Casación y Extraordinario


EL CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA DE CASACIÓN Y DE LA CORTE SUPREMA:
¿Un nuevo recurso de casación?
Una historia sobre agentes encubiertos, libertades y otras excepciones...* Por Ignacio F. Tedesco

I.- Palabras iniciales:
Con la introducción del recurso de casación penal en el orden nacional, diversos fueron los conflictos que se suscitaron. Entre ellos, no sólo establecer cuáles deberían ser las relaciones entre éste y el recurso extraordinario federal, sino también fijar el papel que cada uno de ellos debería cumplir. Algunos pronunciamientos dictados por ambos tribunales federales intentaron arrojar un poco de luz sobre el tema. En este sentido, tanto “Sosa de Amor”[1], como “Giroldi”[2] y “Alvarez”[3] resultaron paradigmáticos[4]. No obstante, estos precedentes no terminaron de desenredar la compleja trama de esta relación.
Uno de los puntos aún en discusión, y que reflejan esta problemática, no es otro que el de establecer el exacto alcance que posee, en sus límites, el recurso de casación. En especial, la correcta interpretación del concepto “sentencia definitiva”, según los términos del art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación.

II.- Antecedentes:
a.- El concepto de sentencia definitiva. Un criterio restringido:
En el fallo “Sosa de Amor”, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal negó la posibilidad de equiparar a definitiva la sentencia denegatoria de la exención de prisión o excarcelación. Sostuvo que el nuevo ordenamiento procesal federal creó “un sistema completo y específico con relación a las decisiones que pueden ser objeto de los recursos de casación e inconstitucionalidad”. Entendió por sentencia definitiva a aquellas resoluciones “que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación”. En este sentido, entendió además que, a diferencia de lo que ocurre con el recurso extraordinario, “la ‘nota característica’ de las resoluciones recurribles en casación ‘es el efecto de poner término al proceso’ y que el criterio para determinar el concepto se funda más en el efecto de la resolución con relación al proceso, que en su contenido”. Idéntico criterio fue el adoptado por el resto de las salas de la Cámara.[5]
El fundamento de esta tesis, como bien lo advierten tanto BERTONI como CÓRDOBA, obedece a la circunstancia de que la enumeración de los supuestos de resolución recurrible en casación es cerrada (numerus clausus), en virtud del principio de la taxatividad de los recursos que el propio ordenamiento procesal establece. En pocas palabras, sentencia definitiva sería lo que el Código dice que es.[6]
De esta manera, sostiene esta posición, en aquellas decisiones en las que se vulneran garantías constitucionales de manera irreparable, no quedaría otra alternativa que recurrir al mecanismo del art. 14 de la ley 48. Por cuanto, únicamente en el ámbito del recurso extraordinario federal es posible encontrar sentido a la expresión “equiparable a definitiva”. En razón de que, en caso que no se entendiera al concepto de sentencia definitiva en su sentido amplio, esto es, como todas aquellas resoluciones que causan un gravamen actual de imposible o insuficiente reparación ulterior, el art. 14 de la ley 48 sería inconstitucional, al vedar a la Corte el conocimiento de temas y casos en donde existiría un derecho constitucional violado de imposible reparación ulterior.[7]

b.- El recurso como garantía:
Sin embargo, un año más tarde, el recurso de todo inculpado pasó a ser un resguardo constitucional, en virtud de la incorporación expresa, al texto de nuestra norma fundamental, de dos instrumentos internacionales de derechos humanos: la Convención Americana de Derechos Humanos (que establece en su art. 8, nº 2, h, que toda persona inculpada de delito tiene derecho ... de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior”) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que señala en su art. 14, nº 5 que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley”).
Entre otras consecuencias, MAIER considera que esta garantía procesal conduce a la exigencia de que, para ejecutar válidamente una condena penal, se necesita una doble conformidad judicial, siempre y cuando el condenado así lo requiera. De esta manera, gracias a una analogía con la prueba de exactitud de una operación aritmética, el derecho al recurso se transformaría en una facultad del condenado a poner en movimiento una instancia de revisión con el objeto de obtener un segundo resultado que garantice mayor certeza en la legitimidad de la privación a la que es sancionado.[8]
Si bien se podría señalar que esta garantía únicamente obedece a los fines de un fallo condenatorio, lo cierto es que en el caso “Maqueda”[9], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el resguardo no es únicamente respecto de un fallo condenatorio, sino que abarca, asimismo, a “todos los autos procesales importantes”. Expresamente, la Comisión señaló: “... la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención no requiere necesariamente la apelación directa sino que requiere la disponibilidad de un recurso de revisión que al menos permita la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso la legalidad de la prueba y que permita con relativa sencillez al tribunal de revisión examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado en especial los de defensa y el debido proceso”. [10]
Más allá de que no los defina, no deja de ser un marco importante a tener en cuenta en relación a la problemática planteada. Es que, no sólo en “Giroldi” la Corte Suprema señaló la jerarquía constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que en “Bramajo”[11] entendió explícitamente que los informes y opiniones “de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe(n) servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana”[12]. Por consiguiente, en todo auto procesal importante existe un derecho del inculpado a obtener una doble conformidad sobre lo que resuelve.

c.- El “superior tribunal de la causa” y el recurso extraordinario:
Por otra parte, otra consecuencia se desprende de los casos “Giroldi” y “Maqueda”: la insuficiencia del recurso extraordinario como remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la doble instancia, que debe observarse dentro del marco del proceso penal como resguardo indispensable de toda persona inculpada de un delito.[13]
En palabras del informe de la Comisión Interamericana, “teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Suprema sostiene que el Recurso Extraordinario no impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su procedencia, en la práctica, el Recurso Extraordinario no permite la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la idoneidad y legalidad de la prueba, ni permite examinar la validez de la sentencia recurrida con relativa sencillez. Un recurso de extensión, limitada y extraordinaria y de restringida procedencia no satisface la garantía del inculpado a impugnar la sentencia”.
En otros términos, la doctrina que se desprende de este precedente de la Corte Suprema se refiere, entre otras consecuencias, a la inserción de la Casación como órgano jurisdiccional intermedio entre la Corte y los tribunales de mérito a los fines de garantizar el derecho al recurso de todo inculpado[14]. De manera que, entonces, el recurso de casación pasaría a cumplir un rol adicional: garantizar el resguardo de todo imputado a contar con una instancia de revisión suficiente.

d.- El concepto de sentencia definitiva. Un criterio amplio:
Lo resuelto por la Corte Suprema en “Alvarez” vino a modificar el escenario en el que se desarrollaba la cuestión en estudio. Si bien no llegó a afirmar expresamente el derecho de todo inculpado a recurrir los autos procesales importantes, lo cierto es que consideró, en consonancia con “Giroldi”, que “la Cámara Nacional de Casación Penal constituye un órgano judicial ‘intermedio’ al cual no le está vedado por obstáculos formales la posibilidad de conocer por vía de los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión” en los casos en los cuales “el pronunciamiento que rechaza la posibilidad de discutir ese asunto produce un gravamen actual de imposible reparación ulterior”, en los términos del art. 14 de la ley 48.
No obstante, las consecuencias sobre lo resuelto no son del todo claras. Distintas interpretaciones son posibles. Una de las más amplias, aunque –como veremos- no necesaria, es la señalada por Gabriela CÓRDOBA, al decir que, de la doctrina de la Corte Suprema esbozada en “Giroldi” y “Alvarez”, se desprende que sólo la Cámara Nacional de Casación Penal ocupa, en el ámbito de la competencia penal del Poder Judicial de la Nación, el lugar de tribunal superior a los fines del recurso extraordinario. Por lo que los límites formales establecidos por la ley procesal deberían ser dejados de lado.[15]
Más allá de que esta autora encuentra cierta preocupación en esta extensión de los límites del recurso de casación, considera que la Corte ha equiparado a la Cámara de Casación Penal con los Tribunales Superiores de Provincia, de modo tal que se neutralicen las posibles afectaciones de garantías constitucionales producidas en resoluciones judiciales de tribunales inferiores a la Casación. Con ello, cumpliría su función de intérprete natural de la ley penal común sustantiva y procesal, y de órgano de unificación de la jurisprudencia en la materia, en tanto que la función de la Corte sería controlar la adecuación a la Constitución de las decisiones de la Casación[16]. Este razonamiento, como veremos más adelante, es susceptible de ciertos reparos.

