Italia - Sistema procesal penal


EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
Sobre un proyecto de una comisión presidida por G. Doménico Pisapia se aprobó el nuevo código el 22 de setiem­bre de 1988. La principal filosofía que lo inspira es la implantación de un modelo típicamente acusatorio que suprime la faz instructoria reemplazandola por una investigación preliminar a cargo del Ministerio Público bajo el control de un "Juez de las Investigaciones Preliminares".
Por su lado, y merced a la dirección jurisprudencial implantada por la Corte de Casación, el Ministerio Público, al que la nueva legislación asigna la misión capital de di­rigir la Policía Judicial, desarrolla sus funciones por un complejo de organos totalmente independientes entre si.
Hay una investigación preliminar que tiene una duración limitada a seis meses, que se cuentan desde que se inscribe en un registro especial, que debe llevar el Ministerio Pú­blico, el nombre de la persona a quien se atribuye el deli­to. A su término las actuaciones deben remitirse al Juez de las Investigaciones Preliminares con facultad, en ciertos casos, de solicitar el archivo o de requerir sobreseimiento provisional por desconocerse el autor.
Las medidas cautelares se caracterizan por el amplio cuadro de medidas alternativas a la prisión preventiva, la que queda relegada a la categoría de medida residual y sub­sidiaria.
Lo más novedoso son los procedimientos especiales, tendientes a simplificar los procedimientos y que, según advierte Villagómez, están informados por la aplicación pura del sistema acusatorio o bien por la introducción del prin­cipio de oportunidad y de mecanismos de transacción intraprocesal ("patteggiamento").
En esta segunda alternativa aparecen el "Juicio abre­viado" que es el que se desarrolla, a pedido del imputado y con la conformidad del fiscal, en la misma audiencia preli­minar.
También entra en esa categoría la "Aplicación de pena a instancia de parte" que consiste en el acuerdo entre el im­putado y el Ministerio Público para aplicar una medida sus­titutiva de la privación de libertad, una pena pecuniaria, o una pena privativa de libertad que no exceda de dos años. Se lo puede hacer antes de la audiencia preliminar, en la au­diencia preliminar o hasta antes de la apertura del juicio oral. El juez controla que la pena sea legalmente aplicable considerando la reducción hasta un tercio que las partes pueden acordar. Igualmente cabe la alternativa de que se haya supeditado el acuerdo a la suspensión de la condena y, en ese caso, el juez tiene atribuciones para rechazar la solicitud si considera que no corresponde la suspensión. La condena dictada de esa manera no implica pago de costas ni consecuencias accesorias ni influye en los juicios civiles o administrativos. Sus efectos se extinguen al cabo de cinco años (o dos si se trataba de una simle contravención).
En la primera categoría, es decir, como prenda de un puro sistema acusatorio, Villagómez menciona el juicio directísimo, que tiene lugar en casos de delito flagrante en los que el Ministerio Público lleva al acusado directamente al tribunal de juicio. La innovación del código, puesto que ya se aplicaba anteriormente, es la posibilidad de acudir también a ese procedimiento cuando el imputado ha reconocido los hechos. Lo característico es la omisión de formalidades, la prescindencia de investigación y audiencia preliminar y la formulación oral de la acusación. El imputado puede pedir plazo hasta diez días para preparar su defensa.
También está en esa categoría el "Juicio inmediato" que supone, igualmente, prescindir de la audiencia preliminar. Puede acudirse a él a solicitud del Ministerio Público con el fundamento de la evidencia de la prueba, o bien por sim­ple renuncia del imputado a la audiencia preliminar.
Hay, por último, una variante considerada por Villagómez "monitoria" que es el "Procedimiento por Decre­to", aplicable a delitos menores y contravenciones. Consiste en la imposición de la pena pecuniaria sin juicio ni debate, a solicitud del Ministerio Público y con posibilidad del imputado de impugnarla dentro de cierto plazo al ser noti­fi­cado. En este último caso debe desarrollarse el juicio por lo que el trámite consistiría, en definitiva, en una pro­puesta de sanción.

(Extractado de: Marco Villagómez 'Estudio preliminar' en 'El nuevo proceso penal italiano' Documentación jurídica, T. XVI, enero-marzo 1989, #61, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justi­cia, Madrid, pag. 13/40).
LA PRUEBA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
Sobre el testimonio en codelincuencia utiliza una fór­mula de compromiso: se lo aprecia con los elementos de prue­ba que confirmen su credibilidad.
El nuevo código dedica todo un libro a las pruebas.
Esta interdicta la declaración de oficiales y agentes de la policía judicial sobre el contenido de las declara­cio­nes recibidas
Un cambio sustancial es el del rol del juez que de protagonista en el anterior sistema pasa a ser controlador y "reequilibrador". Lisa y llanamente se adopta el sistema de la cross examination anglosajona.
Están prohibidos los documentos anónimos.
Se distinguen prolijamente las pruebas admisibles y los procedimientos de conseguir las pruebas. Las escuchas tele­fónicas estan rigurosamente restringidas a los casos de de­litos determinados (de mayor gravedad).
La reforma italiana ha suprimido la figura del juez de instrucción y la instrucción preparatoria misma y ha consa­grado ampliamente la oralidad suprimiendo el expediente. Pero hay dos clases de expedientes que se usan, uno para los debates que no incluye las declaraciones recibidas por el ministerio público, y otro, para el ministerio público que si los contiene pero está sometido a "discovery" de la parte contraria. La utilización de esas declaraciones está circunscripta a la contestación de otras pruebas. Por ejem­plo la declaración del inculpado, --recibida en presencia de su abogado--, puede utilizarse a esos fines, vale decir como prueba negativa.

(Extractado de: Mario Chiavario 'Limites en matiere de preuve dans la nouvelle procédure pénale italienne' Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1/1992, pag. 30-41)
EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
El Código de Procedimientos actual entró en vigencia el 24 de octubre de 1989.
Existe en Italia una oficina del Ministerio Público ante cada tribunal, inferior o superior. La jurisdicción penal está dividida en tribunales de mayor y de menor cuan­tía. Cada oficina cuenta con un fiscal superior que la di­ri­ge y fiscales adjuntos en número variable asi como un staff de diversos funcionarios y empleados.
Las atribuciones del Ministerio Público son amplias: puede hacer comparecer e interrogar testigos e imputados, secuestrar cosas o documentos, allanar domicilios, hacer pericias y arrrestar preventivamente al sospechoso. Esto último en casos de urgencia y por breve lapso hasta obtener la orden de un juez.
Rige el principio de legalidad, no el de oportunidad. Además, el ministerio público es independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Sus investigaciones es­tán sujetas a control judicial. Concluida una investigación, se presenta al juez a cargo del procedimiento preliminar que es quien decide si hay prueba para llevar adelante la acu­sa­ción o si debe desestimarse el caso.

(Extractado de: Gianni Tinebra 'The role of the Pubblico Ministero in Italy' International Review of Penal Law, Vol.63, #3-4, 1992, pag. 593/601).

Nueva bibliografía:
Nicolás M. Guzmán: ALGUNOS ASPECTOS DEL MODELO PROCESAL PENAL ITALIANO. En particular, la novedosa estructuración de la fase de la investigación preliminar en Nueva Doctrina Penal, 2002/B, pp. 619/643.