Pena de muerte en los Estados Unidos


PENA DE MUERTE

(Trabajo publicado en revista Nueva Doctrina Penal)


El acusado Atkins fue condenado por homicidio y otros delitos conexos por un tribunal del estado de Virginia que le impuso la pena de muerte. En su apelación a la Corte Suprema del estado invocó que, por su condición de retrasado mental, no debía aplicarsele ese castigo. La Corte estadual no hizo lugar y confirmó el fallo basandose en jurisprudencia de la Suprema Corte Federal de 1989. (“Penry v. Lynaugh”). El caso llegó a este último tribunal por vía de Certiorari

“Atkins v. Virginia” Corte Suprema de los Estados Unidos (junio 20/2002)

La octava enmienda prohibe sucintamente las sanciones excesivas. Establece: No se requerirán fianzas de excarcelación excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni serán inflingidos castigos crueles e inusuales. En “Weems v. Estados Unidos”, en 1910, consideramos que un castigo de doce años de trabajo forzado encarcelado con grillos por el delito de falsificación de registros era excesivo. Explicamos que es un principio de justicia que el castigo del delito sea graduado y proporcionado a la ofensa. Ese principio de proporcionalidad fue reiteradamente aplicado en casos posteriores interpretando la Octava Enmienda. Por ende, si bien una pena de noventa días de prisión no es, en si misma, cruel ni inusual, no debe ser impuesta como condena por el estado de adicción a narcóticos –Robinson v. California (1962)—en tanto sería una sanción excesiva. Como lo señaló el Ministro Stewart en Robinson: aún un día de prisión sería un castigo cruel e inusual por el delito de tener un simple resfrío.

La afirmación de que un castigo es excesivo no se pondera por las pautas prevalecientes en 1685 cuando Lord Jeffreys presidía los Bloody Assizes[1] o cuando fue adoptada la Declaración de Derechos, sino por aquellas otras que prevalecen en la actualidad. Como el presidente de la Corte Warren explicó en su voto en “Trop v. Dulles” (1958): El concepto básico que subyace la Octava Enmienda es nada menos que la dignidad humana. La Enmienda debe extraer su significado de las pautas evolutivas de decencia que marcan el progreso de una sociedad desarrollada.

La revisión de la proporcionalidad de acuerdo con esas pautas evolutivas debe estar informada, en la mayor medida posible, por factores objetivos. Hemos puntualizado que la comprobación objetiva más clara y confiable de los valores contemporáneos es la legislación sancionada por las legislaturas de los estados. Basados en esa comprobación legislativa, hemos entendido que la pena de muerte es un castigo inadmisiblemente excesivo para la violación de una mujer adulta, “Coker v. Georgia” (1977) o para un acusado que no mató ni intentó ni tuvo intención de matar, “Enmund v. Florida” (1982). En Coker, hicimos hincapié en primer lugar en la entonces reciente legislación sancionada en respuesta a nuestra decisión de 10 años atrás en “Furman v. Georgia” (1972) (per curiam), en apoyo de la conclusión de que el criterio vigente, aún cuando no unánime, se inclinaba fuertemente por el rechazo de la pena capital como adecuada para la violación de una mujer adulta. El criterio legislativo vigente relevante en nuestra decisión en Enmund fue menos claro que en Coker, no obstante lo cual se inclinó por el rechazo de la pena capital por el delito en cuestión.

También establecimos en Coker que la comprobación objetiva, si bien era de gran importancia, no concluía totalmente la controversia, puesto que la Constitución contempla que en última instancia nuestro propio criterio debe ser aportado para resolver la cuestión de la admisibilidad de la pena de muerte de conformidad con la Octava Enmienda. Por ejemplo, en Enmund, concluimos expresando nuestra opinión en la materia:
A fin de imponer la pena de muerte, la culpabilidad criminal de Enmund debe ser limitada a su participación en el robo, y su castigo debe ser ajustado a su responsabilidad personal y a su culpabilidad moral. Ajusticiar a Enmund para vengar dos homicidios que él no cometió ni tuvo intención de cometer ni causar, no contribuye ponderablemente a la finalidad retributiva de asegurar que el delincuente reciba su merecido. Ése es el criterio de la mayoría de las legislaturas que se han ocupado recientemente del tema y no encontramos razones para discrepar con ese criterio a fin de interpretar y aplicar la Octava Enmienda.
De manera que, en aquellos casos en que se trata de un consenso, nuestro propio criterio está llamado a determinar si hay razones para discrepar con el criterio alcanzado por la ciudadanía y sus legisladores.

