El sistema procesal penal francés


Por Horacio L. Dias, María Lousteau e Ignacio F. Tedesco[1]



I.- PRESENTACIÓN:
Todo el pensamiento ilustrado, desde Montesquieu y Beccaria a Voltaire y Verri (por nombrar sólo algunos) fue concorde al denunciar la inhumanidad de la tortura y el carácter despótico de la inquisición, así como en el redescubrimiento del valor garantista de la tradición acusatoria, recibida en el ordenamiento inglés del antiguo proceso romano. Fue por ello natural que la Revolución francesa adoptase, en la fase inmediatamente posterior al ’89, el sistema acusatorio basado en la acción popular, el jurado, el juicio contradictorio, la publicidad y oralidad del juicio y la libre convicción del juez. Pero la experiencia acusatoria no duró en el continente europeo más que los años de la Revolución. Ya el código termidoriano de 1795 y después el napoleónico de 1808 dieron vida a aquel “monstruo, nacido de la unión del proceso acusatorio con el inquisitivo” que fue llamado “proceso mixto”[2]. Más allá de las reformas que tuvieran lugar desde aquel entonces hasta la actualidad, el sistema procesal francés, no deja de cargar sobre sus espaldas esa vieja herencia.
En la actualidad, sus fuentes están centradas, principalmente, en torno del Código de Procedimiento Penal de 1958. El artículo 34 de la Constitución del 4 de octubre de 1958 establece que una ley votada por el Parlamento debe fijar las reglas concernientes al procedimiento penal. Fue en diciembre de 1958 cuando se promulgó el Code de procédure pénale, el cual entró en vigor el 2 de marzo de 1959.
Sin embargo, el sistema actual posee diferencias de relevancia con el que se estableciera en 1958. No sólo numerosas leyes que se dictaron con posterioridad aportaron modificaciones en su ordenamiento, sino que, asimismo, dos fenómenos importantes tuvieron lugar en Francia: la “constitucionalización” de su derecho, especialmente del derecho penal, y su “internacionalización”, producto de la ratificación de la Convención europea de salvaguarda de los derechos del hombre y de los Pactos de la Organización de las Naciones Unidas[3].
La “constitucionalización” del derecho se remonta, en lo esencial, a la ley constitucional del 29 de octubre de 1974 que permitió la constitución de un Consejo constitucional. Éste ha reconocido valor constitucional a varios principios generales no expresamente inscriptos en la Constitución del 4 de octubre de 1958, tales como aquéllos comprendidos en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789, como los mencionados en el preámbulo de la Constitución del 27 de octubre de 1946, además de los “principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República”. El mencionado Consejo constitucional, compuesto por el presidente de la República, el primer ministro o el presidente de una de las dos asambleas parlamentarias y por sesenta diputados y senadores, realiza un control a priori a la entrada en vigor de las leyes. De manera tal que, las jurisdicciones penales no poseen el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes que aplican.
Corresponde mencionar que las principales reformas que en el ámbito legislativo tuvieron lugar han sido suscitadas debido a la creación, en 1988, de una comisión encargada de estudiar el funcionamiento del sistema instaurado en 1958. La “Comisión Justicia penal y derechos del hombre” elaboró dos informes sobre La mise en état des affaires pénales que fueron publicados en 1991. Sí bien se renunció a la reforma global que propusiera la mencionada comisión, los legisladores procedieron a realizar diversas modificaciones parciales del sistema[4] que tuvieron la intención de morigerar las características inquisitivas del procedimiento.
No obstante esta renuncia, los intentos de reformar el procedimiento en el sentido indicado permanecen aún vigentes. El 29 de octubre de 1997 se presentó, ante el Consejo de ministros, un conjunto de siete proyectos para la reforma de la Justicia francesa[5]. Entre esos proyectos, se destacan el proyecto de reforma para facilitar el acceso a la justicia y para favorecer los modos amigables de resolución de los conflictos[6], el proyecto de ley relativo a la acción pública en materia penal[7], el proyecto de ley relativo a las nuevas respuestas a los actos de delincuencia y a la aceleración de los procesos penales[8] y el proyecto de ley relativo a la presunción de inocencia y de otros derechos de la víctima.
Así, las características centrales de estos proyectos tienen como propósito final: 1.- brindar mayor celeridad los procedimientos penales, especialmente en las infracciones de naturaleza correccional, a través de la instauración de una transacción penal encaminada por el ministerio público, bajo control judicial; 2.- nuevos modos de reglamentación para la pequeña y mediana delincuencia, permitiendo la reparación, en un tiempo breve, del perjuicio causado a la víctima. Las herramientas indispensables de esta política penal se centran en los procedimientos de convocatoria inmediata, de mediación-reparación de los menores y en el archivo bajo condición; 3.- el fortalecimiento de la mediación penal, mediante el financiamiento de la intervención de un abogado en esos casos; 4.- un mayor control sobre las actividades de los oficiales de la policía judicial; 5.- un mayor equilibrio en el respeto de los derechos de la defensa. Así, desde el primer momento que una persona se encuentre sometida a una puesta en examen, podrá solicitar la presencia de un abogado (salvo para determinada categoría de infracciones, como las de terrorismo). Por otra parte, la detención provisoria de una persona sólo podrá ser dispuesta por un juez distinto al juez de instrucción, decisión que conjuntamente con otras de similar trascendencia (prolongación de la instrucción), serán adoptadas luego de audiencias públicas; 6.- el establecimiento de plazos legales para el desarrollo de la instrucción penal; 7.- mayor independencia del ministerio público: no se podrá recibir ninguna instrucción sobre los asuntos individuales; 8.- el establecimiento de un recurso contra las decisiones de archivar un asunto sin persecución para las personas que no se encuentran habilitadas a poner en movimiento la acción penal pero que demuestran un interés que justifica el recurso. A tal fin, las decisiones de archivo deberán ser motivadas y notificadas.
El código de procedimiento criminal (en adelante, C.P.P.) está compuesto por un título preliminar y 5 libros:
- De la acción pública y de la acción civil (Título preliminar, art. 1 a 10);
- Del ejercicio de la acción pública y de la instrucción (Libro I, art. 11 a 230);
- De las jurisdicciones de enjuiciamiento (Libro II, art. 231 a 566);
- De las vías de recursos extraordinarios (Libro III, art. 567 a 626);
- De algunos procedimientos en particular (Libro IV, art. 627 a 706-46); y
- De los procedimientos de ejecución (Libro V, art. 707 a 803).
Cada una de estas normas se encuentran reglamentadas a través de decretos del Consejo de Estado, de decretos simples y de decretos ministeriales. Por otra parte, las disposiciones concernientes a la organización de las jurisdicciones se hallan reunidas en el código de organización judicial instituido por los decretos nº 78-329 y 78-330 del 16 de marzo de 1978.
Por último, es importante señalar que la organización de las reglas del procedimiento se encuentran estructuradas a partir de la clasificación tripartita de las infracciones, esto es, crímenes, delitos y contravenciones. La profunda reforma que sufrió el Código penal de 1810 a través de la sanción de las cuatro leyes del 22 de julio de 1992, y que entraran en vigor el 1º de marzo de 1994, conservó la mencionada distinción.
Los crímenes son las infracciones que la ley pena con reclusión o “detención criminal” a perpetuidad o a un tiempo determinado[9]. Los delitos son las infracciones que la ley castiga con una pena de prisión o una pena de multa de por lo menos 25.000 francos[10]. Mientras que, las contravenciones son las infracciones que las reglamentaciones sancionan con una multa de a lo sumo 20.000 francos. Éstas se encuentran divididas en 5 clases[11].
Los principios fundamentales del procedimiento son, esencialmente, de rango constitucional. Los más numerosos no intervienen específicamente en el ámbito penal, mientras que los restantes, en cambio, sí son propios del derecho penal o del derecho procesal penal.
Entre los primeros: el principio de igualdad tanto ante la ley como ante la justicia (art. 1 y 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, art. 2 de la Constitución); el principio de legalidad (art. 34 y 37 de la Constitución, art. 7 y 8 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano); la garantía judicial en el ámbito de la libertad individual (art. 66 de la Constitución); el principio de la seguridad de las personas y de los bienes (principio fundamental reconocido por la ley de la República); y el de la dignidad de las personas (preámbulo de la Constitución).
En segundo lugar, los propios del derecho penal son: la irretroactividad de las leyes (art. 8 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano); el principio de las penas necesarias (art. 8 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano) y sus corolarios: aplicación inmediata de la ley más moderada y proporcional; el principio de la “personalidad” de las penas (principio fundamental reconocido por la ley de la República). Mientras que, los pertenecientes al derecho procesal penal son: la presunción de inocencia (art. 9 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano) y los derechos de la defensa (principio fundamental reconocido por la ley de la República).


II.- ÓRGANOS DEL PROCESO:
El sistema judicial francés no se encuentra dividido en fueros estancos, sino en grados de jurisdicción (instancias) dentro de los cuales los magistrados (fiscales y jueces, como seguidamente veremos) pueden integrar, sucesivamente tanto tribunales civiles como penales.
De esta manera, el orden jerárquico (de menor a mayor) entre las respectivas instancias es el siguiente: el Tribunal de instancia, el Tribunal de gran instancia, la Corte de apelación y la Corte de casación. Éstos, dentro de la esfera de la justicia penal, se encuentran compuestos de la siguiente manera: del tribunal de instancia forma parte el tribunal de policía; del tribunal de gran instancia, forman parte tanto el juez de instrucción, como el tribunal correccional; los jueces miembros de la Corte de apelación componen, asimismo, la Cámara de acusación, la Cámara de apelación correccional y la Corte de assises.
Si bien los órganos del proceso, a nivel estatal, pueden ser entendidos tanto como órganos jurisdiccionales, como órganos de persecución, lo cierto es que, en Francia, por “magistrados” se entiende a aquellos funcionarios que actúan como fiscales y jueces. Ello se debe, en parte, al mecanismo de reclutamiento y admisión de éstos. Todos ellos, salvo raras excepciones, proceden de la Escuela Nacional de la Magistratura, que está instalada en Burdeos y es la única que existe en Francia para formar magistrados[12]. A tal formación pueden acceder los titulares de una maitrisse -cuatro cursos universitarios y una tesina- de segundo ciclo de enseñanza superior. La formación es remunerada y dura treinta y un meses; luego, los magistrados eligen su puesto según una lista que propone el ministerio de Justicia. Debe aclararse, que los aspirantes ingresan a la carrera directamente al finalizar la escuela, y no recién al final de su carrera de abogado. Finalmente, estos aspirantes serán jueces o fiscales[13].
En la actualidad, y debido a una ley orgánica del 19 de enero de 1995, por magistrados se entiende a un cuerpo de funcionarios no profesionales que ejercen, a título temporario, las funciones del juez de instancia, o de vocales en la formación de los tribunales de gran instancia. Estos magistrados son nombrados por un período de siete años renovables, luego de haber realizado un etapa de formación. Si bien se encuentran incorporados a los estatutos de la magistratura, no pueden ser miembros del Consejo superior de la magistratura, ni participar en la designación de los miembros de sus instancias.

a.- Órganos de persecución:
Si bien es el ministerio público quien ejerce el rol central en la persecución penal, como más adelante veremos, no se encuentra solo en dicha tarea.

a.1.- Ministerio Público:
No puede caber duda en afirmar que, el ministerio público, tiene carta de ciudadanía francesa; empero, la fecha de su nacimiento no se corresponde exactamente con el orden revolucionario inmediato, surgido de la revolución francesa, sino, antes bien, con la crítica política a ese orden y al advenimiento del orden napoleónico, inmediatamente posterior[14]. No fue otro, su origen, que el haber surgido de aquel cuerpo de funcionarios que protegían, ante los tribunales, los intereses del rey. Tal vez, sea ésta una de las razones por las cuales, hoy en día se intente legitimar a este cuerpo como defensor de otro soberano, los miembros del cuerpo social: los ciudadanos.
En definitiva, en la actualidad, el ministerio público es quien ejerce la acción pública y quien requiere la aplicación de la ley[15]. Es parte necesaria y representante general del proceso penal. Sus características centrales fundan su estructura y funcionamiento: entre ellas, la irrecusabilidad e irresponsabilidad de sus miembros, su indivisibilidad (lo que permite que puedan ser intercambiables), y su organización jerárquica y verticalizada. Asimismo, se encuentran excluidos del beneficio de estabilidad del que gozan los jueces.
En efecto, los fiscales son, en verdad, agentes del Poder Ejecutivo; y como tales, son dirigidos y supervisados por su jefe jerárquico máximo, el ministro de Justicia. En tal sentido, dicha subordinación se visualiza en las correspondientes instrucciones escritas que son enviadas jerárquicamente. De esta manera, cada uno de sus miembros debe respetar las directivas de su superior jerárquico en lo que concierne a las persecuciones penales, directivas que son dadas de manera general (política criminal), específica (elección de la forma de procedimiento) o individual (forma de tratar un caso en particular). El ministro de Justicia posee autoridad sobre el procurador general ante la Corte de casación y sobre los procuradores generales ante las cortes de apelación; finalmente, estos últimos poseen autoridad ante los procuradores de la República. Estos procuradores son, a su vez, los superiores jerárquicos de sus substitutos en sentido amplio: los abogados generales (sus substitutos propiamente dichos) y los oficiales del ministerio público. Los cuales, pueden reemplazar al procurador en todo momento del procedimiento, y ser confiados en cada una de las funciones que ejerce dicho ministerio: investigar, realizar requisitorias escritas, presenciar las audiencias de debate, etc[16].
En orden inverso, según el grado de instancias en las que está organizada la justicia francesa, el procurador de la República es el jefe de los fiscales tanto ante los tribunales de instancia como ante los tribunales de gran instancia; por lo tanto, representa al ministerio público ante el tribunal de policía (ante este tribunal también actúa el comisario de policía, quien recibe el nombre de oficial del ministerio público), ante el juez de instrucción y ante el tribunal correccional. Por su parte, el procurador general ante la Corte de apelación (asistido por un abogado general y por sus substitutos), es quien representa al ministerio público ante la Cámara de acusación, ante la Cámara de apelación correccional y ante la Corte de assises. Finalmente, el procurador general ante la Corte de casación (acompañado por un primer abogado general y por diecinueve abogados generales), es quien actúa frente a ella.
En otro orden de cosas, podemos ya decir a esta altura que la función esencial del ministerio público es la de velar por el cumplimiento de la ley y hacer respetar el orden público. Ese rol lo materializan los fiscales ejerciendo la acción pública, la que ejercen en nombre de la sociedad, habida cuenta que los fiscales, en términos coloquiales, son los abogados del cuerpo social. Tienen una doble prerrogativa, toda vez que si bien le ha sido dado el instar la acción penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente mediante una requisitoria formal de modo escrito, por otro lado también el ministerio público, en ciertos casos, es soberano a la hora de decidir sobre aquello que va a perseguir ante la justicia y aquello que no. Es decir, no está obligado a perseguir todas las infracciones, este principio es reconocido como de "oportunidad". Sin embargo, tampoco puede sostenerse que monopoliza el ejercicio de la acción, ya que le es posible a la víctima lesionada por el hecho punible, constituirse por si sola en parte civil e iniciar una investigación ante el organismo jurisdiccional, a pesar de que el ministerio público no haya decidido hacerlo.
El ordenamiento procesal establece[17] las atribuciones del Procurador General ante la Corte de apelación, y respecto del procurador de la República. En ambos casos, además de las ya mencionadas, se hace referencia a relaciones jerárquicas tanto con los dependientes como con el ministro de Justicia, a la facultad de requerir el auxilio de la fuerza pública, siendo los agentes de la policía judicial sus subordinados, a quienes dirigen y quienes les deben informar periódicamente de sus actividades. Asimismo, también se menciona que los fiscales deciden sobre la restitución de objetos provenientes del delito y que tienen la facultad de detención provisoria en algunos casos puntuales (por ejemplo, en el caso de crimen flagrante).

