La responsabilidad de las personas jurídicas


La responsabilidad de las personas jurídicas
EL CODIGO PENAL FRANCES DE 1993
Es acumulativa, especial y condicional: no excluye la de las personas físicas autores o cómplices de los mismos hechos; se incurre en los casos expresamente previstos en la ley o la re­glamentación y; debe tratarse de hechos cometidos por cuenta de la persona y por sus órganos o representantes.
Están alcanzadas todas las personas de derecho privado, in­cluyendo sindicatos, fundaciones, sociedades de hecho y socieda­des extranjeras. No el estado aunque sí las personas de derecho público pero únicamente en los casos de infracciones co­metidas en el ejercicio de actividades susceptibles de "con­ve­nios de delegación de servicio público"
Según Francois Franchi, la situación de la legislación en Francia, en el campo de las infracciones económicas y financie­ras, conduce a distinguir tres variantes: 1) casos previstos de aplicación de la responsabilidad de personas jurídicas que serían apropiados como los casos de accidentes del trabajo, la falsifi­cación de facturas y las quiebras; 2) casos no previstos y que deberían estarlo como las infrac­ciones al código del trabajo, las de la ley de sociedades, las de derecho fiscal y aduanero; las prácticas anticompetitivas y las relativas a operaciones de bol­sa; y 3) los casos previstos pero inútilmente como los de falsi­fi­caciones.

HOLANDA
El parágrafo 51 del Código Penal contempla la respon­sa­bili­dad de las personas jurídicas que no excluye la de los represen­tantes individuales. Según H.de Doelder el principio es "Societas delinquere potest". Ya antes estaba en el có­digo especial de Derecho Penal económico desde 1953.
Se considera que actúa la persona jurídica cuando lo hace una persona en su ámbito de acuerdo con la doctrina del "contexto social" que pretende abarcar aquellos casos de quien, por ejem­plo, compra una mercadería en un supermercado perteneciente a una gran cadena. Quien le vende en ese caso es la persona jurídica dueña de la cadena.

NORUEGA
Por ley del 20 de junio de 1991 se introdujeron en el Código Penal preceptos sobre responsabilidad de empresas como un nuevo capítulo de la parte general. Se estableció de manera facultativa el castigo con multa de la persona jurí­dica cuando el delito es cometido por quien hubiera obrado en su nombre. Contempla también la cesación de la actividad o la interdicción parcial. Menciona a: compañías, socieda­des, asociaciones, empresas unipersonales, fundaciones, con­juntos inmobiliarios y entidades públicas. Se registran ca­sos de multas a autoridades municipales.
Todavía no hay experiencia de aplicación del nuevo có­digo aunque si de la legislación anterior que a partir de la posguerra mundial estableció la responsabilidad en varias leyes especiales.

ESPAÑA
El nuevo Código Penal sancionado en noviembre de 1995 en el título VI de la parte general, bajo el acápite de "Consecuencias accesorias", después de referirse al decomiso en los arts. 127 y 128, se ocupa de la imposición de conse­cuencias que se refieren a personas jurídicas en el art. 129. Están previstas las siguien­tes: a) clausura de la em­presa; b) disolución social; c) suspen­sión de actividades; d) prohibición de actividades futuras; e) intervención de la empresa en resguardo de acreedores o trabaja­dores.

Se requiere para imponer esas consecuencias: resolución mo­tivada y audiencia previa. Se contempla la posibilidad de impo­nerlas por el juez instructor durante la tramitación de la causa. Se aclara que se trata de medidas orientadas a prevenir la con­tinuidad y los efectos del delito.

ESTADOS UNIDOS
El tema se vincula con el de la responsabilidad es­tric­ta u objetiva y, más precisamente, con el de la respon­sabi­lidad vicariante. Actualmente se proclama como regla la res­ponsabilidad penal de personas jurídicas (corporations) y se menciona la regla de la autoridad superior (superior agent) es decir la de que cabe esa responsabilidad --fuera de los casos de responsabilidad ob­jetiva-- cuando la con­ducta se atribuye al directorio o a un funcionario de alto nivel gerencial.
Originariamente, la jurisprudencia reconocía esa res­ponsa­bilidad en casos de delitos de simple omisión (ejemplos en fallos de 1888 y 1891) pero la distinción fue abandonándose como arti­ficial y la Corte Suprema, en "New York Cent & H.R.R. v. United States" en 1909 reconoció la constitucionalidad fijando un criterio amplio de responsa­bi­lidad vicariante.
Pero no todos los delitos se estiman sujetos a esa cla­se de responsabilidad. Por ejemplo los castigados con muerte o prisión aunque algunos códigos modernos contemplan una regla general permitiendo imponer multas a personas ju­rídi­cas aún en casos en que no esté prevista esa pena.
De todos modos se considera que el tema es polémico pero por razones de política criminal. En el plano dogmático se entiende, generalmente, que es apropiado sancionar a la persona jurídica en delitos de responsabilidad objetiva o, de lo contrario, según la regla de la autoridad superior. El código Penal Modelo toma ese criterio y le añade el caso de transgresiones menores no delic­tivas (violations) o de omi­siones específicamente previstas con respecto a deberes de la persona jurídica (Sección 2.07). Pero a la vez contempla la exención en caso de prueba convincente (preponderance of evidence) de que los agentes superiores de la persona jurí­dica fueron diligentes en tratar de evitar el hecho. (2.07 [5]).
Pero las simples asociaciones sin personería (partnerships) no están regidas por la misma regla y se en­tiende, en principio, que no tienen existencia legal ni res­ponsabilidad penal como ta­les. Las normas de responsabi­lidad vicariante, en esos casos, se refieren a la responsa­bilidad de los socios, no a la de la enti­dad. Existe, sin embargo, alguna inclinación por la teoría de la entidad y se cita cierta jurisprudencia que establece la respon­sabilidad del ente. Hay, además, dos excepciones expresas a la regla de la irresponsabilidad: 1) delitos de simple omisión de deberes expresamente impuestos en cabeza de la asociación; 2) res­ponsabilidad del ente expresamente establecida en la ley. Es el criterio que se deduce de un fallo de la Corte Suprema de 1958 y del Código Penal Modelo (Sección 2.07 [3] [a] y [b]).