Guiados por nuestro punto de vista en esos casos, analizaremos primero el criterio de las legislaturas que se han ocupado de la admisibilidad de la imposición de pena de muerte a personas mentalmente retrasadas y luego consideraremos las razones para coincidir o discrepar con esos criterios.

Las partes no han indicado ninguna consideración en la legislación de los estados, antes de 1986, acerca de la conveniencia de imponer pena de muerte a delincuentes con retardo mental. En ese año, la reacción pública ante la ejecución de un homicida con retraso mental en Georgia condujo, al parecer, a la sanción de la primera ley estadual prohibiendo tales ejecuciones. En 1988, cuando el Congreso sancionó la legislación restableciendo la pena de muerte en el orden federal, dispuso expresamente que una sentencia de muerte no sería cumplida con personas mentalmente retardadas. En 1989, Maryland estableció una prohibición similar. Fue en ese año que decidimos Penry y concluimos que esas dos sanciones estaduales, aún tomando en cuenta los 14 estados que habían abolido completamente los castigos capitales, no eran suficiente demostración de un consenso nacional en ese momento.

Desde entonces mucho ha cambiado. Respondiendo a la preocupación suscitada en toda la nación por la ejecución de Bowden y por nuestra decisión en Penry, las legislaturas estaduales en todo el país comenzaron a ocuparse del asunto. En 1990 Kentucky y Tenesee sancionaron leyes semejantes a las de Georgia y Maryland, lo mismo que Nueva Mexico en 1991, y Arkansas, Colorado, Washington, Indiana y Kansas en 1993 y 1994. En 1995, cuando Nueva York restableció la pena de muerte, emuló al Gobierno Federal exceptuando expresamente a los retardados mentales. Nebraska hizo lo propio en 1998. Aparentemente no hubo similares sanciones en los dos años siguientes, pero en 2000 y 2001 seis estados más, Dakota del Sur, Arizona, Connecticut, Florida, Missouri y Carolina del Norte se unieron a la procesión. La legislatura de Texas adoptó unánimemente un proyecto similar y otros cuentan al menos con media sanción en otros estados, incluyendo Virginia y Nevada.

No es tanto el número de esos estados lo que resulta significativo, sino la consistencia de la tendencia al cambio. Teniendo en cuenta el hecho bien conocido de que la legislación antidelictiva es mucho más popular que la que acuerda protecciones a personas culpables de delitos violentos, el gran número de estados que prohiben la ejecución de personas mentalmente retardadas (y la total ausencia de estados que hayan dictado legislación restableciendo la atribución de practicar esa clase de ejecuciones) constituye una demostración contundente de que hoy en día nuestra sociedad considera que los delincuentes mentalmente retardados son categóricamente menos culpables que el promedio de delincuentes. La demostración es mayor aún si se advierte que las legislaturas que se han ocupado del asunto han votado abrumadoramente a favor de la prohibición. Sobre todo, aún en aquellos estados que permiten la ejecución de delincuentes retardados, la práctica es poco común. Algunos estados, por ejemplo Nueva Hampshire y Nueva Jersey, siguen autorizando ejecuciones, pero ninguna ha sido efectuada desde hace décadas. De modo que es innecesario en esos estados propiciar legislación que impida la ejecución de retardados mentales. También resulta que en aquellos estados que ejecutan normalmente a los delincuentes y en los que no hay ninguna prohibición con respecto a retardados mentales, sólo cinco han ejecutado delincuentes que tuvieran un cociente intelectual inferior a 70[2] desde que decidimos Penry. La práctica, en consecuencia, se ha vuelto verdaderamente inusual, y puede decirse que se ha desarrollado un consenso nacional contra ella.

Así como hay serias divergencias acerca de la ejecución de delincuentes retardados las hay en la determinación de quiénes verdaderamente tienen esa condición. En este caso, por ejemplo, la Comunidad de Virginia niega que Atkins sufra de retardo mental. No todas las personas que afirman tenerla estarán tan incapacitadas como para entrar dentro del rango a cuyo respecto existe consenso nacional. Tal como fue nuestro criterio en Ford v. Wainright con relación a la insanía, dejamos a los estados la tarea de desarrollar las maneras apropiadas de cumplir con la restricción constitucional en lo referido a la ejecución de las sentencias. [3]

Ese consenso refleja indiscutiblemente una extendida opinión sobre la culpabilidad relativa de delincuentes mentalmente retardados, así como la vinculación entre ese retardo y los fines penológicos perseguidos por la pena de muerte. Sugiere igualmente que algunas características del retardo mental socavan la vigencia de las garantías procesales que nuestra jurisprudencia en materia de pena capital resguarda celosamente.