III.- Los límites del recurso de casación: algunas excepciones de la C.N.C.P. en función de “Giroldi” y “Alvarez”:
a.- Sobre agentes encubiertos y juicios orales y públicos...
La primer respuesta a la doctrina “Giroldi/Alvarez” no se hizo esperar[17]. Poco más de cuatro meses después de “Alvarez”, el 16 de septiembre de 1996, los integrantes de la Sala I, en un recurso de avocación[18], citaron lo resuelto por la Corte Suprema en el mencionado precedente, con el objetivo de suspender una audiencia “con el fin de no transformar en ilusoria la defensa en juicio” de los derechos “a la vida y a la protección del grupo familiar”. Conjuntamente con otro pronunciamiento[19], respecto de la situación planteada por Navarro, redefinieron la doctrina que se desprendiera de “Sosa de Amor”. En función de “Giroldi” y “Alvarez”, hicieron lugar y concedieron el recurso de casación contra el pronunciamiento de un tribunal oral que convocaba a prestar declaración testimonial a un agente encubierto, al entender que esta decisión debía ser equiparable al concepto de sentencia definitiva por ser insusceptible de reparación ulterior.
El policía Miguel Angel Navarro había sido designado durante la instrucción como agente encubierto. Previa revelación de su identidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín lo convocó a prestar declaración testimonial. En razón de la mencionada convocatoria, tres días antes de la fecha de iniciación del debate, promovió incidente de nulidad, petición que fue rechazada durante la audiencia. Ante dicha negativa planteó dos recursos.
Por un lado, un recurso de avocación ante la Cámara Nacional de Casación Penal, en la que los jueces de la mencionada Sala señalaron que “al haberse invocado una cuestión capaz de habilitar la competencia de esta Cámara por vía recursiva (art. 456, inc. 2º del C.P.P.N. y doctrina de la C.S.J.N. in re: ‘Alvarez, ...’), así como alegado peligro inminente de conculcación del derecho a la vida y a la protección del grupo familiar, al sólo efecto de verificar tal extremo y, eventualmente, resolver en consecuencia, se torna imperioso –a fin de no transformar en ilusoria la defensa en juicio de esos elementales derechos, dada la fecha de la audiencia fijada para oir al testigo- requerir la inmediata remisión de la causa”.
Por el otro, un recurso de casación, que fuera denegado. Sobre dicha denegatoria presentó un recurso de queja ante la Cámara de Casación, el cual fue declarado admisible por los miembros de la citada Sala, al señalar que “si bien es cierto que al resolver in re: ‘Sosa de Amor, ...’ esta Sala recordó la existencia de un sistema completo y específico de las resoluciones que pueden ser objeto de los recursos de casación e inconstitucionalidad (art. 457 del C.P.P.N.), no es menos cierto que al resolver in re: ‘Giroldi, ...’. la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado a esta Cámara un tribunal intermedio para el conocimiento de cuestiones de naturaleza federal insusceptibles de reparación ulterior –criterio reiterado y reafirmado recientemente en la causa ‘... Alvarez, ...’, razón por la cual, de mediar un asunto de esa entidad debidamente introducido y fundado, le está vedado a este estrado sustraerse a su tratamiento con base en el límite procesal más arriba indicado ...”.
Más allá del acierto o no de la citación a prestar declaración testimonial a un agente encubierto (cuestión que escapa al propósito de este trabajo[20]), es díficil encontrar la explicación sobre las circunstancias en qué residía la imposible reparación ulterior en la protección de la identidad de una persona, que ya había sido largamente descubierta. Máxime, al ser el propio representante del Ministerio Público, quien en oportunidad de ofrecer prueba solicitó la declaración testimonial del, hasta entonces, agente encubierto, por considerarla absolutamente imprescindible[21], en tanto “la actuación del agente encubierto determinó directamente la realización de distintos allanamientos que culminaron con importantes secuestros de cocaína y la detención de varias personas”. Así es que, en el segundo punto resolutivo del ofrecimiento de prueba realizado, el tribunal dispuso citar a “Miguel Angel Navarro” por haber “solicitado la Fiscalía la deposición del agente encubierto”. Si algún perjuicio estaba en juego, éste ya había sido ocasionado. Era imposible cualquier reparación ulterior. Sólo restaba en la invocación realizada por Navarro, evitar la individualización fisonómica por parte de “imputados y adláteres”. No obstante, en la oportunidad que el tribunal oral denegó el planteo de nulidad, resolvió que la declaración testimonial tuviera lugar sin público y con la sola presencia del fiscal y de los abogados defensores de los imputados, asegurando la audición de los dichos del testigo a estos últimos.
En definitiva, si bien, en este caso, la Cámara de Casación era el tribunal intermedio a los fines de resguardar derechos legalmente protegidos, según el criterio que se expusiera al desarrollar la doctrina de los casos “Giroldi” y “Alvarez”, lo cierto es que el gravamen a resguardar ya había sido ocasionado. No era actual, requisito necesario a los fines de la equiparación pretendida.

b.- Sobre jueces naturales:
Apenas unos días después del caso “Navarro”, en “Mancini”[22], la Sala II de la Cámara de Casación Penal, volvió a invocar la doctrina que se desprende de los fallos “Giroldi” y “Alvarez”, a los fines de equiparar un pronunciamiento interlocutorio a una sentencia definitiva, en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación.
Los miembros del tribunal hicieron lugar al recurso de queja presentado, y concedieron el recurso de casación pretendido, contra una resolución de la Sala “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que anuló de oficio una resolución del Juez de primera instancia[23] y que en función de las medidas disciplinarias del art. 173 del Código Procesal Penal de la Nación, apartó al juez de la causa y dispuso que ésta pasara a conocimiento del juez que siguiera en orden de turno.
Los recurrentes plantearon, centralmente, que la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones –en cuanto apartar al juez de la causa- agraviaba el derecho constitucional al juez natural. Así es que, la Sala II señaló que “si bien es cierto que la decisión que se pretende someter a la inspección casatoria no pone fin al proceso ni imposibilita su continuación, extremo que prima facie impediría la habilitación de esta instancia (Cfr. la jurisprudencia de esta Sala a partir de los casos ‘Peralta’ ... y ‘Steinberg’ ...), no es menos exacto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que esta Cámara en su condición de tribunal intermedio para el conocimiento de cuestiones de naturaleza federal insusceptibles de reparación ulterior debe intervenir cuando advierta agravios de tal entidad, motivo que autoriza a hacer excepción de la solución normativa prevista para el caso –art. 457 del C.P.P.N.- (in re: ‘Giroldi’ ... y ‘Alvarez’ ... y ... Sala I, in re: ‘Navarro’)”. Para afirmar, posteriormente, que “con arreglo a lo expresado ... y en la medida en que el escrito en que se materializó la impugnación casatoria exhibe fundamentación bastante y los agravios de los recurrentes denuncian presuntas violaciones a garantías constitucionales que podrían constituir un vicio in procedendo” es que corresponde abrir la vía casatoria.
Esta segunda excepción que realiza la Cámara de Casación, revisando su criterio clásico sobre el concepto de sentencia definitiva, con fundamento expreso en lo señalado por la Corte Suprema en “Giroldi/Alvarez”, vuelve a recaer en circunstancias claramente poco comunes. Los límites del caso son pocos precisos, en tanto –por ejemplo- no se cuestionó, expresamente, la constitucionalidad del art. 173 del ordenamiento federal en cuanto faculta el apartamiento del juez natural de una causa. Es que, en realidad, el cuestionamiento principal de los recurrentes giraba más en la arbitrariedad de lo decidido, que en la afectación o no del prinicipio del juez natural.
Más allá de lo concerniente, en este caso, al derecho a recurrir del imputado y el papel de la Cámara de Casación como tribunal intermedio, una vez más, es el concepto de sentencia definitiva lo que corresponde ser analizado. En este sentido, una anulación de una resolución oficiosa, que no arroja ninguna consecuencia al proceso, no puede serlo. Con lo cual, únicamente restaría entender la circunstancia de haberse aplicado una sanción legalmente prevista ante la declaración de una nulidad. Pareciera peligroso aceptar que, ante cualquier tacha de arbitrariedad o de agravio constitucional, por su mera invocación, esté abierta la posibilidad de la vía casatoria[24]. No es ésta la intención que tuvo el legislador en la oportunidad de establecer el sistema casatorio, ni mucho menos la doctrina que se desprende de “Giroldi” y “Alvarez”.
En definitiva, estos dos casos que fueron materia de comentario, simplemente han constituido dos respuestas aisladas por parte de la Cámara de Casación. Respuestas que, por otra parte, dejan abiertos varios interrogantes sobre el acierto en sus dictados. Es que, tal como lo sostiene CÓRDOBA, el problema es arduo, por cuanto la Corte en más de una oportunidad, aún sin llegar a la contradicción, ha considerado que, en situaciones similares, algunos casos son equiparables a definitivas y en otros no, de acuerdo con criterios poco precisos, con lo cual no es posible saber con exacitud cuándo estamos frente a un supuesto de equiparación.[25]
En virtud de esta circunstancia, es que con el objeto de establecer cuál ha sido la respuesta de la Cámara de Casación respecto de la problemática planteada, será útil considerar –de ahora en más- las soluciones que se encontraron, respecto de aquellos casos en que la decisión que se establece es la privación de libertad efectiva del imputado durante el procedimiento o la que deniega el cese de dicha restricción, en tanto que la Corte ha mantenido, al menos en los últimos años, criterios estrictos y constantes en su consideración como pronunciamientos equiparables a definitiva[26]. En este sentido, el 3 de octubre de 1997, la Corte volvió a señalar que “la decisión apelada, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación posterior, es equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48 por afectar un derecho que requiere tutela inmediata”.[27]