a.2.- Policía judicial:
Uno de los primeros puntos a señalar es que la actuación de la policía judicial se encuentra bajo la dirección del procurador de la República, la vigilancia del procurador general y el control de la Cámara de acusación[18]. De esta manera, la relación entre ella y el ministerio público es íntima, directa y vertical. El ministerio público dirige a la policía, determina sus sanciones por faltas disciplinarias, aunque todo ello con un control jurisdiccional de legalidad, básicamente ejercitado por la Cámara de acusación.
La función de esta institución es la de prevenir la comisión de infracciones a la ley penal, constatar las ya cometidas y ejecutar los mandatos delegados tanto por el procurador como por el juez de instrucción durante el transcurso de las pesquisas, encontrándose autorizados al ejercicio de la fuerza pública en caso de que la circunstancia y el cumplimiento de su cometido lo hagan necesario.
La policía judicial es un órgano jerarquizado, el cual está compuesto por: a) los oficiales de la policía judicial, éstos, entre otros, son los oficiales de gendarmería designados por el ministro de Justicia y de Guerra, los inspectores generales de la policía activa, los comisarios de policía, y los oficiales de paz de la policía nacional; b) los agentes y los agentes adjuntos de la policía judicial: éstos, entre otros, son los gendarmes que no son oficiales, los inspectores de la policía nacional, los comandantes y los jefes de brigada de la policía nacional; y c) los funcionarios y agentes auxiliares de la policía judicial: éstos son los ingenieros, los jefes de distrito y los agentes técnicos[19].
Asimismo, sus respectivas competencias se encuentran determinadas en razón del cargo y del territorio. No obstante ello, es posible mencionar que los oficiales y agentes de la policía judicial se concentran, fundamentalmente, en todo aquello referido a la investigación de crímenes y delitos, mientras que los funcionarios y agentes auxiliares lo hacen con referencia a las contravenciones. Entre cada uno de los miembros de la policía judicial, se prestan colaboración en función de sus jerarquías. Todos, sin excepción tienen que mantener informado de modo constante al procurador de la República en cuanto a las diligencias que se encuentren realizando.
Rige en esta relación la delegación de funciones que en este ámbito es muy amplia. Por ejemplo, en el caso del tribunal de policía, el procurador de la República ante los tribunales de gran instancia, que es quien representa al ministerio público en estos casos, delega su función respecto de algunas contravenciones, en la mayoría de los casos, en el comisario de la policía nacional que corresponda. Éste, a su vez la puede delegar, en ciertos supuestos, en un ingeniero, en un agente técnico o en un jefe de distrito[20].

a.3.- Agentes administrativos:
Asimismo, numerosas leyes especiales habilitan a ciertos agentes administrativos a constatar las infracciones sobre la materia de su competencia. Como veremos más adelante, éstas administraciones (entre otras, las de Aduanas, las de contribuciones indirectas, o las que controlan las infracciones forestales, de caza y pesca) ejercen, en líneas generales, la potestad sobre su persecución (especialmente, en cuanto a multas se refiere).

a.4.- Víctima:
Si bien la víctima no es un agente estatal, lo cierto es que ella es uno de los eventuales sujetos en el proceso penal francés, habida cuenta que está facultada, bajo estrictas condiciones de admisión, a presentarse como parte en el proceso, acreditado que sea, la circunstancia de que ha sido ciertamente perjudicada por la infracción.
En este sentido, diremos que es clara la posibilidad que tiene la víctima de formular una denuncia tanto al representante del ministerio público como al juez de instrucción; y lo que es más importante aún, la posibilidad de constituirse como parte, y efectuar ante el organismo jurisdiccional competente una presentación en reclamo de sus derechos, aún cuando el agente fiscal hubiese manifestado su desinterés por la persecución de ese hecho.
De esta manera, la víctima puede demandar una reparación al perjuicio material y moral causado por la infracción, vía su constitución como parte civil en el proceso penal. Si bien la elección de la jurisdicción civil es irrenunciable, la víctima puede acudir a la jurisdicción penal, siempre y cuando, el procedimiento civil no haya aún finalizado[21].

b.- Órganos jurisdiccionales:
b.1.- Etapa preparatoria:
b.1.1.- Juez de instrucción:
El juez de instrucción conforma un tribunal unipersonal. Es un juez de un tribunal de gran instancia investido en sus funciones por decreto del presidente de la República y el visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura. Como veremos más adelante, su intervención obligatoria en los crímenes, facultativa en los delitos y muy eventualmente en las contravenciones, si el ministerio público así lo solicita.
Fundamentalmente, el procedimiento en esta etapa es escrito y puede llegar a ser secreto. El objeto de su intervención es, en esencia, por un lado, descubrir la verdad de los hechos, actuando oficiosamente para ello; y por otro, reunir la cantidad de información suficiente para la realización de un juicio. Entre sus potestades, puede convocar testigos, recurrir al auxilio de la fuerza pública, intervenir teléfonos, interceptar correspondencia, allanar domicilios, detener sospechosos, etc.
Por otra parte, para dar comienzo a su actuación necesita de modo ineludible, salvo ciertos casos de flagrancia, un requerimiento del agente fiscal competente.
En definitiva, las actividades de estos magistrados son tanto las propias de su rol de investigador (recibir declaraciones, ordenar peritajes, etc.), como jurisdiccionales (por ejemplo: autorizar la constitución de una querella del particular damnificado, o, principalmente el dictado de medidas de coerción tales como “control judicial” o la detención preventiva, etc).

b.1.2.- Cámara de acusación:
La cámara de acusación es una cámara especial de la Corte de apelación. Su composición es colegiada, se encuentra constituida por tres vocales, de entre los cuales uno ejerce la presidencia de la sala. En cuanto a su designación podemos referir que el presidente es designado por decreto del Consejo Superior de la Magistratura. Igualmente, ambos vocales, son designados anualmente, por una asamblea general de la Corte de apelación.
La cámara se reúne una vez por semana y es convocada por su presidente. No obstante, puede ser convocada por el procurador general si es necesario. Jerárquicamente es la alzada del juez de instrucción, ejerce un control jurisdiccional y de legalidad de segundo grado sobre su actuación, y debe solicitarle información sobre el estado de las investigaciones en curso. También ejerce una misión de control sobre las detenciones preventivas ordenadas por aquél, a fin de evitar abusos, pudiendo decretar las nulidades que considere cometidas.
En cuanto a sus poderes, tiene acción disciplinaria contra los oficiales de la policía judicial, examina los pedidos de extradición y rehabilitación judicial y de amnistía[22].
Como órgano de revisión, interviene en todas las apelaciones interpuestas contra las decisiones del juez de instrucción sobre detención preventiva, rechazo de una solicitud de libertad, sobre su competencia -para que la retenga o para que la declare-, rechazo de un pedido de constitución en parte civil, etc. (en principio, la cámara solamente está obligada a intervenir en virtud de apelaciones del ministerio público, del imputado y de la parte civil).
En cuanto al procedimiento en esta instancia debe resaltarse que es escrito. Finalmente, una de sus funciones centrales es que, en materia criminal, deberá expedirse acerca de si las pruebas reunidas son suficientes para la realización del juicio, y en su caso, dispondrá la remisión de las actuaciones a la Corte de assises.

b.2.- Etapa de juicio:
b.2.1.- Corte de assises:
Es una jurisdicción de enjuiciamiento de derecho común, oral y de única instancia en materia criminal. Es uno de los órganos más originales del sistema francés, lo es por su importancia y por su carácter mítico. Fue traída a Francia, desde el derecho anglosajón, gracias a la influencia de Voltaire[23], símbolo de soberanía, de una justicia que reconoce el sentimiento del pueblo. Así, fue instituido por primera vez por la ley del 16-26 de septiembre de 1791. Durante ciento cincuenta años el jurado constó de doce miembros. Recién en 1941 se redujo a seis su número (modificada luego, en 1947, a siete miembros). Finalmente, en 1958 se elevó su cantidad a los nueve miembros de hoy en día.
Es una jurisdicción departamental que funciona intermitentemente, en principio una sesión cada tres meses salvo excepciones.
Se encuentra compuesta por tres magistrados profesionales (un presidente y dos vocales) y nueve ciudadanos particulares designados por sorteo como expresión de la soberanía popular. Este jurado popular entiende tanto sobre la apreciación de los hechos y la culpabilidad del sospechado, como también sobre la aplicación del derecho y de la pena.
Los magistrados de la Corte de assises, son magistrados de la Corte de apelación. La presidencia de esta jurisdicción es ejercida por el presidente de una cámara de la corte de apelación o por un vocal de ésta. La función de fedatario es ejercida por un secretario en jefe de la Corte de apelación, o en su defecto por un secretario subordinado de aquél ante esa corte. En otros departamento internos, desempeña tal función un fedatario en jefe (o un subordinado) de un tribunal de gran instancia.
Para desempeñar la función de jurado se requiere ser ciudadano francés, de uno u otro sexo, mayor de veintitrés años de edad, saber leer y escribir en francés, gozar de derechos políticos, civiles y de familia, y no encontrarse abarcado por las siguientes incompatibilidades, a saber: 1) no encontrarse condenado o acusado de haber cometido un delito, no encontrase prófugo de la justicia, y tampoco con orden de captura vigente en su contra; 2) no ser funcionario ni empleado público; 3) no ser funcionario destituido por una decisión jurisdiccional; 4) no haber sido declarado en quiebra; y 5) no tener curador o tutor y no ser miembro de la Iglesia.
También se pone especial acento en que la función de jurado es incompatible con la de ser miembro del gobierno, del Parlamento, del Consejo Constitucional, del Consejo Superior de la Magistratura y del Consejo Económico Social, magistrado, miembro de un Tribunal administrativo, secretario de Gobierno, funcionario del servicio de policía penitenciario y militar. Por otra parte, son dispensados de la función del jurado las personas mayores de sesenta años; sin embargo, una objeción de orden moral o religiosa no autoriza la exclusión de la lista del jurado, pero sí se dispensan a aquellas personas que demuestren un motivo grave que les impida desempeñar la función de jurado.
Anualmente, se conforma una lista de jurados criminales. Esa lista, para la Corte de assises de París, por ejemplo, incluye 1800 jurados, y cada jurado es elegido de entre 1300 habitantes. De todos modos, y para otras jurisdicción los nombres de los jurados no pueden ser inferior a 200.
Los nombres de los jurados en la mencionada lista anual, está repartida proporcionalmente dentro del listado oficial de la lista de electores. Con esos nombres, se confecciona una lista provisoria de la cual surgirá la definitiva (previo excluir a aquellas personas que no reúnan las condiciones requeridas por la ley para ser jurado) y otra lista especial de jurados suplentes. Asimismo, también se aclara que la lista de jurados, no podrá ser inferior de 40 y tampoco superior de 700 nombres.
Finalmente, surgen de esa lista anual los nombres de 35 jurados de sesión, y otra lista especial de 10 jurados suplentes.
Pues bien, una vez designadas las nueve personas que habrán de integrar el jurado de la Corte de assises, éstas se encuentran obligadas a asistir a las audiencias que se celebren cada vez que se lo notifique, bajo apercibimiento de ser sancionados con una pena de multa de 100 francos a la primer inasistencia, 200 por la segunda y 500 por la tercera, oportunidad en donde se lo separará, al que no hubiere asistido, del cargo de jurado.
Los jurados designados pueden ser recusados por el acusado, por su abogado defensor y por el representante del ministerio público. Mientras que la defensa no puede recusar más de cinco jurados, el ministerio público no puede recusar más de cuatro.
Luego de ello, el presidente de la corte les recibe formal juramento a los integrantes del jurado, tras lo cual declara que el jurado se encuentra definitivamente constituido.

b.2.2.- Tribunal correccional:
Es un tribunal de enjuiciamiento de primer grado en materia de delitos[24] de derecho común. Tiene una composición colegiada, habida cuenta que se encuentra conformado por tres magistrados (un presidente y dos vocales) integrantes del tribunal de gran instancia correspondiente[25], siendo que el presidente de este tribunal de gran instancia es quien los designa.
El presidente del tribunal de gran instancia en asamblea general, fijará anualmente el número de audiencias que deberá llevar adelante cada tribunal correccional.
El tribunal correccional se encuentra autorizado a declarar las nulidades que considere que se han cometido, y a devolver las actuaciones al juez de instrucción o a la Cámara de acusación, si así lo considera correspondiente.
Previo al tratamiento de las cuestiones de fondo el tribunal correccional debe entender en las cuestiones previas y prejudiciales que se le presenten. Solamente luego de haberse resuelto éstas puede iniciarse el debate.
Finalmente, solo resta decir que las decisiones del tribunal correccional pueden ser apeladas ante la Cámara correccional de apelaciones.

b.2.3.- Tribunal de policía:
Pues bien, ya dijimos que el tribunal de policía tiene competencia para el enjuiciamiento de las contravenciones. Un tribunal de policía, es una jurisdicción de un juez único, se encuentra conformado por un juez de un tribunal de instancia, un representante del ministerio público que puede delegar su función[26] y por un fedatario.
Se encuentra previsto para su actuación un alternativo procedimiento simplificado (cuya audiencia no es contradictoria), de otro modo se lleva adelante la audiencia de modo normal. También es este tribunal competente para el enjuiciamiento de las infracciones cometidas contra las reglamentaciones del transporte terrestre (l' amende forfaitaire –una especie de multa-).
Asimismo, también se encuentra facultado el tribunal de policía para opinar que el hecho se trata de un delito y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correccional competente.
Puede señalarse que existe una doble instancia, habida cuenta que las resoluciones dispuestas por el tribunal de policía son apelables por las partes, siendo la cámara de apelación correccional quien resolverá tales impugnaciones.

b.2.4.- Cámara de apelación correccional:
Es un órgano jurisdiccional de enjuiciamiento de segunda instancia en materia correccional y contravencional[27] de derecho común.
Es una jurisdicción colegiada integrada por tres magistrados (un presidente y dos vocales) pertenecientes a la Corte de apelación correspondiente.
El número de audiencias anuales de esta cámara es fijado en asamblea general por el presidente de la Corte de apelación.
El procedimiento en esta sede es escrito y se encuentran facultados a recurrir ante esta instancia, el acusado, el civilmente responsable, el particular damnificado solo en la medida del daño, el procurador de la República y el procurador general ante la Corte de apelación[28].

c.- Cámara de Casación:
Tiene asiento en París y competencia en toda la República[29]. Es el órgano judicial de más alta jerarquía. Ya antes de la Revolución francesa existía un órgano de similares funciones bajo el nombre de Conseil de parties, el que no obstante haber sido suprimido en esa oportunidad, renace –el 27 de noviembre de 1790- bajo el nombre de Tribunal de Casación. La idea central que inspiró su creación fue interpretar las reglas de derecho de manera tal que prevaleciera el principio de unidad jurídica.
Componen la Corte de Casación un primer presidente, los presidentes de Cámara, el procurador general, el primer abogado general, y el fedatario en jefe[30]. La Corte de Casación se conforma de seis Cámaras Civiles y una Cámara Criminal. Cada Cámara se conforma de un presidente de Cámara, dos vocales, vocales refrendarios, un abogado general y un secretario de Cámara.
Se reúne, asimismo, en asamblea plenaria que es presidida por el primer presidente. El número y días de audiencias se va conformando según una buena y pronta administración de justicia.
Es la jurisdicción superior de todo el orden judicial, se encarga de examinar "el derecho" en las actuaciones que examina y anular aquéllas en las que pudo advertir que se ha violado la ley, siempre y cuando la decisión atacada sea "casable". Pues entonces, anulada una decisión, las actuaciones les son enviadas a otro tribunal para que realice otro enjuiciamiento. La Corte de Casación es la guardiana de la ley, pues garantiza su respeto y su correcta interpretación, lográndose así una aplicación uniforme de la legislación[31].