Como se señaló anteriormente, las definiciones clínicas del retardo mental requieren no solamente un funcionamiento intelectual por debajo del promedio sino también limitaciones significativas en aptitudes adaptativas como la comunicación, el cuidado propio y el auto-control que se hacen manifiestos antes de los 18 años. Las personas mentalmente retardadas frecuentemente conocen la diferencia entre el bien y el mal y son capaces de estar en juicio. Sin embargo, por definición, en razón de sus impedimentos tienen disminuidas las capacidades de entender y procesar información, comunicarse, enmendar errores, aprender de la experiencia, desarrollar razonamientos lógicos, controlar impulsos y comprender las reacciones de los demás. No hay ninguna demostración de que sean más proclives que otras personas para incurrir en conductas criminales, pero si hay abundantes pruebas de que frecuentemente actúan por impulso y no de acuerdo a un plan premeditado, y en el comportamiento grupal siempre son conducidos y no conductores. Sus deficiencias no acuerdan exención de sanciones penales pero disminuyen su culpabilidad personal.

Tomando en cuenta esas deficiencias, nuestra jurisprudencia en materia de pena de muerte brinda dos razones concordantes con el consenso legislativo de que los retardados mentales deben ser categóricamente excluidos de su ejecución. En primer lugar, hay un serio cuestionamiento en cuanto a si alguna justificación de las que hemos reconocido como base de la pena de muerte se aplica a delincuentes mentalmente retardados. Gregg v. Georgia (1976), señaló la retribución y la disuasión de delitos capitales por eventuales transgresores como los fines sociales perseguidos por la pena de muerte. A menos que la imposición de esa pena a un retardado contribuya en medida ponderable a alguno de esos fines, no es otra cosa que la irrelevante e innecesaria inflicción de dolor y sufrimiento, y de esa manera un castigo inconstitucional. Enmund.

Con respecto a la retribución el interés en lograr que el transgresor tenga su merecido, la severidad del castigo adecuado depende necesariamente de la culpabilidad del transgresor. Desde Gregg nuestra jurisprudencia ha limitado la imposición de pena de muerte a una estrecha categoría de los más graves delitos. Por ejemplo, en Godfrey v. Georgia (1980) revocamos una condena capital porque los delitos del recurrente no reflejaban una voluntad sustancialmente más depravada que la de cualquier persona culpable de homicidio. Si la culpabilidad del homicida común es insuficiente para justificar la más extrema sanción aplicable por el estado, es indiscutible que la menor culpabilidad del mentalmente retrasado no merece esa forma de retribución. De modo entonces que, de conformidad con nuestra jurisprudencia limitativa, que procura asegurar que sólo los más merecedores de ejecución sean condenados a muerte, es apropiada la exclusión de los retardados mentales.

Con respecto a la disuasión, el interés en prevenir delitos capitales por parte de futuros delincuentes se basa en que el castigo capital puede servir como disuasivo solamente cuando el homicidio es el resultado de la premeditación y la deliberación, Enmund. La exención de ese castigo a retardados mentales no afectará el frío cálculo que precede la decisión de otros potenciales asesinos. Gregg. Esa especie de cálculos, desde luego, es lo opuesto de la conducta de los delincuentes retrasados mentales. La teoría de la disuasión en materia de sentencias capitales se sostiene en base a la noción de que el incremento de severidad del castigo inhibirá a los actores criminales de llevar a cabo conductas asesinas. Además, los mismos impedimentos congnoscitivos y de conducta que hacen a esos acusados menos culpables moralmente, por ejemplo, la aptitud disminuida de entender y procesar información, aprender de la experiencia, razonar en forma lógica o controlar impulsos, hacen también menos probable que puedan procesar la información de la posibilidad de ejecución como pena y, consiguientemente, controlar su conducta basados en esa información. La exención de los retardados mentales tampoco disminuye la eficacia disuasiva de la pena de muerte con respecto a delincuentes que no lo sean. Esos individuos no están protegidos por la exención y continuarán enfrentando la amenaza de ejecución. De modo entonces que la ejecución de los retardados mentales no favorece en medida ponderable el objetivo de disuasión.