c.- Sobre “libertades”:
Si bien no citó expresamente los casos de “Giroldi” y “Alvarez”, la Sala I de la Cámara de Casación realizó una nueva excepción a la doctrina restrictiva sobre el concepto “sentencia definitiva” establecida en “Sosa de Amor”. En el caso “Larceri”[28] concedió un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, que hizo lugar a la excarcelación de este último, bajo caución real de tres mil pesos[29]. Para ello, simplemente mencionó “que, en la medida en que el impugnante plantea una cuestión federal –adecuable a la causal de casación escogida- que el Tribunal estima de gravedad institucional, circunstancia excepcionalísima que permite superar el límite del carácter definitivo de la sentencia (C.S.J.N., Fallos: 280:297); y en atención a que el escrito que contiene el recurso extraordinario de que se trata –desde el punto de vista formal- reúne las exigencias previstas por el art. 463 del C.P.P.N. y la jurisprudencia de esta Cámara, corresponde admitir la presente queja”.
El recurrente había sustentado su impugnación en el motivo previsto en el inc. 2º del art. 456 del Código Procesal Penal, por entender que la resolución atacada había inobservado las disposiciones de los arts. 123 y 404, inc. 2º del mencionado ordenamiento, en tanto el pronunciamiento que concediera la excarcelación de Larceri contenía una fundamentación aparente, circunstancia que la convertía en una resolución arbitraria al carecer de fundamentación legal.
Más allá de la incertidumbre generada sobre qué precedentes intentó invocar la Sala I al fundar esta decisión “en atención a ... la jurisprudencia de esta Cámara”, lo cierto es que la excepción deja demasiados puntos oscuros sin resolver.
En primer lugar, si bien citó un precedente de la Corte Suprema (el caso “Todres” –Fallos, 280:297) obvió en su consideración lo resuelto por ese tribunal, apenas un mes antes, en el caso “Villegas”[30], en el cual, los votos que conformaron la mayoría[31], limitaron seriamente la causal de “gravedad institucional” a los fines de la concesión de un recurso de naturaleza extraordinaria.
Así, el voto de los ministros FAYT, BELLUSCIO y BOSSERT señaló que, si bien se ha asignado en numerosos precedentes el carácter de sentencia definitiva a la que deniega la excarcelación, “nada de ello ocurre en el caso contrario, esto es, cuando la decisión de los tribunales de la causa es la de disponer la libertad ..., pues entonces no hay impedimento para la continuación del proceso ni para que, en su caso, se satisfaga la pretensión punitiva mediante una eventual sentencia condenatoria”. Para agregar posteriormente que “ello es así independientemente de la mayor o menor gravedad del delito que da lugar el proceso, pues abrir la vía para que un tribunal cuya función fundamental es la de asegurar la supremacía de la Constitución y las garantías concedidas por ella a los habitantes de la Nación aprecie aquella gravedad sin que estén en juego las mencionadas garantías podría implicar que quedase librada a su arbitrio la libertad de las personas...”. Y finalmente establecer, que “la circunstancia de tratarse de una causa relacionada con el tráfico de estupefacientes no justifica apartarse de los principios constitucionales”. En este sentido, PETRACCHI expresó que no “puede juzgarse que la gravedad de los delitos atribuidos a los procesados: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, justifique, por sí misma, el impacto a la seguridad jurídica que lleva consigo la revisión por la Corte de sentencias dictadas por tribunales de instancias anteriores...”. Idénticas palabras, fueron las pronunciadas en el voto de BOGGIANO.
Más allá de la razonabilidad o no de la solución excarcelatoria adoptada, cuyo análisis excedería los límites de este trabajo, lo cierto es que esta afronta una segunda problemática, que se agrega a las objeciones en cuanto a que el pronunciamiento dictado pueda ser entendido como de aquellos de imposible reparación ulterior. En este sentido, no se advierten las razones por las cuales existía, en este caso, un derecho al recurso del fiscal contra la mencionada medida.
Veamos. Como ya se señalara, el sistema recursivo que se estableció adoptó un criterio taxativo en cuanto a su desenvolvimiento, el que sólo fue quebrado al incorporarse, al elenco de resguardos constitucionales, el derecho de todo inculpado de un delito de recurrir toda resolución adversa (tanto sea un fallo condenatorio, como todo otro auto procesal importante). Un largo camino queda por recorrer, ausente en la resolución que comento, para establecer porqué un representante del Ministerio Público puede ser equiparado a un inculpado con el objeto de lograr una excepción al sistema taxativo que funda el esquema recursivo de nuestra ley. Un paso en este sentido, es el que puede ser entendido respecto de un último pronunciamiento de la Corte Suprema.[32]
Por último, se podría argumentar que esta implícita igualdad de consideración del derecho al recurso del inculpado, que realizara la Sala I, como facultad propia también del representante del Estado, no es acompañada por una similar actitud de equiparación a los efectos de asignar el carácter de sentencia definitiva a aquellas decisiones que deniegan el derecho a permanecer en libertad durante el proceso, tal como viene a significar lo dispuesto en “Sosa de Amor”.
Establecida así la cuestión, corresponde entonces redefinir no sólo cuál es la respuesta que formulara la Cámara de Casación a la problemática planteada, sino establecer cuál podría llegar a ser el correcto camino en este complejo sistema de convivencia de dos recursos de carácter extraordinario.