III.- CARACTERISTICAS DEL PROCESO:
a.- El ejercicio de la acción penal:
A los fines de analizar el ejercicio de la acción penal, es necesario reparar en tres instituciones que, en alguna medida, tienen incidencia en dicho acto. Ellas son: el ministerio público, la víctima y ciertas administraciones.

a.1.- El ministerio público es el titular de la acción penal. Sin embargo, como veremos, no se encuentra necesariamente solo para iniciarla. Así, el código de procedimiento penal establece que "la acción pública para la aplicación de las penas es puesta en movimiento y ejercida por los magistrados y funcionarios a quienes la ley confía tal tarea. Esta acción puede también ser puesta en movimiento por la parte lesionada, en las condiciones determinadas en el código"[32]. En este sentido, el mencionado ordenamiento expresa que "el ministerio público ejerce la acción pública y requiere la aplicación de la ley"[33].
Si bien es titular de la acción, al inicio de ésta, el procurador debe respetar las directivas de su superior jerárquico. Para luego sí, en las audiencias orales, recuperar su libertad de apreciación. No obstante obedecer la orden de perseguir, puede dejar a salvo su opinión personal ante el tribunal o la Corte. De esta manera, el ministerio público debe tomar las requisitorias escritas de acuerdo a las instrucciones que recibiera[34]. Lo que no obsta a que desarrolle libremente las observaciones orales que crea convenientes para el bien de la justicia.
Esta es una de las razones por las cuales, en el derecho procesal penal francés se emplea la máxima que dice que "si la pluma es servil, la palabra es libre"[35]. Ciertamente, quien deja a salvo su opinión, separándose de las ordenes recibidas oportunamente, corre el riesgo de ser él mismo sancionado disciplinariamente, pero su negativa de actuar, a pesar de la orden jerárquica, no podrá ser evitada por el superior; dicho con mayor precisión, éste no podrá ejercer la persecución en su lugar[36].
El ministro de Justicia puede denunciar al procurador general las infracciones a la ley de las que tomara conocimiento. Éste ordena, por instrucciones escritas y orientadas al sumario, iniciar o no la persecución o presentar ante la jurisdicción competente las requisitorias que juzgue oportunas. A tal fin, se prevé que todos los procuradores de la República envíen una noticia mensual al procurador general acerca de todas las infracciones de las que hubieran tomado conocimiento[37].
La persecución penal está asegurada por el ministerio público. Así, la iniciativa de la puesta en movimiento de la acción se confía a este organismo que es quien aprecia no solamente la legalidad sino también la oportunidad del ejercicio de la acción penal.
En tal sentido, importante resulta destacar que el código procesal señala que "el procurador de la República puede, previamente a su decisión acerca de la acción pública, y con el acuerdo de las partes, decidir recurrir a una mediación, si le parece que tal medida es susceptible de asegurar la reparación del daño causado a la víctima, de poner fin al problema resultante de la infracción y de contribuir a la resocialización del autor"[38].
Los casos de mediación, o más genéricamente de "disposición de la acción", que están contemplados por la ley procesal francesa[39] pueden ser clasificados en dos grandes grupos, según sean de decisión unilateral o multilateral. Dentro del primero de ellos, la principal manifestación de la disposición unilateral del procedimiento penal está dado por el classement sans suite (archivo) decidido por el representante del ministerio público por motivos diferentes que la prescripción, es decir, valorando la oportunidad de la persecución. Adoptada dicha providencia debe avisarse al querellante y a la víctima en los casos en que ella está identificada.
Asimismo, existen casos de disposición multilateral de la acción. Hay en Francia sólo tres maneras de "negociación entre las partes", las que determinan una variación en el curso del procedimiento. Las dos primeras (el archivo bajo condición y la mediación), que son a iniciativa del ministerio público, son conducentes a arreglar (o mejor dicho solucionar) un conflicto sin juicio; mientras que la última (la “descalificación”[40]) está subordinada a un acuerdo tácito del juez, en la cual se tiende a una calificación menos severa que la prevista por la ley.
El primero de los casos mencionados, le classement bajo condición, es una vía intermedia entre el “archivo sin persecución”[41], puro y simple, y la persecución. Si bien no está reglamentada por el código de procedimiento penal, esta práctica fue inicialmente prevista por el legislador en 1971, tanto bajo la forma de una conminación terapéutica en materia de uso de estupefacientes, como en un instrumento para aportar una respuesta rápida a la pequeña delincuencia urbana. Para luego, finalmente, ser aprobada y enmarcada por una circular del ministro de Justicia del 2 de octubre de 1992.
En segundo lugar, la mediación penal es un procedimiento al cual el procurador de la República puede recurrir, cuando considera que tal decisión aseguraría la reparación del daño causado a la víctima, pondría fin al problema causado por la infracción, y contribuiría a la resocialización del autor de la misma[42]. El marco concreto de esta solución fue brindado, inicialmente, por la circular ya mencionada del 2 de octubre de 1992, para luego ser incorporada finalmente al ordenamiento procesal en la reforma que tuviera lugar el 4 de enero de 1993.
Si bien la mediación es decidida por el ministerio público, ella es realizada por un mediador designado para cada caso. Así, tal como establece una reciente reglamentación[43], el procurador puede designar a dichos fines a cualquier persona física, o jurídica habilitada a tal efecto. La mencionada habilitación debe ser realizada, según el caso, por el tribunal de gran instancia, o por la corte de apelación. De esta manera, el mediador debe reunir ciertas condiciones: no ejercer actividad judicial a título profesional; no haber sido objeto de condena, incapacidad, o inhabilitación; garantizar idoneidad, independencia e imparcialidad. Su actividad está protegida por el secreto profesional.
La mediación debe ser aceptada por escrito por las partes que pueden ser asistidas por un abogado. El compromiso de las partes es asimismo formulado por escrito. Un informe definitivo es transmitido por el mediador al procurador de la República que archivará el caso al cual se refiere la mediación, aunque el código no se lo impone. En caso de que fracase, el ministerio público puede ejercer la persecución judicial y la víctima ejercer la acción civil.
El último de los casos de disposición multilateral de la acción, la “descalificación” de una infracción (por oposición a la recalificación de una infracción, que consiste en corregir una calificación errónea de los hechos), consiste en aceptar una calificación menos grave que la que resulta legalmente de los elementos materiales. Práctica que tiene lugar a través de lo que se da en llamar la “correccionalización” y la “contravencionalización”[44].
Mientras que la correccionalización tiene por objeto evitar un juicio ante la Corte d' assises (en especial, por el jury populaire); la contravencionalización tiene como fin que, o bien la infracción sea juzgada por el tribunal de policía (especialmente por el “procedimiento de la ordenanza penal” –que más adelante describiremos-) en lugar de por el tribunal correccional, o bien dejar que la persecución sea llevada adelante por el oficial del ministerio público antes que por el procurador de la República o sus sustitutos (descalificación de una contravención de quinta clase en otra de una clase inferior).
La descalificación se lleva a cabo, según los casos, tanto omitiendo tomar en cuenta una circunstancia agravante, como no tomando en cuenta el elemento interno más caracterizado (entre la intención, la imprudencia o el mero error material), como así también tomando entre varias calificaciones legales posibles (concurso de calificaciones) la más baja y no la más alta de ellas.
En el caso concreto, la sanción pronunciada no es necesariamente menos severa. Por un lado el tribunal correccional puede ser menos sensible que el jury con el alegato de la defensa, con respecto a ciertas circunstancias de hecho o circunstancias relativas al límite de la legítima defensa, por otro lado, las multas contravencionales para cada contravención material se acumulan, contrariamente a las multas delictuales.
Las reglas de competencia son de orden público, por ello no puede llegarse a una decisión definitiva acerca de la descalificación judicial sin el consentimiento tácito de todos aquéllos que participan en el acuerdo. En efecto, el juez, el ministerio público, el acusado o la víctima pueden exigir el juicio de una infracción según su exacta y verdadera calificación jurídica.
Todas estas son manifestaciones de un poder, a veces exclusivo, u otras necesariamente concurrente con las otras partes, del que goza el ministerio público, y que hacen al criterio de oportunidad del ejercicio de la acción penal. Por otra parte, más adelante veremos (al analizar el rol de los agentes administrativos y de la víctima) que, en cuanto a la actividad del ministerio público, una querella previa excepcionalmente es exigida (de la administración pública en materia fiscal, de la víctima en materia de atentados contra la vida privada, etc.).
En concreto, el ordenamiento procesal establece un principio de oportunidad[45] al decir que "el procurador de la República recoge las querellas y denuncias y aprecia cuáles llevará adelante". Si bien el artículo hace referencia a denuncias y querellas, se entiende que comprende todo acto por el cual se da cuenta de la comisión de una infracción penal. Cabe mencionar que el archivo (classement) de esta “noticia” no es un acto jurisdiccional, por lo cual no hace autoridad de cosa juzgada. La víctima, que debe ser advertida de este archivo, puede iniciar la acción pública constituyéndose en parte civil o mediante la citación directa.
En virtud del ya mencionado principio de subordinación jerárquica, la elección no emana solamente del procurador. Los motivos para no perseguir son muy numerosos y no se encuentran enumerados por la ley. Por ello, en la práctica la decisión obedece a circunstancias muy diversas: la honorabilidad del delincuente, la insignificancia del perjuicio, la culpa de la víctima, o el arrepentimiento del delincuente. De manera tal que, a veces, el archivo no sigue a la indemnización dada a la víctima, especialmente en el caso de la emisión de cheques sin provisión de fondos. En definitiva, se omite la persecución en los casos en que considera que la represión será más nociva a la sociedad y paz social que la impunidad concedida al delincuente[46].
De todas formas no está vedado volver sobre la persecución de la infracción. Así, puede volver a ponderarse el perdón que se concedió, si después de él, el delincuente demuestra no merecerlo. Asimismo, en casos en que nuevos elementos agraven la caracterización de la infracción que, sobre la base de los elementos iniciales, no merecía ser perseguida. Hasta que la acción penal prescriba, el perseguidor puede volver sobre su "gesto de generosidad"[47].
Si bien el ministerio público tiene la facultad discrecional en impulsar inicialmente la acción, pierde esta libertad –con la intención de cambiar dicho rumbo- al haber optado por iniciar la persecución. El principio de oportunidad no juega más que en el momento inicial de poner en movimiento la acción penal. Claro está que ello no obsta a que, oportunamente, solicite el sobreseimiento de la persona objeto de la persecución, pedido que puede ser acogido o no.

a.2.- Al lado del ministerio público, determinados agentes administrativos tienen un derecho paralelo, a veces exclusivo, para la persecución de infracciones que lesionan los intereses de las mismas administraciones que representan.
Estas administraciones son:
- “De las contribuciones indirectas” (les contributions indirectes): si la infracción es sólo castigada con pena pecuniaria, la administración ejerce sola la acción pública. Mientras que, si la infracción es castigada a la vez con pena de prisión y con pena pecuniaria, el ministerio público sólo puede pronunciarse sobre la prisión. De manera que, cuando el ministerio público actúa sólo, puede pronunciarse acerca de ambas penas; si en cambio cree que no debe perseguir, la administración actúa sola, y ejerce la acción sólo por la aplicación de la pena pecuniaria.[48]
- En materia de Aduanas, el Código de aduanas confía al ministerio público la acción para la aplicación de penas y a la administración la acción para la aplicación de sanciones fiscales; no obstante, el ministerio público puede ejercer la persecución de las penas de multa y comiso de manera accesoria. Las contravenciones aduaneras que la ley pena solamente con multas y confiscaciones, esto es, sanciones fiscales, son perseguidas delante del tribunal de policía por la administración sola. El ministerio público persigue los delitos aduaneros ante el tribunal correccional, pero la administración puede intervenir concurrentemente para pronunciarse sobre las penas pecuniarias.
- Los derechos de la “Administración de Montes” (Eaux et Forets) son mucho más fuertes que los anteriores. Para los delitos forestales, de caza y pesca, la administración ejerce en su plenitud la acción pública, ya se trate de penas pecuniarias o de prisión. El derecho es concurrente al del ministerio público, que conserva su capacidad de accionar.
- la “Administración de Puentes y Caminos” (Ponts et chausses) tiene el derecho de perseguir ante el tribunal de policía y desempeñar al lado del tribunal las funciones del ministerio público.
- en un grado menor, la “Administración de correos y telecomunicaciones” tiene desde 1962 el derecho de intentar la acción pública, concurrentemente con el ministerio público.
La acción pública que estas administraciones ejercen tiene un carácter originario que está dado porque actúan en defensa de determinados intereses, por ejemplo, los propios de la fe patrimonial. Los contraventores perseguidos por ellas son castigados sea con prisión, sea con una multa (como lo es en la mayoría de los casos), o con ambas.[49]
Estos agentes administrativos, por otra parte, pueden transigir sobre la acción pública. De manera tal que la transacción acordada extingue la acción, tanto en relación a las penas de prisión como en relación a las pecuniarias, cuando este acuerdo se realiza antes del enjuiciamiento. Cabe aclarar que, no tiene dicho efecto si la mencionada transacción ocurre después que la sentencia adquiera su carácter definitivo. La reglamentación no se encuentra sistematizada en una ley ni en el código de procedimientos penal, sino que surge de numerosas leyes especiales.

