esenciales a los propósitos de la contienda...Dentro de sus propios límites la batalla tiene que disputarse con espadas y no con floretes. (negrita añadida por mi).

III. EL CARACTER PUBLICO DEL DEBATE

La publicidad del debate se presenta de una manera rela­tivamente ambivalente en tanto se la reconoce como un dere­cho del acusado acordado por la 6ta. enmienda de la consti­tución de los EEUU y supone al mismo tiempo un derecho del público que no puede ser excluido en función de la libertad de prensa e información establecida en la primer enmienda.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo de 1982,[2] al limitar como de carácter "no absoluto" el derecho de acceso público frente a la nece­sidad de protección de menores víctimas de delitos sexuales, dejó perfectamente sentado el carácter excepcional de la restricción y el arraigo histórico y tradicional de la aper­tura del procedimiento asi como la funcionalidad de la pre­sencia del público para los fines del proceso.
La misma Corte caracterizó el derecho del acusado a la publicidad del juicio como basado en tres fundamentos con­vergentes: 1) resguardarlo de la eventualidad de que los tribunales sean utilizados como instrumentos de persecución; 2) asegurar, por el temor al descubrimiento de cualquier falsedad, la veracidad de los testigos; 3) permitir que puedan enterarse de los procedimientos otros testigos importantes a quienes no habría acceso de otro modo.[3]
Lo que no ha hecho en cambio la Corte Suprema de los Estados Unidos es determinar cuál de esos dos derechos, el del público o el del acusado, tiene mayor alcance. La doc­trina entiende que los intereses de uno y otro se superponen de manera coincidente, en tanto la revisión contemporánea de la opinión pública es un verdadero resguardo frente a eventuales abusos de las potestades jurisdicciona­les.[4]
La publicidad comprende todo el trámite del juicio a partir de la selección del jurado e incluye los alegatos iniciales, la presentación de las pruebas, los ale­gatos fi­nales, las instrucciones al jurado y el veredicto. También abarca algunos procedimientos previos como una au­diencia de supresión de pruebas.[5] Las excepciones que se admiten, por ejemplo en casos de menores o de delitos sexua­les, se en­cuentran rigurosamente acotadas. También está muy acotada la posibilidad de desalo­jar de la sala al acusado por su inconducta.[6] Lo mismo ocurre con el juicio en ausencia que se considera admisible si el acu­sado lo abandona después de iniciado. Sin embargo hay un precedente de una corte fede­ral de circuito permitiendo el juicio en au­sencia también en el caso del acusado que está rebelde desde antes del juicio. El caso era del juicio a varios otros acu­sados juzgados simultaneamente y la Corte advirtió expresa­mente que se tra­taba de una verdadera excepción por razones de interés pú­blico y que difícilmente pudiera admitirsela fuera del caso de multiplicidad de acusados (United States v. Tortora, 464 F.2d 1202 [2d Cir. 1972]).