IV.- Un criterio intermedio: una redefinición del recurso de casación?:
a.- La posición de la C.N.C.P.:
Evidentemente, los casos en que la Cámara de Casación apeló a la doctrina de los fallos “Giroldi” y “Alvarez”, a los fines de la concesión de su recurso típico, fueron escasos y excepcionales. No obstante, cierta preocupación subsiste: la evidente discrecionalidad al establecer qué casos son susceptibles de ser considerados como equiparables a sentencia definitiva, y por ende, casables. Frente a ella, algunos pronunciamientos adoptados por la Cámara intentaron aclarar un poco el panorama.

a.1.- El criterio restrictivo:
En este sentido, la Sala II, más allá de la excepción que formulara en “Mancini”, en el caso “Jara”[33], con voto del Juez DAVID, al que adhiriera MITCHELL, mantuvo una posición intransigente al no conceder un recurso de casación contra la denegatoria de excarcelación de Adriana Jara, formulada por un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Mendoza. La contradicción entre estos pronunciamientos es evidente.
Así, DAVID señaló que la decisión contra la que se dedujo el recurso no es susceptible de ser impugnada “ya que no constituye ninguna de las resoluciones taxativamente enumeradas” en el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación. Con citas de AYÁN, GARRIDO y BERTONI fundó su opinión en relación al principio de taxatividad que opera en materia recursiva, de manera que “el recurso de casación procede contra sentencias definitivas, que con su dictado diriman la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación ...”. Así, agregó que “los pronunciamientos que deniegan la excarcelación no corresponde equipararlos a sentencia definitiva por sus efectos ya que las decisiones que impongan la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al procedimiento, ni hacen imposible su continuación”. En cuanto a la equiparación propiamente dicha, hizo suyas las palabras de “Sosa de Amor” en el sentido de que “la jurisprudencia que interpreta el concepto de ‘sentencia definitiva’ a los efectos de la procedencia formal del recurso extraordinario federal, el Alto Tribunal lo hace en el contexto de la ley 48”, mientras que, en cambio, “a los fines del recurso de casación e inconstitucionalidad ... la normativa es precisa, no dejando dudas de los supuestos que el legislador quiso comprender”. De manera que el concepto de sentencia definitiva, para DAVID, se encontraría definido en el propio texto del ordenamiento procesal: es aquella que pone término al proceso.
Respecto de lo resuelto en “Giroldi”, encuentra que no es aplicable al caso por entender que la garantía de la doble instancia en materia penal, contenida en el art. 8, inc. 2º, ap. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo se refiere a un derecho del imputado de recurrir el fallo condenatorio. La contradicción con lo que se desprende del informe de la Comisión en el caso “Maqueda”, en relación a que el resguardo constitucional comprende, asimismo, los autos procesales importantes, se torna evidente. Pocos autos procesales pueden ser más importantes que aquél que priva de libertad al imputado durante el proceso.
Por otra parte, en relación a lo dispuesto en “Alvarez”, afirma que el tema que se ventilaba en éste (la convocatoria a una audiencia de conciliación) en nada se asemeja con la denegatoria de una excarcelación. Semejante negativa causa perplejidad: ¿no son ambas situaciones de imposible reparación ulterior?. Por último, considera que la Corte Suprema no declaró la inconstitucionalidad del art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación. En este punto, parece apropiado lo expresado por CÓRDOBA, en cuanto que, en “Alvarez”, el máximo tribunal ha resuelto una inconstitucionalidad por omisión y ha incorporado, al texto del mencionado artículo, otros supuestos pasibles de recurso.[34]
Considero que, más allá de la necesidad o no de la mencionada declaración, lo cierto es que la Corte Suprema redefinió un concepto de la norma a los fines de adecuarla con el resguardo constitucional que se incorporara con posterioridad a la sanción de ésta: el derecho de todo inculpado a recurrir, en el caso, un auto procesal importante. Es cierto que no son las palabras expresamente utilizadas en el precedente en estudio. No obstante, es un criterio estricto y válido sobre lo que se resolviera. Uno más amplio aún, es el esbozado por la autora recién citada, quien entiende que la consecuencia de lo establecido en “Alvarez” es que toda resolución del procedimiento penal que según la jurisprudencia de la Corte Suprema es impugnable por vía del recurso extraordinario federal, lo es también, antes, por medio del recurso de casación penal, aun cuando la ley procesal respectiva deniegue expresamente para esos casos la procedencia del recurso.[35]
Con un idéntico criterio restrictivo, la Sala III, en “Gibbons”[36], negó la vía casatoria ante la denegatoria que realizara un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín contra la solicitud de excarcelación de María Gibbons, quien llevaba, para ese entonces, más de tres años de prisión anticipada. En pocas palabras señaló que “la decisión cuestionada no es de aquéllas que taxativamente enumera el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación, como pasible de ser recurrida en casación. El nuevo ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedibilidad de dicho recurso, que sustancialmente exige que se trate de supuestos que revistan el carácter de sentencia definitiva o equiparable”. Sin más, volvió a decir que “lo que caracteriza los decisorios recurribles en casación es que tienen el efecto de poner término al proceso, y el criterio para determinar este concepto se funda más en las consecuencias de la resolución con relación a las actuaciones, que en su contenido”. Ninguna observación realizó sobre la doctrina que se desprende de “Alvarez”, ni mucho menos sobre el resguardo de Gibbons en recurrir una resolución dictada por un Tribunal Oral que continuaba sujetándola a un proceso por un lapso superior al de los tres años.

a.2.- Una posición minoritaria. La excepción en caso extremos:
Otro criterio igualmente restrictivo es el adoptado por MADUEÑO en su voto en el caso “Jara”. Si bien consideró que “el concepto de sentencia definitiva no debe limitarse en exclusividad a lo que técnicamente constituye una sentencia como pronunciamiento judicial que resuelve definitivamente una vez concluido el proceso o juicio de manera que ponga fin a la causa; sino que debe comprender todos aquellos supuestos en que el acto impugnado defina con igual efecto un punto en discusión. Y para determinar el carácter definitivo de la resolución, es útil recordar el sentido que le ha dado nuestro más Alto Tribunal para acceder al recurso federal –de naturaleza excepcional como el que aquí nos ocupa- cuya particularidad se asienta en el hecho de que define una cuestión poniendo término al debate, o bien impide que continúe discutiéndose el punto, o que causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior”; para luego señalar que “la extensión o ampliación del concepto opera como cláusula de resguardo frente a aquellos pronunciamientos en los que, por su naturaleza, no exista la posibilidad concreta de que en una futura ocasión procesal pueda reanudarse el debate y lograr una decisión judicial que tutele el derecho que se considera vulnerado ante la eventualidad de que por la imposibilidad concreta de continuar el proceso se alcance a frustar una pretensión jurídica”, por lo que “el concepto de sentencia definitiva está ligado a la irreparabilidad del perjuicio”, con lo cual “la viabilidad del recurso est(á) vinculada a la posibilidad de que el agravio del apelante pued(a) ser atendido efizcamente en otra oportunidad procesal”.
De manera que, válidamente haría suponer que MADUEÑO sería de la opinión de conceder un recurso casatorio (siempre y cuando, claro está, se encuentren reunidas el resto de sus condiciones) ante denegatorias de excarcelación, como es el caso. Mas, sorpresivamente responde que, “en rigor los pronunciamientos como el que nos ocupa carecen de las notas características antes señaladas, y en el particular caso de autos, no se advierten circunstancias límite de arbitrariedad, denegación de justicia, absurdo o gravedad institucional que habiliten a excepcionar la regla general”. La contradicción es evidente. Largamente, como lo he señalado, la Corte ha sostenido el carácter de irreparable del perjuicio ocasionado al denegar definitivamente la libertad de una persona durante la sustanciación del proceso. Y ello, no únicamente en razones como las remarcadas, como ser las teñidas de gravedad institucional.