a.3.- La víctima, a condición de haber sufrido un daño personal y directo, puede ejercer la acción civil ante los tribunales penales[50], sea por la vía de la intervención (si el procurador a determinado la competencia del juez de instrucción), sea por la vía de la acción (cuando la acción pública no ha sido iniciada). Víctima puede ser tanto una persona física o como una persona jurídica[51]. Mediante la vía de la intervención, ella puede unirse a una instancia ya iniciada para demandar la reparación del perjuicio; mientras que a través de la vía de la acción, ella puede hacer caso omiso a la inacción del ministerio público, sea a través de una querella con la constitución en parte civil ante los jueces de instrucción, sea mediante la "citación directa" del autor de la infracción ante el tribunal correccional o de policía; pero ella debe previamente realizar un depósito por los gastos del proceso.
La puesta en movimiento de la acción es lo que sólo se encuentra a disposición de la víctima, su ejercicio –en cambio- es una de las facultades inherentes del ministerio público, quien vigila la marcha del proceso penal, realizando los requerimientos necesarios a dicho fin. Por otro parte, el desestimiento de la víctima no tiene, salvo casos excepcionales, influencia sobre la vida de la acción pública. En tal sentido, la acción se extingue en caso de que se retire la querella, en los casos en que ésta es una condición necesaria para la persecución[52].
Así es que en numerosas hipótesis el ministerio público no puede actuar hasta tanto no reciba una querella, exigida por ley. Sin embargo, esta querella no lo obliga a intentar la persecución. La voluntad de persecución se reparte entre dos personas debiendo convergir a fin de que la persecución sea posible.
Una de esas hipótesis esta constituida por aquellas infracciones "privadas" en la cual se le deja a la víctima la valoración de la oportunidad. Otros casos están dados por intereses propios del derecho fiscal, económico o social que corresponda. En numerosas oportunidades el interés fiscal y monetario del Estado justifican que se reserve al Ministro de finanzas u otras administraciones fiscales el cuidado de apreciar la gravedad de las infracciones y la posibilidad de efectuar transacciones.

a.4.- En el sistema penal francés, el régimen de la extinción de la acción pública, y el de la prescripción como una de sus causales, se encuentra, a diferencia de nuestra legislación positiva, en el código adjetivo.
La extinción de la acción pública opera por la muerte del delincuente, por la prescripción, la amnistía, la derogación de la ley penal, la autoridad de cosa juzgada, la transacción (en determinados casos) y el retiro de la querella cuando es condición necesaria de la persecución[53].
En cuanto a las disposiciones concernientes a la prescripción, el ordenamiento procesal establece que en materia de crímenes la acción penal prescribe a los diez años cumplidos (en caso de delitos, tres años; mientras que en el caso de contravenciones, 1 año) contados a partir del día de comisión del crimen, si durante ese intérvalo no se ha llevado a cabo ningún acto de instrucción o persecución[54], sin señalar la ley procesal qué actos deben ser considerados como tales.
En principio, la prescripción de la acción opera en relación a todas las infracciones penales. Sin embargo, el Código de Justicia Militar declara imprescriptibles ciertos delitos[55]. Asimismo, una ley del 26 de diciembre de 1964 declaró igualmente imprescriptibles a las acciones por delitos contra la humanidad.

b.- La coerción:
El derecho procesal penal francés prevé diversas medidas de coerción, tanto personales como reales. Si bien varias son las alternativas que permiten a los agentes que representan al Estado ejercer distintos tipos de medidas coercitivas contra personas sobre las que pesan indicios o sospechas de haber participado en una infracción, sólo analizaremos en este acápite, algunas de estas medidas, atento la relevancia que por sí mismas poseen. Esto no quiere decir que el resto de las posibilidades de coerción contra un individuo carezcan de significancia, sino que, a los efectos de una mayor comprensión, serán tratadas más adelante en el contexto en el cual se desenvuelven. Entre estas últimas, podemos mencionar distintos tipos de retenciones (especialmente, le gardé a vue) o determinados tipos de comparecencia forzosas (como por ejemplo, la “comparecencia inmediata” o la ordonnance de prise de corps).

b.1.- El arresto a los fines de la verificación de la identidad:
En los casos en que una persona se niega o no puede acreditar su identidad, puede ser retenida en el lugar o conducida a las oficinas de la policía para la verificación de su identidad. Ella debe ser puesta inmediatamente ante un oficial de la policía judicial y su detención no puede exceder de cuatro horas[56]. De esta manera, la identidad de toda persona puede ser controlada por los oficiales y agentes de la policía judicial; entre otras circunstancias, con el fin de prevenir un atentado al orden público, o por la existencia de un indicio suficiente para presumir que ha cometido o intenta cometer una infracción.

b.2.- El “control judicial”:
Institución creada por una ley del 17 de octubre de 1970, y que ocupa un lugar intermedio entre la libertad pura y simple, y la detención. Es una especie de "libertad vigilada", en base a la cual se somete al imputado a vigilancia, y a ciertas obligaciones cuya naturaleza tienden a eliminar algunos de los inconvenientes de la libertad incondicional, evitando así las consecuencias irreparables del encarcelamiento.
El "control judicial" puede ser ordenado por el juez de instrucción, en cualquier momento de la instrucción, si al imputado le correspondiera una pena de prisión correccional o una pena más grave[57].
Bajo este régimen el imputado puede ser obligado a cumplir diversas obligaciones, las que se encuentran enunciadas en el ordenamiento procesal[58]: no salir de los límites territoriales determinados por el juez de instrucción; no ausentarse de su domicilio o de la residencia, más que por los motivos determinados por el magistrado; no asistir a ciertos lugares, o asistir sólo a los lugares determinados por el juez; informarle todo desplazamiento fuera de los límites fijados; presentarse periódicamente ante las autoridades designadas por el juez; responder a las convocatorias que realice el juez o personal autorizado, y someterse en cada caso a las medidas de control relacionadas a sus actividades profesionales; remitir a las autoridades que el juez determine los documentos que justifiquen la identidad a cambio de un certificado que avale la identidad; abstenerse de conducir vehículos o determinada clase de ellos, y en determinados casos enviar el permiso de conducir a la autoridad correspondiente, pudiendo en todo caso el juez determinar que pueda conducir a los efectos de no suspender su actividad profesional; abstenerse de encontrarse con algunas personas determinadas por el juez; someterse a medidas de examen, u hospitalización, especialmente en casos de desintoxicación; abstenerse de realizar determinadas actividades; no emitir más cheques que los permitidos por el juez; no portar armas; depositar una caución para asegurar los derechos de las víctimas; etc.
El juez de instrucción puede, en cualquier momento de la instrucción, imponer en parte, modificar, suprimir o agregar otras de estas obligaciones[59]. Así es que éstas pueden ser levantadas en todo momento de la instrucción, por el juez de instrucción, ya sea de oficio o a pedido del procurador de la República o del mismo imputado, previo aviso al procurador. Una vez solicitado el levantamiento, el juez debe expedirse en el término de cinco días. De no expedirse en ese término, el imputado puede poner en conocimiento de la cámara de acusación de su demanda; la cual, previa vista al procurador general, debe expedirse en un plazo no superior de veinte días. En caso contrario el levantamiento de la medida opera de pleno derecho[60].
Si la persona sometida a "control judicial" se sustrae voluntariamente de las obligaciones impuestas, el juez de instrucción puede, cualquiera sea la duración de la pena con que se amenaza la infracción en cuestión, dictar un mandat d'arret [61]: una orden dada a la fuerza pública de encontrar a la persona en contra de la cual se ha expedido el mandato, a los efectos de conducirla al establecimiento de arresto indicado en la orden en donde ella quedará detenida[62].

b.3.- La detención preventiva:
El código de procedimiento penal[63] establece que la persona en examen[64] permanece en libertad, salvo en razón de las necesidades de la instrucción, o a título de medidas de seguridad; casos en los cuales puede ser sometida tanto al "control judicial" como, y sólo a título excepcional, ser puesta en detención preventiva. Tanto es así, que el juez de instrucción no debe fundamentar su decisión de no poner en detención preventiva a la persona investigada ante el pedido del procurador de la República (la misma solución se aplica con relación a la solicitud de prolongar o mantener a la persona bajo detención preventiva o en los casos de requisitorias tendientes al control judicial). En esos casos el procurador podrá recurrir, en el término de diez días a la Cámara de acusación.
Si bien estas medidas son principalmente prerrogativa del juez de instrucción, la puesta en detención antes del juicio puede ser ordenada, en ciertos casos, tanto por la Cámara de acusación, como por el tribunal correccional o por su presidente.
En caso de que sea ordenada por el juez de instrucción, éste puede poner en detención a una persona mise en examen por un crimen; o en materia correccional, cuando la pena de prisión sea superior a un año en caso de delito flagrante, y superior a los dos años en los demás casos; y cuando, finalmente, las obligaciones del "control judicial" no sean suficientes, lo cual permite al juez de instrucción ordenar o prolongar la detención provisoria[65].
La ordenanza del juez de instrucción debe ser motivada. Dicha motivación debe fundarse en la circunstancia que sea el único medio de conservar las pruebas o los indicios materiales, o en impedir alguna presión sobre los testigos o las víctimas, o a los efectos de evitar un acuerdo fraudulento entre la persona bajo examen y las que no lo están; o en que dicha detención sea necesaria para proteger la persona a la que atañe, o para poner fin a la infracción o prevenir que vuelva a ser cometida[66], o para garantizar la presencia de la persona imputada a disposición de la justicia; o cuando la infracción, en razón de su gravedad, de las circunstancias de su comisión o de la importancia del perjuicio que de ella se desprende, provoque un disturbio o trastorno al orden público, excepcional y persistente, siendo la detención provisoria el único modo de ponerle fin al mismo[67]. En este sentido, una reciente modificación al ordenamiento procesal, que entrara en vigencia a principios de 1997[68] exige que en los fundamentos se deba, además, expresar el carácter de insuficiente de las medidas establecidas en el “control judicial”, como puede ser el caso de la persona que se sustrae al cumplimiento de las mismas.
El juez que está considerando poner en detención a una persona, le debe avisar que tiene derecho a disponer de un término para realizar su defensa[69]. Si la persona no se encuentra asistida por un abogado defensor, se le debe avisar que tiene derecho a elegir un abogado o a contar con un abogado de oficio. Se lleva adelante una audiencia contradictoria, en el curso de la cual se atienden las requisitorias del ministerio público, del investigado y de sus abogados. Si la persona imputada solicita un plazo para su defensa, el juez no puede ordenar la puesta en detención de la persona de inmediato.
Sólo en estos casos puede, mediante una ordenanza motivada en referencia a las disposiciones que recientemente hiciéramos referencia (la cual no es susceptible de apelación), disponer el encarcelamiento de la persona por una duración determinada que no puede en ningún caso exceder los cuatro días. En cuyo plazo debe hacer comparecer nuevamente a la persona detenida, y estando acompañada o no por su abogado, disponer una audiencia contradictoria, luego de la cual ordena o no su detención. Si no la ordena, la mencionada persona debe ser puesta en libertad de oficio. El plazo del encarcelamiento provisorio es computable con el de la detención preventiva.
La duración de la detención provisoria varía según la naturaleza de la infracción. Sin embargo, además de preverse plazos expresos, la ley 96-1235 del 19 de diciembre de 1996 ha incorporado una disposición al ordenamiento procesal[70] en la cual se expresa que la detención preventiva no puede exceder una duración razonable, en vista a la gravedad de los hechos reprochados y a la complejidad de la investigación necesaria a los fines de la averiguación de la verdad. Establece también que el juez de instrucción debe ordenar inmediatamente la libertad de la persona sometida a detención preventiva, cuando las condiciones que la motivaron dejaron de existir.
En materia correccional la detención no puede exceder los cuatro meses, los cuales pueden ser prolongados por igual plazo, por intermedio de otra decisión motivada en tal sentido. Si la persona investigada no ha sido anteriormente condenada por un crimen o delito de derecho común, sea a una pena criminal, o a una pena de prisión de un año sans sursis, y no se encuentra amenazada por una pena superior a cinco años, la prolongación no puede ser ordenada más que una vez y por un tiempo máximo de dos meses[71].
En el resto de los casos, la persona no puede ser mantenida en detención por más de ocho meses[72]. De todas formas, a título excepcional, el juez de instrucción puede decidir prolongar la detención por un plazo de cuatro meses, mediante una audiencia contradictoria. Esta decisión no puede ser renovada cuando la pena con que se amenaza la infracción es inferior o igual a cinco años de prisión. Cuando la pena es superior a dicho plazo, esta decisión puede ser renovada mediante la celebración de audiencias contradictorias. Cuando la pena es inferior a diez años, la persona no puede permanecer en detención por más de dos años[73].
Por otro lado, en materia criminal, la persona investigada no puede ser mantenida bajo detención más de un año. Sin embargo, vencido dicho plazo, el juez de instrucción puede prolongar la detención por una duración que no puede ser superior a seis meses[74].
Por otra parte, el juez puede disponer la incomunicación de la persona puesta bajo detención preventiva por un plazo de diez días, decisión que puede ser renovada, pero solamente por diez días más[75].
Durante toda la instrucción el juez puede disponer la libertad del imputado. De la misma manera puede solicitarlo el procurador, la misma persona detenida o su abogado.
La detención puede ser ordenada por la Cámara de acusación[76] cuando revoca una ordenanza de puesta en libertad dictada por el juez de instrucción al ser apelada por el ministerio público; cuando otorga un mandato de arresto, por ejemplo en el caso en que el procurador de la República haya requerido una detención y el juez de instrucción no la haya ordenado; en este caso, la Cámara de acusación no tiene el deber de motivar su decisión[77].
Como más adelante veremos, la detención puede ser ordenada por el presidente del tribunal correccional, cuando una persona es llevada ante éste según el procedimiento de la “comparecencia inmediata”. En tal caso, si la reunión del tribunal correccional es imposible el mismo día y si los elementos del caso parecen exigir tal medida, el procurador de la República puede llevar al imputado ante el presidente del tribunal (o el juez al que éste delegó) y requerir la puesta en detención[78]. Asimismo, si la persona citada ante el tribunal correccional en "comparecencia inmediata" no consiente en ser juzgada en ese momento, o si el caso no está en condiciones de ser juzgado, el tribunal puede enviar el caso a una próxima audiencia, la cual debe ser llevada a cabo en un plazo de entre dos y seis semanas, dentro del cual el tribunal puede poner o mantener al imputado en detención preventiva; esta decisión debe ser motivada.
Por último, distintas circunstancias, en torno de la detención, son las que ocurren en los casos en que se produce un cambio de jurisdicción en función de la naturaleza de la infracción.
Así, si el juez de instrucción estima que los hechos constituyen un delito, debe dictar, por ordenanza, el reenvío del caso ante el tribunal correccional. Dicha ordenanza pone fin, en principio, a la "detención preventiva" o al "control judicial"[79]. No obstante, está facultado a dictar otra resolución, especialmente motivada, con el objeto de mantener al imputado bajo detención preventiva o "control judicial" hasta tanto comparezca ante el tribunal. Esta última ordenanza cesa en sus efectos a los dos meses de decretada.
En caso que el juez de instrucción considere, una vez concluida la etapa instructoria, que la infracción es de naturaleza criminal, eleva los antecedentes a la cámara de acusación. El mandato de arresto extendido contra la persona mise en examen conserva su fuerza ejecutoria hasta que el imputado esté ante dicho órgano; de la misma forma, el "control judicial" conserva sus efectos.
Por último, si la Cámara de apelación (que revisó una sentencia de un tribunal correccional) anula el fallo por considerar que el caso es un crimen, además de declararse incompetente, puede librar en esa misma resolución una orden de detención contra el imputado[80].
La ejecución de la detención preventiva: Las personas sometidas a detención preventiva cumplen dicha privación de libertad en una “casa de arresto”[81]. Existe una de ellas ante cada tribunal de la gran instancia, Corte de apelaciones o Corte de assises. El juez de instrucción, el presidente de la cámara de acusación y el presidente de la corte de assises, así como el procurador de la República y el procurador general, pueden dar todas las órdenes que sean necesarias, sea para la instrucción, sea para el juicio, y que deban ser ejecutadas dentro de la prisión. Dentro de las condiciones de ejecución, se puede destacar que expresamente se establece que todas las comunicaciones y facilidades compatibles con las exigencias de la disciplina y la seguridad de la prisión son acordadas para el ejercicio de sus defensas[82].
Por otra parte, el código procesal penal establece una sección[83] a los efectos de la indemnización en los casos de la detención preventiva. Así, una indemnización puede ser acordada a la persona que ha sido objeto de una detención preventiva, cuando el curso del procedimiento pone fin a su respecto por un sobreseimiento o absolución de sobreseimiento, libertad, o absolución definitiva, o cuando dicha detención le ha causado un perjuicio[84].

