Rusia - Sistema procesal penal



El proceso penal en la ex UNION SOVIETICA [1]

Cada república, unida o autónoma, tiene sus propios códigos y, aunque existen bases fundamentales del Soviet Supremo, hay aspectos legislados de manera diversa, por e­jemplo, la participación de la víctima en el proceso. Las reglas fundamentales de la Unión Soviética datan del 25 de diciembre de 1958.[2]
Hay (o había) una Corte Suprema de la Unión Soviética, Cortes Supremas de cada república, tribunales regionales y, los más importantes: tribunales populares de distrito que entienden en el 98% de todos los casos civiles y criminales. Todos los jueces son elegidos; los de distrito por cinco años en votación universal, secreta y directa del distrito. Los asesores, o jueces populares, por dos años y medio y por aclamación en los lugares de trabajo o de residencia. Ambos son responsables frente, y pueden ser removidos por, el e­lectorado.
El Procurador General de la Unión Soviética y los pro­curadores subordinados a él tienen amplios poderes de su­per­visión sobre distintos organismos del estado y en procura de la observancia de las leyes. Operan de manera centrali­zada y el Procurador General es nombrado por el Soviet Su­premo; sus subordinados son designados o confirmados por él; ambos por períodos de cinco años. El Ministerio del Inte­rior, del que a su vez depende la Milicia, es parte del sistema de justi­cia criminal.
Salvo casos de menor cuantía ningún caso criminal es decidido por jueces unipersonales; siempre actúan tres: un juez profesional y dos asesores legos en primera instancia y tres jueces profesionales en apelación. Por regla constitu­cional todos los procedimientos son públicos.
Rige la presunción de inocencia y todos los organismos que intervienen en la investigación están obligados a buscar las pruebas sean de cargo o de descargo. Está prohibido el uso de coerción o amenazas para obtener declaraciones del acusado y el art. 77 del Código de Procedimientos ruso con­diciona la admisión de la confesión a que la acusación re­sulte corroborada por la totalidad de las pruebas. Una de las reglas fundamentales (art. 430) prohibe que se condene únicamente por presunciones.
Está consagrado el principio de la verdad real y la mayoría de los casos son investigados por el Ministerio del Interior; no si se trata de homicidios u otros delitos de funcionarios que incumben al procurador. Este último super­visa y da directivas en las investigaciones de cualquier otro organismo incluso el Ministerio del Interior. Sus atri­buciones comprenden la de dar por terminado un caso. En el juicio puede llegar a retirar la acusación si la inves­tiga­ción judicial no confirma la culpabilidad.
Luego de la investigación preliminar se debe dar noti­cia a la organización, empresa, granja colectiva, etc., a la que pertenece el inculpado, quien decide, previa discusión popular, si designa uno de sus miembros para representarla ante la Corte. El representante puede ser instruido para apoyar la acusación o defender al acusado pero puede variar de posición según el curso de la investigación.
La detención preventiva de una persona puede ser orde­nada por el tribunal o por el procurador. Se puede recurrir esa decisión ante una instancia superior del procurador, no ante otro tribunal. Normalmente no puede durar más de dos meses pero en algunos casos puede ser prorrogado ese plazo. Para alcanzar al total de nueve meses hace falta la aproba­ción del Procurador General de la Unión. El arresto sin or­den puede extenderse sólo por 72 horas al cabo de las cuales sólo puede prolongarse con el decreto del Procurador.
La participación del abogado comienza cuando está com­pleta la investigación preliminar. Tiene derecho a partir de ese momento de entrevistarse libremente con su defendido y tomar conocimiento de todos los elementos del caso. La víc­tima, el actor civil y el responsable civil tienen también derecho a participar del procedimiento y pueden peticionar igual que las otras partes.
El procedimiento se inicia con un "decreto de inicia­ción" por quien toma a su cargo la investigación. Un nuevo decreto se debe dictar cuando se han reunido pruebas que señalan un acusado y, en esa ocasión, se establecen las me­didas precautorias. Finalmente el investigador prepara su acusación cuando ha completado la recolección de pruebas y la somete al procurador quien debe verificar los elementos del caso y el resguardo de los derechos. Con su aprobación el caso es enviado al tribunal.
Surge entonces una instancia intermedia en la cual el tribunal meritúa la suficiencia del caso sin pronunciarse sobre la culpabilidad sino solo sobre el mérito de la acu­sa­ción. Esto lo hace, generalmente, un juez unipersonal salvo en ciertos casos como los de menores o aquéllos en que no está de acuerdo con las conclusiones de la acusación, en cuya hipótesis intervienen los tres miembros (juez profe­sio­nal y asesores legos). Se concluye por una de tres al­terna­tivas: desestimación, reenvío para mayor averiguación, o remisión a juicio. El filtro de esta instancia está re­fleja­do en la circunstancia de que un porcentaje elevado de casos son devueltos para mayor averiguación.
La audiencia está regida por los principios de oralidad, inmediación y continuidad y por el sistema acusa­torio. Comprende una fase preparatoria en la que se verifica la presencia de los convocados y se atienden las objeciones; una fase de dilucidación en la que el tribunal y las partes interrogan al acusado y a los testigos, leen los documentos e incorporan las demás pruebas; una fase de debate y una declaración final del acusado.
La decisión debe basarse en las pruebas presentadas en la audiencia. Se delibera en secreto entre los miembros del tribunal. Caben las apelaciones que se resuelven sin recibir pruebas y cuyo resultado puede ser la confirmación, la re­vo­cación con reenvío, la revocación con absolución y la ate­nuación de la sentencia.