a.3.- Una posición algo más flexible:
La Sala I, en cambio, en “Rodríguez”[37], si bien no abandonó lo que afirmara en “Sosa de Amor”, en cuanto a la imposibilidad de revisar la confirmación de la denegatoria de una petición excarcelatoria por parte de una Cámara de Apelación, ratificó lo expuesto en el mencionado antecedente, en relación a que, en determinadas circunstancias, ese estudio es factible.
Veamos. Luego de recordar las palabras vertidas en “Sosa de Amor”, recordó que en el séptimo considerando del citado precedente “la Sala asumió la posibilidad de una decisión como la adoptada posteriormente por la Corte Suprema in re: ‘Giroldi...’ ... y dejó sentado que aún en ese caso y en lo tocante el supuesto de decisión denegatoria de la excarcelación durante la etapa instructoria, en la medida en que lo resuelto por el magistrado instructor es apelable para ante la cámara de apelaciones respectiva con arreglo al art. 332 del C.P.P.N., es la decisión de este tribunal de alzada la equiparable a definitiva contra la que procede el recurso extraordinario federal, ya que en tal caso se respeta íntegramente la garantía del doble conforme establecida por pactos complementarios de la Constitución Nacional”.
Así, a continuación expresó que “no surge una inteligencia distinta del aludido fallo, pues de sus considerandos resulta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se propuso salvaguardar la garantía de la doble instancia que, a raíz de la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22 de la C.N.), adquirió jerarquía constitucional al asignar a diversos acuerdos internacionales carácter complementario de la Ley Fundamental, entre ellos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8º, párrafo 2º, inciso h), estableció que ‘toda persona inculpada de delito tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior’. En su consecuencia, la Corte adoptó como medida necesaria para ello la remoción de los obstáculos que impidieran a esas personas acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, obviando, en ese caso, el límite del inciso 2º del artículo 459 del Código Procesal Penal de la Nación que impedía a esta Cámara revisar la sentencia condenatoria de un mes de prisión”.
Finalmente, en apoyo a lo ya expresado, señaló que “no se opone a la interpretación efectuada el hecho de que la solución acordada por el Alto Tribunal en el caso ‘Giroldi’ también hubiese tendido a la salvaguarda de la inserción institucional de la Cámara Nacional de Casación Penal como ‘tribunal intermedio’ en el ámbito de la justicia nacional (cons. 13), pues esa finalidad aparece como lógica consecuencia de la previsión legal que ponía límite –en cierto caso- a la intervención de un órgano revisor entre el tribunal de juicio y la Corte para el tratamiento de las cuestiones federales, más no cuando, como en el supuesto de autos, ese órgano intermedio –la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza- existe ...”. De esta manera, en función de que una Cámara de Apelación revisó la cuestión traída a estudio, dejó cerrada la vía casatoria. Por lo que, a contrario sensu, en caso de tratarse de una resolución proveniente de un Tribunal Oral o de un debate correccional, la solución debería haber autorizado la revisión, en tanto –como oportunamente señalara el fallo- sería la única manera de respetar la doble conformidad sobre lo resuelto.

b.- El “superior tribunal de la causa”. Una nueva posición de la C.S.J.N.?:
Por último, el 3 de octubre de 1997, la Corte Suprema dictó un nuevo pronunciamiento sobre el tema en estudio. En “Rizzo”[38], seis miembros del Alto Tribunal[39], afirmaron que la decisión “de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó las resoluciones de primera instancia que había rechazado los pedidos de eximición de prisión en favor de Carlos Salvador Rizzo ... proviene del superior tribunal de la causa, pues la cuestión debatida en el pleito es insusceptible de ser revisada por otro órgano dentro del ordenamiento procesal vigente”. Aunque escueto, su significado es por demás importante.
En el caso, el recurrente, al interponer el recurso extraordinario, había sostenido que la Cámara era el superior tribunal de la causa, ya que las cuestiones federales planteadas (inconstitucionalidad del art. 17 de la ley 23.771 y violación a los principios de legalidad y defensa en juicio) no podían ser revisadas por otro tribunal intermedio de la justicia nacional. Por su parte, la Cámara, al rechazar la apelación federal[40], advirtió “... falencias de fundamentación en el escrito presentado en relación a la consideración de esta Cámara como el Tribunal Superior de la causa”. En tal sentido, consideró que dicha cuestión se había tornado “... particularmente relevante en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme a la cual en casos como el presente resulta superior tribunal de la causa la Cámara Nacional de Casación Penal...”. En apoyo de lo dicho, citó el precedente “Giroldi”. Planteada así la cuestión, dos fueron las posiciones sostenidas.

b.1.- El voto minoritario. Un criterio amplio:
Los ministros PETRACCHI y BOSSERT entendieron que, a los fines de “soslayar la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal”, y “considerar cumplido el requisito del tribunal superior”, corresponde demostrar “la ineficacia de las vías recursivas existentes en el ordenamiento procesal para obtener el reconocimiento de (los) derechos”. Por cuanto, “tal exigencia e(s) necesaria habida cuenta de que esta Corte ha considerado, a partir de lo resuelto en el caso ‘Giroldi” ..., que la Cámara Nacional de Casación Penal es un órgano judicial ‘intermedio’, al cual no le está vedada por obstáculos formales la posibilidad de conocer por vía de los recursos de casación e inconstitucionalidad en materias como las aquí planteadas”. Así, agregó que “en dicho precedente el Tribunal, junto a la argumentación fundada en el art. 8, apartado 2º, inc. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fundó su decisión en la salvaguarda de la inserción institucional de la cámara de casación en el ámbito de la justicia federal, respetando así ‘...el sentido del establecimiento de órganos judiciales ‘intermedios’ en esa esfera, creados para cimentar las condiciones necesarias para que el Tribunal satisfaga el alto ministerio que le ha sido confiado sea porque ante ellos puedan encontrar las partes la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema, sea porque el objeto a revisar por ésta ya sería un producto seguramente más elaborado”. Para señalar finalmente, que “tal doctrina fue después reiteradamente aplicada por esta Corte en supuestos en los que, como en el sub examine, no estaba en juego la cláusula del art. 8, apartado 2º, inc. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino el cumplimiento del requisito referente a la intervención del superior tribunal de la causa a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario federal”.
Es en este último punto, donde este criterio es pasible de cierta objeción: funda la circunstancia de que la Cámara de Casación es el superior tribunal de la causa, más allá del resguardo al recurso de todo inculpado, como se estableciera en “Alvarez”. Cuando justamente, en ese caso, uno de los puntos que evidentemente estaba en juego era la imposibilidad que tenían ambos legisladores en acceder a otras instancias más que las extraordinarias, al no ser apelable la convocatoria a una audiencia de conciliación. Idéntica situación es la que se presenta, en definitiva, en “Giroldi”. En tanto, como se expresó en el caso “Maqueda”, el recurso extraordinario no satisface la garantía de revisión suficiente.
Una distinción es necesaria. Tal como lo señala PALACIO, mientras que la Corte fundó sus conclusiones en los supuestos en los cuales se consideró a los superiores tribunales de provincia como superior tribunal en los términos del art. 14 de la ley 48, en el raciocinio de que las legislaturas locales no se hallan habilitadas para vedar el acceso a un tribunal superior, cuya intervención resulta necesaria a raíz de la regulación que el legislador nacional hizo del art. 31 de la Constitución Nacional; en el caso “Giroldi” la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal fue impuesta, en cambio, pese a limitaciones formales, como la manera más adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal, prevista en el art. 8, inc. 2º, apart. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se incorporara a nuestro texto constitucional[41]. Se trata, más que de un tribunal intermedio, de habilitar una vía con el objeto de garantizar un resguardo constitucional.

b.2.- El voto mayoritario. Una breve aclaración:
Dos son las alternativas a las que se puede arribar del escueto voto de la mayoría. Por un lado, entender que tanto la denegatoria de la exención de prisión o de la excarcelación son insusceptibles de ser casables, por lo que el superior tribunal de la causa siempre será aquél que haya dispuesto aquella negativa (esto es, una Cámara de Apelaciones o un Tribunal Oral). En otras palabras, no sólo significaría desandar sobre los pasos de “Alvarez”, sino que sería confirmar la más estricta posición en cuanto a una imposibilidad absoluta de recurrir en casación toda resolución que no sea otra que la sentencia en su sentido más específico. Semejante interpretación, como hemos visto, es insostenible. No implica otra consecuencia que limitar de manera por demás significativa el derecho de todo inculpado de recurrir, en los términos de “Maqueda”, ante todo auto procesal importante que vulnere resguardos de naturaleza fundamental. Sería vaciar de contenido una garantía constitucional.
Es por esta razón que, lo expresado en este voto cobra sentido si se lo analiza de manera conjunta con el resto de los antecedentes estudiados. Así, una segunda alternativa es posible: en el caso concreto, la denegatoria de la eximición de prisión proviene del superior tribunal de la causa y, por ende, es insusceptible de ser revisada por otro órgano dentro del ordenamiento procesal vigente, por cuanto al haber entendido en ella una instancia de revisión que garantiza el derecho a una doble instancia, no se avizorarían las circunstancias por las cuales correspondería realizar una excepción al sistema taxativo que se estableciera al introducirse, en nuestro sistema, el recurso de casación. En nada se contradice con el conflicto que se planteara en “Alvarez”, el cual –como se señalara- carecía de toda instancia de revisión suficiente.
Vuelve a ser el derecho al recurso, la llave necesaria a los fines de brindar un poco de claridad en la problemática planteada.


