El recurso de casación en relación con el recurso extraordinario federal


Panorama frente al cambio de siglo.

Por Daniel Eduardo Rafecas


Sumario: I. Introducción; II. El proceso penal -y el régimen de los recursos- como funcionales a los fines políticos criminales del sistema penal en su conjunto; III. El rol cumplido por el recurso de casación hasta nuestros días; IV. La reforma constitucional de 1994; V. La evolución de la influencia de la CSJN a través del recurso extraordinario, a la CNCP y su recurso de casación; VI. Merituación de la trascendencia de la labor de la CSJN a través del recurso extraordinario; VII. Conclusiones



I. Introducción

Este trabajo responde, o en todo caso actualiza, la consigna acerca de qué influencia tiene el recurso extraordinario sobre el recurso de casación. Como respuesta a esta planteo, que me parece muy interesante dada la actualidad de la cuestión y los reacomodamientos verificados, podemos resumirlo, a modo de síntesis de lo que aquí ha de tratarse, en estas palabras: a través de la doctrina de la arbitrariedad como cuestión fundamentadora de la apertura del recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vigilada a su vez por al Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está obligando a la Cámara Nacional de Casación Penal a asumir el rol al cual hasta la fecha se ha visto remisa a cumplir: el de un tribunal intermedio a quien el inculpado puede recurrir mediante un recurso fundado, para que revise el fallo de condena -o cualquier otro auto importante- del tribunal de mérito que considera injusto o arbitrario, por haberse violado algunas de las garantías constitucionales, en especial, las de defensa en juicio y del debido proceso, con la única limitación de aquellos actos que, por la naturaleza del debate oral y público, sean imposibles de rever, todo ello en cumplimiento de la exigencia de la garantía de la doble instancia garantizada constitucionalmente.


II. El proceso penal -y el régimen de los recursos- como funcionales a los fines políticos criminales del sistema penal en su conjunto.

Tradicionalmente, se estudió el régimen de los recursos en el contexto del derecho procesal penal en el cual aquel estaba inserto, es decir, sin tomar contacto con las restantes áreas inherentes al sistema penal.
Esto respondía a la idea generalizada de que el derecho penal y el procesal penal constituían ámbitos totalmente separados, casi sin contactos entre sí.
Sin embargo, a partir de la concepción como un “sistema” de todos los ámbitos de conocimiento que tienen por objeto de estudio toda manifestación del poder penal estatal, se pudo ver claramente que están fuertemente influidos los unos por los otros y que todos son segmentos de un único sistema que responde a finalidades determinadas.
Como señala Binder, “el conjunto de instituciones que habitualmente llamamos ‘penales’ no pueden en modo alguno ser analizadas de un modo independiente, porque en su funcionamiento real actúan de un modo estrechamente interrelacionado”[1].
Así, en el marco de una integración funcional de todas las instituciones del campo penal, el derecho procesal penal debe ser considerado como un sub-sistema dentro del sistema, y el régimen general de los recursos, como un sub-sistema dentro del primero, lo cual obliga a dejar de lado el abordaje estático y fraccionado del tema aquí en estudio, para pasar a analizarlo de un modo dinámico y necesariamente conectado con los objetivos del sistema penal en su conjunto, objetivo que tiene que ver con en qué ocasiones y bajo qué circunstancias el Estado ha de imponer una pena, y qué procura lograr cada vez que la impone, cuestión que deja traslucir Ferrajoli a lo largo de toda su obra “Derecho y Razón”[2].
Zaffaroni asimismo ha señalado, que el gran aporte del funcionalismo sistémico es éste, de que todos los conceptos jurídico-penales se construyen según el fin de la pena, esto es, en función político-criminal[3].
Esto también lo recoge Schunemann: la determinación de los fines del Derecho Penal a través de la protección de los bienes jurídicos, obliga a la ciencia jurídico-penal en su punto de partida a un pensamiento funcional[4].
Creo que es necesario tomar mayor consciencia en el ámbito del derecho procesal penal, en especial por sus operadores directos en el ámbito de la jurisdicción, de que todos los conceptos e instituciones que forman parte de esa parcela de saber y de poder, deben ser estudiados y en especial interpretados, en sus mecanismos y finalidades, con un criterio funcional: tales conceptos e instituciones deben estar enderezados a lo que constituye la misión primordial de su existencia, que en un Estado de Derecho, no es otro que el aseguramiento de las garantías de los ciudadanos frente al Estado, a través de los objetivos político criminales puestos de manifiesto por el sistema democrático en su conjunto.
Esta concepción funcional genera la necesaria coherencia político-criminal de los sub-sistemas, ya que todo el sistema penal está iluminado por una determinada política criminal[5]
Si esto no fuera así, el conjunto de garantías penales quedarían incompletas, ya que entre los dos sistemas de garantías existen nexos estructurales: no es posible subordinar la pena a los presupuestos sustanciales del delito si no es a través de un juicio en el que resulten aseguradas al máximo, además de la imparcialidad y la verdad, el control[6]: en este último punto, cobra importancia la garantía constitucional de la doble instancia que estamos analizando[7], y el rol que está cumpliendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación al reconocerle al recurso de casación nacional, un papel preponderante en este aspecto.