La capacidad reducida de los retardados mentales proporciona una segunda justificación para una categórica determinación de hacerlos inelegibles para la pena de muerte. El riesgo de que ella sea impuesta a pesar de la concurrencia de factores que requieran una penalidad menos severa --Lockett v. Ohio (1978)-- surge, no sólo por la posibilidad de confesiones falsas, sino también por la menor capacidad para hacer una demostración convincente de factores atenuantes frente a pruebas de cargo de factores agravantes. Los retardados mentales pueden ser menos hábiles para prestar asistencia de valor a sus abogados defensores, son muy malos declarantes y su comportamiento puede crear la falsa impresión de falta de remordimiento por el delito. Como se demostró en Penry, sobre todo, la confianza en que el retardo mental operaría como factor mitigante puede ser una espada de doble filo que aumente la probabilidad de que sea considerado por el jurado como el factor de agravación de peligrosidad futura. Los acusados con retardo mental enfrentan, en suma, un particular riesgo de ejecución equivocada.

Nuestra evaluación independiente de la cuestión no revela ninguna razón para discrepar con el criterio de las legislaturas que se han ocupado recientemente del tema y concluyeron que la muerte no es un castigo adecuado para un criminal con retardo mental. No estamos convencidos de que la ejecución de ellos favorezca en medida ponderable los propósitos disuasivos o retributivos de la pena. La Octava Enmienda interpretada y aplicada a la luz de la evolución de las pautas de comportamiento, nos lleva a concluir que esa penalidad es excesiva y que la Constitución establece una esencial restricción a la atribución de los estados sobre la vida de los delincuentes mentalmente retardados.

La sentencia de la Corte Suprema de Virginia es revocada y el caso reenviado para su prosecución de manera consistente con este fallo.

COMENTARIO: La pena de muerte en los Estados Unidos


1.- La prohibición de castigos crueles, inhumanos o degradantes tiene en la actualidad consagración en instrumentos internacionales, especialmente las convenciones sobre derechos humanos. La convención americana habla de “penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 5° 1); la europea se refiere a “penas o tratos inhumanos o degradantes” (artículo 3). Ambas disposiciones traen reminiscencias de la enmienda octava de la Constitución de los Estados Unidos que prohibe la imposición de “castigos crueles e inusuales”. Ninguna de esas proclamas alcanzan, sin embargo, para entender abolida la pena de muerte. Las convenciones de derechos humanos aluden a esa pena en otras disposiciones, que contemplan limitaciones a los casos de aplicación y a la forma de ejecutarla, y la enmienda octava de la constitución norteamericana ha sido interpretada como no excluyente de esa forma de castigo criminal. Aunque la pena se encuentra abolida en nuestro país y en las principales democracias europeas, el interés en el tema se encuentra realzado en la actualidad por la existencia de tratados sobre extradición que ponen al resto del mundo frente a una difícil disyuntiva cada vez que se trata de la entrega de algún perseguido por la justicia norteamericana.

Los planteos argumentando la transgresión de la enmienda octava de la constitución estadounidense por el carácter cruel e inusual de la pena de muerte fueron abordados en varias ocasiones por la Corte Suprema de ese país. El fallo que llegó más lejos en el sentido de la abolición data de 1972. A partir de entonces, de todos modos, es posible verificar algunos vaivenes en la jurisprudencia de la Corte que se deben tener en cuenta.

2.- En 1972 existía una tendencia hacia la abolición fácil de advertir: no se había registrado ninguna ejecución en los cinco años anteriores. A comienzos de ese año, la Corte Suprema del estado de California, para contrariedad del entonces gobernador Ronald Reagan, declaró expresamente que la muerte era un castigo inusual entre las naciones civilizadas y estaba en oposición a una cláusula de la constitución del estado idéntica a la de la constitución federal. Poco después, en “Furman v. Georgia”, resuelto el 29 de junio de 1972,[4] la Suprema Corte federal determinó que la legislación de ese estado (Georgia) contrariaba la enmienda octava en tanto permitía la aplicación de la pena capital con discriminaciones arbitrarias. Sólo dos de los cinco jueces que conformaron la mayoría –otros cuatro opinaron en disidencia—se inclinaron por la completa abolición. Los otros tres se refirieron específicamente a la comprobación estadística de la frecuente aplicación de la pena de muerte a sectores minoritarios o marginados de la sociedad dejando de esa manera sobreentendido que, en sí misma, la pena capital no era cruel e inusual.