El rol del "Procurador" en la ex Unión Soviética [3]

La procuraduría rusa tiene origen en el régimen zaris­ta, en 1722. Originariamente su función era supervisar el cumplimiento de las leyes por los organismos de los gobier­nos locales y también del gobierno central. Con la reforma de 1864, que suprimió la instrucción judicial, se transformó en órgano de acusación penal del estado. A partir de 1922, con el régimen soviético, volvió a asumir funciones de su­pervisión. Desde su nacimiento, la Procuraduría fue siempre representativa del Poder Legislativo.
Aparte del Procurador General de la Unión existen los de cada república, territorio o región, nombrados por el primero. Con las reformas de 1991 se produjo una descentralización y ahora cada república designa sus procu­radores. Como no hay juez de instrucción, la supervisión de las investigaciones preliminares está a cargo de la Procuraduría.
Según Klochkov, la misión de supervisión de los fisca­les debe independizarse de la de acusar. Esta última incumbe al Poder Ejecutivo.

El abogado en la ex Unión Soviética [4]
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Por ley del 10 de abril de 1990 el abogado defensor un un caso criminal interviene desde la presentación de la acu­sación o dentro de veinticuatro horas del momento de la de­tención pero, por regla general, el acceso a la prueba sólo lo tiene una vez completada la investigación. Además, el "investigador" (no necesariamente el "Procurador") puede limitar la duración del examen de las pruebas. La ley tam­bién establece el derecho a la comunicación en privado del sospechoso o acusado con su defensor. Durante el juicio el defensor tiene el privilegio de ser el último que interroga.

La administración de justicia y las garantías procesales en la ex Unión Soviética [5]

La estructura de los tribunales comprendía los de la unión y los de las repúblicas, unificadas o autónomas (es decir, incluidas dentro de otras repúblicas), cada uno in­cluyendo una Corte Suprema. Hay también tribunales de áre­as, regiones, ciudades, circuitos autónomos y, finalmente, de distritos populares. Fueron abolidos los tribunales de "Ca­maradas".
Todos los tribunales funcionan como tribunales de jui­cio y la función de "tribunales de investigación o de poli­cía" la ejercen, según Ametistov, los de distritos o bien de pueblos (towns) si el pueblo no tiene distritos. En todos los casos, para entender en juicio, los tribunales se inte­gran con un juez profesional y dos asesores legos. Las en­miendas de 1990 establecieron el derecho al juicio por ju­ra­dos en casos de delitos que tengan pena de más de diez años de prisión o de muerte pero, en 1991, todavía no habían sido puestos en práctica.
Con excepción de los tribunales de distritos, todos los demás tribunales ejercen jurisdicción de apelación por una especie de casación que los acusados tienen derecho a dedu­cir.
La legislación de 1991 excluyó toda intervención de los jueces en la etapa previa al juicio, la que está a cargo del procurador, la policía o la KGB. Los jueces pueden ordenar investigaciones adicionales únicamente durante el juicio. La falta de control judicial de la etapa previa es considerada por Ametistov como una causa de violaciones de derechos ci­viles. Tanto la Milicia como la KGB tienen atribuciones de allanar domicilios sin orden judicial.
En el juicio hay una instancia preliminar que da lugar a la desestimación de los cargos por parte de los jueces basada en la falta de pruebas suficientes. Los jueces tienen la atribución de interrogar a los testigos, acusados y demás participantes del procedimiento. Su fama de favorecer siem­pre al estado en desmedro del acusado comenzó a cambiar en los últimos años antes del colapso de la Unión Soviética.[6]
Antes de la disolución de esta última se requería la participación de defensores y acusadores "sociales" en el procedimiento. Desde entonces se transformaron en "repre­sen­tantes de la opinión pública" pero sus funciones son muy vagas y más bien parecen actuar como simples testigos.
Los jueces legos tienen iguales atribuciones que los jueces profesionales y deciden incluso en cuestiones de de­recho pero los últimos ejercen siempre, en la práctica, la mayor influencia.
Los procuradores, además de supervisar las investiga­ciones, tienen la potestad de arrestar, autorizar y prac­ticar pesquisas, ordenar la detención de sospechosos y ha­cerse cargo de la investigación. El reclamo académico, desde hace años, es separar las funciones de investigación y las de acusación.
La acusación en casos criminales es atribución del pro­curador pero, en ciertos casos, como los de injurias y difa­mación, pueden hacerlo abogados particulares.
Aunque oficialmente los procuradores no reciben ins­trucciones, durante todo el período de dominio comunista, seguían fielmente las indicaciones del partido o del go­bier­no, situación que ha comenzado a cambiar lentamente.[7]
La revisión de lo hecho por los procuradores la ejer­ci­tan los tribunales después de iniciado el juicio, incluso en cuanto a arrestos, detenciones y pesquisas.