c.- Un nuevo recurso de casación. Unas últimas palabras:
En definitiva, como hemos visto, siempre se entendió que el tema en estudio constaba de dos facetas: por un lado, el significado del concepto “sentencia definitiva”; mientras que por el otro, quién constituía el “superior tribunal de la causa” con relación al recurso extraordinario federal. Es al haber pretendido entender la cuestión como el anverso y reverso de una misma moneda, donde, a los fines de comprender esta problemática, se perdió de vista la importancia que posee la garantía a contar con una doble instancia. No es un problema sobre “tribunales intermedios”, sino sobre resguardos constitucionales.
Así, todo inculpado, tanto ante un auto procesal importante adverso como ante un fallo condenatorio, posee el derecho que estos sean revisados por un tribunal superior con el fin de obtener un segundo pronunciamiento en ese sentido. De allí que, en función de proteger el mencionado resguardo, deba habilitarse excepcionalmente en aquellos casos en que sea necesario, la vía casatoria, por cuanto el remedio federal extraordinario ante nuestro superior tribunal no es suficiente con el objeto de garantizar el mencionado derecho. Sólo una vez cumplido éste puede, válidamente, invocarse que nuestro sistema recursivo es taxativo, lo cual no deja de ser cierto. Esta es la regla, por lo que nada importa cuál sea el tribunal de donde provenga una resolución. Lo que interesa es que se garantice la posibilidad de obtener una doble conformidad sobre un pronunciamiento que restringe los derechos a una persona sujeta a un procedimiento penal. Para cada caso en particular restará analizar si dicha restricción es o no definitiva, y si el resto de las condiciones para habilitar las vías recursivas se encuentran presentes. Éste, y no otro, es el sentido actual que posee nuestro recurso de casación.
No obstante, una tárea mucho más ardua que comprender esto quedará por recorrer. Darle, al recurso de casación, su verdadero contenido. Que no es otro que ser un recurso suficiente a los efectos de lograr revisar plenamente la restricción de un derecho, de una libertad.

V.- Sumarios
1.- C.N.C.P., Sala I, Causa Nº 1012, Navarro, Miguel Angel s/ recurso de avocación, Reg. nº 1135, res. el 16/9/1996
Al haberse invocado una cuestión capaz de habilitar la competencia de esta Cámara por vía recursiva (art. 456, inc. 2º del C.P.P.N. y doctrina de la C.S.J.N: “Alvarez”), así como haberse alegado peligro inminente de conculcación del derecho a la vida y a la protección del grupo familiar, al sólo efecto de verificar tal extremo y, eventualmente, resolver en consecuencia, puede tornarse imperioso –a fin de no transformar en ilusoria la defensa en juicio de esos elementales derechos, dada la fecha de la audiencia fijada para oir al testigo- requerir la inmediata remisión de la causa (voto conjunto de los Dres. MADUEÑO, RODRIGUEZ BASALVIBASO y BISORDI).

2.- C.N.C.P., Sala I, Causa Nº 1022, Navarro, Miguel Angel s/ recurso de queja, Reg. nº 1154, res. el 27/9/1996
Si bien es cierto la existencia de un sistema completo y específico de resoluciones que pueden ser objeto de los recursos de casación e inconstitucionalidad (art. 457 del C.P.P.N.), no es menos cierto que al resolver en “Giroldi” la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado a la Cámara de Casación un tribunal intermedio para el conocimiento de cuestiones de naturaleza federal insusceptibles de reparación ulterior –criterio reiterado y reafirmado en “Alvarez”-, razón por la cual, de mediar un asunto de esa entidad debidamente introducido y fundado, le está vedado a la Cámara de Casación sustraerse a su tratamiento con base en el límite procesal indicado (voto conjunto de los Dres. MADUEÑO, BISORDI y RODRIGUEZ BASALVIBASO).

3.- C.N.C.P., Sala II, Causa Nº 903, Mancini, Antonio Manuel s/ recurso de queja, Reg. nº 1091, res. el 3/10/1996
Si bien es cierto que la decisión que se pretende someter a la inspección casatoria no pone fin al proceso ni imposibilita su continuación, extremo que prima facie impediría la habilitación de esta instancia, no es menos exacto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que la Cámara de Casación, en su condición de tribunal intermedio para el conocimiento de cuestiones de naturaleza federal insusceptibles de reparación ulterior, debe intervenir cuando advierta agravios de cierta entidad, motivo que autoriza a hacer excepción de la solución normativa prevista para el caso –art. 457 del C.P.P.N.- (voto conjunto de los Dres. MITCHELL, FÉGOLI y DAVID).

4.- C.N.C.P., Sala I, Causa Nº 1299, Larceri, Jorge Armando s/ recurso de queja, Reg. nº 1466, res. el 3/4/1997
En la medida en que el impugnante plantee una cuestión federal –adecuable a la causal de casación escogida- y que el Tribunal la estime de gravedad institucional, circunstancia excepcionalísima que permita superar el límite del carácter definitivo de la sentencia (C.S.J.N., Fallos: 280:297); y en tanto el escrito que contenga el recurso extraordinario de que se trata –desde el punto de vista formal- reúna las exigencias previstas por el art. 463 del C.P.P.N. y la jurisprudencia de la Cámara de Casación, corresponde admitir una queja (voto conjunto de los Dres. BISORDI y CATUCCI).

5.- C.N.C.P., Sala II, Causa nº 998, Jara, Adriana B. s/ recurso de casación, Reg. nº 1427, res. 30/5/1997.
a. La denegatoria de excarcelación no es susceptible de recurso de casación ya que no constituye ninguna de las resoluciones taxativamente enumeradas en el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, que con su dictado diriman la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación. Los pronunciamientos que deniegan la excarcelación no corresponde equipararlos a sentencia definitiva por sus efectos, ya que las decisiones que impongan la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen el requisito de carácter final, en tanto no ponen fin al procedimiento, ni hacen imposible su continuación. La jurisprudencia que interpreta el concepto de “sentencia definitiva” a los efectos de la procedencia formal del recurso extraordinario federal, lo hace en el contexto de la ley 48, mientras que, en cambio, a los fines del recurso de casación e inconstitucionalidad la normativa es precisa, no dejando dudas de los supuestos que el legislador quiso comprender (del voto de los Dres. DAVID y MITCHELL).
b. La garantía de la doble instancia en materia penal no se refiere a resoluciones como la denegatoria de una excarcelación, sino que se trata de un derecho del imputado de recurrir el fallo condenatorio (del voto de los Dres. DAVID Y MITCHELL).
c.- El concepto de sentencia definitiva no debe limitarse en exclusividad a lo que técnicamente constituye una sentencia como pronunciamiento judicial que resuelve definitivamente una vez concluido el proceso o juicio de manera que ponga fin a la causa; sino que debe comprender todos aquellos supuestos en que el acto impugnado defina con igual efecto un punto en discusión. Y para determinar el carácter definitivo de la resolución, es útil recordar el sentido que le ha dado nuestro más Alto Tribunal para acceder al recurso federal –de naturaleza excepcional como el que aquí nos ocupa- cuya particularidad se asienta en el hecho de que define una cuestión poniendo término al debate, o bien impide que continúe discutiéndose el punto, o que causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. La extensión o ampliación del concepto opera como cláusula de resguardo frente a aquellos pronunciamientos en los que, por su naturaleza, no exista la posibilidad concreta de que en una futura ocasión procesal pueda reanudarse el debate y lograr una decisión judicial que tutele el derecho que se considera vulnerado ante la eventualidad de que por la imposibilidad concreta de continuar el proceso se alcance a frustar una pretensión jurídica. Por lo que el concepto de sentencia definitiva está ligado a la irreparabilidad del perjuicio, con lo cual la viabilidad del recurso está vinculada a la posibilidad de que el agravio del apelante pueda ser atendido efizcamente en otra oportunidad procesal (del voto del Dr. MADUEÑO).
d. La denegatoria de excarcelación carece de las notas características de una “sentencia definitiva”, a menos que se adviertan circunstancias límite de arbitrariedad, denegación de justicia, absurdo o gravedad institucional que habiliten a excepcionar la regla general (del voto del Dr. MADUEÑO).