III. El rol cumplido por el recurso de casación hasta nuestros días.

Desde su puesta en funciones en 1992, la Cámara Nacional de Casación Penal ha disfrutado, creo yo, de algunos años en los que su misión estuvo (auto)limitada a las que la tradición doctrinaria le ha atribuido desde su nacimiento a un organismo de esta índole, cuando el Tribunal de Cassation fue creado por decreto del 27 de noviembre /1 de diciembre de 1790 durante la revolución francesa -e incluso antes, el Conseil de Parties del Ancien Régime-[8], esto es:
· Asignación de competencia como tribunal superior para conocer acerca de los errores en la aplicación del derecho por parte de los tribunales de mérito (en su origen, errores de iuris por parte de los parlamentos);
· Unificación de la jurisprudencia (función atribuida poco tiempo después, a partir del 18 de mayo de 1803, fecha a partir de la cual la Casación francesa pasó a denominarse Cour de Cassation)[9].
De La Rúa lo evoca así: “...es necesario recordar sus características fundamentales: la limitación de su eficacia y de su ámbito a la cuestiones de derecho, a la interpretación y aplicación de la ley. El recurso no se concede contra toda sentencia injusta sino solamente contra aquella cuya injusticia provenga de un error de derecho y se excluye el posible error en la determinación de las circunstancias de hecho del caso sometido a juicio”[10].
Esta atribución de competencia limitada a dichos fines, fue defendida por las cuatro Salas que integran el tribunal de referencia, básicamente con un manojo de argumentos que se repitieron invariablemente en los precedentes jurisprudenciales:
1.Imposibilidad de revisar en casación cuestiones de hecho y prueba;
2. La casación es una instancia extraordinaria[11];
3. El requisito de la doble instancia queda satisfecho con el recurso extraordinario federal[12].
4. Impedimento de acceder a la casación para revisar una condena por debajo del límite del art. 457, C.P.P.N.[13]
5. Rechazo del recurso por interpretación restrictiva del art. 457, C.P.P.N., en punto a si corresponde el abordaje y en su caso cuáles deben considerarse “pronunciamientos equiparables a sentencia definitiva”[14].
6. Incumplimiento de requisitos formales en la presentación, en especial, sobre la adecuación del motivo casatorio y la fundamentación del recurso[15].


IV. La reforma constitucional de 1994.

A partir de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra Constitución Nacional, ingresaron a la categoría de máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, una serie de garantías.
Si bien de algún modo podía considerarse que muchas de ellas ya estaban contempladas en forma directa o indirecta -según el caso- en el art. 18 de la Constitución Nacional, a partir de ese momento fueron consagradas de un modo categórico y definitivo.
Además, no debemos perder de vista, que en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, su ingreso al ordenamiento jurídico argentino fue efectivizado ya el 1º de marzo de 1984, a través de la ley 23.054, en donde además, el Estado Argentino le reconoció competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la interpretación o aplicación de la Convención.
Nos interesa especialmente aquí, el derecho a la doble instancia o garantía de la doble conforme, que surge de las siguientes formulaciones expresas:
· Toda persona inculpada tiene derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior[16], y
· Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme lo establecido por la ley[17].
Sin embargo, no fue la Cámara Nacional de Casación Penal, sino la Corte Suprema de Justicia de la Nación[18], quien, a partir de distintos fallos y a través de la concesión de recursos extraordinarios en donde aplicó la doctrina de la arbitrariedad, comenzó a materializar esta exigencia constitucional, no por sí misma, claro está, sino a través del reenvío a Casación[19] para que deje de lado alguno de los seis argumentos tradicionales esgrimidos por ésta (1 a 6) y se avoque a revisar el fallo del tribunal de mérito.
De este modo, la Corte Suprema le ha señalado el camino que no quiso hacer por sí solo un tribunal de la altura y relevancia del creado en 1992, y lo está obligando a asumir en definitiva, su nueva realidad: que el fin procesal de dicha institución debe ser por excelencia, el de colmar en el ámbito nacional, el requisito constitucional que consagra el derecho subjetivo del justiciable a contar con un recurso contra las decisiones judiciales que lo afectan, dejando en un plano secundario el fin político -por demás lógica y materialmente irrealizable- de vigilancia sobre los vitia iuris exclusivamente y de unificación de jurisprudencia, idea ésta de neto corte autoritario[20], “fundada más en el control de los funcionarios subalternos que en la protección de derechos individuales”[21].


