Japón - Sistema procesal penal


JAPON

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Tomado de:
1.- Yuji SHIRATORI 'La procedure penale japonaise -- son histoire et son actualité' (Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, #3, julio-setiembre 1992, pag. 525/540).
2.- Meryll Dean 'Trial by Jury: a force for change in Japan', International and Comparative Law Quarterly, vol 44, abril de 1995, pag. 379/404)

El sistema japonés hace más de doscientos años que a­doptó la modalidad occidental. Se considera un sistema "efi­caz" en razón de la alta tasa de condenaciones.
Antiguamente, y bajo la influencia, por un lado de la tradición legal china y, por otro lado, de la idiosincracia feudal vigente desde el siglo XII, existía un sistema bastante represivo algo moderado en el período de influencia Tokugawa que se inicia en 1603. De todos modos el autoritarismo del sistema es evidene. De 1742 data un manual de instrucciones para funcionarios judiciales, el Kujikata Osadamegaki, nunca promulgado ni accesible a los ciudadanos que era un reglamento burocrático carente de toda idea de garantías o derechos individuales o de independencia judicial.
En 1868, con la época Meiji que sucede a la época feu­dal Tokugawa, se inicia la influencia del derecho francés. El código es de 1882 y adopta el sistema del código de ins­trucción francés de 1808, salvo que, contra lo que indicaba el proyecto de Boissonade --jurista invitado por el gobier­no-- no se incluye el jurado.
En 1922 hay una reforma que tiende a garantizar un poco más los derechos de la defensa en la instrucción (el modelo adoptado no contemplaba la ley Constans de Francia de 1897). Pero más que a eso la reforma tendió a reforzar las atribu­ciones del ministerio público. Se inspiró en el código de procedimientos alemán de 1877.
Una de las críticas que se suscitaron inmediatamente después de la reforma fue la subsistencia del juez de ins­trucción.
Después de la segunda guerra mundial se inicia la in­fluencia anglo-americana. En lo que se refiere a la estructura del poder judicial establece el nombramiento por el gabinete de los ministros de la Corte Suprema y los de los tribunales inferiores también pero de una lista hecha por la misma Corte. Hay cuatro clases de tribunales aparte de la Corte Suprema: superiores (High Courts), de distrito, de sumario (summary courts) y tribunales de familia. La constitución impuesta por el comando aliado en 1946 consagra una serie de garantías y el nuevo código de procedimiento penal fue puesto en vigor en 1949.
En él se establece la supresión de la instrucción dandose atribuciones a la policía judicial y al ministerio público bajo el resguardo de la orden de arresto o de in­cau­tación por el juez. Se adopta el sistema americano de preci­sión de los cargos y la regla de exclusión del testi­monio de oidas, pero no se garantiza la asistencia legal en los inte­rrogatorios policiales, ni hay jurado, gran jurado, entrapment ni plea bargaining. Hay un favorecimiento del sistema acusatorio al convertirse al fiscal en un funciona­rio en vez de un magistrado poniendolo en igualdad con la parte contraria. Rige además el principio de oportunidad con amplios poderes del ministerio público para decidir llevar adelante una acusación o bien para desestimar casos sobre la base de las circunstancias personales y la gravedad. La ex­cepción son los delitos cometidos por funcionarios.
Pero el mantenimiento de la inquisición está presente, sobretodo en una cuestión: los interrogatorios policiales sin asistencia del abogado. La influencia de la jurispru­den­cia americana lieralizadora ha sido muy modesta y, por ejem­plo, la regla de exclusión, aunque proclamada en fallo de la Corte Suprema de 1978, muy raramente ha sido aplicada en la práctica. Otro tanto puede decirse de la regla sobre testi­monio de oidas que reconoce muchas excepciones, entre ellas, fundamentalmente, la de permitir la presentación en la au­diencia de las actas de lo declarado ante la policía.
Se permite el arresto hasta setenta y dos horas en cuyo transcurso el fiscal puede pedir la detención preventiva, la que, a su vez, tiene un límite de diez días prorrogables por otro tanto. En suma, hasta veintitres días. En todo ese lap­so el individuo está alojado en sede policial y sometido a interrogatorios constantes. No puede ser excarcelado, ni pedir un defensor oficial. Tampoco existe el derecho de con­tar con abogado en los interrogatorios y, si bien se permite la consulta, los funcionarios tienen atribuciones para limi­tarla y demorarla. El derecho a negarse a declarar existe pero los funcionarios policiales suelen persuadir a los de­tenidos para que lo declinen y confiesen.
Shiratori advierte, en definitiva, que el sistema ja­po­nés sacrifica las garantías individuales en aras a la efica­cia, deja prevalecer la encuesta preliminar sobre los deba­tes y carece de suficiente participación democrática. En el primer aspecto tres problemas resultan destacados:
1) Las medidas coercitivas como la obtención de orina para verificar el uso de estupefacientes, admitida por la Corte Suprema en fallo del año 1980.
2) La elasticidad con que la jurisprudencia admite excep­ciones al derecho a comunicarse libremente con el abogado durante la detención preventiva.
3) La misma elasticidad en las excepciones a la necesidad de orden judicial de arresto: se admite la voluntariedad de la concurrencia y sometimiento a la autoridad policial.
En el segundo aspecto hay un divorcio entre lo que dice la ley: el predominio de la audiencia de estilo contradic­to­rio sobre la encuesta preliminar inquisitiva, y lo que ocu­rre en la realidad: la preferencia en la conside­ración de las constancias del dossier policial.
En el tercer aspecto existe sólo una excepción de con­trol ciudadano: la atribución del ministerio público de des­estimar casos está sujeta a la inspección de un comité de once ciudadanos creado por una ley de 1948. Tiene cierta inspiración en el gran jurado británico. Pero sus determi­na­ciones no obligan al ministerio público a llevar adelante una acusación, sólo lo recomiendan. Se señala que de los casos reenviados en 40 años sólo el 18,4% fueron llevados posteriormente a juicio.
Por lo que respecta al jurado, fue establecido en una ley de 1923 que entró a regir en 1928 y fue dejado en sus­penso después de 1943. Pero en la actualidad hay un movi­miento de opinión en pro de su implantación.

The bill on lay participation in criminal justice, "Saiban-in Act 2004", has passed both Houses of the Diet on May 21!

In the new system, prospective jurors, picked up randomly from voter's list, are questioned by the judge, and may be challenged either for cause or peremptory.

Composition of a panel is 6 jurors and 3 professional judges. But if the defendant pleads guilty, and no objection from both parties and judge, it may be 4 jurors and 1 professional judge.

The panel handles only serious cases in which the defendant may face death, life, or in which victim died of defendant's intentional action.
The expected number of the cases would be around 2,800 a year.

Jurors and judge(s) listen to the evidence together, deliberate together, and render verdict together, not only of defendant's guilt but sentence.
It means, even defendant pleads guilty, s/he is tried by the new panel. Jurors serve for only one case.

The new system will be in act in 2009.