Cuatro años después, en “Gregg v. Georgia”[5] el tribunal convalidó la nueva ley del mismo estado entendiendo que las discriminaciones arbitrarias habían quedado superadas al establecerse claras pautas indicativas de los casos en que cabía la imposición de la pena capital. El mismo día, en “Woodson v. North Carolina”[6] la Corte concluyó que no ocurría lo mismo con la ley dictada por el estado de Carolina del Norte. En esta última, con miras a sortear las objeciones puntualizadas en “Furman v. Georgia”, se reformaba la disposición relativa al homicidio agravado, hasta entonces castigado con pena de muerte u, optativamente con prisión perpetua, suprimiendo la alternativa de modo que el castigo capital resultase taxativo, sin discriminaciones. Nuevamente por mayoría de cinco a cuatro y con diferencias en los votos concurrentes de la mayoría, se estableció que no resultaba constitucionalmente admisible la imposición del castigo máximo por el solo hecho de tratarse de un determinado delito, sin distinciones que permitieran, a quien debía dictar la sentencia, tomar en cuenta la personalidad del condenado y las circunstancias del caso.

En la misma línea de este último fallo debe mencionarse el de “Lockett v. Ohio”[7] en el que fue puesta en cuestión la ley del estado que establecía el castigo capital en los casos de homicidios agravados por la concurrencia de al menos una de siete circunstancias de agravación especificadas en la misma ley. En ella se hacía excepción si: “por la naturaleza y circunstancias del delito y la historia, personalidad y condición del delincuente” se determinaba la concurrencia de por lo menos una de tres circunstancias de atenuación: 1) que el delito hubiera sido inducido o facilitado por la víctima; 2) que fuera improbable que el delito se hubiese cometido por el condenado de no ser por la coerción o la provocación; 3) que el hecho fuera producto de la psicosis o deficiencia mental del delincuente. La Corte entendió que la enumeración de las atenuantes no dejaba suficiente margen al sentenciador para ponderar factores que resultaba imprescindible tomar en cuenta.

Nuevamente las leyes de Georgia fueron puestas en cuestión al decidir la Corte federal, en 1977, en “Coker v. Georgia”[8] que era inconstitucional por transgredir la octava enmienda, la que imponía pena de muerte por el delito de violación. También el criterio interpretativo de los tribunales de ese estado fue objeto de censura por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1980 al decidir, en “Godfrey v. Georgia”,[9] que no concurrían las circunstancias calificantes del homicidio como “cruel o atrozmente malvado”,[10] requeridas por la ley del estado para la aplicación de la pena máxima, en el caso en que las muertes no habían sido acompañadas de torturas, golpes u otros daños físicos.

Una de las más significativas restricciones a la imposición del castigo capital es el fallo dictado en 1982 en “Enmund v. Florida”[11] en el que se estableció que resultaba cruel e inusual su aplicación si el condenado, que había participado en el hecho de robo con homicidio, no era el causante de las muertes, no había estado presente en el asalto –permaneció aguardando en un auto en apoyo de los ejecutores materiales—y no cabía atribuirle la voluntad homicida ni que hubiera previsto la posibilidad de los asesinatos. La otra restricción importante está referida a la ejecución de la condena cuando el condenado tiene la condición de insano mental, aún siendo ésta sobreviniente al juicio. Fue decidida en 1986 en “Ford v. Wainwright”[12] en el que se hizo especial hincapié en los antecedentes del common law inglés en el que la restricción data de varios siglos.

Pero la tendencia restrictiva evidenciada en los casos reseñados, algunos de los cuales registran votos concurrentes de dos jueces que se pronuncian por la abolición total de la pena de muerte, encuentra una inclinación inversa en el caso fallado en 1989 “Penry v. Lynaugh”[13]en el que se convalidó la condena de un retrasado mental. El tribunal, en este último caso, reconoció la autoridad de los precedentes del common law mencionados en “Ford v. Wainwright” pero los estimó inaplicables por el menor grado de retardo que atribuyó a Penry, pese a que una de las pericias psicológicas le adjudicaba una edad mental de seis años y medio. El dato significativo, de todos modos, fue la mención de la Corte de que, en ese entonces, no había suficiente consenso acerca del punto ya que se había invocado sólo una legislatura estadual que hubiera prohibido explícitamente la ejecución de retrasados mentales.