6.- C.N.C.P., Sala III, Causa nº 1228, Gibbons, María A. s/ recurso de casación, Reg. nº 153/97, res. el 25/4/1997
La denegatoria de excarcelación no es de aquellas resoluciones que taxativamente enumera el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación, como pasible de ser recurrida en casación. El nuevo ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedibilidad de dicho recurso, que sustancialmente exige que se trate de supuestos que revistan el carácter de sentencia definitiva o equiparable. Lo que caracteriza los decisorios recurribles en casación es que tienen el efecto de poner término al proceso, y el criterio para determinar este concepto se funda más en las consecuencias de la resolución con relación a las actuaciones, que en su contenido (voto conjunto de los Dres. TRAGANT, CASANOVAS, y RIGGI).

7.- C.N.C.P., Sala I, Causa nº 1283, Rodríguez, Omar Santos s/ recurso de queja, Reg. nº 1460, res. el 1/4/1997
a. En la medida en que lo resuelto por el magistrado instructor es apelable para ante la cámara de apelaciones respectiva con arreglo al art. 332 del C.P.P.N., es la decisión de este tribunal de alzada la equiparable a definitiva contra la que procede el recurso extraordinario federal, ya que en tal caso se respeta íntegramente la garantía del doble conforme establecida por pactos complementarios de la Constitución Nacional (del voto conjunto de los Dres. BISORDI y CATUCCI).
b. En “Giroldi”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se propuso salvaguardar la garantía de la doble instancia que, a raíz de la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22 de la C.N.), adquirió jerarquía constitucional al asignar a diversos acuerdos internacionales carácter complementario de la Ley Fundamental, entre ellos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8º, párrafo 2º, inciso h, estableció que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. En consecuencia, la Corte adoptó como medida necesaria para ello la remoción de los obstáculos que impidieran a esas personas acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, obviando, en ese caso, el límite del inciso 2º del artículo 459 del Código Procesal Penal de la Nación que impedía a esta Cámara revisar la sentencia condenatoria de un mes de prisión (del voto conjunto de los Dres. BISORDI y CATUCCI).
c. No se opone a la interpretación efectuada, el hecho de que la solución acordada por el Alto Tribunal en el caso “Giroldi” también hubiese tendido a la salvaguarda de la inserción institucional de la Cámara Nacional de Casación Penal como “tribunal intermedio” en el ámbito de la justicia nacional, pues esa finalidad aparece como lógica consecuencia de la previsión legal que ponía límite –en cierto caso- a la intervención de un órgano revisor entre el tribunal de juicio y la Corte para el tratamiento de las cuestiones federales, más no cuando ese órgano intermedio existe (del voto conjunto de los Dres. BISORDI y CATUCCI).

8.- C.S.J.N., Causa E. 381. XXXII, Estévez, José Luis s/ solicitud de excarcelación, res. el 3/10/1997
La denegatoria de excarcelación, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación posterior, es equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48 por afectar un derecho que requiere tutela inmediata (del voto de los Dres. NAZARENO, MOLINÉ O’CONNOR, FAYT, BELLUSCIO, BOGGIANO, PETRACCHI, LÓPEZ, BOSSERT).

9.- C.S.J.N., Causa R. 1309. XXXII, Rizzo, Carlos Salvador s/ incidente de exención de prisión, res. el 3/10/1997
a. La decisión de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que confirmó las resoluciones de primera instancia que habían rechazado los pedidos de eximición de prisión formulados, proviene del superior tribunal de la causa, pues la cuestión debatida en el pleito es insusceptible de ser revisada por otro órgano dentro del ordenamiento procesal vigente (Del voto de los Dres. MOLINÉ O’CONNOR, NAZARENO, LÓPEZ, BELLUSCIO, BOGGIANO, y VÁZQUEZ).
b. Con el fin de soslayar la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal, y considerar cumplido el requisito del tribunal superior, corresponde demostrar la ineficacia de las vías recursivas existentes en el ordenamiento procesal para obtener el reconocimiento de los derechos. Por cuanto, tal exigencia es necesaria habida cuenta de que la Corte ha considerado, a partir de lo resuelto en el caso “Giroldi”, que la Cámara Nacional de Casación Penal es un órgano judicial “intermedio”, al cual no le está vedada por obstáculos formales la posibilidad de conocer por vía de los recursos de casación e inconstitucionalidad. En dicho precedente, el Tribunal, junto a la argumentación fundada en el art. 8, apartado 2º, inc. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fundó su decisión en la salvaguarda de la inserción institucional de la Cámara de Casación en el ámbito de la justicia federal, respetando así “...el sentido del establecimiento de órganos judiciales ‘intermedios’ en esa esfera, creados para cimentar las condiciones necesarias para que el Tribunal satisfaga el alto ministerio que le ha sido confiado sea porque ante ellos puedan encontrar las partes la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema, sea porque el objeto a revisar por ésta ya sería un producto seguramente más elaborado” (del voto de los Dres. PETRACCHI y BOSSERT).



* Trabajo presentado en el Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal, a cargo del Profesor Dr. Julio B. J. MAIER, perteneciente a la Carrera Docente del Departamento de Derecho Penal y Criminología, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, octubre de 1997.

[1] C.N.C.P., Sala I, “Sosa de Amor, Manuela s/recurso de queja”, reg. nº 49, res. el 4/10/93. Publicado en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año II, Nº 3, Bs. As., Ad-Hoc, 1996, pp. 325/329. Con comentario de Eduardo Andrés BERTONI, Los límites al recurso de casación. El concepto de sentencia definitiva, pp. 311-324.

[2] C.S.J.N., Causa G.342-XXVI- “Giroldi, Horacio David s/recurso de casación –causa nº 32/93-”, del 7 de abril de 1995, publicada en Fallos: 318:514 y en Cuadernos..., Nº 3, pp. 404/407. Asimismo en L.L., 1995-D, pp. 461-468 con nota de Lino Enrique PALACIO; Las limitaciones legales del recurso de casación en el proceso penal y el derecho acordado por el “Pacto de San José de Costa Rica” a la persona inculpada de un delito.

[3] C.S.J.N., Causa A.329-XXVIII- “Alvarez, Carlos Alberto y otro s/injurias –causa nº 52-”, del 30 de abril de 1996, publicada en Cuadernos..., Nº 3, pp. 429-432.

[4] Aprovecho esta oportunidad, para señalar que el marco de referencia de este trabajo es producto de los lineamientos centrales seguidos tanto por BERTONI (ver nota nº 1), como por Gabriela E. CÓRDOBA, Las nuevas relaciones entre los recursos de casación penal y extraordinario federal en la jurisprudencia de la Corte Suprema, en Nueva Doctrina Penal, este número.

[5] Así, entre otros, la Sala II de la C.N.C.P. adoptó identico criterio en los casos “Peralta, Rubén y otros s/recurso de queja” del 31 de marzo de 1993, causa nº 5, reg. nº 5; y “Steinberg, José s/recurso de queja” del 14 de mayo de 1993, causa nº 6, reg. nº 9. La sala III en “Buasso, Martín L. s/rec. de queja” del 23 de noviembre de 1993, reg. nº 52. La sala IV en “Mirra, Víctor”, causa nº 282, Reg. nº 482, rta. El 17 de noviembre de 1995.