IV. EL DERECHO DE CONFRONTACION

La enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos establece el derecho de confrontar los testigos de cargo. Se entiende que ese derecho se encuentra implícito también en la enmienda XIV referida al "debido proceso legal" y rige, por ende, tanto en los tribunales federales como en los de los estados.
Una de las derivaciones de ese derecho es, por ejemplo, la necesidad de que el acusado sea capaz para entender el idioma del tribunal. Otra es el derecho a permanecer en la sala de la audiencia libre, sin grillos ni cadenas. También de la confrontación surge la necesidad de que el acusado esté ubicado en la sala de modo de ver y escuchar a los que declaran. Del derecho a contar con a­sistencia legal que con­sagra la misma enmienda VI surge, finalmente, el derecho a estar próxi­mo al abogado.
Pero la principal derivación del derecho de confronta­ción es uno de los rasgos más característicos del proceso penal anglosajón: el interrogatorio de los testigos por la parte contraria a aquélla que los presenta. Se considera que el examen cruzado ("cross examination" en la expresión in­glesa) constituye una de las primordiales garantías de im­parcialidad y corrección del procedimiento. El precedente fundamental en la jurisprudencia norteamericana actualmente vigente es: Pointer v. Texas de 1965[7]. Consecuencia del ca­rácter fundamental atribuido a ese mecanismo es la ri­gurosa acotación de las excepciones que se admiten. Por e­jemplo, la reserva de identidad del informante (Smith v. Illinois, 390 U.S. 129, 88 S.Ct. 748, 29 L.Ed.2d 9567 [1968]).
Resulta imprescindible, para entender la importancia otorgada al examen cruzado en el proceso acusatorio anglosa­jón, señalar que la regla tradicional que lo distingue del examen directo es la del diferente criterio con que pueden autorizarse preguntas sugestivas a los testigos. Está prohi­bido hacerlo a quien trajo al declarante como testigo a su favor pero está permitido para quien lo contrainterroga en el examen cruzado. El carácter sustancial de esa clase de reglas asi como su arraigo y vi­gencia en el derecho inglés están claramente puestos de resalto en la obra de Stephen[8]
Otras consecuencias del derecho de confrontación fueron fijadas en fallos posteriores de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 1987, en “Cruz v. N. York” (481 U.S. 1987) se excluyó la confesión de un coimputado entendiendo insuficiente la instrucción al jurado de no conferirle validez de cargo contra el otro acusado. Se trataba de una confesión extrajudicial aunque admitida y, por ende, era una declaración testifical no sujeta a confrontación. En 1998 en “Gray v. Maryland” (523 U.S. 185) se añadió que tampoco bastaba, para admitir la confesión de un coimputado, que se leyera al jurado esa confesión en un texto en el que se había suprimido el nombre del otro acusado pese a que la instrucción impartida por el juez indicaba que no debía tomarse esa confesión como prueba de cargo para el otro. En 2004, en “Crawford v. Washington” (541 U.S. 36) se anuló el fallo que tomaba en cuenta una grabación de la declaración prestada ante la policía por la esposa del acusado que no podía declarar como testigo por la ley del estado que lo impedía en razón del vínculo; siempre invocando la cláusula relativa a la confrontación. El 19 de junio de 2006 se resolvieron dos casos (“Davis v. Washington” y “Hammon v. Indiana”). En uno se admitió la grabación de una llamada de emergencia a la policía. En el otro se excluyó la declaración recibida durante un procedimiento por la policía. En ambos casos se trataba de hechos de violencia familiar en que la mujer víctima no declaró en el juicio y la distinción establecida es la del carácter testifical (“testimonial”) que la primera no tenía y la otra sí. Es decir, la llamada al 911 era una alternativa del hecho en curso que podía admitirse en ese carácter mientras que el interrogatorio era una averiguación sobre lo pasado y, por ende, un testimonio que requería la confrontación. Finalmente, el 25 de junio de 2009, en “Meléndez Díaz v. Massachussets” se excluyó el informe de laboratorio sobre la calidad de la sustancia estupefaciente secuestrada por no haber declarado en el juicio el experto que lo preparó.

V. EL TESTIMONIO "DE OIDAS" ("HEARSAY")

La tradición más arraigada de las que componen las re­glas de prueba del derecho común inglés es aquella que indi­ca tres condiciones para admitir el valor probatorio del testimonio: el juramento, la presencia personal en el juicio y el examen cruzado. Esta última es la que se señala como la primordial justificación de la prohibición del testimonio de oidas.[9]. De ahí que esta última también se considera deri­va­ción de la cláusula sobre confrontación.
Su vinculación con el juicio por jurados o bien con el carácter acusatorio del procedimiento surge claramente de sus origenes históricos. Los antecedentes remotos del jurado anglosajón recuerdan que, originariamente, era un cuerpo que daba testimonio del hecho y que recién hacia el siglo XVII quedó claramente distinguido el rol de testigos y jurados como absolutamente incompatible.[10]
Tanto en sus origenes como en la actualidad, la regla alude a dos series de casos claramente distinguibles: la narración oral de lo dicho por terceros por una parte y la utilización de deposiciones escritas por la otra. En esta última clase se incluyen toda clase de documentos escritos cuya validez probatoria se cuestiona en nombre del mismo principio. Los alcances de lo que se entiende por testimonio de oidas quedan en claro con la norma contenida en las re­glas sobre prueba de los tribunales federales: según el art. 801 de esas reglas se considera testimonio de oidas (hearsay) cualquier manifestación o afirmación, sea oral o escrita, que se quiera presentar como prueba y que no haya sido hecha por quien la formula en calidad de testigo duran­te el juicio o en audiencia pública.
Las numerosas excepciones admitidas tienen cierta acla­ración con la jurisprudencia de la Corte Suprema que señala los dos aspectos de la cuestión de las excepciones: uno re­ferido a la necesidad, es decir, la imposibilidad de aportar el tes­timonio directo; el otro a la admisibilidad, referido a los resguardos con que haya sido registrado el testimonio que se aporta sin la presencia de quien lo brinda.