b.4.- Medidas sobre el patrimonio:
Cauciones y constitución de seguros: el juez de instrucción o el presidente del tribunal correccional pueden ordenar al acusado que justifique contribuir a las cargas familiares o que pague regularmente las pensiones y alimentos que ha sido condenado a pagar; de constituir cauciones personales destinadas a garantizar los derechos de la víctima[85].
Las cauciones garantizan la representación de la persona a todos los actos del procedimiento y el pago de la reparación de los daños causados por la infracción, además de la multa[86].
Otras medidas de carácter real: Otras medidas pueden ser dictadas antes del enjuiciamiento, por el juez de instrucción o por los agentes especialmente habilitados, en aplicación de textos especiales por infracciones particulares: por ej. retención del permiso de conducir e inmovilización del vehículo por conducir en estado de ebriedad[87], interrupción del trabajo por construcción irregular[88], o la clausura del establecimiento por proxenetismo[89].


IV.- DESARROLLO DEL PROCESO:
a.- Etapa preparatoria:
Cronológicamente el procedimiento penal francés se halla dividido en tres fases: en primer lugar, la pesquisa o investigación sumarial y la persecución (sumario de prevención)[90], luego eventualmente la instrucción y finalmente el enjuiciamiento.

a.1.- Investigación sumarial y persecución:
El objeto de esta fase es la indagación y búsqueda de elementos que puedan servir como base a una persecución penal. Es de carácter secreto y no contradictorio. Sus principales actores son la policía judicial y los representantes del ministerio público. Es posible distinguir, en esta etapa, dos tipos de investigación: la investigación preliminar y la investigación de flagrancia.
Una infracción (crimen o delito) es flagrante cuando está siendo cometida o acaba de cometerse, o cuando en un tiempo muy cercano a la acción, la persona sospechosa es perseguida por el clamor público, o es encontrada en posesión de objetos, o presente rastros o indicios que puedan hacer pensar que ha participado en el crimen o en el delito[91]
En caso de un crimen o delito flagrante, el oficial de la policía judicial que es avisado debe informar inmediatamente al procurador de la República, y trasladarse sin demora al lugar del crimen y proceder a todas las constataciones útiles. Debe velar por la conservación de los indicios susceptibles de desaparecer y de todo aquello que pueda servir a la manifestación de la verdad. Debe retener las armas e instrumentos que sirvieron a la comisión del crimen o que estuvieron destinados a su comisión. Existe una especial advertencia y preocupación en la conservación de la escena de los hechos en investigación. Corresponde aclarar que, en el caso de que el procurador de la República se hiciera presente, en el lugar de los hechos, el oficial de la policía judicial queda relevado de su autoridad, ya que ésta es de competencia originaria del procurador[92].
Asimismo, la policía judicial se encuentra facultada a trasladarse al domicilio de las personas sospechosas de participar en el crimen a los efectos de realizar una pesquisa (entre las 6 y las 21 hs.) sobre la documentación que tuviera relación con el hecho, siempre que se halle presente una persona del lugar en investigación (en caso contrario se debe convocar testigos al efecto) y que se resguarde en todo momento el derecho de defensa. Los objetos secuestrados deben ser inventariados y sellados, y el oficial de la policía judicial puede retenerlos siempre que medie acuerdo del procurador de la República. El incumplimiento de las formalidades de estos procedimientos se encuentra sancionado expresamente con la nulidad de los mismos[93].
Por otra parte, el oficial de la policía judicial puede llamar y escuchar a todas las personas susceptibles de suministrar información sobre los hechos o sobre los objetos y documentos secuestrados. La asistencia de las personas convocadas es obligatoria. Si las mismas no cumplieran con dicha obligación, el procurador de la República puede ordenar su comparecencia a través de la utilización de la fuerza pública[94]. Entre las personas citadas, pueden encontrarse también las personas sospechosas de haber cometido el hecho. A diferencia de lo que sucede en el curso de la instrucción realizada por el juez de instrucción, los testimonios brindados no pueden serlo bajo juramento de decir verdad, en razón de que los culpables o sospechosos pueden figurar entre las personas escuchadas[95].
A su vez, el oficial de la policía judicial puede, en caso de que las necesidades de la investigación lo requiera, retener a su disposición a aquellas personas sospechosas de la comisión del hecho (asimismo, la mencionada facultad de arresto es autorizada a toda persona –siempre, claro está, que se esté ante un crimen o delito flagrante-[96], debiendo informar inmediatamente al procurador de la República. Estas personas demoradas (gardées à vue) no pueden estar retenidas más de veinticuatro horas. Plazo éste, que puede ser prolongado por otras veinticuatro horas bajo autorización escrita del procurador de la República, la cual puede estar subordinada a la presentación previa del retenido[97].
Toda persona retenida bajo estas condiciones debe ser informada por un oficial de la policía judicial de los derechos que le asisten[98]:
a.- realizar un llamado telefónico a una de las personas con las que conviva habitualmente o a uno de sus parientes en línea directa, o a uno de sus hermanos o hermanas o a su empleador. En caso de creerlo inconveniente, es el procurador de la República quien decide sobre su realización;
b.- ser examinada por un médico (asimismo este examen puede ser ordenado de oficio por el procurador de la República, o a solicitud de un familiar de la persona retenida);
c.- entrevistarse con un abogado por él designado o por uno designado de oficio, luego de que hayan transcurrido veinte horas del comienzo de la detención (plazo que puede ser de treinta y seis horas en caso de algunos delitos en particular, o setentidós en casos excepcionales). En la mencionada entrevista, que no puede prolongarse por más de treinta minutos, debe garantizarse su confidencialidad. El abogado debe ser informado sobre la naturaleza de la infracción en investigación;
d.- ser advertido de los plazos antes mencionados.
Por último, si el oficial de la policía judicial deja constancia en un acta de las manifestaciones que realizara la persona retenida, debe dejar expresa constancia tanto de la duración de los interrogatorios a los que fue sometido, como de los descansos que separaron cada uno de éstos.
Los oficiales y agentes de la policía judicial pueden, asimismo, proceder a realizar una investigación preliminar bajo las instrucciones del procurador de la República[99].
En tal sentido, tanto las pesquisas, como las visitas domiciliarias y los secuestros que se realicen deben ser efectuados bajo expreso consentimiento de la persona sobre la cual la operación tiene lugar[100].
En el caso de que mantenga en detención a una persona sospechosa, idénticas disposiciones que las que se mencionaran unas líneas más arriba deben ser adoptadas. Finalizada dicha detención, la persona debe ser puesta en libertad o conducida ante el magistrado[101].

a.2.- Instrucción preparatoria:
La instrucción tiene por objeto colocar el hecho en averiguación en estado de ser juzgado. Así, la apertura de una instrucción preparatoria es obligatoria en materia de un crimen, salvo alguna disposición especial; y facultativa en materia de delito; mientras que la misma puede tener lugar en materia de contravenciones si el procurador de la República así lo requiere[102].
El objeto de la instrucción es principalmente recoger las pruebas de la comisión de una infracción, descubrir a su autor si éste es desconocido, o verificar si se encuentra fundada la acusación que pesa sobre una persona determinada. La instrucción debe permitir al juez decidir enviar a juicio a la persona “puesta en examen”. A título complementario, puede preparar la determinación de la pena, al reunir las informaciones concernientes sobre la personalidad del acusado. En definitiva, su actividad está concentrada, tal como señala el código de procedimientos, en torno de uno de los pilares centrales de todo esquema inquisitivo: la manifestación de la verdad[103].
El juez de instrucción no puede instruir sino en virtud de una requisitoria del procurador de la República. Así, si la noticia de una infracción es puesta en conocimiento del juez, sea por una querella de la parte civil que se constituye a tales efectos, sea por otra vía, éste debe comunicar inmediatamente al procurador de la República dicha denuncia, a los efectos de que realice o no el requerimiento introductorio[104]. Esta requisitoria fija los límites precisos sobre los cuales debe versar la actuación del juez de instrucción. En caso de la aparición de nuevos hechos, éstos deben ser comunicados al procurador a los efectos de que realice una requisitoria suplementaria.
La querella a la que hiciéramos referencia, es aquella que presenta toda persona que se encuentra lesionada por un crimen o delito a los efectos de su constitución ante el juez de instrucción como parte civil del proceso. La mencionada constitución puede tener lugar en todo momento de la instrucción. Su denegatoria es apelable. Una vez constituida, debe depositar una caución a los efectos de garantizar que la demanda interpuesta no ha sido ni abusiva, ni dilatoria; lo cual puede originar una multa de hasta 100.000 francos. En sentido coincidente, en caso de que su demanda sea desestimada, la persona imputada puede demandarlo por los daños y perjuicios ocasionados por el planteo formulado[105].
El juez de instrucción ejerce tanto las funciones que implican su poder de investigación (en persona o a través de la intermediación de un oficial de la policía judicial que requiere a tal efecto), como sus funciones jurisdiccionales, propias de las medidas de coerción.
Así, una persona no puede ser arrestada más que por orden del juez de instrucción (o del presidente de la Cámara de acusación), la cual debe ser notificada y ejecutada por un oficial o agente de la policía judicial o por un agente de la fuerza pública que lo hace mediante la exhibición de una copia a la persona, o en caso de urgencia a través de cualquier otro medio[106]. A título de excepción, en caso de crimen flagrante, y si aún el juez de instrucción no ha tenido intervención, el procurador de la República puede librar un mandat d'amener contra toda persona sospechada de haber participado en la infracción[107]. La que consiste en una orden de conducir inmediatamente a una persona ante su presencia. La persona arrestada en virtud de este mandato (sea expedido por el juez de instrucción, sea por el procurador de la República) debe ser interrogada inmediatamente por el juez. En caso que el interrogatorio no puede ser llevado a cabo de inmediato, la persona arrestada puede ser retenida en un establecimiento penitenciario[108] durante un máximo de 24 horas[109].
Por otra parte, tal como hemos visto más arriba, es al juez de instrucción a quien le compete el dictado de las medidas de coerción centrales en el transcurso de esta fase del procedimiento: el control judicial y la detención preventiva.
Asimismo, es quien realiza una primera forma de acusación, a través de una puesta en examen de la persona en contra la cual existen indicios que permiten presumir que ha participado, como autor o cómplice, en los hechos en averiguación[110].
Dicha puesta en examen resulta ser del interrogatorio de primera comparecencia[111], sea ésta a través de una carta certificada, o de una notificación realizada por un oficial de la policía judicial (se debe hacer constar los hechos que provocan la mencionada citación y la calificación jurídica de los mismos. Igualmente, se debe especificar el derecho de ser asistido por un abogado de su elección, o uno de oficio); o de la expedición de algunas de las órdenes de comparecencia, arresto o detención[112].
Es de resaltar que las partes no pueden ser escuchadas, interrogadas o confrontadas, sino en presencia de sus abogados (a menos que ellas renuncien expresamente a dicho derecho); los cuales deben ser convocados al menos cinco días hábiles antes de la audiencia. El expediente puede ser consultado por éstos a lo largo de los cuatro días hábiles anteriores al acto, a partir del cual las actuaciones dejan de ser secretas para las partes[113].
En oportunidad de la primera comparecencia del imputado, el juez de instrucción constatará la identidad de la persona, a quien le hará saber expresamente cada uno de los hechos en su contra y por los cuales ha sido puesto en examen, así como la calificación jurídica de los mismos. Luego de ello, y previa presencia del abogado defensor (quien puede comunicarse con su asistido) –a menos que se renuncie a ella-, procede a interrogarla, dejando asentado sus manifestaciones en un acta. Debe informarle su derecho de formular sus peticiones en cuanto las medidas que considera pertinentes, como solicitar las anulaciones de las actuaciones viciadas en su procedimiento. La declaración no puede ser prestada bajo juramento; tanto es así que una expresa norma del procedimiento impide tener como simples testigos a aquellas personas en contra de las cuales existen indicios graves y concordantes de culpabilidad. Al acto puede asistir el procurador de la República y la parte civil, quienes pueden formular preguntas, al igual que el abogado defensor, previa autorización del juez de instrucción[114].
Tal como señaláramos anteriormente, el juez de instrucción es el director de ciertos actos de investigación y de instrucción. En virtud de los cuales se encuentra facultado a trasladarse al lugar que estime conveniente a los efectos de realizar las constataciones que correspondan[115]. Las partes pueden presentar una solicitud escrita y motivada de diligencias. En el término máximo de un mes esta demanda debe ser proveída por el juez de instrucción mediante una providencia motivada, la cual es apelable[116].
Como mencionáramos, en caso de que las averiguaciones se realicen en el ámbito de un domicilio, sea el de una persona puesta en examen o no, éstas deben realizarse en presencia de una persona del domicilio a allanar, o de testigos convocados a dicho efecto[117]. Estas averiguaciones sólo pueden ser realizadas a toda hora del día y de la noche, en lugares determinados por la ley a los efectos de la investigación y constatación de determinadas infracciones como, por ejemplo, la del tráfico de estupefacientes[118]. Por otra parte, ciertos allanamientos no pueden ser realizados sin la autorización y control del presidente del tribunal de gran instancia, como ser los concernientes a la investigación y constatación de las infracciones económicas[119], fiscales[120], aduaneras[121], bursátiles[122], e igualmente, en los casos de trabajo clandestino[123] y de doping deportivo[124]. Asimismo, ciertos lugares están especialmente protegidos con mayores formalidades; entre ellos: los locales de los medios de comunicación, y las oficinas de médicos y abogados[125].
Entre otras de sus facultades, puede ordenar el secuestro de todas aquellas piezas y objetos útiles a la manifestación de la verdad, especialmente el objeto de la infracción y los bienes e instrumentos que hayan servido a su comisión, o que su divulgación puedan entorpecer la investigación. Los mencionados objetos deben ser inventariados y sellados[126]. Igualmente, puede ordenar la interceptación de la correspondencia y de las conversaciones telefónicas, en caso de que la pena incurrida sea igual o superior a dos años de prisión. Decisión que debe asentarse por escrito (no siendo susceptible de apelación) y que puede tener una duración máxima de cuatro meses. Los registros, que deben ser transcriptos en sus partes útiles a través de un acta, deben ser destruidos una vez que transcurrió el plazo de prescripción de la acción pública de la infracción de que se trate[127].
Entre los actos de instrucción, la audiencia de testigos y los exámenes periciales ocupan un rol central a los fines de esta fase. En tal sentido, las personas susceptibles de reunir los elementos útiles sobre los hechos o la personalidad del sospechoso pueden ser escuchadas por un oficial de la policía judicial o por el juez de instrucción, según sea el caso. Así, si bien los testigos citados por la policía en el transcurso de la investigación no están obligados a deponer, los que fueran citados por el juez se encuentran obligados a hacerlo bajo juramento (salvo los casos de secreto profesional). Son escuchados separadamente y fuera de la presencia de la persona bajo examen[128]. Corresponde señalar que, las personas mencionadas en la querella presentada en la constitución de la parte civil o por la requisitoria del procurador de la República pueden ser escuchadas como testigos, no obstante lo cual ellas se benefician, en tal caso, con los derechos reconocidos a las personas bajo examen. Estas personas son llamadas “testigos asistidos”[129].
En toda jurisdicción de instrucción o de enjuiciamiento, en el caso de que sea necesario responder a una pregunta de orden técnico, se puede ordenar una pericia, tanto a solicitud de algunas de las partes (en caso que el juez de instrucción no hiciera lugar a la solicitud debe dictar una providencia motivada en tal sentido, la cual es apelable) como de oficio[130]. Este examen, en principio, no es contradictorio. Salvo circunstancias particulares que justifiquen la designación de varios peritos, el juez designa un único perito (de una lista confeccionada por la Corte de Casación) impartiéndole sin demora cumplir su misión, debiendo éste -con posterioridad- remitir un informe en el que debe constar las operaciones que realizó y sus conclusiones. Informe que debe ser notificado a las partes, las cuales pueden demandar la realización de una “contrapericia”[131]. Su desestimación es apelable.
Es a la cámara de acusación a quien le compete entender a los efectos de la anulación de algún acto o alguna pieza del procedimiento llevado a cabo por el juez de instrucción, por el procurador de la República o por las partes. Es nulo todo acto por el cual se desconozca toda forma substancial prevista por una disposición del código o toda otra disposición del procedimiento que atente a los intereses de la parte. No obstante, bajo renunciamiento expreso de la parte se puede subsanar el desconocimiento de alguna de las formalidades substanciales a las que debería haberse sujetado el acto[132].