V. La evolución de la influencia de la CSJN a través del recurso extraordinario, a la CNCP y su recurso de casación.

La administración de justicia argentina desde siempre se vio a sí misma como una administradora de la legislación secundaria (repárese en que prima facie estamos acostumbrados a merituar la admisibilidad del recurso de casación con base en un puñado de artículos de un código de forma) y siempre ha esquivado el problema del control constitucional[22].
En particular, con relación a la garantía de la doble condena conforme, la nula predisposición a su acatamiento no sólo por parte de legisladores sino de los jueces está fuera de discusión.
Siempre debemos recordar, que nuestra Corte Suprema sostenía hasta hace muy poco tiempo y ya estando en plena vigencia la Convención Americana de Derechos Humanos a través de la ley 23.053, que el requisito de la doble instancia judicial en materia penal quedaba satisfecho con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48 (!)[23], y sólo a partir de la doctrina sentada en el caso Giroldi[24] revisó la cuestión, al declarar la invalidez constitucional de la limitación establecida en el art. 459, inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto veda la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias de los tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena.
Otros ejemplos en donde quedó al desnudo este problema fue en el informe negativo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “La Tablada”[25], así como también en la falta de críticas o modificación legislativa frente a la ley de defensa de la democracia (ley 23.077), que tal como señala Guariglia, no previó un recurso directo frente a la sentencia condenatoria, que no sea el extraordinario ante la Corte[26].
Creo que para contrarrestar esta falta de conciencia sobre la plena vigencia de esta garantía, fue fundamental el aporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tribunal aceptado por nuestra Corte como “guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica”[27].
Es que ni bien tuvo nacimiento en el orden nacional el tribunal de casación penal, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe Nº 24/92[28] dejó asentado que
“...el recurso de casación es una institución jurídica que, en tanto permite la revisión legal por un tribunal del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la producción de la prueba, constituye en principio un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho reconocido por el art. 8. 2 h) de la Convención. La Comisión remarca en ese sentido lo indicado por la dicha Sala Constitucional (...) cuando dice que: ‘...el recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención, en tanto no se regule, interprete o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa sencillez al tribunal de casación examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y al debido proceso’”.
Dos años después, en “Maqueda”[29], la Comisión repitió lo que había señalado en el pronunciamiento precedentemente mencionado, y además, sentenció claramente qué entiende por recurso:
“...es un medio establecido en favor del inculpado para proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa. El recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable de criticar la sentencia y lograr un nuevo examen de la cuestión. Esta revisión en sí tiene como objeto el control del fallo como resultado racional de un juicio justo, conforme a la ley y a los preceptos de la garantía, y de la aplicación correcta de la ley penal”.
Fue entonces en este contexto que la Corte, al año siguiente, cambió su postura restrictiva y dictó los fallos ya mencionados, “Giroldi” y “Alvarez”.
Finalmente, ya en 1997, en el caso “Abella”[30], la Comisión dejó asentado, en cuanto a la relación entre la garantía de la doble condena conforme y el juicio oral y público, que:
“...las ventajas de un juicio oral y público no absuelven la importancia del derecho de recurrir el fallo por una revisión de la legalidad y razonabilidad de la sentencia”.
Y asimismo, dejó claro su pensamiento con relación a la doctrina de la Corte -y de la CNCP- previo a “Giroldi”:
“...la Comisión encontró que el recurso extraordinario, único previsto en la legislación argentina aplicada a la causa Abella, no reunía los requisitos del recurso al que hace referencia el artículo 8.2 h) del a Convención Americana.