VI. LA DECLARACION DEL IMPUTADO

La diferencia de formas en la manera de recibir decla­ración al acusado sugiere una observación: por un lado la omisión de juramento del modelo continental sugiere una ma­yor garantía. Sin embargo la práctica y las reglas que impe­ran en el debate en uno y otro modelo indican una conclusión opuesta.
Ocurre que en el modelo continental se comienza por la declaración que el acusado puede negarse a prestar mientras que en el anglosajón no existe ninguna instancia prevista para llamar al acusado al estrado; depende íntegramente de su voluntad. De esa manera, en el primer caso, la negativa lo pone en evidencia inmediata.
Además, en ese mismo modelo se le permite declarar en cualquier momento y cuantas veces quiera. Eso, de nuevo, parece sumamente garantista. Claro que también se permite dirigirle nuevas interrogaciones en cualquier momento y nue­vamente, entonces, cada reiteración de la negativa, vuel­ve a ponerlo en evidencia. Prácticamente están autorizadas de esa manera las admoniciones de cargos.
El derecho a no declarar, por su lado, fue acotado en el sentido de que, una vez hecha la opción de declarar, el acusado no puede rehusarse a las repreguntas de la parte contraria (Brown v. United States, 356 U.S. 148, 78 S.Ct. 622, 2 L.Ed. 589 [1958]). Pero ese mismo derecho, se enten­dió aplicable al caso de una ley que exigía que su declara­ción se prestase antes que la de los demás testigos de des­cargo (basada en la antigua regla referida al aislamiento de los testigos para que no fueran influidos por otros testimo­nios). La Corte consideró que era una ley inconstitucional y, por ende, consagró el derecho a reservar esa declaración hasta el final (Brooks v. Tennessee, 406 U.S. 605, 92 S.Ct. 1891, 32 L.Ed.2d 358 [1972]).

VII. LA CESURA DEL PROCESO

Otra cuestión importante resuelta en la jurisprudencia de la Corte Suprema es sobre la cesura del procedimiento. Se sostuvo, en el caso Crampton v. Ohio (402 U.S. 183, 91 S.Ct. 1454, 28 L.Ed.2d 711 [1971], que la ley que permitía al jurado imponer la pena capital al mismo tiempo de dictar el veredicto, afectaba el derecho a no declarar puesto que el interés de pronunciarse sobre la pena aplicable estaba en tensión con el de no hacerlo sobre la culpabilidad o inocen­cia. La Corte, pese a que reconoció expresamente la superio­ridad del criterio de la cesura del proceso, entendió que no era inconstitucional la regla de la unidad.



[1]Sir James Fitzjames Stephen A History of the Criminal Law of England, Londres, Macmillan, 1883, vol.I, pag.432.

[2]"Globe Newspaper Co. v. Superior Court for Norfolk County" 457 U.S. 596, 102 S.Ct. 2613; 73 L.Ed.2a. 248

[3]"Oliver v. United States" 466 U.S. 170; 104 S.Ct. 1735; 80 L.Ed.2d 214 (1948).

[4]Conf. Israel, Jerod H. & Wayne R.LaFave Criminal Procedure Constitucional Limitations (in a Nutshell), St.Paul, Minn., 1993, West Publishing Co., pag.455/6.

[5]El caso en que se estable­ció esto por la Corte Suprema es: Waller v. Georgia, 104 S.Ct. 2210; 81 L.Ed.2d 31 [1984].

[6]El caso en que se admitió esto último es: Illinois v. Allen, 397 U.S. 337, 90 S.Ct. 1057, 25 L.Ed.2d 353 [1970]

[7]380 U.S. 400; 85 S.Ct. 1065; 13 L.Ed.3d 923.

[8]Op. et loc. citados, pag. 431.

[9]Conf. Edward W.Cleary (ed.) McCormick on Evidence, 3ra. edic., St.Paul, Minn., 1984, pag.726/278.

[10]Conf. Cavallero, Ricardo y Edmundo S.Hendler Justicia y participación-El juicio por jurados en materia penal, Bs.As., 1988, pag.30 y sigtes.