a.3.- Clausura de la instrucción:
Una vez que el juez de instrucción estima que la instrucción se encuentra terminada avisa a las partes y a sus abogados, quienes en un plazo máximo de veinte días, a contar del envío del aviso, pueden presentar una petición o requerimiento tanto proponiendo diligencias o pericias, como solicitando las nulidades que consideren ocurridas durante el procedimiento. Plazo que las partes pueden renunciar bajo debida constancia. Finalizado éste, el juez de instrucción remite el expediente al procurador de la República, quien en un plazo de un mes -si la persona puesta en examen está detenida- o de tres meses -en caso contrario- realiza sus requisitorias. En caso de que el juez de instrucción no recibiera ninguna requisitoria en los plazos prescriptos puede pronunciar una “ordenanza de reglamento”[133].
En tal sentido, toda persona puesta en examen o la parte civil, a la expiración de un plazo de un año a contar, según el caso, de la fecha en la cual fue examinada o del día de su constitución como parte civil, puede solicitar que el juez de instrucción se pronuncie sobre la remisión del caso ante la jurisdicción de enjuiciamiento o que dicte un auto de sobreseimiento[134]; quien en un plazo de un mes debe dictar una ordenanza en algunos de los sentidos mencionados, en caso contrario (esto es, de no cumplir el término señalado), la parte puede recurrir directamente ante la Cámara de acusación, la cual debe expedirse en un plazo no mayor de veinte días[135].
El juez de instrucción debe analizar si existe sobre la persona examinada cargos constitutivos de una infracción, determinando cuál es la calificación jurídica correspondiente. En caso que estime que los hechos no constituyen ni crimen, ni delito, ni contravención, o el autor resulta desconocido, o no existen probanzas suficientes contra la persona puesta en examen declara, por medio de una ordenanza, un sobreseimiento[136].
Si, en cambio, considera que el hecho constituye una contravención se pronuncia mediante una ordenanza enviando el caso ante el tribunal de policía. Ordenanza que subsana, en caso de existir, los vicios del procedimiento. Si entiende que los hechos constituyen un delito se pronuncia mediante una ordenanza enviando el caso ante el tribunal correccional. Pronunciamiento que, como viéramos, en principio pone fin a las medidas coercitivas respecto de la persona sospechosa. El mencionado envío debe realizarse a través del procurador de la República, quien en caso que se esté ante un delito debe asignarle al prevenido una audiencia lo más próxima posible [137].
Si el juez de instrucción estima que los hechos constituyen una infracción calificada por la ley como un crimen, ordena que el expediente y todas aquellas piezas que sirvan de convicción sean remitidas sin demora por el procurador de la República o por el procurador general ante la Corte de apelación a los efectos de proceder ante la Cámara de acusación[138].
Cada una de estas ordenanzas debe constar tanto el nombre, fecha, lugar de nacimiento, domicilio y profesión de la persona bajo examen, como la calificación jurídica imputada y los motivos –de manera precisa- que sustentan los cargos en su contra[139].

a.4.- Acusación:
En materia criminal, tal como recientemente viéramos, el expediente de instrucción es obligatoriamente transmitido a la Cámara de acusación, lo cual no implica que dicho envío excluya la posibilidad de recolectar nuevas pruebas. Por cuanto la cámara puede ordenar, no importando si es a pedido de parte o de oficio, una instrucción suplementaria[140].
Finalizadas las investigaciones que ordene (siempre que así lo haya dispuesto), o luego del estudio del expediente que le remitió el procurador, la Cámara de acusación examina si existen cargos suficientes para enviar la persona puesta en examen ante la Corte de assises, lo cual realiza siempre que considere que los hechos en contra de ella son constitutivos de un crimen[141]. Dicta, en tal caso, un auto de acusación[142], el cual debe contener, bajo sanción de nulidad, la exposición y la calificación legal de los hechos objetos de la acusación. Extiende, asimismo, una ordenanza de prise de corps contra el acusado en la cual se precisa su identidad[143], y que constituye un título u orden de detención en caso que el acusado no se presente ante la Corte de assises.
En caso contrario, si la Cámara de acusación estima que los hechos no constituyen ni crimen, ni delito, ni contravención, o si el autor permanece desconocido o si no existen cargos suficientes contra la persona puesta en examen, decreta un sobreseimiento[144].
En los mismos términos que mencionáramos en oportunidad de desarrollar el procedimiento de la clausura de la instrucción, si la cámara de acusación estima que los hechos constituyen un delito o una contravención se pronuncia en tal sentido remitiendo el caso ante el tribunal correspondiente[145].

b.- Procedimientos especiales abreviados:
Como vimos, la “investigación preliminar”, que tiene lugar como fase previa del procedimiento, se inicia tanto por denuncia de una víctima, como por constataciones de la policía (entre ellas, las infracciones flagrantes) o del ministerio público. Sin embargo, en definitiva, es el procurador de la República quien debe tomar la decisión sobre su persecución. Si así lo decide, debe optar, según la gravedad de la infracción, de qué manera pondrá en movimiento la acción penal. Únicamente solicitará que se inicie un sumario de instrucción, vía requisitoria del procurador de la República, en el caso de un crimen (o cuando se trata de menores). Fuera de esos casos (en tanto que para los delitos y las contravenciones la requisitoria de instrucción es optativa, y sólo ante casos de cierta complejidad), lo más frecuente es que se proceda, sin intervención del juez de instrucción, por vía de una “citación directa” ante el tribunal correccional o de policía.
Si bien el sistema procesal penal francés no establece ningún plazo cierto que garantice la rapidez del procedimiento[146], lo cierto es que esta citación, conjuntamente con otros procedimientos especiales que seguidamente veremos, actúan como mecanismos que aceleran las instancias por las cuales debe desarrollarse el proceso.
De esta manera, la citación directa consiste en la notificación por cédula al acusado –y a la parte civil si la hubiere- para que comparezcan ante el tribunal de enjuiciamiento. Dicha convocatoria debe cumplir ciertos requerimientos: indicar la designación del tribunal que corresponde; el lugar, fecha y hora de la audiencia; y principalmente, una información sumaria del hecho que se le imputa con indicación de la norma legal aplicable, así como su derecho de ser asistido por un abogado. Esta notificación, la cual debe ser diligenciada por ujier, debe serlo al menos diez días antes de la fecha de la audiencia (si la parte citada reside en zona metropolitana; de no ser así, el plazo se extiende hasta un plazo de dos meses –como en el caso de que la persona citada resida en el extranjero-)[147].
Esta citación puede ser dispensada en caso de que un avertissement (advertencia o apercibimiento), que puede ser realizada tanto por el ministerio público como por un oficial de la policía judicial[148], sea seguido por la comparecencia voluntaria de la persona citada. En este caso, la convocatoria debe enunciar el hecho perseguido, la ley aplicable, el día y hora de la audiencia fijada y el tribunal que corresponde entender[149].
En este sentido, este procedimiento de constitución del tribunal comienza, hoy en día en Francia, a ser uno de los más usuales[150]; conjuntamente con la “comparecencia inmediata”; y un poco más excepcionalmente, a través de una “convocatoria por acta[151]. Los que constituyen, todos ellos, en definitiva, los procedimientos por los cuales se accede a la instancia de enjuiciamiento ante el tribunal correccional[152].
La sanción de estos mecanismos abreviados ha recorrido un largo camino. Inicialmente, una ley de 1863 autorizó al agente fiscal, en caso de delito flagrante, a mantener en custodia al acusado y presentarlo inmediatamente para ser juzgado al tribunal correccional. En 1975, se creó una variante, la que fue denominada rendez-vous judiciaire, que permitía la citación a comparecer en fecha fijada por el fiscal y sin necesidad de mantenimiento en custodia. Por una ley de 1981 se permitió el procedimiento rápido para casos de delitos no flagrantes, pero ya elucidados. Finalmente, en 1983 se reglamentaron dos variantes: la “convocatoria por acta” y la “comparecencia inmediata”. Las cuales sufrieran ciertas modificaciones por leyes dictadas en 1993 y 1995.
En estos dos últimos casos, el representante del ministerio público utiliza un procedimiento rápido para impulsar la acción pública al estimar que una citación rápida o inmediata ante el tribunal se impone. En el primero de los casos, el individuo imputado se encuentra arrestado por la policía en razón de una infracción flagrante (cuya pena es de naturaleza correccional) y ha sido llevado en presencia del procurador de la República; mientras que en el otro la persona se halla mantenida preventivamente privada de su libertad (garde à vue) en el marco de una “investigación preliminar”[153].
La “convocatoria por acta” permite al procurador invitar, mediante un mecanismo más simple que la cédula de la citación directa, a la persona que ha sido llevada ante su presencia, a comparecer ante el tribunal (conservando su libertad) en un plazo que no puede ser inferior a diez días, salvo renuncia expresa en tal sentido, ni superior a los dos meses. Está facultado, el procurador de la República, a someter al prevenido hasta su comparecencia ante el tribunal a una o más de las obligaciones del control judicial[154]. En la práctica, los fiscales citan por intermedio de la policía para que el imputado concurra en día y hora determinado a la fiscalía a notificarse y en ese momento se hace el acta informándole los hechos y el día y hora de la audiencia.
El procedimiento de la “comparecencia inmediata” puede ser aplicado tanto en el caso de un delito no flagrante (cuya pena máxima de prisión prevista por la ley sea al menos igual a dos años sin exceder los siete), como ante un delito flagrante (se reduce el mínimo de dos años a un año). Lo que ocurre cuando el procurador de la República entiende que los cargos reunidos son suficientes y que el caso se encuentra en estado de ser juzgado, por lo que cita al prevenido (retenido en los términos de garde a vue) ante el tribunal, a los efectos de que éste se reúna inmediatamente a los efectos de juzgar el hecho traído a su conocimiento.[155]
En realidad, este procedimiento posee como uno de sus fines el encarcelamiento preventivo de la persona imputada. Si en el momento en que el acusado es llevado ante el fiscal no es posible la reunión del tribunal de enjuiciamiento, el procurador de la República puede acudir al presidente del tribunal o a un juez delegado por él ante quien se realiza un procedimiento breve y contradictorio con asistencia del defensor, interrogatorio del inculpado y una breve encuesta de personalidad si es necesario, para decidir sobre la prisión preventiva requerida. Esta providencia, en caso de ser decretada, no es susceptible de apelación y se mantiene hasta la constitución del tribunal (que debe realizarse en un plazo máximo de dos meses). De no considerarse la necesidad de dicha medida de coerción, se procede según las reglas de la “convocatoria por acta”.[156]
Constituido el tribunal por alguna de estas dos vías se procede al enjuiciamiento, siempre y cuando el tribunal considere que el expediente está completo y el acusado admita la realización de éste, ya que está facultado a solicitar un plazo a los efectos de preparar su defensa. En caso contrario, caben tres especies de decisiones: mantener del decreto de prisión preventiva o del control judicial; realizar una instrucción complementaria encomendada a un integrante del tribunal o a un juez de instrucción; o reenviar el caso al fiscal para que dé intervención al juez de instrucción por tratarse de un caso complejo.[157]
Por último, si la infracción es una contravención, el tribunal de policía se constituye tanto por un envío que realiza la jurisdicción de instrucción, como por una comparecencia voluntaria (previo apercibimiento de un agente del ministerio público o del oficial de la policía judicial), o una citación directa al prevenido[158].

c.- Etapa de juicio:
El objeto de la fase de juicio es pronunciarse sobre la responsabilidad del acusado, en virtud de las pruebas reunidas y del debate desarrollado en una audiencia, y sobre la pena, en vista de la personalidad del acusado y de las circunstancias de la infracción.