En los últimos tiempos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha avanzado aún más en cuanto al alcance que debe dársele al recurso de casación y las formalidades que debe revestir:
En efecto, el 7 de mayo de 1998, la Corte en “Morales Agüero”[31], se introdujo por la vía de la arbitrariedad en una cuestión de hecho y prueba, y dijo que la conclusión adoptada por el tribunal oral para declarar la nulidad de un procedimiento policial fue posible:
“..merced a una consideración fragmentaria y aislada de tales elementos, incurriéndose en omisiones y falencias respecto a la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio, lo que impidió una visión de conjunto de la prueba recurrida, que descalifica el fallo como acto judicial válido (Fallos: 311:948)”[32].
Asimismo, el 22 de diciembre de 1998, en los autos “Flores Nuñez”[33], la Corte, siempre con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, y declarando que lo resuelto por la Cámara[34] afectaba la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, dejó asentado que es obligación del Tribunal de Casación
“...determinar si la motivación de la decisión en el plano fáctico y en la interpretación de las normas legales, ha rebasado los límites impuestos por la sana crítica racional, o sea si tenía fundamentación suficiente para ser considerada acto jurisdiccionalmente válido”[35].
Esa misma fecha, en el fallo “Stolkiner”[36], la Corte, siguiendo la línea de algún precedente anterior -“Tabárez”[37]-, dejó sin efecto un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal[38] que había rechazado un recurso de casación por defectos en la fundamentación, pese a que se había hecho mención a vicios in procedendo e in iudicando:
“...los planteos de la parte apelante (...) suscitan cuestión federal bastante. Ello es así, porque si bien se refieren a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas, como regla, a la vía del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos cuya particularidades hacen excepción al principio, con base en la doctrina de la arbitrariedad (...) asiste razón al recurrente al sostener la arbitrariedad de la sentencia, pues si bien la naturaleza restrictiva del recurso de casación impide modificar las conclusiones de hecho efectuadas por el tribunal de juicio al valorar las pruebas, ello no impide determinar si la resolución cuestionada mediante aquel recurso tenía motivación suficiente como para ser considerada acto jurisdiccionalmente válido.
Asimismo, el 4 de mayo de 1999, en la causa “Minciotti”[39], el Más Alto Tribunal de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia de la Cámara de Casación apelada, por la cual ésta se había negado a revisar -una vez más- una cuestión de las que considera de hecho y prueba, concretamente, cómo el tribunal de mérito había hecho aplicación del art. 3 del C.P.P.N., esto es, el in dubio pro reo[40]. Así, en el dictamen del Procurador, al cual se adhirió la Corte, se expresa:
“No paso por alto que en el sub judice, para tener por acreditado la concurrencia del primero de esos extremos, resulta imperioso revisar la forma en que fue apreciado el hecho reprochado a la encausada y las pruebas acumuladas en el proceso, así como también la consecuente aplicación del art. 3 del actual ordenamiento ritual (...), aspectos que constituyen por regla, una materia propia de los jueces de la causa y ajena, por ende, a esta instancia extraordinaria (...). Sin embargo, ello no impide que ante las particularidades que presentan determinados casos, su análisis permita apartarse de esa regla con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas, y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa (Fallos: 308:640; 311:948 y 2547; 313:559).”
Cabe agregar sobre el punto, que ya hay precedentes de la CNCP en plena correspondencia con las directivas de la CSJN: tanto en “Almada”[41] del 2 de marzo de 1999, como en “Luis Sebastián”[42], del 17 de mayo siguiente, y en “Rodríguez Faccinelli”[43], del 20 del mismo año, se anularon sendas resoluciones del Tribunal de mérito tras haberse abordado el análisis de cuestiones de las llamadas tradicionalmente de hecho y prueba.