3.- A todo esto, en ese mismo año 1989, se registra un importante pronunciamiento de un tribunal internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos que, específicamente, se ocupó de la aplicación de la pena de muerte en los Estados Unidos concluyendo que se encontraba en contradicción con el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El pronunciamiento tuvo lugar con motivo del reclamo contra el Reino Unido por haber concedido la extradición requerida por el estado de Virginia por un delito en el que resultaba aplicable la pena de muerte[14]. El caso presenta varios aspectos de interés.

En primer lugar debe apuntarse que el factor determinante fue la apreciación de que el tiempo promedio de demora entre el juicio y la ejecución de la pena –calculado en base a las siete ejecuciones que habían tenido lugar en Virginia desde 1977—era de seis a ocho años. No dejó de advertir la Corte europea que las demoras obedecían principalmente a los recursos de los mismos condenados asi como que ese fenómeno –al que designa como la “fila de condenados” (death row)no había sido aún considerado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en especial en cuanto a si contrariaba o no la octava enmienda de la Constitución Americana.

Otra conclusión relevante es la responsabilidad que adjudica a los estados firmantes de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, por la concesión de extradiciones a países en que hubiera riesgo de violación a los derechos establecidos en ella. En el caso concreto, el Fiscal General del estado de Virginia se había comprometido ante el tribunal inglés que trató el pedido de extradición, a transmitir al tribunal que debía juzgar a Soering el pedido del gobierno británico de que no se le impusiese la pena de muerte o de que, si ésta era impuesta, no fuese ejecutada. Pero el Fiscal General admitió, de todos modos, que subsistía cierto riesgo de que así ocurriera. Eso bastó para que la Corte Europea estimase que la extradición responsabilizaba al Reino Unido por transgresión al artículo 3 de la Convención.

Después de dejar sentado que la Convención no prohibe la pena de muerte, la Corte señaló cuatro factores a tomar en consideración para ponderar eventuales violaciones al mencionado artículo 3. En primer lugar, la manera en que la pena es impuesta o cumplida. En segundo lugar, las circunstancias personales del condenado. En tercer lugar, la proporcionalidad del castigo con la gravedad del delito. Por último, las condiciones en que se mantiene en detención a quienes aguardan el cumplimiento de la pena. En el caso concreto fue este último, como ya se ha señalado, el factor determinante si bien se hicieron alusiones a otros dos aspectos: la juventud del acusado y su estado de salud mental. En lo que atañe a dicho factor principal, las condiciones de la detención en la “fila de la muerte”, vale la pena reproducir una de las reflexiones del tribunal europeo:
“De todas maneras, en tanto es inevitable, si se otorgan resguardos de apelación a “los condenados, que transcurra algún lapso de tiempo entre la sentencia y su “ejecución, igualmente es parte de la naturaleza humana que la persona se aferre a “la vida utilizando esos resguardos en su totalidad. No obstante lo bien “intencionadas y aún potencialmente beneficiosas que sean las complejas “disposiciones del procedimiento posterior a la condena en Virginia, la “consecuencia es que el preso condenado tenga que soportar por varios años las “condiciones de la ‘fila de la muerte’ y la angustia y la tensión creciente de vivir “con la imborrable sombra de la muerte”

4.- Otro tribunal internacional, el Comité de Derechos Humanos establecido por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[15], se pronunció sobre una cuestión idéntica: la transgresión del artículo 7 del Pacto referido también a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por la extradición acordada por Canadá, de un acusado de delitos capitales ante los tribunales del estado de Pensilvania. El Comité desestimó que el fenómeno de la “fila de la muerte” hubiese significado la transgresión, en ese caso, del mencionado artículo 7. Haciéndose cargo de lo resuelto por el Tribunal Europeo en “Soering v. United Kingdom” consideró que el caso era distinto por dos motivos: 1) porque no concurrían los factores de la edad y el estado mental de aquel caso; y 2) porque el reclamante no había invocado ninguna cuestión acerca de las condiciones de detención en la “fila de la muerte” o sobre la posibilidad o los efectos de un retraso prolongado.[16]

Ese mismo Comité se pronunció poco después en otro caso de extradición de Canadá. Esta vez al estado de California y con una conclusión distinta: la existencia de transgresión al artículo 7 del Pacto por la circunstancia de que en el estado requirente el método de cumplimiento de la pena era la asfixia en una cámara de gas. Hizo hincapié en la información detallada aportada por el recurrente en el sentido de que la asfixia por gas puede causar sufrimiento y agonía prolongados y no constituye la manera más rápida de ejecución. La asfixia por gas de cianuro, advirtió, puede llevar más de diez minutos. En conclusión puntualizó que ese método no satisface el requisito de constituir “el menor sufrimiento físico y mental posible” [17].