c.1.- Procedimiento preparatorio:
En materia criminal, una vez recibido por la Corte de assises el auto de acusación dictado por la cámara de acusación, deben realizarse ciertos actos a los efectos de preparar la audiencia de debate en donde se celebra la audiencia propiamente dicha.
Si el presidente de la corte entiende que la instrucción se encuentra incompleta, ordena todos los actos de información que estime útiles[159]. Una vez realizados, si es que ha sido necesario, debe notificar la acusación al acusado, quien debe asistir ante el presidente de la corte a los efectos de ser interrogado[160]. En caso de encontrarse en libertad, debe presentarse en detención a dicho fin; si no se presenta voluntariamente, el auto de prise de corps es ejecutado con el objeto de lograr su comparecencia[161]. El interrogatorio tiene como finalidad la de cerciorarse que el acusado ha recibido la notificación del auto por el que se lo acusa y, asimismo, que se encuentra asistido jurídicamente. Luego de éste, el debate debe tener lugar en un plazo máximo de cinco días[162]. Si, en cambio, el acusado no puede ser hallado, el proceso continúa bajo el procedimiento de contumacia[163]. Éste, no es más que una ordenanza por la cual, al declararlo rebelde, permite suspender sus derechos ciudadanos, y secuestrar sus bienes durante el período de contumacia[164].
Previo a la celebración del debate, veinticuatro horas, todas las partes constituidas ante la corte deben proporcionar tanto la lista de los testigos, como la de peritos que proponen a los efectos de que sean escuchados en la audiencia. Cabe destacar que, la lista que presenta el ministerio público debe estar a disposición de las otras partes por lo menos cinco días antes de la apertura del debate.

c.2.- Debate:
Los debates son públicos, a menos que la publicidad de los mismos ponga en peligro el orden o la moral pública. No pueden ser interrumpidos, debiendo continuar hasta que tenga lugar el fallo[165]. En determinados casos, el presidente de la corte puede ordenar un registro sonoro de la audiencia.
Tanto en materia criminal como correccional, el presidente de cada uno de los tribunales correspondientes posee un rol predominante en la dirección del debate. Es él quien ostenta el poder de policía y la dirección del debate, quien informa a los jurados sus deberes (en el caso de un crimen), y quien interroga al acusado y a los testigos. Se encuentra revestido de un poder discrecional en virtud del cual, “en razón de su honor y su conciencia”, puede tomar todas las medidas que crea útiles a los fines de descubrir la verdad[166]. En este sentido, si algunos de los vocales o de los jurados de la Corte de assises desea realizar alguna pregunta al acusado o a algún testigo, debe solicitar autorización al presidente del tribunal. Idéntica autorización deben realizar las partes[167]. Asimismo, si bien las partes están facultadas para realizar proposiciones, la providencia de las mismas son resueltas por el presidente, cuya decisión es irrecurrible. Por todo ello, fácil es advertir como un rol tan protagónico eclipsa los intentos de teñir, al procedimiento procesal penal francés, de alguna de las características propias de un sistema acusatorio.
En la audiencia, la presencia del abogado defensor es obligatoria en materia criminal (en cambio, es facultativa ante un tribunal correccional –sólo es obligatoria cuando puede estar comprometida su defensa- o de policía[168]). El acusado comparece libre (sólo custodiado por guardias). Es interrogado, luego de escuchar con atención la lectura de la acusación, por el presidente del tribunal.
En la jurisdicción correccional, cuando el acusado esté citado por una infracción pasible de una pena de multa o de prisión inferior a dos años puede solicitar ser juzgado en su ausencia. Cualquiera sea el caso en el cual se resuelva dicha solicitud, el juicio no pierde su carácter contradictorio[169].
En cuanto a la producción y discusión de las pruebas, es el presidente del tribunal quien establece el orden en que van a ser escuchados los testigos en el debate. Si bien el ministerio público y las partes pueden oponerse a la declaración de un testigo, la decisión final sobre dicha oposición estará en cabeza del presidente de la corte. Los testigos, quienes deben prestar juramento (salvo familiares directos o menores de 16 años)[170], pueden declarar únicamente respecto de los hechos reprochados al acusado o de su personalidad o moralidad[171]. Una vez que terminaran su declaración pueden ser interrogados por el presidente del tribunal, y luego de ello por las partes. En caso que un testigo tenga que declarar en virtud de una obligación legal o a su propia iniciativa sea que trae los elementos al conocimiento de la justicia, el presidente debe advertir esta circunstancia a la corte de assises[172]. La advertencia sobre la posibilidad de la parcialidad del testigo encuentra mayor protección en el caso de que al testigo pueda corresponderle una recompensa pecuniaria: si algunas de las partes objeta que brinde su testimonio, éste no podrá declarar[173].
Es un criterio genérico que las pruebas, para ser admitidas, deben haber sido reunidas en las condiciones que prevé la ley, sin atentar contra los derechos de defensa. En materia correccional, expresamente se prevé que las infracciones pueden ser establecidas por todo medio de prueba[174]. Asimismo se establece que las actas y reportes por los que se constatan delitos no valen más que como indicios[175].
Una vez que la instrucción de la audiencia ha terminado, la parte civil y su abogado son escuchados. Luego de lo cual, el ministerio público realiza su alegato; para que, posteriormente, el acusado y su abogado defensor presenten su defensa. La réplica a las partes acusadoras están permitidas, sin embargo, la última palabra siempre es derecho del acusado y su abogado[176].
En el caso de un enjuiciamiento criminal, atento que en éste participan jurados populares, se prevé un procedimiento de clausura del debate y de lectura de preguntas que la corte y el jurado deben responder[177].
Una vez concluido los alegatos, el presidente del tribunal declara terminado el debate y realiza las preguntas que recientemente mencionáramos, siempre que sea necesario. Ya que, dicha lectura no es obligatoria cuando las preguntas fueron propuestas dentro de los términos de la acusación, o si el acusado o su defensor renuncian a ella. La pregunta central a responder es si el acusado es culpable de haber cometido el hecho. A tal fin, debe realizarse una pregunta por cada uno de los hechos sujetos de acusación, como de cada una de las circunstancias agravantes, o de las causas legales de exención o de disminución de pena. Si del debate resulta una o varias circunstancias agravantes, no mencionadas en el auto de elevación, el presidente formula preguntas especiales en relación a ellas. De la misma manera debe proceder si resulta otra la calificación legal a aplicar.
Por último, se torna necesario realizar algunas precisiones sobre el procedimiento de enjuiciamiento ante el tribunal de policía. Éste, juzga las contravenciones por un procedimiento contradictorio ordinario, o por un procedimiento simplificado d’ordonnance pénale.
En el primero de ellos, la audiencia contradictoria, la principal diferencia con el procedimiento propio del régimen correccional, está en cuanto que las contravenciones pueden ser probadas por medio de actas o reportes, y en caso de no contar con éstos, por testimonios.[178]
Por su parte, la “ordenanza penal” es dictada sin debate alguno, según los elementos con que cuenta el expediente.[179]

c.3.- Decisión:
En materia criminal, la Corte de assises se reúne y delibera, una vez clausurado el debate y leída las cuestiones a decidir, hasta que arribe a una decisión sobre éstas. La corte y el jurado deliberan votando a través de votos escritos (los cuales deben manifestarse por el “si” o por el “no”) y de escrutinios distintos y sucesivos por cada una de los interrogantes a responder. El presidente controla, en cada caso, el resultado del escrutinio. Toda decisión desfavorable al acusado se conforma con una mayoría de al menos ocho votos.[180]
Ante esta circunstancia, esto es, atribuida la culpabilidad al acusado, se realiza una segunda deliberación. Ésta es en torno a la pena que debe corresponder. Esta segunda decisión se conforma a mayoría absoluta de los votantes. Sin embargo, el máximo de la pena privativa de libertad que corresponda no podrá ser aplicada, sino es con una mayoría de ocho votos. Si no se obtiene la mayoría sobre alguna de las penas, se descarta la mayor, realizándose una nueva votación hasta tanto se alcance una decisión definitiva. En caso que se aplique una pena de naturaleza correccional, la mayoría de la Corte de assises puede decidir que la misma se cumpla a condición del cumplimiento de una prueba.[181]
Claro está que la corte también puede decidir sobre la inocencia del acusado, o sobre alguna causal de exención de pena.
Una vez que la corte arribó a una solución, se constituye en la sala de audiencia donde el presidente del tribunal da lectura a las respuestas sobre cada una de las cuestiones.
En materia delictual o contravencional el fallo es leído al finalizar el debate, salvo que se fije otra fecha, la cual debe ser informada en ese momento a las partes. La sentencia debe contener los motivos de la decisión sobre la responsabilidad del acusado (sea condenatoria o absolutoria). No obstante, la lectura con posterioridad del debate puede contener únicamente la parte dispositiva, esto es, las infracciones por las cuales la persona citada es declarada culpable y sus normas aplicables. En caso que el enjuiciamiento de una contravención sea realizado por medio de una “ordenanza penal”, la sentencia tiene lugar sin debate alguno, no siendo necesaria su motivación[182].
En cuanto a la declaración sobre la pena, uno de los puntos a destacar es que el tribunal puede dispensar la pena, en caso de que haya considerado que el acusado es responsable, si éste ha reparado el resultado de su infracción. Esta dispensa puede ser pronunciada bajo una condición, o bajo una conminación de cumplir alguna obligación, o, finalmente, bajo la puesta a prueba de la persona sentenciada. De no dispensarlo, el tribunal dicta la pena (la cual puede ser de cumplimiento efectivo o condicional)[183]. En caso que la pena sea de cumplimiento efectivo, ésta debe estar especialmente motivada[184].
En materia contravencional, sólo en los casos de las contravenciones de 5ª clase, el juez puede condenar por alguna otra pena que no sea la multa, como ser la confiscación o la inmovilización del vehículo, o la restricción de ciertos derechos.

d.- Recursos:
Sólo ciertos actos de instrucción y ciertas decisiones de las jurisdicciones de enjuiciamiento pueden ser objeto de un recurso. Los actos de investigación preliminar y de persecución poseen un poder discrecional, sólo pueden ser anulados por desconocimiento de las formalidades prescriptas por el ordenamiento procesal. En su oportunidad, hemos señalado ante qué casos la Cámara de acusación entendía en revisión de los actos llevados a cabo por el juez de instrucción.
En cuanto a los recursos contra las jurisdicciones de enjuiciamiento, dos tipos de recursos pueden ser distinguidos: las vías de retractación que permiten el reexamen de una decisión dictada no contradictoriamente por una misma jurisdicción, y las vías “reformatorias”, que permiten el reexamen de una decisión por una jurisdicción superior. Entre las primeras de ellas podemos mencionar el recurso de “oposición” (contra la “ordenanza penal”, y contra el enjuiciamiento en ausencia, y consiguientemente, contra la rebeldía. Este recurso debe ser presentado a los diez días, en el caso de la “ordenanza penal”, y a los treinta días, en los restantes, de la notificación del fallo[185]). Las vías de reforma son: el recurso de apelación (el cual no presenta mayores detalles a destacar que, tal como dijéramos, permite recurrir todo fallo dictado por los tribunales correccionales o de policía), el de casación y el de revisión.
El recurso de casación es contra los fallos dictados por la Cámara de acusación, por la Corte de apelación, y por la Corte de assises, así como las resoluciones policiales[186].
La Corte de casación no puede juzgar los hechos. En cambio, sí puede anular una decisión por violación a la ley. En ella, se pueden distinguir dos clases de poderes: a) el poder en interés de las partes, formadas por el ministerio público, el acusado o la parte civil[187]; y b) el poder en interés de la ley, ejercido por el procurador general ante la Corte de casación, cuando un fallo posee autoridad de cosa juzgada, pero comporta un error de derecho[188].
Si la corte anula el fallo, lo devuelve a otro tribunal para que dicte un nuevo pronunciamiento. Este tribunal debe ser de igual instancia o grado que aquél que le anularon el fallo, este nuevo tribunal puede examinar, para dictar la nueva resolución, tanto los hechos como el derecho. Asimismo, si lo resuelto por este nuevo tribunal es recurrido en casación, la corte, si entiende que se ha violado la ley anulará el nuevo fallo y lo reenviará a otro tribunal de la misma jerarquía anterior, para que reproduzca los actos anulados nuevamente. Este último tribunal puede apreciar únicamente los hechos y le está vedado interpretar el derecho.
El recurso de revisión es una vía recursiva excepcional de una condena definitiva por un crimen o delito. Esta puede ser solicitada en beneficio de toda persona que haya sido declarada culpable de un crimen o un delito, en los siguientes casos[189]: 1) cuando con posterioridad a una condena por homicidio, surgen elementos como para hacer nacer indicios suficientes de la existencia de la pretendida víctima del homicidio; 2) cuando luego de una condena por crimen o delito, un nuevo juicio o sentencia ha condenado por el mismo hecho a otro acusado o prevenido, y las dos condenas no pueden conciliarse, y la contradicción entre ellas es la prueba de inocencia de uno o de otro; 3) cuando un testigo ha sido, posteriormente a la condena, perseguido y condenado por falso testimonio contra el acusado o el prevenido; el testigo condenado no puede brindar testimonio en el nuevo debate; 4) cuando, después de una condena, se produce o revela un hecho nuevo o un elemento desconocido por la jurisdicción al momento del proceso, de naturaleza tal que hace nacer una duda acerca de la culpabilidad del condenado.
La revisión puede ser solicitada por el ministro de Justicia, por el condenado o, en caso de incapacidad, su representante legal; luego de la muerte o ausencia declarada al condenado, por su cónyuge, sus hijos, sus padres, sus legatarios universales o a título universal o por aquél que ha recibido de él la misión expresa.
La comisión, constituida a los efectos del recurso, resuelve por decisión motivada, no siendo ésta susceptible de ningún recurso.
El condenado reconocido inocente en virtud del presente recurso, tiene derecho a una indemnización en razón del perjuicio que la condena le haya ocasionado, siempre que se pruebe que la no representación de la pieza nueva sea imputable en todo o en parte. Puede igualmente demandar una indemnización, bajo las mismas condiciones, toda persona que justifique un perjuicio causado por la condena.



[1] Trabajo presentado en el Seminario Sistemas procesales penales comparados, a cargo del Prof. Dr. Edmundo S. Hendler, perteneciente a la Carrera docente, del Departamento de Derecho Penal y Criminología, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, junio de 1997.

[2] Conf. Ferrajoli, Luigi; Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995; ver p. 566.

[3] Tal como lo señalara Valérie Dervieux cuando analiza el sistema procesal penal francés en su colaboración a la obra Procédures pénales d’Europe, dirigido por Mireille Delmas-Marty, Paris, Press universitaires de France, 1995; pp.224 y ss.

[4] Las leyes del 30 de diciembre de 1985, 9 de septiembre de 1986, 6 de julio de 1989, 16 de diciembre de 1992, 4 de enero y 24 de agosto de 1993, 1º de febrero de 1994 y 8 de febrero de 1995.

[5] Información obtenida de la página de internet del Ministerio de Justicia de la República francesa, ubicada en el sitio www.justice.gouv.fr

[6] Proyecto presentado al Consejo de ministros el 3 de junio de 1998.

[7] Proyecto presentado al Consejo de ministros el 3 de junio de 1998.

[8] Proyecto presentado al Consejo de ministros el 13 de mayo de 1988.

[9] El art. 131-1 del Código penal establece que las penas criminales son: 1º la reclusión criminal o la detención criminal a perpetuidad, 2º la reclusión criminal o detención criminal de treinta años o más, 3º la reclusión criminal o detención criminal de veinte años o más, 4º la reclusión criminal o la detención criminal de quince años o más, y la reclusión criminal o detención criminal a un tiempo determinado de diez años o menos.