[6] En este sentido, ambos autores recuerdan que el art. 432 del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.) establece que “las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley”. Y que, en materia de recurso de casación penal no existe una regla que, con base a un criterio abierto, permita ampliar el ámbito de los objetos recurribles por dicho medio como en el recurso de apelación (tal el es el caso del art. 449 del C.P.P.N., al establecer que éste procederá contra, entre otras, las resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable). Por otra parte, el mismo ordenamiento procesal señala expresamente qué es lo que debe entenderse por sentencia (art. 122 del C.P.P.N.).

[7] Conf. BERTONI, op. cit., pp. 317-320; y CÓRDOBA, op.cit.

[8] Conf. MAIER, Julio B. J.; Derecho Procesal Penal, T. 1, Fundamentos, Bs. As., del Puerto, 1996, 2ª ed., p. 713. Asimismo, en FERRANTE, Marcelo; La garantía de impugnabilidad de la sentencia penal condenatoria, en SANCINETTI, Marcelo y Marcelo FERRANTE, Límites del recurso de casación según la gravedad de la sentencia penal condenatoria, Bs. As., Ad-Hoc, 1995, p. 17. En el mismo sentido ver PALACIO, Las limitaciones ..., p.463.

[9] Informe nº 17/94, caso 11.086-Argentina. La demanda completa puede ser consultada en Nueva Doctrina Penal, 1996/B, Bs. As., del Puerto, 1996, pp. 735 y ss. Citado, asimismo en CÓRDOBA, op. cit. Ver un análisis de este caso en PALACIO, Las limitaciones ..., pp. 464-466.

[10] Citado, asimismo, en CÓRDOBA, op. cit.

[11] C.S.J.N., Causa 44.891 –B.851, XXXI- “Bramajo, Hernán Javier s/incidente de excarcelación”, del 12 de septiembre de 1996, publicada en Cuadernos ..., Nº 6, pp. 516-520.

[12] Ver considerando octavo.

[13] Conf. considerando 8º de “Giroldi”.

[14] Conf. CÓRDOBA, op.cit.

[15] Idem.

[16] Idem.

[17] Cabe aclarar que en el caso “Paz, Eduardo Carlos s/rec. queja” (causa nº 848, Reg. nº 1022, res. el 31 de mayo de 1996) la Sala I de la C.N.C.P. concedió un recurso de casación contra una absolución, con fundamento en la doctrina que se desprende del fallo “Giroldi”.

[18] C.N.C.P., Sala I, Causa Nº 1012, “Navarro, Miguel Angel s/rec. de avocación”, Reg. nº 1135, resuelta el 16 de septiembre de 1996, con voto conjunto de los Dres. MADUEÑO, RODRIGUEZ BASALVIBASO y BISORDI.

[19] C.N.C.P., Sala I, Causa Nº 1022, “Navarro, Miguel Angel s/rec. de queja”, Reg. nº 1154, resuelta el 27 de septiembre de 1996, con voto conjunto de los Dres. MADUEÑO, BISORDI y RODRIGUEZ BASALVIBASO.

[20] Como así también, la viabilidad de la concesión tanto de un recurso de avocatoria (?), como de casación a quien no es parte del proceso.

[21] Conf. art. 31 bis, último párrafo, de la ley 23.737.

[22] C.N.C.P., Sala II, Causa Nº 903, “Mancini, Antonio Manuel s/recurso de queja”, Reg. nº 1091, resuelta el 3 de octubre de 1996, con voto conjunto de los Dres. MITCHELL, FÉGOLI y DAVID.

[23] La cual entendía –oficiosamente- anulada una resolución firme y pasada en autoridad de cosa juzgada dictada por la Cámara de Apelaciones que revocara, en la misma fecha, los autos de falta de mérito y sobreseimiento dictados a favor de Mancini, y dispusiera, en consecuencia, el procesamiento de este último.

[24] Conf. Fallos: 296:552.

[25] Ver CÓRDOBA, op. cit., nota 24 en la que realiza un desarrollo de esta cuestión.

[26] Cfr. al respecto, HENDLER, Edmundo S.; El derecho a la excarcelación y su rango constitucional, en Doctrina Penal, año 2, Bs. As., Depalma, 1979, p. 709. Asimismo en BERTONI, op. cit., pp. 315-317. Entre otros, por ej., Causa G. 483.XXIII, “Gotelli, L. M. (h) s/eximición de prisión”, resuelta el 7 de septiembre de 1993.

[27] C.S.J.N., Causa E. 381. XXXII “RECURSO DE HECHO Estévez, José Luis s/ solicitud de excarcelación –causa Nº 33.769-”.

[28] C.N.C.P., Sala I, Causa Nº 1299, “Larceri, Jorge Armando s/rec. de queja”, Reg. nº 1466, resuelta el 3 de abril de 1997 con voto conjunto de los Dres. BISORDI y CATUCCI (el Dr. RODRIGUEZ BASALVIBASO no firmó por hallarse con licencia médica).

[29] Para un análisis completo de lo resuelto, ver el fallo del tribunal a quo, en Cuadernos ... , Año III, Nº 6, pp. 594-605.

[30] C.S.J.N., Causa 9160 –70.XXXII y 80.XXXII-, “Villegas, Angel A. y otros”, resuelta el 5 de marzo de 1997. Publicada en el Suplemento de Jurisprudencia Penal, a cargo de Francisco J. D’ALBORA, de La Ley, el 30 de junio de 1997. Con nota de PALACIO, Lino Enrique, Las complejas secuencias derivadas de la declaración de nulidad de un acta de allanamiento; pp. 3-9.

[31] Los Dres. FAYT, BELLUSCIO, BOSSERT, PETRACCHI (por su voto) y BOGGIANO (por su voto).

[32] Recientemente, el 14 de octubre de 1997, en “Arce, Jorge Daniel s/ recurso de casación”, la Corte estableció que los limites formales establecidos respecto del recurso del fiscal en el sistema casatorio son constitucionales. De manera que limita los alcances que estableciera en “Giroldi” respecto de las limitaciones que se habían establecido para el recurso del imputado. De esta manera se expresó que la garantía del derecho de recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado.

[33] C.N.C.P., Sala II, Causa nº 998, “Jara, Adriana B. s/recurso de casación”, Reg. nº 1427, resuelta el 30 de mayo de 1997. Resolución adoptada conjuntamente por los Dres. Pedro R. DAVID, Gustavo MITCHELL, y el Dr. Raúl MADUEÑO (según su voto).

[34] Conf. CÓRDOBA, op. cit.

[35] Idem.

[36] C.N.C.P., Sala III, Causa nº 1228, “Gibbons, María A. s/rec. de casación”, Reg. nº 153/97, resuelta el 25 de abril de 1997. Resolución adoptada conjuntamente por los Dres. TRAGANT, CASANOVAS, y RIGGI.

[37] C.N.C.P., Sala I, Causa nº 1283, “Rodriguez, Omar Santos s/rec. de queja”, Reg. nº 1460, resuelta el 1º de abril de 1997. Con voto conjunto de los Dres. BISORDI y CATUCCI (el Dr. RODRIGUEZ BASALVIBASO se encontraba con uso de licencia).

[38] C.S.J.N., Causa R. 1309. XXXII. “Rizzo, Carlos Salvador s/incidente de exención de prisión –causa nº 1346”, del 3 de octubre de 1997.-

[39] Los Dres. MOLINÉ O’CONNOR, NAZARENO, LÓPEZ, BELLUSCIO, BOGGIANO, y VAZQUEZ.

[40] C.C.y C.F., Sala II, Causa nº 12.207, “Rizzo, Carlos S. s/exención de prisión –R.E.-”, resuelta el 22 de octubre de 1996.

[41] Ver PALACIO, Las limitaciones ..., pp. 462/463.