Esta última cuestión fue brevemente tratada por el Comité en un pronunciamiento posterior en el que nuevamente se trataba de una extradición desde Canadá. El estado requirente era, igual que en el caso Kindler, Pensilvania, y el Comité, haciendo remisión a ese caso, puntualizó que no encontraba ninguna transgresión al artículo 7 del Pacto con la ejecución de la pena por medio de una inyección letal.[18] Esta metodología, vale la pena recordarlo, comenzó a utilizarse en los Estados Unidos a fines de 1982, en el estado de Texas. La poderosa Asociación Médica estadounidense (American Medical Association – A.M.A.) había advertido, el año anterior, con motivo de una práctica similar establecida en el estado de Oklahoma, que la intervención de un médico en tales casos resultaba una práctica reñida con el deber primario de todo facultativo de preservar la vida. Para sortear el inconveniente, el estado dispuso que la inyección fuera aplicada por quienes no fueran médicos.[19]

5.- Volviendo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el caso que es materia de comentario (“Atkins v. Virginia”) –con el que se revierte el criterio fijado trece años antes en “Penry v. Lynaugh”-- parece jalonar una tendencia conducente a hallar cruel e inusual la imposición de la pena de muerte en muy variadas circunstancias. Aunque atiende a una cuestión de índole procesal, se inscribe en esa misma línea una decisión adoptada pocos días después de “Atkins”, en “Ring v. Arizona”,[20] con la que igualmente se revierte un criterio de doce años antes en cuanto quien debe determinar si concurren las circunstancias de agravación que las leyes establecen como condición del máximo castigo. Modificando expresamente la doctrina sentada doce años antes, en “Walton v. Arizona”,[21] en “Ring” se declaró inconstitucional la ley del estado que dejaba esa determinación en manos de los jueces, estableciendo que compete exclusivamente al jurado.

De todos modos, para que el panorama de los vaivenes de la jurisprudencia de la corte norteamericana no resulte incompleto, es imprescindible referir otra tendencia, aparentemente contrapuesta con la anterior, que es la seguida en la ponderación del carácter cruel e inusual de las penas privativas de libertad. En 1983, en “Solem v. Helm” [22], se estableció que tenía ese carácter la prisión perpetua por no guardar proporción con la índole menor de los delitos que la motivaban en ese caso. Pero en 1991 quedó fijado un temperamento a todas luces contrastante al convalidarse la condena a perpetuidad, sin posibilidad de libertad condicional (parole), impuesta por la posesión de seiscientos cincuenta gramos de cocaina.[23] Según los distintos votos de los jueces que formaron la mayoría, el examen de proporcionalidad no tiene aplicación en la determinación de lo que es cruel e inusual, o bien tiene una aplicación muy restringida. Lo destacado de este caso es la conclusión, compartida por cinco de los jueces, en el sentido de que la aplicación de la pena perpetua sin alternativas, aunque pueda ser considerada cruel no es, en cambio, inusual, puesto que la imposición de castigos severos obligatorios es una práctica que fue empleada en varias formas a través de la historia de la nación.. Lo que queda en claro, de cualquier manera, es que la doctrina que el juez Scalia llama en su voto de la “sentencia capital individualizada”, se circunscribe a los casos en que está en cuestión la pena de muerte. La imposición obligatoria de penas privativas de libertad de por vida sin ningún margen para ponderar las circunstancias del caso o las personales del condenado, por ende, no tiene las consecuencias invalidantes establecidas en 1976 en el caso “Woodson v. North Carolina” (citado anteriormente en 2.-).

6.- El castigo penal en los Estados Unidos presenta, según Diego Zysman, cuatro momentos destacados por su influencia en el mundo occidental. Los tres primeros reflejan la presencia del pensamiento progresista de su tiempo. El cuarto y último, correspondiente al momento actual, genera una visión aterradora del futuro posible[24]. Las ideas revolucionarias de la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, el diseño de los regímenes penitenciarios a comienzos del siglo XIX o la idea de la sentencia indeterminada, la probation y la parole, surgidas a comienzos del siglo XX, pudieron trascender al resto del mundo por el sesgo de progreso que significaron en sus épocas respectivas. El mantenimiento de la pena de muerte a partir de la década del setenta, cuando las principales democracias europeas consagran su abolición, trasciende a los demás países del orbe por motivos concretos: las demandas de extradición que, como lo comprueban los fallos de tribunales internacionales reseñados anteriormente (en 3.- y 4.-), obligan a otras naciones a ocuparse de la manera en que se administra esa pena en los Estados Unidos, responsabilizandose por su cooperación a la imposición de un castigo de cuyo carácter cruel quedan pocas dudas.