[10] Son penas correccionales, entre otras, la prisión, la multa, y el trabajo de interés general (art. 131-2 del código penal). Las penas de prisión están clasificadas en el siguiente orden: de diez años o más; de siete años o más; de cinco años o más; de tres años o más; de dos años o más; de un año o más; y de seis meses o más (art. 131-4 del código citado).

[11] Las cuales se distinguen según el monto de la multa (250, 1.000, 3.000, 5.000 o de 10.000 a 20.000 francos según el caso; art. 131-13 del código penal.

[12] Es importante mencionar que la Constitución Nacional Francesa, en sus artículos 64 y 65 establece la necesidad del Consejo Superior de la Magistratura. Veamos: el art. 64 dice que "el presidente de la República es el fiador de la independencia de la autoridad judicial. Es asistido por el Consejo de la magistratura. Una ley orgánica define el estatuto de los magistrados. Los magistrados son inamovibles"; mientras que el art. 65 señala que "el consejo superior de la magistratura es presidido por el presidente de la República. El ministro de Justicia es, de derecho, su vicepresidente. Puede sustituir al presidente de la República. El Consejo superior de la magistratura se compone de dos formaciones con competencias sobre los miembros del poder judicial y de la fiscalía, respectivamente. La formación competente sobre los miembros del poder judicial está formada por el presidente de la República, el ministro de Justicia, cinco miembros del poder judicial, un fiscal, un consejero de Estado [..] y tres personalidades designadas respectivamente por el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado[...]. La formación competente sobre los fiscales está formada por el presidente de la República, el ministro de Justicia, cinco fiscales, un magistrado, el consejero de Estado y las tres personalidades mencionadas en el párrafo anterior. La formación del Consejo superior de la magistratura con competencia respecto de los miembros del poder judicial formula propuestas para el nombramiento de magistrados del tribunal de Casación, del primer presidente del tribunal de apelación y del presidente del Tribunal Supremo. Debe dar su consentimiento para el nombramiento de los demás magistrados de estos tribunales. Actúa, asimismo, como órgano disciplinario de los miembros del poder judicial. En estos casos está presidido por el primer presidente del Tribunal de Casación".

[13] Actualmente, la ley 98-189 del 25/2/1992 regula la carrera judicial de los fiscales.

[14] Cfr. Maier, Julio B.J.; en su trabajo El ministerio público: ¿un adolescente?, en AA.VV., El ministerio público en el proceso penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1993; p. 29.

[15] Conf. art. 31 del C.P.P.

[16] Cfr. Dervieux, V.; op. cit., pp. 228 y 229.

[17] Conf. arts. 34 a 38, y 39 a 48 del C.P.P.

[18] Conf. arts. 12, 13 y 224 del C.P.P.

[19] Conf. arts. 15, 16 y 20 del C.P.P.

[20] Conf. art. 46 del C.P.P.

[21] Conf. arts. 4 y 5 del C.P.P.

[22] Conf. arts. 783 y 778 del C.P.P.

[23] Conf. Perrot, Rogar; Instituciones Judiciales, 7ma. ed., Paris, Montchrestien, 1995, p. 173.-

[24] Conf. el art. 398-1 del C.P.P. establece específicamente una serie de delitos que necesariamente deberán ser juzgados por un tribunal correccional. Estos son: infracciones cometidas contra la ley de cheques, determinadas infracciones contra el código de tránsito, infracciones al régimen de materiales de guerra, armas y municiones, determinadas infracciones contenidas en el código rural, contra la flora y fauna terrestre y marítima

[25] Por ejemplo, el tribunal de gran instancia de París se encuentra compuesto por 15 cámaras correccionales divididas en 12 distritos, el de Lyon 6 y el de Marsella 5. Conf. Perrot, op. cit., p. 172.-

[26] El art. 45 del C.P.P. señala que el procurador de la República ante el tribunal de gran instancia representa al ministerio público ante el tribunal de policía. Pero esa función puede ser delegada en el comisario de policía.

[27] En el caso de las multas, sólo son apelables ante la cámara de apelación correccional aquéllas superiores a los 5000 francos.

[28] Conf. art. 497 del C.P.P.

[29] La competencia de la cámara criminal se encuentra determinada por el art. 567 y siguientes del C.P.P.

[30] Conf. art. R. 121-1 del Código de organización judicial.

[31] Cfr. Merle, Roger y Vitu, André; Tratado de Derecho Criminal, Tomo II, 2da. ed., Paris. Cujas, 1973, p. 497.

[32] Conf. art. 1 del C.P.P.

[33] Conf. art. 31 del C.P.P.

[34] Conf. art. 33 del C.P.P.

[35] Conf. Pradel, Jean; en su trabajo El rol de la persecución en el derecho francés, publicado en Revue interanationale de Droit penal, nov. – dic., 1991 – Syracuse, Italia; p. 1227.

[36] Conf. Pradel, op. cit.; p. 1227.

[37] Conf. arts. 36 y 35, párr. 2 del C.P.P.

[38] Conf. art. 41, párr. 7 del C.P.P.

[39] Conf. art. 40 del C.P.P.

[40] En su formulación original: disqualification.

[41] En su formulación original: classement sans suite.

[42] Conf. art. 41, último párr. del C.P.P.

[43] Decreto nº 96-305 del 10 de abril de 1996.

[44] Cfr. Dervieux, V.; op. cit., pp. 280 y sgte.

[45] Consagrado en el art. 40 párr. 1º del C.P.P.

[46] Cfr. Pradel, J.; op. cit., p. 1225.

[47] Cfr. Pradel, J.; op. cit., p. 1225.

[48] Cfr. Merle y Vitu; op. cit. p. 38.

[49] Cfr. Merle y Vitu; op. cit.; p. 38.

[50] Conf. art. 2 del C.P.P.

[51] Si una persona de existencia ideal, como por ejemplo una asociación de consumidores, es víctima de una infracción, se encuentra habilitada para ejercer la correspondiente acción civil ante los tribunales penales. Conf arts. 2 y ss del C.P.P.

[52] Conf. art. 6 del C.P.P.

[53] Conf. art. 6 del C.P.P.

[54] Conf. art. 7 del C.P.P.

[55] Conf. art. 115 párr. 2, y arts. 388/390 del mencionado ordenamiento.

[56] Conf. art. 78-3 del C.P.P. Este plazo se computa a los fines de la garde à vue.

[57] Conf. art. 138, primer párrafo del C.P.P.

[58] Conf. art. 138, segundo párrafo del C.P.P.

[59] Conf. art. 139 del C.P.P.

[60] Conf. art. 140 del C.P.P.

[61] Conf. art. 141-2 del C.P.P.

[62] Conf. art. 122, último párr. del C.P.P.

[63] Conf. art. 137 del C.P.P. Debe ponerse de resalto el carácter excepcional de estas medidas, a un punto tal, que la ley Nro. 96-1235 del 19 de diciembre de 1996 -entre otras modificaciones- ha insertado en el texto del art. 144 del C.P.P., que la detención provisoria puede ser ordenada "a titulo excepcional"...

[64] En su formulación original: mise en examen.

[65] Conf. art. 144 del C.P.P.

[66] Según modificación del art. dada por la sanción de la ley 96-1235, del 19 de diciembre de 1996

[67] Idem nota anterior

[68] Conf. Ley 96-1235

[69] Conf. art. 145 del C.P.P.

[70] Conf. art. 144-1 del C.P.P.

[71] Conf. art. 145-1 del C.P.P.

[72] Según ley 96-1235. Con anterioridad decía "un año".

[73] Conf. art. 145-1, párr. 3º de conformidad con la ley 96-1235.

[74] Según ley 96-1235. Antes era un plazo de un año.

[75] Antes de la ley 96-1235, art. 145-3. Actualmente, art. 145-4 del C.P.P.

[76] Conf. art. 207 del C.P.P.

[77] Cfr. Dervieux, V.; op. cit., p. 276.

[78] Conf. art. 396 del C.P.P. Ver, para una mejor ilustración, el acápite “procedimientos abreviados”.

[79] Conf. art. 179 del C.P.P.

[80] Conf. art. 519 del C.P.P.

[81] En su formulación original: maison d’arrêt. Conf. art. 714 y ss. del C.P.P.

[82] Conf. última parte del art. 716 del C.P.P.

[83] Conf. arts. 149 y 150 del C.P.P.

[84] El texto anterior a la ley 96-1235 exigía en "perjuicio anormal o de particular gravedad".

[85] Entre alguna de las posibilidades mencionadas en el art. 138-11, 15 y 16 del C.P.P.

[86] Conf. art. 142 del C.P.P.

[87] Conf. art. L.18-1 del código de rutas.

[88] Conf. art. L. 480-7 del código urbano.

[89] Conf art. 706-36 del C.P.P.

[90] En su formulación original: enquête et poursuite.

[91] Conf. art. 53 del C.P.P.

[92] Conf. arts. 54, 55 y 68 del C.P.P.

[93] Conf. arts. 59, 57 y 56 del C.P.P.

[94] Conf. art. 62 del C.P.P.

[95] Conf. Stefani, Gaston, Levasseur Georges y Bernard Bouloc; Procédure pénale, Paris, Dalloz, 1996, 16ª ed.; pp. 325/326.

[96] Conf. art. 73 del C.P.P.

[97] Conf. art. 63 del C.P.P.

[98] Ver art. 63-1 y 63-4 del C.P.P.

[99] Conf. art. 75 del C.P.P.

[100] Conf. art. 76 del C.P.P.

[101] Conf. art. 78 del C.P.P.

[102] Conf. art. 44 y 79 del C.P.P.

[103] Conf. art. 81 del C.P.P.

[104] Conf. art. 80 del C.P.P.

[105] Conf. arts. 85, 87, 88-1 y 91 del C.P.P.

[106] Conf. art. 123, párr. 4 y 6 del C.P.P.

[107] Conf. art. 70, párr. 1 del C.P.P.

[108] En su formulación original: maison de arrete.

[109] Conf. art. 125 del C.P.P.

[110] Conf. art. 80-1 del C.P.P.

[111] Previsto en el art. 116 del C.P.P.

[112] Previstas en los arts. 122 a 136 del C.P.P.

[113] Conf. art. 114 del C.P.P.

[114] Conf. arts. 116, 105, 119 y 120 del C.P.P.

[115] Conf. arts. 92 y 93 del C.P.P.

[116] Conf. arts. 82-1 y 186-1 del C.P.P.

[117] Conf. arts. 95 y 96 del C.P.P.

[118] Conf. art. 706-28 del C.P.P.

[119] Conf. art. 48 de la ord. nº 86-1243 del 1º de diciembre de 1986.

[120] Conf. art. L. 16-B y L. 38 L.P.F.

[121] Conf. art. 64 del código de aduanas.

[122] Conf. art. 5 ter de la ord. nº 67-833 del 28 de septiembre de 1967.

[123] Conf. art. L. 611-13 del código de trabajo.

[124] Conf. arts. 4 y 7 de la ley del 29 de junio de 1989.

[125] Conf. art. 56 del C.P.P.

[126] Conf. art. 97 del C.P.P.

[127] Conf. arts. 100 y ss. del C.P.P.

[128] Conf. arts. 62 y 102 del C.P.P.

[129] Conf. arts. 104 y 105 del C.P.P.

[130] Conf. art. 156 del C.P.P.

[131] Conf. arts. 158, 159, 161, 166 y 167 del C.P.P.

[132] Conf. arts. 170 y ss. del C.P.P.

[133] En su formulación original: ordonnances de reglement. Conf. art. 175 del C.P.P.

[134] En su formulación original: il n’y a pas lieu á suivre.

[135] Conf. art. 175-1 del C.P.P.

[136] Conf. arts. 176 y 177 del C.P.P.

[137] Conf. arts. 178 al 180 del C.P.P.

[138] Conf. art. 181 del C.P.P.

[139] Conf. art. 184 del C.P.P.

[140] Conf. art. 201 del C.P.P.

[141] Conf. arts. 211 y 214 del C.P.P.

[142] En su formulación original: arrét de mise en accusation.

[143] Conf. art. 215 del C.P.P.

[144] Conf. art. 212 del C.P.P.

[145] Conf. art. 213 del C.P.P.

[146] En definitiva, los únicos plazos que pueden ser tenidos en cuenta, a dichos fines, son los propios del régimen de prescripción establecidos en la ley procesal.

[147] Conf. arts. 390 y 550 y ss. del C.P.P.

[148] A través de una reforma introducida en 1986.

[149] Conf. arts. 389 y 390-1 del C.P.P.

[150] Conf. Casorla, Francis; La célérité su procès pénal en droit français, en Revue internationale de Droit Pénal, Vol. 66.

[151] En su formulación original: convocation par procés-verbal.

[152] Conf. art. 388 del C.P.P.. A estos procedimientos cabe agregar el reenvío al que están facultados tanto el juez de instrucción como la cámara de acusación.

[153] Conf. Casorla; op. cit., p. 525.

[154] Conf. arts. 393 y 394 del C.P.P.

[155] Conf. art. 395 del C.P.P.

[156] Conf. art. 396 del C.P.P.

[157] Conf. art. 397-2 del C.P.P.

[158] Conf. art. 531 del C.P.P.

[159] Conf. art. 283 del C.P.P.

[160] Conf. arts. 268 y ss. del C.P.P.

[161] Conf. arts. 215-1 y 272 del C.P.P.

[162] Conf. arts. 273, 274 y 277 del C.P.P.

[163] Conf. art. 270 del C.P.P.

[164] Conf. art. 627 del C.P.P.

[165] Conf. arts. 306, 307 y 400 del C.P.P.

[166] Conf. arts. 309, 310 y 401 del C.P.P.

[167] Conf. arts. 311 y 312 del C.P.P.

[168] Conf. arts. 417 y 544 del C.P.P.

[169] Conf. art. 411 del C.P.P.

[170] Cabe aclarar que, en el procedimiento de enjuiciamiento correccional, quien se constituye como parte civil no puede ser testigo (art. 422 del C.P.P.).

[171] Conf. art. 331 del C.P.P.

[172] Conf. art. 337 del C.P.P.

[173] Conf. art. 337, párrafo 2º del C.P.P.

[174] Conf. art. 427 del C.P.P.

[175] Conf. art. 430 del C.P.P.

[176] Conf. art. 346 del C.P.P.

[177] Conf. arts. 348 y ss. del C.P.P.

[178] Conf. art. 537 del C.P.P.

[179] Conf. arts. 524 y ss. del C.P.P.

[180] Conf. arts. 355 y ss. del C.P.P.

[181] Conf. art. 362 del C.P.P.

[182] Conf. arts. 462, 485 y 526 párr. 2 del C.P.P.

[183] Conf. arts. 132-59 del C.P y 469-1 del C.P.P.

[184] Conf. arts. 132-19 del C.P. y 465 del C.P.P.

[185] Conf. arts. 491,492, 545 y 527 del C.P.P.

[186] Conf. art. 567 del C.P.P.

[187] Conf. art. 568 del C.P.P.

[188] Conf. art. 621 del C.P.P.

[189] Conf. art. 622 y ss. del C.P.P.