La independencia de los jueces en la ex Unión Soviética [8]

Hay colegios integrados por los propios jueces que in­tervienen en la elección de los jueces profesionales. Estos son, por otro lado, responsables y deben rendir cuentas al electorado. La cuestión está actualmente debatida.
La influencia del partido sobre los jueces fue un grave problema hasta hace poco tiempo. Según Galperin, ahora ha sido superado

El proceso penal en la actual FEDERACIÓN RUSA [9]

Los participantes del proceso son siete (7): el procurador; el investigador, el representante de una agencia de investigación o encuesta preliminar, el juez, el abogado defensor, el acusado y la víctima o su representante.
El procurador es la cabeza de la organización, representa al gobierno en el juicio y supervisa el expediente de la investigación preliminar; en casos de gravedad como homicidios debe tomar a cargo la investigación. El investigador, que es un abogado, es quién habitualmente hace esta última tarea para lo cual cuenta con una serie de atribuciones como arrestar, secuestrar elementos, allanar domicilios, etc. Los representantes de agencias de investigación son las fuerzas policiales y son, en definitiva, quienes realizan el trabajo concreto como escuchar testigos, reconocer el lugar del crimen, etc.
La investigación preliminar tiene un plazo de 60 días que puede ser prorrogado por el procurador. Se desarrolla en secreto y el imputado o su defensor pueden pedir diligencias.
Los tribunales están organizados en tres jerarquías: de distrito con competencia en delitos con pena de hasta cinco años de prisión; de región que conocen en delitos más graves y en apelación de los de distrito y, finalmente, cortes supremas de repúblicas autónomas.[10]
En el trámite usual el investigador somete sus conclusiones al procurador. Si concluye que no se debe acusar, previamente tiene que dar vista del expediente a la víctima y/o al actor civil y después también al imputado. El procurador resuelve en cinco días y tiene atribuciones para decidir si acusa, si sobresee o si devuelve para profundizar la investigación. Después de presentada la acusación formal un juez tiene que resolver en catorce días si le da curso, si la desestima o si reenvía para mayores investigaciones. En caso en que el acusado haya solicitado ser juzgado por jurados, hay una audiencia preliminar después de presentada la acusación.
La implementación del jurado a partir de 1993 ha sido hecha , hasta 1999, en nueve de las ochenta y nueve regiones aunque ya había otras doce que lo estaban reclamando. El sistema se aplica a requerimiento del acusado
Durante el juicio el acusado permanece en una especie de jaula desde donde declara, es interrogado, o bien formula preguntas. Se debe a problemas presupuestarios: no hay suficientes agentes de custodia. Dado el rol inquisidor que acostumbran a desempeñar los jueces, los procuradores pueden permitirse estar ausentes en el debate. Cuando interviene el jurado la tendencia muestra un estilo mucho más acusatorio. Hay instrucciones preliminares y resumen final.
Se mantiene, de todos modos, el sistema de los asesores populares, dos por cada juez, que intervienen tanto en juicios civiles como penales.



[1] Valery M. Savitsky y Victor M.Kogan 'The Union of Soviet Socialist Republics' en Major Criminal Justice Systems-A comparative survey; 2nd. edition, 1987, edited by George F. Cole, Stanislaw J. Frankowsky y Marc G. Gertz (Sage Publications Inc., Cal., U.S.A.), pags. 191/220.

[2] The republic itself had been established immediately after the Russian Revolution of October (November, New Style) 1917 and became a union republic on Dec. 30 (Dec. 17, Old Style), 1922. (Tomado de la Enciclopedia Británica, versión 1998, voz "Russia"


[3] V.V. Klochkov 'The role of the Procurator in the former USSR' en International Review of Penal Law, vol. 63 #3/4, 1992, pags. 641/655.

[4] I.L. Petrukhin 'The right to effective counsel for the defense in the former USSR', misma revista citada en nota anterior, pag. 859/861


[5] E. Ametistov 'The protection of Human Rights in the administration of Criminal Justice in the former Soviet Union', misma revista citada en notas anteriores, pag.969/980.


[6] Following the termination of the U.S.S.R. in 1991, Russia joined with other former Soviet republics in forming the Commonwealth of Independent States (CIS). (Tomado de la Enciclopedia Británica, versión 1998, voz "Russia")
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[7] The same year [1991] saw the dissolution of the Communist Party and the peaceful breakup of the Soviet Union into an independent Russia and 14 other new, sovereign nations. (op et loc. citados en nota anterior)


[8] I.M. Galperin 'The independence of the Judiciary in the USSR', misma revista, pag. 981/984.

[9] .Extractado y traducido de:Catherine Newcombe en Criminal Procedure: A Worldwide Study, ed. Craig M. Bradley, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 1999, capítulo 9, pag. 283/317

[10] Under the 1993 constitution, a president elected to a four-year term appoints the prime minister, cabinet members, and key judges (Enciclopedia Británica, citado anteriormente)