VI. Merituación de la trascendencia de la labor de la CSJN a través del recurso extraordinario.

De este modo, es a través del recurso extraordinario que sigue abriéndose paso este reacomodamiento del recurso de casación a las necesidades funcionales constitucionales y político-criminales de los tiempos que corren.
Es que, uno a uno, los argumentos que el Tribunal de casación esgrimía para aferrarse a una función secundaria dentro del esquema procesal nacional, fueron desarticulados por la Corte, sea por argumentos propios, sea por reconducción de los asentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En efecto, veamos qué quedó de los motivos mencionados al comienzo de este trabajo:
1. Imposibilidad de revisar en casación cuestiones de hecho y prueba: fuertemente cuestionado en “Morales Agüero”, “Flores Núñez” y “Minciotti”.
2. La casación es una instancia extraordinaria: desautorizado por “Giroldi” y “Alvarez”[44].
3. El requisito de la doble instancia queda satisfecho con el recurso extraordinario federal: dejado de lado a partir de “Giroldi” (ver además, el fallo “Abella” de la CIDH);
4. Impedimento de acceder a la casación para revisar una condena por debajo del límite del art. 457, C.P.P.N.: dejado sin efecto a partir de “Giroldi”.
5. Rechazo del recurso por interpretación restrictiva del art. 457, C.P.P.N., en punto a si corresponde el abordaje y en su caso cuáles deben considerarse “pronunciamientos equiparables a sentencia definitiva”: criterios claves desarticulados en “Alvarez”, y luego en “Ruiz”[45] y “Padula”[46].
6. Incumplimiento de requisitos formales en la presentación, en especial, sobre la adecuación del motivo casatorio y la fundamentación del recurso: criticado con anterioridad en “Martins”[47], y también en “Ruiz”, continuó esta línea en “Tabárez” y “Stolkiner” (ver además, informes 24/92 y “Maqueda” de la CIDH). Cabe señalar finalmente, el fuerte cuestionamiento a la postura restrictiva de la Cámara de Casación Penal proveniente desde la doctrina[48], la cual en líneas generales y más allá de los argumentos en concreto y de si se trata de cuestiones por vicios in iudicando o in procedendo, le ha reclamado a la Casación, en definitiva, que asuma el rol esperado.


VII. Conclusiones.
Si sumamos entonces:
· La imperiosa necesidad de contar con un recurso de casación ordinarizado[49], puesta de manifiesto “desde abajo”, es decir, por parte de los agraviados frente a resoluciones de tribunales inferiores, en especial aquellos de instancia única;
· Las presiones recibidas “desde arriba”, de la CSJN (y la Comisión Interamericana), desarticulando a través de la concesión del recurso extraordinario todos sus intentos por no ampliar su competencia (tema central de este trabajo); y
· Los cuestionamientos recibidos “desde afuera”, por gran parte de la doctrina especializada, tanto en el ámbito del derecho procesal penal como en el derecho constitucional.
La conclusión es clara: está cada vez más cerca el día en que la casación permita “el enjuiciamiento pleno, de hecho y de derecho, de las acciones denunciadas como violatorias de la ley de forma” (casación procesal) y “la revisión de todo error, cualquiera sea su naturaleza, que el tribunal de casación pueda constatar sin necesidad de repetir el juicio” (casación sustantiva)[50].
La única duda finca en si esta nueva realidad seguirá siendo estimulada desde el órgano máximo del sistema penal argentino, a través de la herramienta del recurso extraordinario, o si la Cámara de Casación Penal, de una vez, entiende el mensaje que le está enviando la sociedad y la asume por sí sola.



[1]Binder, op. cit, pág. 26.

[2] Ed. Trotta, 1994.

[3] Cfr. “Encuentro con las Penas Perdidas”, pág. 110. Ed. de la Universidad Nacional del Litoral, 1993. También, pág. 131: “Aprovechemos la enseñanza del funcionalismo: los conceptos jurídico-penales se construyen en función política. Mi diferencia con el funcionalismo es que su objetivo político no es el mío, y por ello construyo en forma diferente”. Se refiere a la finalidad de prevención general positiva defendida por Jakobs.

[4] Schunemann, Bernd “Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana”, trad. de Manuel Cancio Meliá, publ. en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, Nros. 1 y 2, 1994, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, pág. 37.

[5] Cfr. Binder, op. cit., pág. 27.

[6] cfr. Ferrajoli, op. cit., pág. 537.

[7] Con un criterio amplio en cuanto al alcance de esta garantía, Ferrajoli, Luigi “Los valores de la doble instancia y de la nomofilaquia”, NDP, 1996/B, Del Puerto, Bs. As., pág. 447.

[8] Cfr. De la Rúa, Fernando “La Casación Penal”, Depalma, Bs. As., 1994, págs. 11/12.

[9] Ídem, pág. 17.

[10] Op. cit., pág. 5. Ver Calamandrei, “La Casación Civil”, pág. 21/22, citado por el autor.

