Cordoba: Código Procesal Penal


el nuevo código procesal penal 1991
NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

Jurados: Actúan si la acusación es por delito que tenga pena máxima de quince años o más. Son dos y actúan al modo escabinado, integrando el tribunal con iguales atribuciones que los jueces. Pero siempre que lo haya pedido alguna de las par­tes: el fiscal, el querellante o el acusado (art. 369).
Se requiere, para ser jurado, mayoría de edad, ciudadanía, capacidad civil y ciclo básico completo. La lista se forma a­nualmente por sorteo con el padrón de cada circunscripción. El Tribunal Superior tiene que dictar la reglamentación. Se los recusa igual que a los jueces y tienen retribución fijada por el Tribunal Superior (art. 558).

Instrucción por los fiscales: Es la regla salvo casos de privilegios constitucionales (art.301). La practica el Fiscal de Instrucción, distinto del Fiscal de Cámara que actúa en el juicio y del Fiscal General que actúa ante el Tribunal Superior (art. 76). El Fiscal de Cámara conoce en los reclamos por re­tardo del Fiscal de instrucción y también decide cuando el juez no admite el sobreseimiento. En ese caso el mismo Fiscal de Cámara formula el requerimiento (arts. 155 y 359).

Los jueces de instrucción: ejercen control directo en todo lo referido a medidas restrictivas de libertad a pedido del imputado (art. 333). También ejercen control subsidiario cuando hay oposición a las providencias del fiscal. Si éste no admite la oposición debe elevar las actuaciones al juez que es enton­ces quien decide (art. 338). Además, el sobreseimiento debe ser dictado por el juez (art. 348).

El plazo de la instrucción: es de dos meses desde la decla­ración del imputado. Puede prorrogarse por el juez por otro tanto o, excepcionalmente, hasta ocho meses (art. 337). El pla­zo es fatal si el imputado está privado de libertad (art.182) pero cuando hay acumulación por conexión corre independiente­mente a partir de la acumulación. Y, lo que es más importante, al cabo del plazo si no hay suficientes elementos se debe so­breseer (art. 350 inc.5).

Querellante: Está admitida la intervención del querellante adhesivo (arts. 91/96).

Policía judicial: Actúa bajo la dirección del fiscal (art. 71). Puede investigar por propia iniciativa (art. 321). Aparte de los funcionarios legalmente nombrados, también actúan fun­cionalmente en ese carácter los de la policía ad­ministrativa (art. 322). Se subordinan al Ministerio Público y pueden ser sancionados por éste y por los tribunales sin per­juicio de que los de la policía administrativa únicamente son removidos o suspendidos por el Poder Ejecutivo (arts. 323 y 327).

Defensores: Pueden actuar desde el primer momento, aún ante la policía (art. 118). Para la declaración del imputado su presencia es obligatoria bajo pena de nulidad (arts. 258 y 305).

Imputados: Por regla permanecen en libertad aunque se le impone caucionar y algunas restricciones eventuales (art. 268). La detención requiere decreto fundado del fiscal (arts. 272 y 332). Puede haber un arresto previo a la detención que no debe exceder de veinticuatro horas (art. 274). También se admite la aprehensión policial, en flagrancia o para impedir la consuma­ción o la fuga, con obligación de presentación inmediata a la autoridad judicial competente (¿el fiscal?) (arts. 276, 277, 278).
Si no hay privación de libertad no se necesita auto de procesamiento[1]. Antes de concluir la investigación únicamente se requiere fijar la situación del imputado si se dispone la prisión preventiva. La prisión preventiva corresponde para de­litos no suscep­tibles de condena condicional (art. 281) y debe disponerse den­tro de los diez días de la declaración (art. 336). Esta última, si la persona está detenida, tiene que ser recibida dentro de veinticuatro horas de puesta a disposición de la autoridad, prorrogable por otro tanto a pedido del fiscal o del imputado para nombrar defensor. Si los imputados son va­rios el plazo juega solamente para la primer declaración; las demás deben recibirse sucesivamente sin tardanza. Pero si no hay declara­ción, es decir si no hay motivos suficientes para sospechar, tampoco puede haber restricciones a la libertad (art. 306).
La declaración puede ser recibida por la policía solamente si lo pide el imputado y con la presencia del defensor (art. 324 inc. 8 y 258).
La incomunicación es facultad exclusiva del tribunal y no puede pasar de dos días (art. 273). El secreto del sumario pue­de durar hasta diez días y, con autorización del juez, prorro­garse por otro tanto (art. 312).
Está prevista la indemnización para privaciones de liber­tad que resulten arbitrarias al sobreseer o absolver (art. 300).

Regla de exclusión: está prevista como regla general sobre la prueba y supone la ineficacia (no la anulación) de los actos que vulneren garantías constitucionales. También está expresa­mente prevista la doctrina del fruto del árbol emponzo­ñado (art. 194). Pero al mismo tiempo está establecida la interpre­tación restrictiva (art. 3).

Interrogatorios en el debate: Salvo para el imputado, que es examinado por el presidente (art. 385), se aproxima al mode­lo de la "cross-examination": interroga primero la parte que propuso al testigo (art.393); después las otras partes y, fi­nalmente, los miembros del tribunal. Estos últimos "las pregun­tas que estimen necesarias para la mejor comprensión de la de­claración" (art. 396).

Reconocimiento de culpabilidad: si hay confesión plena y con acuerdo de fiscal, defensor y tribunal, se omite la recep­ción de pruebas y se dicta sentencia basado en las constancias de la investigación preparatoria, sin exceder del requerimiento de pena del fiscal (art.415).

Hay un plazo de duración máxima del proceso: dos años (art. 1). Se lo considera fatal (art. 182) pero se excluyen del cómputo los incidentes y los recursos y las pruebas en otra circunscripción.

Otra innovación significativa: un recurso de revisión por jurisprudencia más benigna del tribunal superior (art. 489 inc.5).



[1]Según la Exposición de Motivos del código (II.D.3) la experiencia del Código de 1940 muestra que el auto de procesamiento funcionó como una determinación final, superpuesta a la crítica instructoria.