La reseña trazada, de distintos casos resueltos por la Corte Suprema de esa nación, deja margen para varias reflexiones. Pero sería presuntuoso querer formular alguna que fuera concluyente en un tema que ha hecho “correr ríos de tinta”. Bástenos recordar que el surgimiento con caracteres de disciplina autónoma del Derecho Penal, tiene como precursor indiscutido el libro de Beccaría, famoso, entre otras cosas, por la prédica abolicionista que, aunque escrita en el siglo XVIII , bien puede ser reiterada en el XXI:
“¿Qué leyes son éstas que debo respetar, y que establecen tan gran distancia entre “mi persona y la persona de un rico? (...)¿Quién ha hecho semejantes leyes? “Hombres ricos o poderosos que jamás se han dignado visitar las miserables “cabañas del pobre...”[25]



[1] Se refiere al tribunal de cinco jueces que, en 1685 condenó a la horca, por haberse rebelado contra el rey, a más de 300 personas.(N. del T.)

[2] El retardo mental suele definirse como un funcionamiento intelectual por debajo de lo normal y una dificultad de comportamiento adaptativo que se manifiesta durante el período de desarrollo del individuo. Se lo caracteriza con una comprobación de inteligencia según una prueba tipo en la que el cociente de 70 marca el límite superior de los casos que requieren cuidados y educación especial. (N. del T.)

[3] En el caso que se cita “Ford v. Wainwright”, del 26 de junio de 1986, se reconoció que la Enmienda Octava de la Constitución de los Estados Unidos prohibe a los estados ejecutar a personas condenadas a muerte que estuvieran insanas. Por esa razón se entendió necesario un procedimiento contradictorio y confiable para determinar si un condenado se encuentra o no en esa condición. Al mismo tiempo la Corte consideró inadecuado a esos fines el procedimiento previsto en las leyes del estado de Florida y dispuso en consecuencia que se diera lugar a una audiencia contradictoria ante el tribunal federal al que se había recurrido por via de habeas corpus. Aclaró, sin embargo, que no se imponía a los estados un determinado tipo de procedimiento dejandoles por el contrario un margen discrecional de determinación en consideración de circunstancias particulares o de razones pragmáticas. (N. del T.)

[4] 408 U. S. 238

[5] 428 U.S. 153

[6] 428 U.S. 280

[7] 438 U.S. 586

[8] 433 U.S. 584

[9] 446 U.S. 420

[10] Según el Código penal de Georgia el homicidio es agravado y le corresponde pena de muerte si es cometido de manera cruel (wantonly) o atroz (outrageously). El jurado, después del veredicto consideró que concurrían esas circunstancias en el caso del homicidio de la esposa y la suegra del acusado pese a que inmediatamente de cometido el hecho éste se entregó a la policía. La Corte Suprema del estado confirmó la condena y la Corte Suprema de los Estados Unidos la revocó por entender que no se daba la situación de agravación en cuestión.

[11] 458 U.S. 782

[12] 477 U.S. 399

[13] 492 U.S. 302

[14] Caso “Soering v. United Kingdom” del 7 de julio de 1989, publicado en A.161 (nomenclatura de la Corte)

[15] Este tratado fue ratificado por nuestro país por ley 23313 de mayo de 1986. El Protocolo Facultativo establece un comité con atribuciones consultivas.

[16] Caso “Kindler” del 18 de noviembre de 1993 (Comunicación N° 470/1991)

[17] Caso “Ng” del 7 de enero de 1994 (Comunicación N°469/1991)

[18] Caso “Cox” del 9 de diciembre de 1994 (Comunicación N° 539/1993)

[19] Conf. nota aparecida en la revista “Time” del 14 de setiembre de 1981

[20] Resolución del 24 de junio de 2002

[21] 497 U.S. 639 (1990)

[22] 463 U.S. 277

[23] “Harmelin v. Michigan” 501 U.S. 957

[24] Diego Zysman Quirós “El castigo penal en los Estados Unidos-Teorías, discursos y racionalidades punitivas del presente”

[25] Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” (1764) capítulo XVI.