[11] Cfr. C.N.C.P., Sala Iª “Hassanie, E.”, resuelta el 9 de febrero de 1993, en donde al resolver las cuestiones formales de rechazo al recurso por inconstitucionalidad y revisión rechazados, el tribunal remite al art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (trámite del recurso extraordinario).

[12] CNCP in re “Giroldi Horacio s/recurso de casación”, causa 32, 27/9/93, Registro Nº 39.

[13] Guariglia describe califica de tozudez a la postura al respecto de la C.N.C.P. y cita los fallos de 1993 “Leizza” , B.J. 1, p- 18, y “Loyola” , B.J. 2, p. 47. En “Los recursos en el procedimiento penal”, Julio Maier (comp), Del Puerto, Bs. As., 1999, pág. 8.

[14] Partiendo de la base de que el concepto de sentencia equiparable a definitiva es propio del recurso extraordinario y lógicamente extraño a la ley procesal penal nacional (cfr. Córdoba, Gabriela “Las nuevas relaciones entre los recursos de casación penal y extraordinario federal en la jurisprudencia de la Corte Suprema”, NDP 1996/B, Del Puerto, Bs. As., pág. 717), de todos modos esta negativa a asumir un papel que la ley no preveía generó de todos modos la reacción de la CSJN in re “Alvarez”, del 30 de abril de 1995, en donde la Corte ha resuelto, según la autora de mención, “una inconstitucionalidad por omisión y ha incorporado al texto del art. 457 del CPPN otros supuestos de resolución recurrible en casación que el legislador no había contemplado aunque debería haberlo hecho: toda resolución del procedimiento penal que según la jurisprudencia de la Corte Suprema es impugnable por vía del recurso extraordinario federal (...), lo es también, antes, por medio del recurso de casación penal, aun cuando la ley procesal respectiva deniegue expresamente para esos casos la procedencia del recurso” op. cit. , pág. 718.

[15] Aboga por una simplificación del recurso de casación Binder, quien sostiene que “...en la mayoría de nuestros países se ha convertido en una suerte de ‘carrera de obstáculos’ donde quien desea presentarlo debe cumplir con una abrumadora cantidad de requisitos y, cuando llega al final, se le dice: “-Ah, no...pero falta la fecha. ¡Rechazado!. Es imprescindible un recurso de casación más activo, puesto que es el recurso más importante dentro del proceso”. Binder, Alberto “Política Criminal. De la formulación a la praxis”. Ad Hoc, 1997, pág. 230.

[16] CADH, art. 8 inc. h).

[17] PIDCP, art. 14.5.

[18] e indirectamente, los organismos internacionales encargados de interpretar y hacer cumplir el contenido de uno de los instrumentos internacionales (me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

[19] A pesar de que en general fue pasado por alto por la doctrina especializada, fue muy importante lo que resolvió la CSJN in re “Franchi, Oscar Antonio” F. 432-XXV, el 16 de diciembre de 1993: las causales tradicionales de arbitrariedad pueden ser reencauzadas en los supuestos de casación y, en consecuencia, quien recurre debe ir primero en casación. Ver al respecto, De Luca, Javier, “Investigación de Jurisprudencia de la CSJN”, en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal” Año IV, Nº 8-B, pág. 559. En doctrina, Sagüés ya advertía que la CNCP es superior tribunal de la causa para casos de arbitrariedad de la sentencia. Vid “El Recurso Extraordinario”, Depalma, T. 2, pág. 286.

[20] “...es necesario abandonar el sistema de recursos contra las decisiones judiciales que hoy nos rige, hijo de la tradición -quizá de la peor tradición- y causante de los mayores males de nuestro sistema judicial”. Maier, Julio B.J, marzo de 1999, prólogo a la obra “Los recursos...”, cit. Ver además, De la Rúa, op. cit., donde hace mención a que los orígenes de la casación tuvieron que ver con la desconfianza a toda interpretación no exegética de la ley, teñida entonces con un claro sesgo antijurisdiccional ( pág. 13); negaba la división de poderes (pág. 14); y era signo de inmadurez jurídica (pág. 15), al punto que Calamandrei concluía que debería tenérsela entre los órganos legislativos (pág. 16).

[21] cfr. Pastor, Daniel “La nueva imagen de la casación penal. Evolución histórica y futuro de la casación penal”, inédito, punto III.

[22] cfr. Binder, op. cit., pág. 201.

[23] Cfr. entre otros C.S.J.N. in re “Jáuregui”, Fallos 311:274.

[24] Del 7 de abril de 1995, “Fallos” 318-530 y “El Derecho” t. 163, p.161.

[25] Informe Nº 55/97, caso Nº 11.137, aprobado por la Comisión el 18 de noviembre de 1997.

[26] Op. cit. pág. 8


[27] CSJN in re “Nápoli, Erika”, S.C.N. 284, L. XXXII).

[28] Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2 de octubre de 1992.

[29] “Maqueda, Guillermo José”, informe 17/94 del 9 de febrero de 1994, publicada en NDP, 1996-B, págs. 735 t ss.

[30] “Abella, Juan Carlos”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 55/97, caso 11.137, del 18 de noviembre de 1997.

[31] “Morales Agüero, Luis Alberto” s/recurso de hecho. F. 54, t. XXXIII.

[32] Ver el nuevo fallo dictado por la CNCP por mandato de la CSJN, “Morales Agüero, Luis s/rec. de casación”, Sala IIIª, causa Nº 961.

[33] “Flores Nuñez, María Aurelia, 2/recurso de hecho”, M. 274, t. XXXIII.

[34] “Flores Núñez, María Aurelia s/rec. de casación”, Sala IIIª, causa Nº 1036 del 7 de marzo de 1997, en donde se dijo que “...cabe recordar que el Tribunal de mérito es libre en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento en la determinación o no, de los hechos que dan base a su conclusión y no es posible habilitar la jurisdicción casatoria a partir de una consideración crítica diferente del material convictivo invocado en el decisorio”, y concluye “...la decisión invalidante se fundó en circunstancias fácticas que, salvo arbitrariedad que en el caso no se demuestra, son de imposible revisión por la vía del recurso intentado”.

[35] Este fallo obligó a otra sala de la CNCP a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión: ver fallo 525/99, Sala IIIª del 18 de octubre de 1999

[36] “Stolkiner, Armando s/recurso de hecho” , S. 289, T. XXXIII

[37] “Tabárez, Roberto G.”, del 27 de marzo de 1998, J.A. 1998-IV, pág. 1131: “Incurre en excesivo rigor formal la decisión que denegó el recurso de casación por falta de fundamentación si el sentido común y jurídico de las expresiones empleadas en el recurso, permitían advertir con simpleza que se reclamaba una distinta aplicación del derecho común, considerando errónea la de la decisión impugnada”.

[38] “Stolkiner, Armando s/recurso de queja”, Sala IIIª, causa Nº 969, resuelta el 13 de febrero de 1997, en donde se adujo: “Tiene dicho esta Sala que no basta la mera invocación de arbitrariedad sin que sea acompañada con una adecuada argumentación...” y “...las facultades del sentenciante en lo relativo a establecer su fuerza de convicción no entran bajo el control de casación”, finalmente: “...quien invoca la errónea aplicación de la ley sustantiva, como motivo de la impugnación, debe señalar el vicio que encuentra en la interpretación de la ley, lo que no se cumple manifestando que se ha omitido aplicar al caso el art. 172 y 173 del código de fondo...”.

[39] “Minciotti, María Cristina s/recurso de hecho”, M. 728, t. XXXIII.

[40] “Minciotti, María Cristina s/recurso de casación”, Sala IVª, causa Nº 566, del 30 de junio de 1997. Tras iniciar el análisis expresando, con cita de De la Rúa, op. cit. pág. 152, que el principio in dubio pro reo, en tanto constituye una regla procesal relativa a la comprobación de la existencia del delito y la participación del imputado, correspondiendo su apreciación crítica a la libre convicción del tribunal de valoración de las pruebas, está siempre excluido del control de la casación, de todos modos aquí el tribunal de casación sí se introdujo en el análisis de la cuestión, y llegó a la conclusión de que “...no se advierte en la sentencia de fs. 417/431 vta., que los jueces del tribunal de juicio hayan franqueado el límite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, motivo por el cual cabe concluir que el pronunciamiento recurrido no posee defectos de magnitud tal que lo descalifiquen como acto jurisdiccional válido...”.

[41] “Almada, Sergio Martín s/ recurso de casación”, Sala Iª, causa Nº 2138: corresponde el control casatorio en la aplicación al caso de la garantía del in dubio pro reo si se debe evitar la violación de la garantía de presunción de inocencia.

[42] “Luis Sebastián, Angel s/recurso de casación”, Sala IVª, causa Nº 1286.

[43] Rodríguez Faccinelli, Javier A. y otra s/recurso de casación”, Sala IIIª, causa Nº 1597.

[44] Como bien señala Córdoba, Gabriela, op. cit., pág. 719/720, la doctrina sentada en “Alvarez” en este sentido permitiría abrir la casación para los demás autos importantes del procedimiento penal emanado de los tribunales orales, hoy irrecurribles en casación (cfr. la doctrina sentada in re “Sosa de Amor, Manuela s/recurso de queja”, Sala Iª, 4 de octubre de 1993), ya que en estos casos siempre se ve implicada una cuestión federal: de est modo además, se da cumplimiento a las exigencias al respecto provenientes de la CIDH, informe 24/92, ya tratado.

[45] “Ruiz, Pedro Antonio”, R. 235, t. XXXIII, resuelta el 4 de noviembre de 1997.Ver al respecto, la interpretación que de este fallo hizo la CNCP, en Mc Loughlin, Gabriela “El concepto de sentencia definitiva del art. 457 del C.P.P.N. en la Jurisprudencia de la CNCP y de la CSJN. Evolución del concepto, reglas y excepciones”, en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, Año IV, Nº 8-B, págs. 598/9.

[46] “Padula, Osvaldo Rafael”, P. 184, t. XXXIII, resuelta el 11 de noviembre de 1997, en donde la CSJN dejó sentado el criterio, al cual la CNCP se resistía, de que el rechazo de la suspensión del juicio a prueba es equiparable a sentencia definitiva para la defensa, lo cual ya había establecido para el fiscal en “Menna, Luis”, M. 305, t. XXXII, del 25 de septiembre de 1997.

[47] “Martins, Raúl Luis”, M. 1463, t. XXXI, del 30 de abril de 1996: la CSJN revocó una resolución de la CNCP que había denegado un recurso de casación frente a una condena de dos años de prisión “porque no se había cuestionado la constitucionalidad del límite establecido en el art. 459 inc. 2º del C.P.P.N.”, alegando que ello configuraba un palmario desconocimiento de las pautas dadas en “Giroldi”, que importaba una carencia de fundamentos que viciaba la sentencia y bastaba para descalificarla.

[48] Ferrajoli, Luigi “Los valores de la doble instancia y la nomofilaquia”, en NDP, 1996/B, Buenos Aires, Del Puerto, págs. 450 y sgts; Bacigalupo, Enrique “La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios”, Bs. As., Ad Hoc, 1994; Maier, Julio B. J. “Derecho Procesal Penal”, t. 1, Fundamentos, Buenos Aires, Del Puerto, 1996, 2ª edición, pág. 709 y sgts.; Córdoba, Gabriela “Las nuevas relaciones... ”, cit.; Tedesco, Ignacio “El concepto de sentencia definitiva en la jurisprudencia de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema”, en NDP, 1997/B, Buenos Aires, Del Puerto, 1997, pág. 797 y ss; Palacio, Lino Enrique “Las limitaciones legales del recurso de casación en el proceso penal y el derecho acordado por el “Pacto de San José de Costa Rica”, a la persona inculpada de delito”, en “La Ley”, t. 1995-D, págs. 461/6; Díaz Cantón, Fernando “EL control judicial de la motivación de la sentencia penal”, en “Los recursos...”, cit., págs. 55 y sgts.; Langer, Máximo “El principio in dubio pro reo y su control en casación”, en NDP, 1998/A, Bs As., Del Puerto, pág. 223 y ss.; Silvestroni, Mariano “La tipicidad subjetiva y el in dubio pro reo en el recurso de casación”, en NDP, 1998/B, Del Puerto, pág. 605 y sgts.; Hitters, Juan Carlos “EL recurso de casación y las cuestiones de hecho y de derecho”, “La Ley”, t. 1989-D, 1255, págs. 1254 y sgts.. Ultimamente, Maier, “Acerca de la garantía procesal del recurso contra la condena penal en las convenciones internacionales sobre derechos humanos”; y Pastor, Daniel “La nueva imagen de la casación penal. Evolución histórica y futuro de la casación penal”, ambos inéditos.

[49] Así en Maier, “Acerca de la garantía...”, cit., págs., 12 y 13.

[50] Cfr. Pastor, Daniel, op. cit., cap. V in fine.